La organización Cristosal presentó el 10 de julio un informe que sistematiza los casos de 1,178 personas detenidas y procesadas bajo el régimen de excepción que empezó en marzo de 2022. El informe documentó la muerte bajo custodia del Estado de 261 personas y de cuatro niñas y niños. Según el documento, las víctimas tenían oficios que generan pocos ingresos y no alcanzaban a satisfacer todas sus necesidades. Ninguno de los que murió tenía estudios universitarios. Cristosal dice que se trata del estudio más amplio disponible sobre la amplitud y gravedad del daño generado por el régimen de excepción en la sociedad salvadoreña.