Tiene la mirada puesta en 21 países del continente desde agosto de 2022, cuando fue nombrada directora para América de Human Rights Watch (HWR), una prestigiosa organización de defensa de derechos humanos que investiga abusos en el mundo desde 1978. Juanita Goebertus presentó esta semana en San Salvador un nuevo informe sobre el régimen de excepción de la administración de Nayib Bukele. Esta vez los hallazgos, expuestos en 114 páginas, se centran en los patrones de abusos que el régimen de excepción ha inflingido sobre la niñez salvadoreña. El informe, después de un año de investigaciones, incluyen 90 entrevistas a distintos actores y numerosas víctimas, y señala un aumento en las detenciones arbitrarias de menores de edad, numerosos casos de tortura y malos tratos, y prácticas sistemáticas de acoso y estigmatización en las comunidades por parte de policías y militares después de que los menores han sobrevivido a la detención. Para Goebertus, 'ir tras niños y niñas es ya la cara de estar dispuesto a cualquier cosa'. Con las modificaciones del régimen, un menor puede ser encarcelado desde los 12 años. Según la misma Policía ha difundido en redes, algunos menores han sido capturados porque hicieron un dibujo alusivo a las pandillas en sus cuadernos escolares. 'No es cierto que tengamos que escoger entre seguridad y derechos humanos. Eso sale mal', dice.
En la entrevista, Goebertus deja clara su postura. Cree que, con miles de capturas de menores, ha habido un énfasis mayor en esta población que en los líderes históricos de las pandillas: los miembros de las ranflas. Desde que inició el régimen de excepción en 2022, solo ha habido noticias de dos miembros de la ranfla de la MS-13 que guardaban prisión: Diablito, que apareció en un video difundido por Bukele horas después de decretado el régimen, quejándose de que le habían quitado sopas instantáneas y otros productos; y Crook, que fue liberado ilegalmente en noviembre de 2021 por el Gobierno de Bukele y terminó siendo capturado en México y extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio. De los demás miembros de las ranflas de las tres pandillas que se supone están presos en El Salvador, y a pesar de que durante el régimen las redes sociales gubernamentales difunden cientos de imágenes de capturados, no hay ni una imagen.
El informe reporta que 3,319 menores fueron detenidos desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023 y también confirma la negligencia con la que operan los empleados de Gobierno en los centros de detención, donde se permiten, según los hallazgos, maltratos y abusos, incluso sexuales. Pero además se documentan las inhumanas condiciones de los centros de detención: “celdas a menudo hacinadas e insalubres, falta de alimentos nutritivos adecuados, falta de o negación de acceso a medicamentos, atención médica adecuada y educación”.
Según la organización, los abusos afectan de manera más intensa a los niños y niñas, por las secuelas emocionales, el estigma con el que quedan sellados, la interrupción de los procesos escolares, las enfermedades y los problemas para retomar el rumbo una vez afuera de la reclusión.
“Todo el sistema se quiebra cuando desde el más alto nivel de Gobierno se manda una señal deshumanizante de que todos los presos son pandilleros, con lo cual se rompe la presunción de inocencia”, dice Goebertus, quien antes de estar en HRW fue congresista en Colombia por el Partido Alianza Verde, de vocación centrista. También fue parte de la comisión gubernamental que firmó la paz colombiana, ha sido docente universitaria y estudió derecho, incluyendo una maestría en la universidad de Harvard. Asesoró al Ministerio de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe, y luego trabajó para la oficina de Seguridad Nacional del Gobierno de Juan Manuel Santos, donde coordinó la Ley de Inteligencia y trabajó la estrategia judicial de lucha contra las bandas criminales organizadas, aliadas de los paramilitares y los narcos. Con esa solvencia de haber trabajado en gobiernos colombianos de derecha ahora mira al Gobierno de Bukele y augura que su modelo en realidad es la misma fórmula que no funcionó en regímenes autoritarios de hace décadas. “La idea de que los ciudadanos tenemos que aguantar un poquito de restricción de nuestros derechos para que haya seguridad no es otra cosa que una vieja copia de del modelo que implementaron las dictaduras en el cono sur”, dice.
Bukele mismo ya se había manifestado con desprecio por HRW en su cuenta de X. En abril de 2022, apenas un mes después de iniciado el régimen, el subdirector para las Américas de la organización, Juan Pappier, respondió en esa misma red a un tuit donde Bukele pedía a la Corte Suprema remover a todo juez que, según dijo, fuera 'cómplice del crimen organizado' y liberara a acusados de ser pandilleros. Pappier expuso que era una intimidación a los jueces. Bukele contestó escribiendo 'Homeboys Right Watch', insinuando que la organización era aliada de las pandillas.
¿Dirías que este es el peor rostro del Gobierno de Bukele?
Yo diría que tiene muchos rostros muy perversos, pero sin duda ser capaz de ir tras niños y niñas que estaban estudiando, que querían salir adelante, que como todos tienen sus propios dibujos y pinturas en sus cuartos, sus peluches, que tienen familias que querían salir adelante, es ya la cara de estar dispuesto a cualquier cosa.
Hicieron 90 entrevistas y de esas 66 son de víctimas de abusos, sus familias o abogados. ¿Cuál es tu conclusión?
Gran parte lo que estamos documentando en el informe es que, bajo el régimen de excepción, el Gobierno de Bukele estaría yendo contra niños y niñas que no habían participado en las pandillas. Es el escenario más atroz porque son niños y niñas que incluso habían resistido al intento de reclutamiento por parte de las pandillas, que venían de ser sus víctimas y que, simplemente, por el lugar donde vivían, por su aspecto físico, por sus recursos socioeconómicos, son estigmatizados por las fuerzas de seguridad y luego les suspenden el debido proceso, y entonces son perseguidos, además bajo penas propias de adultos. Otro escenario es el de niños que fueron reclutados y que pudieron haber participado (en crímenes), y allí hay una segunda capa porque están siendo juzgados en El Salvador como si fueran adultos, negándose al reconocimiento que hemos asumido como sociedades que nos apegamos al estado de derecho y a los derechos humanos de que no es lo mismo un niño de un adulto. Está en la Convención de los Derechos del Niño, en los protocolos adicionales en todos los desarrollos del Comité de Derechos del Niño.
Existe un estigma sobre los niños y la creencia de que si cometen delitos deben ser tratados como adultos, sin lugar a duda. ¿Qué es lo que no estamos viendo?
Los juicios de responsabilidad penal parten de dos elementos básicos en derecho penal: que la persona sabía y que la persona quería cometer el delito. Esa es la manera de garantizar que se está persiguiendo, realmente, a quienes tienen responsabilidad por la comisión de delitos. Antes de los 18 años, los niños y niñas son supremamente influenciables, no están tomando decisiones por su cuenta, están todavía en una fase de desarrollo cognitivo. Por eso, si bien hay niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que pueden en algún momento participar en la comisión de delitos, difícilmente podríamos decir que sabían y querían. Y, frente a estos casos, debe privilegiarse otro tipo de medidas, no carcelarias, de resocialización, de programas de educación para el trabajo, entendiendo que se buscan segundas oportunidades.
¿No causa escepticismo a la idea de que los menores de edad verdaderamente no tienen capacidad de saber lo que hacen?
Sí, pero es también porque ha habido un uso político de la protección de los niños que lo único que hacen es replicar recetas que no sirven para protegerlos. Si realmente nos interesaran los niños señalaríamos que están usando niños de 11 años para matar, por ejemplo. Nuestra conclusión de política pública no debería ser “por lo tanto, metámosle a los niños la pena carcelaria más alta de los adultos”. No, nuestra conclusión debería ser, como se ha hecho en otras partes: investigar, imputar y procesar a los líderes de las maras, a las ranflas no solo por el reclutamiento de menores, sino por el uso de menores para cometer delitos. Eso lo permite el derecho penal pero no lo estamos haciendo ¿Dónde están esos procesos en contra los líderes por su responsabilidad en el reclutamiento de menores para cometer delitos? ¿Dónde está su responsabilidad por la conformación de las maras? Es mucho más fácil encarcelar masivamente incluyendo inocentes sin ningún tipo de debido proceso y sin esclarecimiento que realmente investigar dónde están esas redes criminales.
Hay un repunte, como lo muestra el informe, de menores enviados a internamiento y, por el contrario, una baja en la aplicación de medidas menos severas, como la imposición de reglas de conducta. También hay un repunte de menores procesados por agrupación ilícita y por participar en organizaciones terroristas. ¿Cómo se le llama a un Estado así?
Es bien paradójico, no tenemos sentencias de adultos, sino que en cambio tenemos sentencias de niños y niñas, o sea hay una concentración de la responsabilización penal de quienes son los eslabones más bajos de la cadena. Nadie, ni siquiera el Gobierno salvadoreño, está diciendo que los líderes de las pandillas eran los niños y niñas y, sin embargo, en ellos es en quienes está concentrando la responsabilidad y no en las ranflas. Lo segundo es que este es un proceso paralelo a todo un proceso de debilitamiento del estado de derecho. Es cierto que, históricamente, hay una deuda del Estado salvadoreño, en general, con las comunidades por la provisión de seguridad, de acceso a servicios básicos, pero bajo este Gobierno se ha debilitado la separación de poderes. Si uno mira la definición de democracia en la Carta Democrática, El Salvador se está alejando de democracia
Y, entonces, llega fácil la palabra dictadura o autocracia, pero cuesta decirlo como tal, ¿no?
Yo diría que lo más duro es que, a pesar de críticas muy duras al proceso electoral, a pesar de la falta de transparencia en la transmisión de datos de los problemas en el conteo, yo creo que nadie hoy cree que la mayoría del pueblo salvadoreño no votó por Bukele. Hay una mayoría que prefirió elegir nuevamente a Bukele y parecerían estar dispuestos a la restricción de sus derechos, supuestamente, para defender un ideal de seguridad que no han tenido antes. Más y más estamos viendo casos en los cuales se usa esa popularidad, primero, para restringir derechos de personas que no tenían ninguna vinculación a las pandillas y segundo para concentrar más poder en el Ejecutivo. Por eso decimos, hoy, El Salvador está en un proceso de autoritarismo, de concentración del poder en el ejercicio de la Presidencia, de debilitamiento de la separación de poderes y ese es el camino que han tomado muchos otros países en América Latina que hoy son claramente dictaduras.
La canciller Alexandra Hill participó hace unos días en una audiencia ante la CIDH y aseguró, literalmente, que El Salvador no es un estado autoritario ni represivo. Sorprende que sea una funcionaria del nivel de la canciller quien haya acudido a la audiencia a decirlo. ¿El Estado reconoce implícitamente que necesita mejorar su imagen en esas instancias del sistema interamericano?
El Gobierno ha como combinado dos estrategias en su relacionamiento con la comunidad internacional. La primera es un camino más directo en contra del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como cuando el vicepresidente Félix Ulloa respondió a periodistas que en realidad lo que están construyendo no es una democracia, y hace este llamado a la soberanía, dice que cuando se señala que El Salvador viola obligaciones internacionales en materia de derechos humanos es injerencia en asuntos internos. Esa es una ruta soberanista, de apartarse y aislarse el sistema internacional, en algunos casos, siguiendo el camino de Perú, de Guatemala y muy preocupantemente de Nicaragua y Venezuela. Y, por momentos, creo que a veces presionado por algunas de las misiones diplomáticas en El Salvador, incluyendo la de Estados Unidos, la estrategia es como lo que vimos esta semana anterior, la canciller tratando de enganchar con el Sistema Interamericano, de al menos ir a defenderse y a presentar cuentas, pero por supuesto bajo un enfoque de negacionismo absoluto y que aquí no está pasando nada mal. Esa ruta es una ruta contradictoria. Si El Salvador realmente quiere comprometerse con sus obligaciones internacionales tiene que anunciar, cuanto antes, la investigación de este tipo de denuncias que estamos haciendo nosotros y muchas otras organizaciones locales, de lo contrario, lo que les va a quedar es el aislamiento.
Mencionabas Nicaragua, Venezuela como países que se aislaron. ¿Qué falló? ¿Por qué el propio sistema no logró contener su separación y aislamiento?
Se necesita más liderazgo en América Latina que ayude a impulsar la obligatoriedad de los derechos humanos y el compromiso por el estado de derecho. Frente al caso de El Salvador, hay todavía mucha prudencia entre la mayoría de líderes latinoamericanos, porque hay la sensación de que entre los países latinoamericanos tenemos que hacernos suave porque cada uno tiene sus propios fantasmas dentro del clóset y entonces nadie saca los de los demás. Eso pone a América Latina, a nivel global, en una situación de debilidad. Quien mejor en América Latina ha liderado una visión de compromiso con los derechos humanos, independientemente de visiones ideológicas, ha sido Gabriel Boric, en Chile, que ha sido capaz de condenar gravísimas violaciones a derechos humanos que ocurren en Venezuela, Nicaragua, pero, con la misma contundencia, graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido en El Salvador. Si se quiere ser parte del ordenamiento internacional latinoamericano debe haber no solo un reconocimiento del sistema, sino también de los costos de rendir cuentas ante él.
El informe señala que el presupuesto del sistema penal juvenil disminuyó un 8 % entre 2022 y 2024, y también revela casos de menores presionados por las autoridades para mentir y aceptar pertenencia a la pandilla y así ser condenados y luego liberados. ¿Es esto un reflejo de que el Estado no tiene recursos suficientes para garantizar un debido proceso y que prefiere que los menores salgan del sistema cuanto antes?
El presupuesto de la Asamblea demuestra que el énfasis no está en la prevención del reclutamiento de las pandillas, no está en la resocialización, no está ni siquiera en asegurar que haya buena investigación forense para llevar justicia a las víctimas, por ejemplo, para investigar las redes de las pandillas y develar sus redes de tráfico de armas, lavado de activos, extorsión, sino que el grueso del esfuerzo presupuestal se ha concentrado en el encarcelamiento masivo. ¿Dónde están las condenas a los líderes de pandillas por todos los delitos? ¿Dónde están los miembros de las ranflas?
¿Existe en la comunidad internacional una verdadera comprensión de que el Gobierno de Bukele tenía un pacto con los líderes de las pandillas salvadoreñas?
Lograr que la comunidad internacional le ponga atención América Latina no es fácil en comparación con otro tipo de crisis, como la guerra en Ucrania o como la situación en Gaza. Muchos de nuestros líderes autoritarios en la región confían en eso y confían en que van a dejar pasar lo que nos ha mostrado la experiencia en América Latina, que el vaso se va llenando y nuestra tarea es seguir insistiendo todos los días a nivel internacional mostrando este tipo de hallazgos. En los últimos dos años cada vez más gente ha ido entendiendo que lo que está sucediendo en El Salvador es grave. No es extraño que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en América Latina, en el capítulo sobre El Salvador, ya dé cuenta de preocupación sobre este tema. No es extraño que el Parlamento Europeo haga preguntas sobre la situación de El Salvador. O que haya al menos un caso contra un líder de pandilla en Estados Unidos.
La CIDH tiene un informe sobre el régimen de excepción. ¿Por qué aún no se ha publicado?
Hemos tenido reunión con los miembros de la Comisión Interamericana. Mi percepción, por la conversación con ellos, es que han recibido muchísima información del Gobierno salvadoreño, en una pretensión de tratar de impedir que el informe se haga público. Ha sido desafortunado que se haya demorado tanto en salir, pero es un tema de tiempo y va a salir y creo que da cuenta, de manera rigurosa, de gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas en El Salvador. El Gobierno puede intentar tener una estrategia de defensa que le compre algo de tiempo, pero no creo que logre impedir que un informe como este se haga público.
¿Dirías que el Gobierno está consciente de que “el modelo Bukele” se está exportando y por eso no quieren manchas de ningún tipo?
Aunque el Gobierno repudie a las organizaciones internacionales, aunque repudie, en principio públicamente, los derechos humanos, como te decía, ahí está esa contradicción. Al mismo tiempo no quiere dejar de hacer parte de ese de este ordenamiento internacional, en parte por su propia popularidad interna, en parte por sus relaciones bilaterales con países que sin duda le han expresado preocupaciones a nivel diplomático, y en parte por esa idea de un supuesto modelo Bukele a nivel internacional y en la región. Es importante, primero, señalar que ha habido mucho uso político electoral del llamado modelo Bukele, pero muy pocos intentos reales de replicar: el propio presidente Daniel Noboa, en Ecuador, públicamente dice muy claramente que el modelo Bukele no es lo que quiere hacer. La ministra Patricia Bullrich, en Argentina, quizás es la que más públicamente apela a ello, pero tiene una tasa de homicidios de cuatro homicidios por cada 100,000 habitantes en Argentina, y ahí no estamos hablando del problema de crimen organizado, incluso en un lugar como Rosario, en Argentina. Y luego insisto en que la tal receta Bukele no es nada nueva. La idea de que los ciudadanos tenemos que aguantar un poquito de restricción de nuestros derechos para que haya seguridad no es otra cosa que una vieja copia del modelo que implementaron las dictaduras en el Cono Sur.
Según el informe, los empleados penitenciarios hacen poco o nada para detener agresiones sexuales en los centros de detención de menores. ¿Cuán generalizada es esa actitud en el Estado?
Todo el sistema se quiebra cuando desde el más alto nivel de Gobierno se manda una señal deshumanizante de que todos los presos son pandilleros, con lo cual se rompe la presunción de inocencia. No ha existido en lo más mínimo en El Salvador, una señal desde el nivel más alto de Gobierno acerca de que las personas tienen derecho a un debido proceso, que no todas las personas que se detienen puedan ser realmente culpables y, por supuesto, alguien que pueda ser culpable tiene derecho a un trato digno. Eso supone un revolcón fundamental del sistema de reclutamiento de los guías penitenciarios, de su entrenamiento, particularmente en derechos humanos, y un cambio de una cultura dentro de los centros de detención, ojalá con un énfasis especial en la protección de niños y niñas. Si no se cambia desde el inicio ese discurso estigmatizante y deshumanizante, el eslabón más bajo de la cadena del propio Estado va a actuar en consecuencia y los va a deshumanizar.
¿Los custodios, policías y militares con los que hablaron confirmaron que reciben línea en ese sentido?
Hablamos con ellos y confirmaron este tipo de malas prácticas, pero sobre todo en el informe del año pasado logramos corroborar la imposición de un sistema de cuotas, inicialmente, que evaluaba el resultado policial y militar en función del número de personas que eran capturadas diariamente. Pudimos corroborar ese uso sistemático de pruebas indiciarias. Por ejemplo, si la persona tenía un celular de alta gama, debía ser porque algo tenía que deber. Lo que termina pasando en un escenario de restricción de derechos es que no solamente detienen a la persona sin evidencia, sin orden de captura o por pruebas indiciarias, sino también manda una señal al resto de la población. Por ejemplo, ordenaron levantar a los vendedores ambulantes y el resto tomó la decisión de levantarse por miedo, porque saben que la consecuencia puede ser la criminalización sin ningún tipo de evidencia. Se manda una señal de amedrentamiento que disuade a otros sectores de la sociedad de poder tomar cualquier disposición a la crítica o a la resistencia o a la protesta pacífica.
¡¿Es la instalación del miedo?
Es la instalación de un sistema que autocensura, que genera miedo, que reprime y que como resultado eso no solo viola derechos de manera directa, como lo hemos documentado en el informe, sino que amenaza a todo aquel que quiera levantar la voz más adelante.
Mucha gente, incluso los sectores moderados, tiene la idea de que si es por el bien del país está bien que ocurra esta concentración de poder. ¿Cómo se le gana a esa idea?
Primero, recordar la historia, no es la primera vez que pasa y siempre el guion es el mismo: van detrás de esos que consideramos que han sido malos. En el caso de El Salvador, ¿quien va a negar la atrocidad de las pandillas en este país y la forma en la cual la gente ha tenido que vivir por décadas bajo el control absoluto de pandillas en sus barrios de no poder moverse? Ahí, cuando la señal es vamos contra los pandilleros, todo el mundo aplaude, pero luego de repente empiezan a ir contra los pandilleros, suspendiendo el debido proceso, y entonces todos dicen “bueno, tocaba, porque si no, ¿que íbamos a hacer? Era la única forma de…” Y luego resulta que van tras el hijo del vecino y uno dice: “qué raro, no sabía que era pandillero”. Pero lo asumo, ya ni siquiera le doy el derecho a la presunción de inocencia, sino que digo: “si fueron tras él es porque algo debía…”. Ya cuando me tocan a mi hijo, me tocan a mi hija, digo, “¿Ahora quién me defiende?” Y resulta que yo mismo había conectado con defender que le podían restringir los derechos a los otros. Esa receta ya la hemos vivido a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de América Latina. No es cierto que tengamos que escoger entre seguridad y derechos humanos. Eso sale mal.
