La semana pasada, la fiscal general Consuelo Porras, pidió por sexta vez, con la característica audacia y escasez de pruebas, que el Congreso retirara la inmunidad del Presidente de Guatemala Bernardo Arévalo. Pero en meses recientes otra crisis aqueja al presidente, una de su propia creación: la comunicación del gobierno ha sido pasiva, generando una brecha con el público y alimentando un fuerte debate entre sus seguidores y detractores cuestionando si la administración, que ha tratado de formar un gobierno pero ha parecido improvisado, es capaz de gobernar un estado que ha sido saqueado por gobierno anteriores.
En esta entrevista con El Faro, en el Palacio Nacional de la Cultura, Santiago Palomo, el principal vocero de la administración de Arévalo, responde a las críticas: “Un gobierno que genera tantas expectativas en un momento histórico del país requiere una política de comunicación robusta y estos primeros meses fueron una curva de aprendizaje” afirma Palomo, quien en julio fue trasladado de puesto como comisionado anticorrupción para atender los problemas de comunicación. La administración debe, dice, mejorar en “dar a conocer las acciones que se toman día con día.”
Los cambios en el gabinete de Arévalo han sido un síntoma más de la agitación interna: la ministra de Ambiente María José Iturbide y la ministra de Infraestructura Jazmín de la Vega fueron destituidas después de que el presidente informara sobre posibles actos de corrupción en sus carteras. El ministro de Salud, Óscar Cordón, aparentemente abrumado por el cargo, renunció el mes pasado citando problemas de salud. La ministra de Energía y Minas Anayté Guardado, abandonó el cargo antes de la toma de posesión en medio de una ya álgida polarización política, mientras que el predecesor de Palomo, el periodista veterano Haroldo Sánchez, dejó el cargo tras meses de críticas por fallas o lentitud en responder a las consultas de la prensa.
Palomo, hombre de confianza del presidente, es uno de los altos funcionarios a quien el Ministerio Público (MP) ha buscado procesar —tras tan solo semanas en su cargo— por abuso de autoridad. “Cuando todavía era comisionado y no gozaba de derecho de antejuicio, me citaba el Ministerio Público en casos que fueron presentados por medio de pantallazos de Twitter… Cada acción del gobierno es objeto de la fiscalización arbitraria del MP”, denuncia. “Hay más de 130 denuncias presentadas a la fiscalía por el Gobierno de casos graves de corrupción, con prueba documental, y aún así se empeñan en atacar a personas que les son incómodas”.
Usted era el comisionado anticorrupción del gobierno, un puesto clave en un gobierno nuevo, al frente de la principal promesa de campaña del presidente Arévalo. ¿Por qué solo seis meses después abandona usted ese cargo para asumir una labor aparentemente menor a ese, la Secretaría de Comunicación?
No fue un abandono. Al final asumo la Secretaría que, en términos administrativos y estructurales, tienen un rango mayor a nivel de Gabinete. El presidente Arévalo me invitó a atender uno de los principales retos de su gobierno, que es el fortalecimiento de la estrategia de comunicación. La comunicación y los objetivos del presidente se empalman con el eje transversal de la lucha contra la corrupción.
¿Cuál es la razón política por la que le encomendaron a usted la tarea?
La razón política es atender un área en la que había una necesidad. Un gobierno que genera tantas expectativas en un momento histórico del país requiere una política de comunicación robusta y estos primeros meses fueron una curva de aprendizaje en la que el presidente determinó que se necesitaba un perfil como el mío para poder fortalecerla. Trabajé por casi tres años en la comunicación de la Corte de Constitucionalidad y creo que también mi juventud fue un elemento necesario para dinamizar la Secretaría de Comunicación Social.
Muchas personas señalaban que usted tenía un perfil apto para liderar la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué representa para usted haber dejado ese puesto?
A pesar del corto periodo de tiempo que estuve en la Comisión, evidenciamos la importancia de atajar el principal reto que tiene hoy el Estado de Guatemala: la captura por redes político mafiosas. Presentamos más de 105 denuncias por parte de los diferentes ministerios y secretarías del Estado, creamos un portal con estos casos de corrupción y desarrollamos políticas que contribuyen al principal objetivo de la campaña electoral: transparentar la administración pública y hacerla rendir cuentas. Se aprobó un código de ética del Organismo Ejecutivo, con unidades de probidad que ya todos los ministerios y secretarías han puesto en marcha. Trabajando con el presidente, uno va adonde el presidente considera que crea más valor. La Secretaría de Comunicación es un motor fundamental para el éxito del gobierno.
Las investigaciones contra el presidente, contra la vicepresidenta, contra otros funcionarios y contra el partido oficial siguen en pie. ¿La fiscal general Consuelo Porras podría lograr destituir al presidente?
No lo logrará. No tenemos ninguna duda que Consuelo Porras y su grupete de criminales van a fracasar en su misión de desaforar al presidente y debilitar a su gobierno. Es un actor antidemocrático sancionada por más de 40 países y el respaldo de la población permitió una sana transición democrática. Vemos con preocupación un patrón sistemático de atacar a funcionarios de gobierno, yo incluido, pero no por ello vamos a detenernos en recuperar la confianza en las instituciones públicas, particularmente el sistema de justicia. También buscaremos que la fiscal general rinda cuentas y haya una transición en la fiscalía, una institución medular para el funcionamiento del Estado.
¿A qué “grupete” se refiere?
Es claro para todos que hay un pacto de actores políticos e institucionales y de otros sectores que se rehúsan a que este país tenga la gran transformación que la población quiere: condiciones de desarrollo y prosperidad y servicios públicos dignos.
¿Pero específicamente quiénes? Ahora que ustedes están en el Gobierno, deben tener más conocimiento al respecto.
Los actores de siempre que constantemente están tomando acción.
¿Tiene nombres?
Personas asociadas al gobierno anterior: la bancada del partido Vamos [de Alejandro Giammattei] que, tras cada acción que tome el gobierno, emprende acciones legales en nuestra contra, a pesar de que no tiene ningún gramo de credibilidad porque el Estado está en una condición crítica por su sed insaciable de robar. Gente cercana a la fiscal, como su secretario general, Ángel Pineda, actores también dentro del Organismo Judicial que, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado, han emprendido acciones sistemáticas para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios de gobierno y personas que han luchado contra la corrupción.
Del OJ, ¿a quién se refiere, a un juez?
Hay jueces que han demostrado estar alineados con este esfuerzo.
¿Alguno en específico?
Como diría Juan Gabriel: lo que se ve no se pregunta.
Denos algún nombre.
Las acciones del Juez Fredy Orellana [contra los resultados electorales], quien ha tomado decisiones completamente violatorias a la Constitución. Tampoco ha garantizado los derechos procesales de las personas implicadas en varios de los casos bajo su cargo. Aún mantiene la suspensión ilegal del partido político [el oficialista Semilla] cuando la propia Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos protege su naturaleza y funcionamiento.
¿Qué nueva información ha recibido la presidencia sobre el curso de las investigaciones contra altos funcionarios y miembros del partido?
Reservan la información para impedir que las personas objeto de estas acciones tengan acceso a las constancias procesales y ejerzan sus derechos legales. Hace dos semanas, el Ministerio Público me mencionó a mí en una conferencia de prensa. La fiscalía a cargo, la FECI, levantó la reserva del caso contra el partido político Movimiento Semilla por cuestión de dos horas para poder darla. En esa conferencia me acusaron de obstruir la investigación, cuando lo que se ha hecho desde la Presidencia es señalar algo evidente que fue confirmado por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral: el ilegal secuestro del padrón electoral.
Hay un uso arbitrario del derecho penal contra aquellas personas que consideran como sus enemigos políticos. Ayer [22 de agosto] vimos la noticia en redes sociales de que los representantes legales de Semilla no tienen acceso a la carpeta judicial en la que se encuentra suspendido su partido y han criminalizado a varios de sus integrantes, más recientemente a Ligia Hernández.
La presión de estar enfrentando estas acusaciones y tener que medir cada paso. ¿Les ha dificultado la tarea de crear y ejecutar una agenda nacional?
Son un obstáculo para desarrollar una agenda. Este gobierno tiene dos objetivos: recuperar las instituciones históricamente cooptadas y desarrollar políticas en beneficio del pueblo de Guatemala. Vemos un sistemático entorpecimiento del Ministerio Público. Cada acción del gobierno es objeto de la fiscalización arbitraria del MP. Cuando este gobierno denuncia hechos concretos de corrupción tienen el mismo desenlace: dormir el sueño de los justos.
Por ejemplo, hace unos cuantos meses un puente en Jutiapa se cayó porque colapsó. El gobierno lo reconstruyó, pero se creó una narrativa falsa de que el presidente Bukele lo había arreglado. El gobierno lo reconstruyó y a los dos días había una solicitud del Ministerio Público pidiendo información sobre quién lo había construido. También en el tema de ampliación presupuestaria: ilegalmente y arbitrariamente pretendían allanar las oficinas del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. A pesar de ello, se aprobó la ampliación. Sí existe la posibilidad de construir una agenda de gobernabilidad.
[Este lunes 26 de agosto, tres días después de que Palomo diera esta entrevista, la Corte de Constitucionalidad anuló la ampliación del presupuesto, citando supuestas violaciones a los protocolos parlamentarios. Al día siguiente, el Congreso aprobó de nuevo la ampliación, aunque se espera que el pulso judicial continúe. Palomo no respondió a la consulta que se le hizo sobre el fallo de la corte.]
Hasta el propio 14 de enero no sabían si podrían tomar posesión, pasaron toda la transición defendiéndose, no pudieron completar el gabinete hasta última hora y han tenido que sustituir ya a múltiples ministras y secretarios… ¿Hasta qué punto los primeros seis meses del gobierno Arévalo han sido de improvisación?
No, no diría improvisación. Yo creo que hay que contextualizar eso: fue una transición altamente atropellada, con un objetivo golpista por parte de los actores que ya he mencionado. Estos primeros meses, como en cualquier otro gobierno, son intensos. Hay siempre una curva de aprendizaje. Eso sucede aquí, en Ecuador, en Chile o en España, particularmente en estados que todavía tienen una institucionalidad débil. Tenemos que aspirar a tener mejores instituciones que nos permitan gestionar de mejor manera estas transiciones.
Cuatro días antes de la toma de posesión, renunció la ministra de Energía y Minas, Anayté Guardado, y tuvieron que reemplazarla en cuestión de horas. En abril, destituyeron a la titular de Ambiente, María José Iturbide: primero dijeron que no sería despedida pero, dos días después, se echaron para atrás. ¿Eso no es improvisación?
No lo veo como improvisación, sino como parte del ciclo natural de la gestión pública. Hemos visto gobiernos que al año cambian enteramente. Michelle Bachelet, en Chile, cambió a su gabinete casi completo y lo hemos visto en otros gobiernos de Guatemala en sus primeros meses. El Estado es una actividad constante y variable por los factores políticos que uno no controla y hay que tomar decisiones para fortalecer los objetivos estratégicos.
El MP también busca quitarle a usted su inmunidad. Usted ha dicho que el MP está actuando con “sospechosa agilidad” en su contra. ¿A qué se refiere?
Hay más de 130 denuncias presentadas a la fiscalía por el Gobierno de casos graves de corrupción, con prueba documental, y aún así se empeñan en atacar a personas que les son incómodas. Cuando todavía era comisionado y no gozaba de derecho de antejuicio, me citaba el Ministerio Público en casos que fueron presentados por medio de pantallazos de Twitter. Hace poco, el Ministerio Público presentó un antejuicio del secretario general de la presidencia Juan Gerardo Guerrero en el caso del Banco de Trabajadores, pero hasta hoy no han hecho una sola diligencia alrededor del ilegal nombramiento de Jorge Mondal a la presidencia del Bantrab sin contar con las cualidades que establece la ley certificada por la Superintendencia de Bancos. El Ministerio Público pone su atención en atacar al funcionario público que justamente buscaba tomar las acciones que recuperan una institución del sistema financiero clave que ha sido también objeto de estas redes político-mafiosas.
¿Con su nombramiento para este cargo, buscan ofrecerle a usted más protección legal?
De ninguna manera.
Ha acusado a la fiscal general de dejar en impunidad a actores corruptos. ¿A quiénes?
Ya mencioné las 130 denuncias presentadas.
¿Algún nombre de esas 130?
Ahí están las denuncias contra actores del gobierno anterior como ex ministros y directores, por ejemplo en el caso de las vacunas Sputnik [contra el Covid-19]. No hay un solo funcionario del gobierno anterior que ha sido objeto de esta tríada de acciones del Ministerio Público y los funcionarios del gobierno actual somos constantemente objeto de las acciones del MP. Esta semana presentaron una solicitud de retiro del derecho a antejuicio del presidente Arévalo.
¿Puede ejemplificar otro caso aparte del de las vacunas Sputnik?
El caso del Ministerio de Comunicación: se ha denunciado al ex ministro en una veintena de casos y ¿hemos visto públicamente alguna acción en donde el Ministerio Público demuestre su compromiso con investigar seriamente esas denuncias?
Una parte de sus votantes piensa que la fiscal general Consuelo Porras los tiene aún arrinconados. ¿Porras ha sido una operadora política hábil?
Consuelo Porras ha utilizado el miedo, la amenaza y el hostigamiento para perseguir una agenda antidemocrática. Aquí nadie está arrinconado. En todo caso creo que el MP con sus propias acciones demuestra su desesperación y su arrinconamiento.
¿Quién sigue detrás de la fiscal? Usted habla de un pacto.
Quiénes están detrás son las mismas personas que ya he manifestado: los actores que constantemente buscan desestabilizarnos.
Por cierto, ¿saben algo más de las conspiraciones para asesinar a Arévalo de los que el mismo MP le informó el año pasado, antes de la segunda vuelta electoral?
No tengo más información. El Ministerio Público debería estar haciendo las diligencias para llegar hasta las últimas consecuencias.
¿No tiene ningún avance de información sobre aquellos que planearon matar al ahora presidente?
Como no soy el abogado personal del Presidente creo que sería una pregunta que corresponde contestar a él.
Jose Zamora, hijo de Jose Rubén Zamora, dice que no se debe negociar con quienes han secuestrado la justicia en Guatemala. ¿Usted está de acuerdo? Entre las mismas bases de Arévalo hay quien les acusa de no ser suficientemente duros al enfrentarse con sus adversarios políticos.
No se puede negociar con actores con intenciones golpistas. El pueblo de Guatemala se manifestó en las urnas con un mensaje contundente: luchar contra estas redes político-mafiosas. Sabemos que hay actores dentro de este esquema que están conscientes de ese desafío y por eso vamos a trabajar con todas aquellas personas que tengan un compromiso real con la democracia y con la lucha contra la corrupción.
¿Qué estaría dispuesto el gobierno a negociar?
Vamos a negociar una agenda de gobernabilidad en beneficio del pueblo de Guatemala. Claramente hay actores de diferentes contextos, que representan líneas ideológicas partidistas o actores económicos. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí consideramos que podemos construir una agenda mínima de gobernabilidad, particularmente porque los principales retos que enfrenta este país son institucionales.
Regreso al tema de la ampliación: el gobierno consiguió una ampliación de su presupuesto en un Congreso que hace semanas criticaba la falta de voluntad de diálogo del oficialismo. ¿Qué negociaciones dieron paso a este acuerdo?
Los acuerdos alrededor del reajuste presupuestario se dieron alrededor de los beneficios que tiene para la población. Era necesaria la ampliación para poder promover estas políticas, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel local. Es una oportunidad histórica para poder trabajar con el Congreso de la República y consideramos que esto es un buen punto de partida para construir una agenda legislativa más amplia.
En abril antes del receso del congreso, los diputados se negaron a siquiera asistir para votar sobre la propuesta del presidente para reformar la Ley Orgánica del MP, que propone devolver al presidente facultades para remover a la fiscal. ¿Han seguido las negociaciones sobre este tema o dan por perdida esa propuesta?
No, de ninguna manera se da por perdida. La iniciativa fue presentada por el Presidente de la República y ha manifestado que es necesario para hacer que el MP rinda cuentas. Confiamos en que el Congreso analizará esta iniciativa de ley y que oportunamente será aprobada.
¿Están tratando de promover esa propuesta o están ocupados con otras situaciones?
Se está promoviendo una agenda legislativa más amplia, que involucra una serie de acciones concretas para poder avanzar en la agenda de gobernabilidad.
Aparte de su insistencia en consolidar su alianza con movimientos indígenas, ¿cómo han buscado mejorar su relación con actores políticos que no sean del partido, como alcaldes o diputados? Deme ejemplos.
Ha sido un permanente proceso de diálogo con diferentes actores de la sociedad, no solamente con los liderazgos de los pueblos indígenas. El presidente ha hecho una visita a través de todo el país para ir a conocer a los alcaldes y tener un diálogo transparente y franco. De igual manera entender cuáles son las necesidades que hay. Este diálogo se extiende al sector privado para generar alianzas en temas estratégicos fundamentales, como la infraestructura vial, puertos, aeropuertos y una agenda de desarrollo económico sostenible con una visión de cómo atender estas brechas sociales que tanto aquejan a nuestra población. Este proceso es fundamental en la identidad del Gobierno de Arévalo y Herrera y es histórico, particularmente en los espacios con los liderazgos indígenas: atender, tras años de exclusión, a este grupo que es fundamental para construir juntos una agenda de Estado.
¿Cuál ha sido su relación con el sector privado organizado?
Ha habido acercamientos de manera sistemática y permanente y seguirá habiendo.
En los primeros meses del Gobierno, el presidente fue criticado por la frecuencia de sus viajes internacionales iniciales. ¿Por qué no se percibe una comunicación más cercana con actores locales?
Yo discrepo. Cada semana viajamos al interior para entender las necesidades de la población y dar a conocer las acciones concretas que el Gobierno está tomando. El presidente también tiene un rol de medular importancia en el sostenimiento de las relaciones internacionales, que fueron abandonadas por la falta de confianza internacional en nuestros liderazgos.
¿Qué consecuencias políticas ha tenido su debilidad de comunicación en los primeros meses de Gobierno?
Ha habido espacios de aprendizaje. A medida que nosotros conjugamos los objetivos de gobierno con una política estratégica de comunicación, vamos a lograr mayor efectividad para que la población sepa lo que se está haciendo. También entienda el contexto en el que asumimos el gobierno: recibimos un estado en ruinas y, a pesar de eso, seguimos adelante con medidas concretas para atender años de abandono institucional.
¿Cómo piensan fortalecer la imagen del Gobierno, contrarrestar la idea de que es un gobierno reactivo, atado al contexto, y aún en riesgo de no terminar el mandato? Incluso una parte de sus votantes dice que no ejecutan.
No, no es cierto. Los niveles de ejecución van arriba de lo que gobiernos anteriores llevaban en su primer año. Ahora tenemos un gran reto de ejecutar los fondos que emanan del reajuste presupuestario y seremos exitosos a medida que podamos dar a conocer las acciones que se toman día con día para proveer de mejores servicios públicos.
¿Tienen un plan para lograr comunicar estos planes y la ejecución?
Sí, tenemos un plan para comunicar los programas y acciones dirigidas a los fondos del reajuste presupuestario. Se irán viendo reflejadas en las diferentes plataformas de gobierno, así como también en los otros instrumentos de comunicación que tenemos a disposición.
