La fiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción en más de 40 países que le han prohibido su ingreso, no ha dejado de hostigar al gobierno de Bernardo Arévalo. A pesar de que éste asumió el cargo en enero, la fiscal general continúa hasta la fecha en su cruzada golpista. El 31 de julio presentó una solicitud a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se encause penalmente al presidente Arévalo y se destituyan a cuatro de los funcionarios más cercanos: el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el Secretario de Comunicación, Santiago Palomo. Esta acción es más una forma de amenazar pues la Corte no suele admitir ese tipo de peticiones.
Porras es hija del sistema guatemalteco -ha trabajado 30 años en diferentes cargos- y su fuerte es el discurso insustancial. En las más de 400 páginas que contiene el memorial donde acusa a Arévalo, la fiscal general intenta demostrar que el presidente y los funcionarios han desobedecido un amparo que la Corte le concedió en mayo. Ese amparo le fue otorgado contra la iniciativa que Arévalo presentó al Congreso para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) con la finalidad de que Porras rinda cuentas y, luego de una evaluación, el presidente adquiera la facultad de destituirla. El amparo original nunca le impide al presidente presentar propuestas de leyes ni hacer críticas a nadie.
El efecto que busca Porras, en todo caso, no es jurídico sino político: continuar presentándose como la opositora de Arévalo y utilizar la maquinaria de la fiscalía para mantener en jaque al presidente y sembrar un clima de zozobra en el país. En el memorial, cita decenas de tuits de funcionarios y de organizaciones sociales con lo que busca propagar la sensación de que el ojo “del Gran Hermano” está vigilando lo que la población pública. Da el mensaje para que ciertas personas se sientan vigiladas ya que abiertamente argumenta que lo escrito o retuiteado por funcionarios cuando critican a la fiscal general implica la comisión de un delito. Y es especialmente simbólico porque los funcionarios a quienes acusa han sido los más vocales y los que han firmado acciones legales en su contra.
El presidente Arévalo respondió pidiéndole a la misma Corte que revocara ese amparo, que nunca debió haber sido otorgado, y presentó un antejuicio para que le retiren la inmunidad a Porras por violar la Constitución y abuso de autoridad. Muchas personas consideran que hay demasiados delitos que Porras ha cometido pero es imposible que ella se persiga a sí misma, por lo que se debería hacer un examen independiente que investigue el actuar del MP, como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras visitar el país y hacer énfasis en la política de criminalización.
Porras ha instaurado un ambiente de miedo y de irrespeto a los derechos humanos ya que el máximo encargado de hacer cumplir la ley tergiversa las normas de manera abierta. Los casos de corrupción, por otro lado, están siendo clausurados y vemos a políticos procesados por robar mucho dinero irse libres a su casa y encañonar las armas legales contra fiscales, jueces y periodistas que los investigaron. El 7 de agosto, el Ministerio Público allanó las oficinas del presidente del Congreso, Nery Ramos, quien ha sido aliado del presidente y se dieron denuncias de que lo hizo para detener la discusión parlamentaria sobre una ampliación presupuestaria que el presidente y los diputados de su partido están propiciando.
Esto se da en medio de una elección de funcionarios judiciales en donde cambia la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones y están instauradas dos comisiones de postulación que revisarán los expedientes de quienes aspiran a ser magistrados de ambas cortes. Las dos comisiones trabajan de manera simultánea y hay varios problemas de origen, como que magistrados de salas de apelaciones integran una comisión y se postularán en la otra, lo mismo pasa con los miembros de la Corte Suprema. Esto crea un conflicto porque aplican el criterio “yo te elijo, tú me eliges” para realizar un contubernio y beneficiar la reelección de magistrados cuestionados. Además, un grupo de integrantes de estas comisiones pelean por retrasar el proceso y meter trabas. Ahora intentan que, contrario a la costumbre, la sede de la postuladora no sea en la Universidad Rafael Landívar sino en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, sin ningúna justificación, lo que generaría desconfianza en el proceso, como indicó la Misión de Observación de la OEA, quienes además denunciaron la intención de retrasar la elección.
Esta estrategia la comandan abogados de acusados de corrupción, quienes buscan controlar la selección de magistrados para incorporar en la lista final a aspirantes comprometidos con la impunidad; de esa lista el Congreso deberá elegir en octubre a los próximos integrantes de las cortes del país. También es objetable que todo el Poder Judicial cambie de un plumazo; debería hacerse de forma escalonada y por períodos más largos para tratar de garantizar una mayor independencia judicial y que las cortes no estén sujetas a los vaivenes políticos. Pero para modificar esto se requiere una reforma a la Constitución, lo que se ve difícil de lograr.
Hace dos años, en un proceso similar, Consuelo Porras logró que una Comisión de Postulación la incluyera en el listado del cual el presidente debía reelegirla. Utilizó la técnica ya probada: atemorizó a decanos de facultades de derecho, que hacían parte de la comisión, al inventarse casos en su contra. Y luego, por medio de un amparo presentado por un abogado, la misma Corte de Constitucionalidad que ahora debe resolver las recientes acciones ordenó a la postuladora incluir a Porras en el listado. Un escenario así no se descarta, en medio de la inestabilidad que la fiscal general intenta promover. Esto podría generar más retrasos en el proceso o incluso que éste se detenga, ya que las actuales cortes han servido muy bien a los intereses de Porras y sus aliados.
La misión para monitorear el proceso de cortes de la OEA, que pidió el presidente Arévalo, ha llegado por segunda vez al país, y además se creó un Panel de Personas Expertas Independientes; ambas entidades, junto a la sociedad civil local e internacional, podrán hacer una evaluación efectiva del proceso y denunciar las anomalías y retrasos. Es importante que se realice una veeduría exhaustiva de esta elección y que se denuncie el clima que Porras está generando para intentar mantener la cooptación de la justicia y entorpecer el avance de la democracia limitando la labor del presidente Arévalo.
*Álvaro Montenegro es periodista, licenciado en Ciencias jurídicas y sociales. Ha cofundado plataformas de sociedad civil en Guatemala vinculadas a la lucha contra la impunidad. Ha escrito libros de ficción. Actualmente cursa una maestría en Derecho (LL.M) en la American University en Washington D.C., Estados Unidos.
