Muchas de las víctimas del conflicto armado en El Salvador han exigido por años una Ley de Justicia Transicional que busca que sus descendientes no repitan la historia de graves violaciones de derechos humanos ocurridas desde la represión de los años setenta y el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de Paz. Algunas de las víctimas murieron o morirán sin haber logrado justicia.
Dos de las más emblemáticas figuras que murieron esperando justicia fueron Milagro de Los Ángeles Alvarado de Peña, conocida como “Madre Vicky”, y Rafael Segura. Madre Vicky fue presidenta del Comité de Madres de El Salvador (COMADRES) y Rafael fue miembro fundador del Comité de Ex Presas y Ex Presos Políticos de El Salvador (COPPES). Ambas fueron víctimas del conflicto armado e incansables personas defensoras de los derechos humanos que exigían la creación y aprobación de una Ley de Justicia Transicional.
Su exigencia de una Ley de Justicia Transicional nunca fue escuchada por los gobiernos de turno y, desde la firma de la paz, el Estado de El Salvador no ha logrado reparar los daños ni hacer justicia. Hoy, las nuevas generaciones, los descendientes de esas víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, están repitiendo la historia con el régimen de excepción que lleva más de dos años vigente.
Los cinco pilares de la justicia transicional son la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y que se preserve la memoria histórica. Estos pilares los conocen muy bien las personas sobrevivientes de la guerra, que sufrieron la represión extrema a través de estados de sitio —que es lo mismo que el régimen de excepción— impuesto por la Junta Revolucionaria el 6 de marzo de 1980, y prorrogados por el poder legislativo durante muchos años, en el periodo de la guerra civil.
En esos estados de sitio también hubo torturas en las bartolinas y en los penales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, masacres, considerados todos ellos crímenes de lesa humanidad en contra de población que no tenía ningún tipo de vínculo con la guerrilla; tal cual está sucediendo con las personas que han sido víctimas del regimen de excepción que no tienen relación con las pandillas y que están sufriendo de la vulneración a sus derechos humanos, en su mayoría similares con los crimenes de lesa humanidad del pasado y que todavia siguen en la impunidad.
En la actualidad, el régimen de excepción -al igual que los estados de sitio- se ha vuelto la regla y no la excepción en la suspensión de derechos fundamentales de la población, que conlleva a su inminente vulneración. Según el informe de Cristosal “El silencio no es opción”, desde marzo de 2022 que se instauró el régimen de excepción hasta abril de 2024, hay 79,211 personas detenidas. Desde las fechas antes mencionadas, Cristosal ha recibido 3,643 denuncias, afectando a 3,789 personas, de las cuales los mayores hechos denunciados fueron, la detención arbitraria (96.6%), allanamiento de morada (25.7%) y malos tratos (9.9%) por parte de las fuerzas de seguridad.
De igual forma, como consecuencias del régimen de excepción, Cristosal ha investigado y documentado 261 muertes de personas detenidas bajo la custodia del Estado, así como la de 4 bebés. Asimismo, se ha identificado casos de niñez en estado de abandono y desprotección; vulneraciones a los derechos de las personas detenidas, como falta de acceso a medicamentos, incomunicación con sus familiares e incluso con sus representantes legales, condiciones insalubres de alimentación, hacinamiento, falta de agua, entre otros; desintegración familiar; vulnerando de esa forma los derechos a la dignidad, a la vida, libertad personal y seguridad personal, y otros derechos que no están suspendidos, pero que por secuela se vulneran.
En el mismo sentido, el régimen de excepción no es excluyente en cuanto a la suspensión de derechos, las mujeres también han sufrido de ellas. Cristosal también ha documentado casos donde las mujeres han sido violentadas sexualmente en las cárceles; las que estaban embarazadas cuando fueron detenidas tuvieron abortos y los bebés que nacieron, fallecieron por falta de atención medica.
La coincidencia entre las suspensiones de derechos constitucionales de los años ochenta y los de la actualidad es que la represión va dirigida principalmente a personas de escasos recursos económicos; estigmatizadas por la zona donde residen y también dirigida hacia personas defensoras de derechos humanos. En el pasado y en el presente han sido consideradas como “el enemigo” por el simple hecho de estar en contra de las políticas de represión del Estado y alzar la voz.
Lo que sucede con el actual régimen de excepción es la repetición de un pasado todavía reciente. De ahí es que la exigencia a los diferentes gobiernos para la creación y aprobación de una Ley de Justicia Transicional tiene como objetivo que “no se repita la historia”. Sin embargo, no ha existido voluntad política para la elaboración y aprobación de una ley que evite este tipo de represiones y repeticiones.
Ahora, la Ley de Justicia Transicional ya no será necesaria únicamente para las víctimas del conflicto armado, sino también para las víctimas del régimen de excepción que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, para que logren justicia y paguen quienes ordenaron y ejecutaron los delitos.
Las víctimas del conflicto armado, por más de cuarenta años en algunos casos, todavía esperan justicia por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, quieren conocer la verdad de lo sucedido, exigen reparaciones integrales y principalmente que se recuerde el pasado y se evite repetirlo. Ahora, con el régimen de excepción, son doblemente víctimas porque no solo las tocó el estado de sitio de los años ochenta, sino que actualmente la represión las ha alcanzado a ellas o a sus familiares.
Muchas de ellas han fallecido, pero con la esperanza de que en un futuro no muy lejano se apruebe una Ley de Justicia Transicional, que traiga una verdadera paz y se garanticen los derechos de la población, para evitar que sigan los abusos de poder por parte del Estado. Ese será su más grande regalo para El Salvador. Su lucha histórica no ha sido ni será en vano.
*Abogada de la República con Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Acusadora particular de la 'Masacre El Mozote y lugares aledaños', 'Masacre El Calabozo y lugares aledaños' y representante legal en la desaparición forzada de tres miembros de la familia Guzmán. Especialista en temas de justicia transicional y desplazamiento forzado interno.
