El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, México, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por fuerzas de seguridad en complicidad con un cártel. Este trágico episodio constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México.
Desde esa noche, he sido testigo de la inquebrantable esperanza, dignidad y determinación de las familias de los estudiantes. Su incansable búsqueda por verdad y justicia, junto con la creatividad y visión de sus abogados, ha mantenido la presión a nivel nacional e internacional sobre este caso. Sucesivos gobiernos se han comprometido a resolver el caso, pero con el tiempo cada uno lo ha dejado caer en saco roto.
Después de la desaparición, las familias y sus abogados hicieron algo inédito: solicitaron al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto que invitara a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para proporcionar asistencia técnica y llevar a cabo una revisión independiente de la investigación del gobierno. Estos expertos internacionales expusieron la falsa narrativa que el gobierno había creado a su conveniencia para intentar cerrar el caso. Su trabajo demostró que la responsabilidad por las desapariciones iba más allá de la policía municipal y los miembros del cártel: también participaron autoridades estatales y federales. El secretario de defensa de Peña Nieto nunca permitió que los expertos interrogaran a miembros del ejército durante su investigación. En 2016, el gobierno, incomodado por los informes y las conferencias de prensa, decidió expulsar al GIEI de manera abrupta.
En 2018, las familias de Ayotzinapa convencieron al nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a que asumiera el caso como un compromiso central con los derechos humanos. Esto llevó a la creación de una comisión de la verdad, una unidad de investigación dentro de la Fiscalía General de la República y el retorno de los expertos internacionales para continuar buscando respuestas.
Me uní a esta unidad como Fiscal Especial y, con el apoyo de la comisión de la verdad y del propio presidente, logramos avances significativos. Obtuvimos órdenes de aprehensión contra miembros del crimen organizado y autoridades gubernamentales en todos los niveles, incluyendo a miembros del ejército, así como contra la policía federal, fiscales y altos funcionarios federales que habían participado en el encubrimiento del caso al manipular escenas del crimen y torturar a los sospechosos. Cinco años después de las desapariciones, el Estado por fin se investigaba a sí mismo.
Logramos localizar e identificar los restos de dos estudiantes: Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Esto alimentó las esperanzas de encontrar a los demás.
También trabajamos con las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Chicago, quienes acordaron compartir miles de mensajes obtenidos a través de escuchas telefónicas que narraban claramente la red de complicidad entre el gobierno mexicano, incluido el ejército, y el crimen organizado en el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
La revelación de tanta evidencia de la colusión entre el crimen organizado y las autoridades, entre ellos soldados, generó una gran presión interna para detener la investigación. Previo a septiembre de 2022, el gobierno resolvió “dar un paso importante” en el caso. La urgencia política de proporcionar una nueva narrativa a las familias y a la sociedad mexicana sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes se impuso, una vez más, a los requisitos de una investigación legal sólida.
El esfuerzo del Estado por investigarse y procesarse a sí mismo se doblegó a la presión política. Como fiscal, me negué a apoyar la nueva narrativa y ceder ante las presiones externas sobre la investigación. Renuncié. En los meses siguientes, los expertos del GIEI también se retiraron, señalando que las condiciones en las que reiniciaron su trabajo con la administración de López Obrador en 2019 ya no existían.
Ante cuestionamientos sobre su nueva narrativa, el presidente utilizó su conferencia de prensa matutina diaria para desviar la atención de los aspectos centrales del caso.
Desacreditar las demandas por verdad y justicia de las familias al inventar narrativas sobre lo que sucedió con sus hijos es, sin duda, el error más grave de los últimos diez años. Dos administraciones federales han incumplido sus promesas de investigar la verdad y sancionar a los responsables. A pesar de las numerosas detenciones y acusaciones en el caso de Ayotzinapa —hechos verdaderamente excepcionales para casos de desaparición en México— el gobierno ha fallado, incluso en este caso ejemplar, en ponerse verdaderamente del lado de las víctimas, inclinándose más bien hacia el poder, la opacidad, la impunidad y la corrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum asumirá el cargo este 1 de octubre mientras México registra alrededor de 116,000 personas desaparecidas en el país. Las desapariciones continúan, la impunidad sigue siendo la norma, y la política diseñada en 2018 para buscar a personas desaparecidas se ha deteriorado hasta el punto de casi desaparecer. La respuesta de Sheinbaum a esta crisis revelará hasta qué punto su gobierno priorizará los derechos humanos.
Aquellos que han caminado junto a las familias de los desaparecidos han aprendido de su gran dignidad y valentía. A pesar de los ataques constantes, se han negado a rendirse. Siguen manteniendo la esperanza, exigiendo la verdad y recordándonos a todos que la justicia no es negociable.
Omar Gómez Trejo es el ex Fiscal de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa.
