Las preguntas pendientes del caso COSAVI
La captura de Manuel Coto pretendía resolver un caso de desfalco millonario de la Cooperativa Santa Victoria. Tras el accidente del 8 de septiembre, donde ocho funcionarios del gabinete de seguridad fallecieron al desplomarse el helicóptero en que transportaban a Coto, quedan preguntas no solo sobre el caso Cosavi, sino sobre el futuro de la Policía.
Manuel Alberto Coto Barrientos, exgerente de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi), fue acusado por la Fiscalía de ser el principal implicado en el desfalco de 35 millones de dólares que afectaba a clientes de la cooperativa.
Cosavi, de R.L., fue creada en 2012 y, hasta diciembre de 2023, parecía un negocio próspero. Patrocinaba fiestas y desfiles navideños; en febrero de este año, abrió su novena sucursal en El Salvador. También tenía una relación cercana con el partido de Gobierno. Según un informe de la organización Acción Ciudadana, Cosavi financió con $60,000 la campaña electoral del partido Nuevas Ideas para las elecciones de 2021, el partido de Nayib Bukele. Además, hasta septiembre del año pasado, 11 alcaldías tenían deudas por 25.3 millones de dólares con Cosavi, según un informe de deuda municipal del Ministerio de Hacienda, publicado hace un año.
Pero el 9 de mayo, tras meses de denuncias de inestabilidad financiera en la cooperativa, la Fiscalía salvadoreña anunció que se estaba procesando a 32 personas, entre ellas a ocho directivos de la empresa Cosavi, por los delitos de defraudación pública, lavado de dinero y activos, y casos especiales de lavado de dinero y activos. El fiscal Rodolfo Delgado señaló que altos ejecutivos de la empresa habían sustraído millones de dólares del patrimonio de la cooperativa para beneficio propio.
La muerte de Coto Barrientos no aclara el misterio de su captura. El accidente ocurrió después de que autoridades hondureñas lo aprehendieran en Choluteca, Honduras, y lo entregaran a El Salvador. Sin embargo, un mes y medio antes, el fiscal Delgado había anunciado su captura en Panamá el 27 de julio. Delgado dijo que las autoridades panameñas estaban “brindando todo el apoyo necesario para que Manuel Alberto Coto Barrientos fuera deportado lo antes posible”.
Las autoridades panameñas contradicen esta versión. Aurelio Martínez, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, dijo a El Faro que no se tiene registro de la entrada de Coto al país. Tampoco tienen registros de su captura ni de su detención en ningún centro penal ni de salidas del país.
En el helicóptero viajaban tres altos mandos de la Policía Nacional Civil, claves para la estrategia del Régimen de Excepción. El director Mauricio Arriaza Chicas, el comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres y el comisionado Douglas Omar García Funes.
