El general Benedicto Lucas García, emblemático jefe militar del conflicto armado interno guatemalteco, que desde abril está siendo juzgado por llevar a cabo un genocidio contra el pueblo maya ixil, ha sido procesado tres veces en la última decada por crímenes de lesa humanidad.
Lucas, jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante la dictadura de su hermano Romeo (1978-1982), fue acusado en 2016 de desaparición forzada en el caso CREOMPAZ, relacionado con más de 550 víctimas atadas de pies y manos y encontradas en fosas clandestinas. En febrero, la Corte de Constitucionalidad ratificó su exoneración junto a seis compañeros, dejando el crímen en la impunidad.
Lucas fue condenado en 2018 por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, un adolescente de 14 años, y por delitos de lesa humanidad y violación de Emma, hermana de Marco. Recibió 58 años de prisión, que fueron conmutados por arresto domiciliario en 2023. El año siguiente, en noviembre de 2019, fue acusado de genocidio junto a dos personas más: César Octavio Noguera Argueta, exjefe de operaciones militares del G3, fallecido en 2020; y el exdirector de inteligencia Manuel Callejas y Callejas, quien fuera declarado incapaz de enfrentar el proceso penal en enero, por padecer de Parkinson.
El juicio arrancó el pasado 5 de abril, tras más de cuatro años de retraso. Lucas, excusado de asistir de forma presencial por razones médicas, se juramentó a través de una videoconferencia desde el Hospital Militar, el lugar en donde ha escuchado las más de 85 audiencias que han transcurrido hasta la fecha. Sus abogados le aconsejaron que no declarara en aquella primera audiencia porque necesitaría más tiempo para leer la acusación, pero adelantó sus primeras palabras defendiéndose de la acusación de librar actos de genocidio: “Mi esposa es un cruce de indígena-alemana y yo soy un protector de la raza campesina (maya)”.
En su alegato inicial, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), querellante adhesivo en el proceso, argumentó que la campaña militar que Benedicto Lucas dirigió en la región ixil tenía como objetivo principal el exterminio del pueblo maya ixil.
Los fiscales destacaron “dos fases de intervención militar –prevención e intervención– que fueron programadas, consentidas, dirigidas, ordenadas y supervisadas por el acusado” e identificó “(al menos) 800 víctimas, 23 masacres y por lo menos 42 personas desaparecidas durante el tiempo en que Lucas estuvo en el cargo”, afirmó una abogada de la AJR.
La investigación del caso encontró evidencia de aproximadamente 60 masacres, de las cuales sólo 34 pudieron ser establecidas en los peritajes, testimonios y documentos presentados como evidencia durante el juicio.
Raúl Nájera, investigador de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala (ODHAG), otra de las organizaciones querellantes, dijo a El Faro que el Ministerio Público también busca probar la “participación directa” de Lucas en estos crímenes. Agregó: “Él (Lucas) supervisaba lo que sucedía en el teatro de operaciones específicamente en la región”.
“¡Dale! ¡Dale!”
Un testigo de la fiscalía, Robert Nickelsberg, fotógrafo para la revista Times a principios de los años ochenta, acompañó a Lucas García en enero de 1982 en uno de los helicópteros en los que fue movilizado a la región ixil y ordenó disparos contra civiles. Nickelsberg dio testimonio a través de una videoconferencia en la que mostró las fotografías que tomó en aquel momento.
Sin embargo, la traducción que se le brindó fue deficiente. La intérprete, por ejemplo, tradujo que él había empezado su carrera en 1997, cuando él realmente había dicho 1977. Cuando un fiscal le preguntó por una foto de Lucas García delante de un helicóptero y las ametralladoras ensambladas al vehículo, Nickelsberg respondió que, mientras estaba en el suelo, las armas no se habían disparado, sino mientras estaban en el aire. La intérprete tradujo que las armas no se dispararon ahí sino en otras “áreas”.
Finalmente, Nickelsberg declaró que observó cómo los pasajeros del helicóptero, en el cual Lucas García era copiloto, comenzaron a disparar contra la población civil no combatiente.
En 2017, Nickelsberg publicó su testimonio sobre estos sucesos en el New York Times: “El general (Lucas García) nos invitó a Chris (del Washington Post) y a mí a hacer un vuelo en helicóptero sobre la zona rural montañosa de Quiché, donde encontrarían al enemigo con una lógica simple y letal: cualquiera que huyera de nuestro helicóptero Bell blanco era guerrillero o simpatizante”.
“Acompañado por dos francotiradores en la puerta y un oficial de inteligencia, el general Lucas García se sentó en el lugar del copiloto y dirigió el vuelo sobre las zonas rurales (...) cuando vimos a un grupo de mujeres que corrían para alejarse del helicóptero que se acercaba”, continuó. “Ordenó al piloto que volara en círculos sobre los campos a nuestros pies y que se inclinara lo más bajo posible para que los francotiradores de la puerta pudieran ver mejor. Entonces gritó la orden de abrir fuego: “¡Dale! ¡Dale!”.
Según Nickelsberg, Lucas García les explicó que, como los campesinos huyeron del helicóptero, ellos mostraron su culpabilidad.
El 4 de julio, Lucas García dio su declaración: “San Juan Cotzal, Quiché es donde hay mayor problema de guerrilla. No sé por qué los guerrilleros se asentaron allí y fue donde causaron más daño”.
Cuando le preguntaron si sabía que los soldados estaban matando a mujeres, niñas y niños en la región ixil, dijo que no: que si eso fuera cierto, habría ordenado que los fusilaran.
Tipificación de genocidio
Lucas García afirmó que sus subordinados regularmente le daban información sobre las operaciones militares. La fiscalía preguntó: Si afirma que sabía lo que pasaba, ¿qué explicación puede dar a las muertes? ¿Quién los mató?
Negó haber recibido información concreta sobre ello porque, de ser así, habría iniciado una investigación, ya que “es muy fácil mentir” en esos informes iniciales. “Si hubiera cometido un error de esa naturaleza, un delito, lo declararía, porque valoro mi vida y creo en Dios y he hecho el bien a mucha gente”, declaró ante el tribunal.
Aparte de esas 34 masacres cometidas entre el 16 de julio de 1978 y el 23 de marzo de 1982, que fueron presentadas durante el juicio, los querellantes también reportaron 30 casos de violencia sexual.
“Aunque sólo hay 30 incidentes de violencia sexual (presentados ante el tribunal), eso no significa que sólo estos incidentes ocurrieran en ese periodo. Son los que pudimos documentar gracias a la valentía de las mujeres que se atrevieron, después de un largo proceso, a participar en el caso”, dijo Nájera.
También documentaron 90 hechos de desaparición forzada y la destrucción total de 32 aldeas, además de desplazamientos forzados en los que se identificaron alrededor de 190 muertes por bombardeos, hambre, sed, frío y enfermedades curables.
Diego Leiva, investigador de archivo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, agrega que para este caso sistematizaron más de 500 denuncias.
Nájera explica que estas son las pruebas que pudieron presentar de acuerdo con la Ley de Genocidio en Guatemala, que tipifica “muertes de miembros del grupo, el sometimiento de miembros del grupo a condiciones que causaron la destruccion de miembros del grupo, y el sometimiento de miembros del grupo a lesiones graves que afectaron la integridad física y mental de los miembros del grupo”.
Está previsto que dos testigos de la defensa declaren el miércoles y jueves de esta semana. Se espera que la sentencia se dicte en las primeras semanas de noviembre, poco después de que las partes presenten sus conclusiones.
El Faro solicitó una entrevista con Lucas y su equipo de defensa a través de su abogada, tanto en persona como por mensaje. Aunque recibieron la solicitud, no respondieron.
¿Por qué hasta ahora?
La primera acusación penal por genocidio en Guatemala fue presentada por la AJR en 2001, recuerda Nájera, “contra los responsables de los hechos ocurridos entre 1978 y 1985”. Este periodo involucró a tres regímenes militares: los de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores.
El expediente incluyó hechos cometidos en las regiones ixil, Ixcán y Huehuetenango. “La plataforma de investigación era tan amplia que abarcaba demasiado terreno”, sostiene. Por eso, los querellantes dividieron el caso en dos y pidieron asesoría legal al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y a la ODHAG. La primera organización llevó el caso contra el general Ríos Montt y la segunda la de Lucas García. “Por razones que desconozco, CALDH avanzó mucho más rápido con la investigación en el caso de Ríos Montt”, agrega Nájera.
Leiva propone una explicación: “La buena relación entre el Ministerio Público y los querellantes ayudó a que los dos juicios por genocidio se elaboraran de manera metodologica. Pero, ¿por qué se juzgó primero a Ríos Montt? Creo que tuvo que ver con una estrategia de justicia transicional”.
“Cuando la fiscal general Claudia Paz y Paz asumió el cargo, llamó mucho la atención la cooperación internacional, así que tuvimos apoyo”, continúa Leiva. “La presión con Ríos Montt fue porque quizás era una figura más emblemática y las masacres más atroces son las que cometió Ríos Montt”.
No fue hasta 2008 que la ODHAG logró judicializar el caso de Lucas García. La fase preliminar de la investigación duró hasta 2018. Nájera asegura que, aunque querían llevar en paralelo el juicio de Ríos Montt y el de Lucas García, al Ministerio Público le fue imposible por su carga de trabajo.
Orlando López, exfiscal de derechos humanos, explica que estos casos de genocidio han tardado tanto por su complejidad y por los años transcurridos: “Estamos hablando de masacres,” dice. “Al final no se trata de un solo hecho, un homicidio, un asesinato o una violación, sino de varios. Los casos se asignan regularmente a un fiscal que no trabaja solamente ese caso”.
El juicio por genocidio contra Ríos Montt en 2013 provocó una amplia cobertura mediatica local e internacional y, en Guatemala, generó un intenso debate público sobre la utilización de la palabra “genocidio”, así como sobre el hecho de que se estaba juzgando en el país donde se cometieron los crímenes, algo sin precedentes en casos de genocidio a nivel mundial.
López y Leiva coinciden en que el contexto político y social desde 2009 hasta 2011 fue un factor importante en la aceleración del caso contra Ríos Montt. “Empezamos a ver avances en estos casos con los fiscales generales José Amílcar Velásquez Zárate (2008-2010) y Claudia Paz y Paz (2010-2014) para impulsar los casos contra los responsables”, concluye López. “¿Qué hubiera pasado sin estos dos fiscales generales? Es probable que los casos no hubieran llegado a ningún lado hasta el día de hoy”.
“Justicia de memoria”
El 10 de mayo de 2013, Efraín Ríos Montt fue declarado culpable y condenado a 80 años de prisión por cometer genocidio contra el pueblo maya ixil entre 1982 y 1983. Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia once días después.
El fallo de la CC señaló que no se había cumplido un requerimiento de recusación presentado por la defensa de Ríos Montt, por lo que todo lo relacionado con la audiencia de debate oral público –que es cuando se realizó el juicio y se condenó al exgeneral– quedó suspendido, explica el abogado constitucionalista Édgar Ortiz.
La misma CC ordenó repetir el juicio en 2015, pero Ríos Montt fue diagnosticado con demencia senil. Murió en 2018 en el transcurso de su segundo juicio.
Según Nájera, los investigadores del caso Lucas García esperaron a que terminara el de Ríos Montt para evitar obstáculos políticos. Dice que Thelma Aldana, fiscal general de 2014 a 2018, no dio el visto bueno para continuar: “Nos dijo que teníamos que reforzar la investigación relacionada con crímenes de lesa humanidad, no de genocidio”.
Aunque la causa por genocidio contra Benedicto Lucas estaba lista para ser presentada durante el mandato de Aldana, las detenciones de Lucas García, Noguera Argueta y Callejas y Callejas no ocurrieron hasta 2019, cuando los imputados ya estaban en prisión preventiva por los casos Molina Theissen y CREOMPAZ. Esperaron otros tres años para fijar fecha para el juicio en 2024.
Leiva, el investigador de archivo del Ministerio Público que trabajó en los expedientes de los casos de genocidio de Lucas García y Ríos Montt, espera que el testimonio de sobrevivientes y testigos en la sala de audiencias ya haya proporcionado cierto grado de reparación a las víctimas.
“Con la sentencia de genocidio (de Ríos Montt) creo que, más que justicia legal, logramos justicia histórica y de memoria”, reflexiona. “La gente fue a los tribunales para señalar al hombre que era considerado el genocida más grande de este país con el dedo y decir: ‘Él dio la orden, él cometió los asesinatos’”.
