Unas 2,000 personas marcharon por las calles de San Salvador el sábado 19 de octubre para protestar contra los recortes presupuestarios que el Gobierno de Nayib Bukele ha planificado para las áreas de Salud y Educación en 2025. La marcha fue convocada por movimientos sindicales del sector salud y educación, después de que el Ministerio de Hacienda anunciara al final de septiembre el proyecto de presupuesto que recorta 31 millones de dólares a Educación y 90.8 millones al ramo de Salud. A la marcha asistió Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) y directora del Complejo Educativo República del Perú, en Mejicanos. Zúniga, profesora de educación pública desde agosto de 1992, fue despedida de su cargo dos días después de haber asistido a la marcha.
“Es un castigo que me están propinando a raíz de que el día viernes (18) no acepté firmar un documento en donde decía que teníamos que desmontar la marcha y no asistir porque se iba a instalar una mesa de diálogo”, dijo a El Faro. La docente cuenta que ese día fue citada a una reunión por el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, y al llegar a las instalaciones del ministerio se encontró también con la comisionada presidencial del Gobierno, Carolina Recinos. Ambos, dice Zúniga, solicitaron que no se hiciera la marcha y que las convocatorias se anularan. El Faro buscó la respuesta de la comisionada Recinos a través de llamadas y correo electrónico pero no hubo respuesta.
El lunes 21 de octubre, Zúniga publicó vídeos en TikTok donde denunció la supresión de su plaza de trabajo. Su despido es la culminación de un proceso que empezó el 22 de agosto, cuando la notificaron de la destitución de su cargo como directora. Zúniga lo atribuye a “motivaciones políticas” que recaen en su actividad como miembro del FMS, una organización creada en 2016.
No es poca cosa una marcha de 2,000 personas en un país que lleva dos años y siete meses con garantías constitucionales suspendidas. La última manifestación multitudinaria ocurrió en septiembre de 2021, cuando diferentes sectores protestaron por la ley Bitcoin, la purga de jueces y la sentencia que permitía la reelección. Desde entonces, el Gobierno ha instalado sistemáticamente retenes en los accesos a la capital cada vez que hay una convocatoria para una protesta.
Muchos de los asistentes marcharon vestidos de blanco, un eco de las gigantescas marchas blancas organizadas entre 1999 y 2003, en la que sindicatos de salud protestaron contra la propuesta de los gobiernos de ARENA de privatizar una parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, un sistema que da cobertura de salud a los trabajadores afiliados, que suman más de dos millones de personas, según un informe de contribución del ISSS de 2023.
El descontento comenzó luego de que el ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentara ante la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley de Presupuesto General de Estado 2025. Posada explicó que este nuevo presupuesto suspende los incrementos salariales, prohíbe nuevas plazas de trabajo y congela el pago de escalafones para el rubro de Salud y Educación. Los escalafones son un sistema de incentivos económicos establecidos tanto en la Ley de la Carrera Docente como en la Ley de Creación de Escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ambos contemplan la posibilidad de que un servidor público suba de categoría y por tanto de salario, según los méritos profesionales, así como los años de antigüedad.
En el caso del escalafón para docentes, hay seis categorías. Un profesor de nuevo ingreso empieza ganando $595 en la categoría seis. Cada cinco años puede ascender y, si pasa a la categoría cinco, tiene un aumento del 10 %.
Una semana antes de la marcha, El Faro entrevistó a Idalia Zúniga. Zúniga no sólo habló del presupuesto, sino también de un sistema de educación público precario en el que se “administra la pobreza”. Señala críticamente que, mientras el Ministerio de Defensa tiene un aumento de $53 millones para el próximo año, el gobierno propone recortes a Educación, una cartera de Estado que ya se encuentra en una situación precaria.
De aprobarse la propuesta de presupuesto 2025, ¿cuáles serían los grandes desafíos que enfrentaría la educación en el país?
El año que viene, y si permitimos que esto sea aprobado, va a haber mucha precariedad en el sistema educativo. El año pasado nos entregaron el bono de funcionamiento cuando estábamos clausurando el año escolar. Ese bono es insuficiente porque para una escuela de mil estudiantes nos dan 3 mil dólares para funcionar todo el año. Como directora yo sentía que estábamos administrando pobreza. Nos dan la instalación, tenemos a los niños de la comunidad, pero no tenemos los recursos del Ministerio de Educación y es un deber del Estado brindarlos. Entonces nos cargamos y cargamos a los padres de familia.
El año pasado una profesora tuvo que subir al techo a componer las láminas por las goteras. Así nos dejan. El próximo año va a haber mucho más abandono al sistema educativo. En cuanto al bono que nos transfiere el Ministerio va a ser menos, con este recorte que viene, o puede ser nulo y que la comunidad educativa vea cómo sale adelante. Como Frente Magisterial decimos que en El Salvador se está desmontando la escuela pública. Y no es porque tengamos malos maestros. Es porque el Ministerio de Educación, y el Estado mismo, no nos está dando los recursos necesarios para que podamos desarrollar la educación.
¿Qué hay de los estudiantes?
Se están desmontando las escuelas que funcionan en el turno de la tarde. Se han dado a la tarea, con su aparato represivo, cada director departamental, de enviar personeros a contar a los niños. Si hay menos de 28 niños entonces ese aula se cierra. Tiene que tener 28, porque eso es una normativa. Es una normativa que se elaboró hace más de 20 años, cuando la población estudiantil a nivel nacional era de 1 millón 850 mil estudiantes. Hoy apenas vamos a llegar a 1 millón 100 mil estudiantes.
Tenemos una reducción de más de 700 mil estudiantes en El Salvador. Hoy hay muchos factores por los que no tenemos niños: la natalidad ha bajado, pero también el régimen de excepción ha provocado la deserción escolar. El régimen de excepción ha provocado la migración de niños que se van fuera del país. Ha provocado también, que muchos niños tengan que ir a trabajar porque ya no está mamá ni papá y tienen que sacar adelante al hogar. Y también la pobreza. El incremento de la pobreza es también un factor importante en la disminución de los estudiantes.
¿Qué es el escalafón?
El escalafón es el producto de la lucha magisterial. Para que se aprobara, y quedara consignado en una ley, tuvieron que salir organizaciones magisteriales, levantarse y realizar una lucha que llevó a la mesa de negociación con el Estado.
El Ministro de Hacienda dice que se congelan los salarios y se quitan los escalafones, porque se va a aprobar en la Asamblea Legislativa por los puya botones que van a levantar la mano. Van a desaparecer algo que fue una conquista histórica. Es injusto y ha causado mucha indignación. Es la gota que derramó el vaso en el magisterio salvadoreño. Desde la entrada del presidente Nayib Bukele hemos venido en desmejoras constantes en la educación pública, pero también con todos los derechos laborales que tenemos. En este momento en el magisterio estamos sufriendo acoso laboral, hostigamiento, discriminación y atropellos por parte del Ministro de Educación y sus Directores Departamentales y todo el aparato represivo.
¿Cómo afectaría el retiro del escalafón la economía de los profesores?
Del 85 al 90 % somos mujeres que trabajamos como profesoras en las escuelas públicas. La mayoría somos mujeres y jefas de hogar. Por lo tanto, que nos quiten el escalafón va a significar una baja en nuestra economía. Más escasez. Y no vamos a poder acceder a la compra de la canasta básica. Los salarios de los docentes son precarios y aparte de esto, nos toca como docentes poner parte de nuestra bolsa para comprar material didáctico.
¿Cuántos docentes estarán afectados?
Vamos a ser afectados aproximadamente más de 43,000 docentes, pero también hay trabajadores administrativos. En conjunto sumamos alrededor de 47,291 los trabajadores de educación.
El Ministro de Hacienda también habló de recortes de personal. ¿Qué previsión tienen?
Para el presente año, en el mes de mayo ya había una asignación importante para la indemnización. Para el mes de julio se incrementó a $90,447,000. Eso de indemnización quiere decir despidos. Entonces calculamos que entre 4 mil a 5 mil trabajadores de educación se van a ir. No el año que viene, sino que este año, porque eso ya estaba asignado en el presupuesto para el 2024. Lo raro es que el Ministerio de Educación está guardando silencio.
Uno de los argumentos que ha utilizado el Gobierno para hacer estos ajustes presupuestarios, son por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Sería contraproducente atender estas recomendaciones?
Hemos revisado el proyecto del presupuesto y vemos que hay un desbalance. El Gobierno le está apostando más a la seguridad y a la defensa. Está dejando desprotegidos la salud, educación y otras áreas que son muy importantes. Veíamos cómo, por ejemplo, un proyecto que va encaminado para la educación, que son 2.7 millones, lo transfieren a comunicaciones de Casa Presidencial. ¿Por qué le están apostando a las comunicaciones y están desprotegiendo dos bastiones bien importantes para el país? Se está recortando la educación pública. A la educación parvularia. A la infraestructura. El presidente prometió que se iban a construir dos, tres escuelas diarias. No se ha construido ninguna. Lejos de eso, está pretendiendo demoler la escuela Argentina, para convertirla en un parqueo. Y ahora vienen también, con un recorte de 36 millones de dólares a la infraestructura escolar.
¿Le sorprenden estas decisiones o ya las veía venir?
Por el actuar del Ministerio de Educación y de este Gobierno, sí, ya lo veíamos venir. Hemos venido siendo tratados injustamente, con una precarización laboral. Con una explotación y un hostigamiento que ha provocado que muchos compañeros y compañeras estén desesperados por salirse del sistema educativo. Tenemos un sistema de salud para educación en el que no hay medicamentos, no hay médicos especialistas, no existen laboratorios. Los montos son muy insuficientes para que nos den una atención digna y como merece el magisterio.
Usted habló de acoso. ¿En qué sentido?
El acoso viene con las amenazas de destitución. El director departamental de San Salvador, para muestra un botón: Ronald José Monterrosa Rivera ha destituido a más de 400 directores, sólo en el área de San Salvador. Cada director departamental está destituyendo a directores. Hoy van con los subdirectores. Y bueno, como sindicalista he sido destituida de mi puesto como directora única del complejo educativo República de Perú, pero también hay otro compañero dirigente sindical, Daniel Rodríguez, que ya no se encuentra en el país. Por la misma situación fue destituido, por ser dirigente sindical Piensan que nos vamos a callar por habernos practicado una destitución. Al contrario, vamos a seguir luchando por nuestros compañeros, nuestras compañeras y las luchas justas del magisterio.
Los docentes que han sido destituidos, ¿todos han sido parte de organizaciones gremiales?
No. Hay una situación de ir quitando a los directores de escuela. Quieren que los directores sean callados, obedientes, sumisos, porque viene la reforma de la Ley de la Carrera Docente, donde los directores de escuela, creemos nosotros, van a ser a los que les van a aplicar la suspensión previa. La suspensión previa es simplemente que te sacan de la planilla. Esta es una forma de despido por cualquier motivo. Las destituciones de los directores son ilegales, porque los directores departamentales no tienen esa atribución. El único que tiene esa atribución es la junta de la carrera docente, después de haber sido vencidos en juicio y él lo hizo de un tajo y así lo están haciendo. Están cometiendo arbitrariedades.
¿Cuáles son esas arbitrariedades?
La Ley de la carrera docente dice que el único causal para que te apliquen la suspensión previa es el acoso sexual. Ahora lo están haciendo sin tomar en cuenta eso, porque eres un dirigente sindical, porque eres una persona que no has quedado bien con el sistema educativo y con quienes lo dirigen.
¿Qué opciones tienen los docentes en esa situación?
Todavía hay una esperanza de que en la junta de la carrera docente, al revisar tu caso, sea encontrado que es un acto arbitrario de parte de un director departamental y te reinstalan. Pero hemos tenido casos, por ejemplo, hay una compañera que ella tuvo que ir a la Corte Interamericana para aplicar, y demandaron al Gobierno de Nayib Bukele y la reinstalaron. Le pagaron sus salarios caídos. Está ejerciendo.
¿Qué tan receptiva ha sido la Procuraduría de Derechos Humanos a las denuncias de estos casos?
En el caso del compañero Daniel Rodríguez de SIMEDUCO, que es de otra organización magisterial a quien destituyeron, con él ya resolvieron. Y le pidieron al director departamental el reinstalo inmediato porque no eran causales de destitución y no era el debido procedimiento. O sea, una institución del Gobierno está diciendo ‘están haciendo mal las cosas’.
Con todo lo que nos acaba de comentar, ¿ las organizaciones magisteriales están temerosas?
No, al contrario. Tenemos la moral muy alta. Esto no nos va a detener. Al contrario, nos da más valor. Hoy nos quitaron el miedo. Vamos a seguir luchando, vamos a hablar por los que no pueden hablar.
Como Frente Magisterial, ¿qué plan tienen contemplado para poder resolver esta situación sobre el presupuesto?
Ya se están ejecutando los planes. Primero, unirnos. Todas las gremiales unirnos. Estamos unidos como lo pedía la base. O sea los compañeros maestros y maestras pedían que se unan los dirigentes sindicales. Ya estamos unidos. Y como golpearon a dos sectores, que es salud y educación, los dos sectores ya estamos unidos y se están sumando más personas.
