Al finalizar el miércoles 30 de octubre dos noticias aparecían entre las más leídas en los portales noticiosos de Costa Rica: muere un bebé de diez meses asesinado por un sicario y Rodrigo Chaves recibirá a su vecino Nayib Bukele “con todos los honores” a pesar de las reticencias en otros poderes del Estado.
La relación entre ambas noticias parecía nula, pero el contexto actual de Costa Rica hace que los sucesos como la muerte de un bebé en el ataque armado en un municipio rural del sur de San José aumente las ansias de un sector de la población por adoptar las políticas de mano dura que Bukele ha aplicado en El Salvador para combatir la violencia de las pandillas, formas aparte. El bebé de diez meses falleció en el hospital como víctima colateral de una lluvia de balas que presuntos sicarios dirigieron contra el auto conducido por una mujer adulta con antecedentes por venta de drogas, quien murió en el sitio. Cinco días después no habían sido capturados ni identificados. Este crimen vuelve a dejar mal parada la frase de Chaves cuando en 2023 intentó relativizar la ola de homicidios diciendo que los criminales “se matan entre ellos”, sin dejar de culpar a las leyes y lamentarse por las limitaciones de poder que tiene el Gobierno central para acciones mayores.
La discusión pública acumula años sobre la respuesta que debe dar el Estado costarricense para frenar la escalada de violencia en este país que se preciaba de ser el más seguro de Centroamérica, pero que en 2023 alcanzó un récord histórico de homicidios: 907 muertes, una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, que duplica a la que se registraba diez años atrás. Ese debate gana intensidad con las noticias casi diarias sobre hombres jóvenes que desde una motocicleta disparan contra presuntos rivales en el negocio de la droga. En lo que va de 2024, la cantidad de homicidios es sólo 4 % menos que los ocurridos en los primeros diez meses del año récord. Con la inseguridad como principal problema señalado por la población y las informaciones sobre el descenso de asesinatos en El Salvador, cobra expectativa la pronta visita de Bukele, admirado por el presidente Chaves y por un sector de la población, mientras desde otros flancos critican las conductas autoritarias y la concentración de poderes bajo la justificación de neutralizar la violencia de las pandillas.
Costa Rica lleva varios años discutiendo sobre Bukele sin saberlo. Lo hace desde antes de que él llegara al poder. Al menos dos encuestas de este año le acreditan la simpatía de una mayoría de la población costarricense, mientras un reciente estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad de Santiago de Chile señala a Costa Rica como uno de los países donde ahora se ven deseables políticas de “mano dura”, como las que tienen a Bukele como referente.
Pero ahora es evidente ese pulso existencial: por un lado, la receta tradicional costarricense de políticas judiciales garantistas, sumadas a la inversión social dentro de los márgenes democráticos. Por el otro, el modelo bautizado “Bukele”, que se resume en el endurecimiento de la represión policial desde un gobierno libre de contrapesos y centrado en responder a una demanda popular al costo que sea. “Parece contradicción querer comportarse como otros países para defender lo que hemos sido siempre, pero la realidad nos obliga”, decía Francisco, un chofer de 52 años, mientras tomaba el café en un restaurante de comida rápida en la capital tica.
Es la polémica que se ha activado con la confirmación de la llegada de Bukele, que en esta ocasión no viene de paseo ni a las fiestas de familiares que viven aquí. Ni las fechas ni los detalles de la agenda han sido confirmadas, pero medios locales indican que llegará antes del fin de semana y el lunes 11 de noviembre será el día de actos formales. “Yo invité a cenar, a una cena de Estado, al señor presidente Bukele. Le vamos a dar las atenciones que corresponden”, dijo el presidente costarricense sobre la recepción que en principio incluía un acto al interior de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial.
Lo que en principio se planteó como una “visita de Estado” (la primera en al menos diez años) acabó en una “visita oficial”, de menor relevancia protocolaria, después de que diputados y magistrados se negaron a recibir en sesión formal al mandatario centroamericano que encarna mucho del autoritarismo que también le acreditan a Rodrigo Chaves, quien exime al salvadoreño de pecados contra la democracia y le admira los márgenes de poder con una súper mayoría legislativa y un sistema judicial bajo su control. En Costa Rica, el oficialismo ocupa menos del 15 % de los escaños parlamentarios y el Poder Judicial es visto como un obstáculo desde el Ejecutivo, sobre todo el Tribunal Constitucional. No es arriesgado decir que Chaves envidia las condiciones en que gobierna Bukele.
“Viene el presidente electo democráticamente dos veces en un país vecino y nosotros desde el Poder Ejecutivo lo recibimos con los honores que se merece”, dijo Chaves en su programa televisado de cada miércoles, después de reconocer al menos la controversia que representa el “modelo Bukele” contra la inseguridad. “Existe un debate que no es menor, de que si el fin justifica los medios. La realidad de las cosas es que El Salvador pasó de ser un lugar de violencia, con una cantidad de asesinatos tremenda (…) a ser una de las sociedades más seguras del mundo, eso es un hecho”, dijo el presidente costarricense en la última de varias alusiones elogiosas que ha hecho para el salvadoreño.
Por eso Chaves, el presidente que llegó al poder en 2022 como amenaza al sistema tradicional y que asegura estar liderando una revolución contra las élites económicas y políticas, anuncia para Bukele una bienvenida como no la ha dado a ningún otro homólogo. Las críticas de magistrados y diputados opositores no le incomodan al Ejecutivo, más bien consolidan el discurso de Chaves contra los poderes ajenos a su control, a los cuales acusa de favorecer a los grupos criminales con políticas suaves o cómplices. Los señala porque “dan abrazos a los que dan balazos”, como suele decir inspirado en la frase icónica de la política que aplicó ante el crimen organizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Defienden posiciones ideológicas de izquierda contrapuestas a la voluntad del pueblo, repite Chaves confiado en el apoyo popular superior al 50 %, una cuota alta para un Gobierno que supera la mitad del cuatrienio. Sin embargo, la Constitución impide la reelección inmediata en 2026 y es improbable que los magistrados actuales hagan una reinterpretación a la carta magna.
Chaves, hasta ahora incapaz de mostrar resultados en la reducción del crimen organizado, insiste en culpar al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, donde las bancadas opositoras más bien le reprochan al Ejecutivo decisiones estratégicas y le atribuyen una voluntad de facilitar las actividades criminales. La hostilidad entre poderes llega a niveles que nunca ha visto la población actual.
Raro era que la visita de Bukele se planteara como una actividad coordinada, pero el protocolo parecía disimular esa discordia. Por eso el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, proponía a la Corte Suprema de Justicia una sesión especial para atender a Bukele y en el Congreso se manejó la posibilidad de rendirle honores, pero de inmediato surgieron las objeciones. No dejaba de ser una contradicción homenajear a Bukele mientras pelean con Chaves. “Un poder que representa el pilar de la democracia de nuestro país recibiendo a quien con autoritarismo ha demolido la democracia de su país”, criticaba Ariel Robles, de la bancada Frente Amplio (izquierda). El diputado Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN, la mayor fracción legislativa) advirtió que no veía ambiente para dedicar honores a Bukele, a quien en otros momentos ha mencionado como antítesis de la cultura política costarricense. Entonces los presidentes de ambos poderes aceptaron recibirlo en audiencia bilateral, sin sesiones especiales ni alfombras rojas, con sólo las cortesías del protocolo. Era una solución ‘a la tica’, pero al anfitrión Chaves no le satisfacía plenamente.
Por eso no sorprendió del todo la noticia del lunes previo a la llegada de Bukele. Un comunicado de la Presidencia de Costa Rica informaba sobre una decisión tomada después de que ambos platicaron por teléfono sobre los preparativos: “Los mandatarios acordaron una agenda para el Presidente Bukele que no incluye a la Asamblea Legislativa ni a la Corte Suprema de Justicia; tampoco con ningún representante de esos poderes”, decía el boletín. El visitante no llegará a sitios donde no es del todo bienvenido ni se expondrá a que el diputado presidente del Congreso, Rodrigo Arias, o el magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte, le hablen de apego a las reglas democráticas o división de poderes.
