La hilera de carros pasaba junto al grupo sin detenerse. Ellos, a un lado de la carretera. “Cómo hubiéramos querido que llegara un medio de comunicación, la tele o algo así”, dijo Verónica.
Verónica ha trabajado en el Ministerio de Salud desde hace 27 años como ordenanza en una unidad de salud en el departamento de Sonsonate. Cuatro días después de la marcha blanca del 19 de octubre, la despidieron. También a otras 19 personas que iban en el mismo bus para unirse a la marcha. Los despidieron pese a que nunca llegaron a la marcha.
La marcha, convocada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD), el Foro Nacional de la Salud (FNS), el Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Frente Magisterial Salvadoreño, era una respuesta ante un anuncio que el Ministro de Hacienda hizo el 30 de septiembre. Ese día anunció el presupuesto del 2025. Ese presupuesto recorta 121 millones de dólares a los ministerios de Salud y Educación. Además incluye recortes de plazas de trabajo y la anulación de escalafones, que es un sistema de aumentos salariales para los empleados públicos de esas carteras.
Verónica dijo que ganó estabilidad financiera gracias a los aumentos salariales del sistema de escalafones. El anuncio del recorte presupuestario le pareció injusto. Por eso quiso ir a la marcha. “Yo empecé ganando el mínimo y ahora he logrado ganar 1,250. A mí sólo me faltaban tres años para retirarme. Pero viendo las limitantes que hay, y que tanto joven comienza ganando 365 dólares y que se jubile con eso mismo sólo por un capricho del Gobierno, así con la carestía de hoy día, es una injusticia”, dijo.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS), gestionó la movilización de un bus amarillo para los empleados de Sonsonate que quisieran participar en la marcha en la capital. El acuerdo era reunirse a las 6 de la mañana en el Boulevard coronel Óscar Osorio, en el restaurante de Pollo Campero Los Leones, en la Calle 12S.
“Íbamos de bajo perfil. No llevábamos pancartas ni megáfonos. Tampoco todos nos vestimos de blanco”, dijo Verónica. Desde la última gran marcha pública, en septiembre de 2021, ya es costumbre en El Salvador que haya retenes policiales en los días que se convocan manifestaciones contra el gobierno de Nayib Bukele. “Para evitar problemas, habíamos llegado a un acuerdo: si nos preguntaban a dónde íbamos, diríamos que a una excursión a un balneario”, dijo Verónica. Sonsonate es un departamento con playas, y en San Salvador no hay balnearios.
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El bus salió a las 7:30 de la mañana, tomando el boulevard Las Palmeras con rumbo a San Salvador. El primer retén policial que encontraron estaba ubicado en el kilómetro 36 de la carretera a Sonsonate, frente al Cantón Tres Ceibas. Ahí no los detuvieron.
En el segundo retén, ubicado en el kilómetro 30 entre Sacacoyo y Ateos, a un costado de una gasolinera Texaco, la Policía los detuvo. “Nos revisaron dentro del bus. Esto duró alrededor de veinte minutos, pero de ahí nos dejaron ir”, dijo Eduardo, otro trabajador que tiene quince años laborando para el Ministerio de Salud.
El tercer retén que interceptaron estaba ubicado en el kilómetro 22 y medio en la autopista a Los Chorros, frente a la gasolinera conocida como El Poliedro. “En este retén nos pidieron a todos que bajáramos del bus. Ahí había soldados y policías. Cuando nos bajaron llamaron a unas patrullas que estaban a lo lejos. Esos otros policías llegaron y en un tono fuerte nos dijeron que pusiéramos las manos arriba, en la nuca, y nos revisaron. A mí me levantaron la camisa y me preguntaron si tenía tatuajes de pandillas. Yo dije que no, pero tenía miedo porque sí tengo tatuada la cara de mi hijo en el pecho. Ahí nos tuvieron como veinticinco minutos”, contó Eduardo.
Llevar tatuado en el pecho el rostro de tu hijo no es un delito, sin embargo, en El Salvador, gracias al régimen de excepción, un tatuaje es motivo suficiente para que la policía te arreste. Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno ha arrestado a casi 83,000 personas. Bukele admitió que han arrestado a 8,000 inocentes, aunque organizaciones de derechos humanos dicen que la cifra es el triple.
Eduardo dijo que nunca en su vida había participado en una manifestación.
El cuarto retén estaba en el kilómetro cinco y medio del bulevar Monseñor Romero, en Santa Tecla, en el carril opuesto a la residencial privada Veranda. A las 9:30 de la mañana, dos sargentos de la Policía Nacional Civil (PNC) que no estaban portando su Orden Numérico Institucional (ONI), les pidieron a los veinte trabajadores que se bajaran de la unidad y que les entregaran sus documentos de identidad (DUI). Según el capítulo dos del Reglamento Disciplinario de la PNC, no portar el ONI de forma visible es considerado como una falta grave.
Cuando los empleados se bajaron del bus, unos policías se subieron a inspeccionarlo y les revisaron sus pertenencias. Mientras los sargentos se llevaban sus documentos, dos policías con uniformes de la rural se quedaron custodiándoles. Eduardo dijo que además de estas requisas, otros agentes empezaron a tomarles fotografías a los documentos y también a ellos.
A varios kilómetros de distancia, la marcha blanca a la que iban, integrada por al menos 2,000 personas, ya había comenzado a avanzar en su recorrido hasta llegar a las inmediaciones del Hospital Nacional Rosales. Tras dos horas y media, a las 12:21 del mediodía, cuando la marcha ya estaba llegando a su destino final, los oficiales les entregaron los documentos.
“Cuando nos dijeron que podíamos irnos, ya prácticamente la marcha había terminado. No tenía sentido ir porque otros compañeros nos estaban mandando fotos y vídeos de que ya iban por el Parque Cuscatlán, y ya era lo último. Entonces nos fuimos de regreso. Nosotros nunca llegamos a la marcha”, explicó Eduardo.
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Alfredo fue el último en llegar al lugar de encuentro la mañana del sábado 19. Ha trabajado por doce años en el Ministerio de Salud, como auxiliar administrativo en el área de archivo. Él considera que las condiciones del sistema de salud público son precarias. “Yo siempre he ido a las marchas del 1 de mayo, Día del Trabajador. Pero esta vez me motivó que hay un desmantelamiento del sistema de salud. Nos toca usar vehículos que no tienen mantenimiento desde 2020 y los empleados damos cierta cantidad de dinero para que el vehículo esté funcionando. A veces nos toca dar dinero para combustible también. Carecemos de muchos insumos y se supone que estamos en una democracia”, dijo.
Alfredo pertenece al Sindicato General de Trabajadoras y Trabajadores de Salud de El Salvador (SITRADES. Un día antes de la marcha, el sindicato pidió a sus miembros a través de Whatsapp que no marcharan. Él dice que no dieron explicaciones. Desde que Alfredo fue despedido, su sindicato le ha dado la espalda. “Ya llevo más de dos semanas intentando comunicarme con ellos, pero no me responden por ningún medio”, dijo.
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Verónica dijo que los días siguientes a la marcha, ella reanudó sus actividades de trabajo con normalidad. El domingo 20, por ejemplo, acompañó a un equipo por nueve horas para una campaña de vacunación casa por casa en el área rural. De lunes a miércoles, fue a trabajar. El miércoles 23, al final de su jornada, su jefa le pidió que se presentara en la oficina de la Dirección Regional de Salud Occidental, donde le notificaron su despido. Cuando ella llegó, también estaban presentes algunos de los otros compañeros que habían estado en el bus el sábado.
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Los abogados Jairo García Arévalo y Juan Antonio Coto Mendoza estaban en la oficina de la Dirección Regional de Salud Occidental el 23 de octubre, según un audio al que El Faro tuvo acceso. Después de leer un listado de 22 trabajadores García Arévalo les notificó que “sus plazas van a ser suprimidas”. Cuando los trabajadores le cuestionaron la razón, García Arévalo no dio ningún argumento y sólo dijo que “se les va a indemnizar conforme a la ley”.
Uno de los trabajadores reclamó: “conforme a la ley, la única entidad que puede suprimir plazas es la Asamblea Legislativa y no cualquier otro funcionario o director”. El abogado García Arévalo no contestó. En vez de eso, pidió al grupo que nadie lo esté grabando y amenazó con aplicar la Ley de Delitos Informáticos. Luego se excusó: “Yo quisiera darles la información (sobre su despido), lo que pasa es que igual, yo no la tengo”.
En la tarde del 22 de noviembre, El Faro preguntó por teléfono a García Arévalo cuál es el fundamento legal de suprimir plazas que estaban incluidas en la ley del presupuesto de 2024. 'Lo ideal sería que ustedes intentaran obtener una entrevista en el Ministerio, en San Salvador', dijo y agregó que devolvería la llamada, sin contestar las preguntas. El Faro también envió mensajes al abogado Coto Mendoza y buscó una respuesta del ministro de Salud pero, como es usual bajo este gobierno, no contestó.
Eduardo fue a trabajar al día siguiente. “Cada quien se presentó a su unidad de trabajo, porque no había nada escrito, pero nos encontramos con que no podíamos firmar el libro de asistencia ni hacer la marcación biométrica, ni tampoco podíamos estar en las instalaciones de salud”.
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Alfredo y Verónica fueron el 24 de octubre a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para interponer una denuncia sobre su despido arbitrario. Tres semanas después, no habían logrado obtener la copia certificada de su denuncia. A Alfredo le dijeron que “no ha estado la persona que va a firmar la denuncia”. A otros de sus compañeros les ha pasado algo similar en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. “Hay compañeros que han tenido inconvenientes por enfermedades crónicas y, sin embargo, el Seguro Social ha negado entregar la certificación de sus estados de salud y enfermedades para poder hacer una apelación”.
El 13 de noviembre Verónica, Alfredo y Eduardo, junto a otros de sus compañeros despedidos fueron a probar suerte a la oficina departamental de la Asamblea Legislativa. Ahí los atendió el doctor David Alexander Cupido Ayala, quien es diputado suplente de Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
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La semana después de la marcha del 19 de octubre hubo al menos 71 empleados públicos despedidos, pese a que no todos participaron en ella. A algunos les han notificado el despido por escrito y a otros verbalmente.
El recién formado Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) contabilizó, hasta el 28 de octubre, que fueron despedidos trece empleados del Ministerio de Educación, un empleado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cincuenta y un empleados del Ministerio de Salud, dos empleados del Ministerio de Hacienda, y uno del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.
Silvia Navarrete, quien trabajó 27 años bajo el Ministerio de Salud, y ahora representa al MDCT, dijo que el Gobierno “está utilizando la marcha para amedrentar a la gente y que no sigan participando en las siguientes actividades sindicales”. Según Navarrete, es ilegal suprimir las plazas de esta forma. “Las plazas cuentan con el presupuesto hasta diciembre del presente año, incluso su aguinaldo. Ningún funcionario puede suprimir una plaza. Ese proceso está contemplado en la Ley de Servicio Civil, pero tiene que darse a través de la Asamblea Legislativa”.
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El 14 de noviembre, el ministro de Salud Francisco Alabí llegó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. La diputada Claudia Ortiz, una de las tres opositoras de los 60 legisladores, le preguntó por los despidos.
“Definitivamente no se ha despedido a nadie por la marcha (del 19 de octubre). Se han tomado las acciones pertinentes en base al análisis de los equipos técnicos y esos (despidos) son por la falta o el no cumplimiento de los deberes en la atención a la población”, dijo Alabí.
