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15 razones por las que El Salvador rechazó la minería de oro que aún siguen vigentes


Lunes, 23 de diciembre de 2024
Robin Broad, John Cavanagh, Jan Morrill, and Manuel Perez Rocha

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El Salvador enfrenta múltiples desafíos y amenazas ambientales que se verían exacerbados por la minería industrial a gran escala. El 29 de marzo de 2017, la asamblea legislativa de El Salvador votó unánimemente a favor de prohibir todo tipo de minería metálica para salvar sus ríos y sus aguas.

La reciente propuesta del presidente Nayib Bukele de revertir esta legislación histórica y promover lo que él llama «minería sostenible» agrava los riesgos ambientales ya planteados por su agenda económica extractiva y aumentaría el riesgo de contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública en El Salvador, así como los impactos económicos adversos para industrias importantes como la agricultura y el turismo. El Salvador no puede explotar minas para conseguir agua limpia, comunidades sanas y medios de vida sostenibles. Es una contradicción. Estas y otras cuestiones se detallan a continuación.

Cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador votó unánimemente a favor de prohibir todo tipo de minería de metales para salvar los ríos y aguas del país, estas fueron las principales razones, que siguen siendo tan válidas en 2024:

Uno. Pobladores en zonas afectadas ya se pronunciaron en contra: Una encuesta elaborada por la Universidad Centroamericana (UCA) en 2015 reveló que cuatro de cada cinco personas salvadoreñas que viven en zonas afectadas por proyectos mineros se oponían a la minería de oro en sus comunidades. Además, cinco municipios de los departamentos de Chalatenango y Cabañas celebraron consultas populares con
base en procedimientos vinculantes establecidos por el Código Municipal de El Salvador para designar a sus jurisdicciones territoriales libres de minería.

Dos. Según encuestas, la mayoría de salvadoreños también rechaza la minería de oro: Una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) revela que el 59 % de la población considera que El Salvador es un país inapropiado para la industria minera. Además, el 29 de marzo de 2017, la legislatura salvadoreña votó unánimemente, 70-0, para prohibir toda la minería de metales. Todos los partidos políticos votaron en ese sentido. 14 diputados estaban ausentes.

Tres. Uso excesivo de la escasa agua disponible para la minería: El oro de El Salvador es de muy baja densidad (no las grandes pepitas de oro de la tradición popular), y se necesitan grandes cantidades de agua para separar el oro de la roca circundante. Se calcula que las minas de oro utilizan entre 6,937 y 18,000 litros de agua por onza de oro producida. El Salvador tiene los recursos hídricos per cápita más bajos de Centroamérica, y entre los más bajos de todo el hemisferio. Por lo tanto, la minería del oro amenaza tanto la cantidad como la calidad del suministro de agua del país.

Cuatro. Sólo una cuenca hidrográfica importante: El Salvador tiene una sola cuenca hidrográfica importante: el río Lempa. El río Lempa abastece de agua a más de la mitad de los hogares de El Salvador y atraviesa a lo largo el país. Un informe técnico de 2005 sobre la viabilidad de la minería en El Salvador, conocido como el Informe Moran, señalaba los problemas de la minería a lo largo del Lempa. Robert Moran planteaba la preocupación de que los terremotos y huracanes en la cuenca del Lempa pusieran en peligro las 'presas de relaves' donde se almacenan los residuos tóxicos de la minería, contaminando así la cuenca.

Cinco. Cianuro: El 90% de las operaciones industriales de extracción de oro utilizan cianuro y es muy probable que la minería en El Salvador dependa de él para ser rentable. El cianuro plantea peligros significativos para el agua, el suelo y la vida, principalmente debido a su extrema toxicidad, que puede matar rápidamente la vida acuática, contaminar las fuentes de agua potable y dañar los organismos del suelo. Incluso a bajas concentraciones, el cianuro puede afectar a ecosistemas enteros si se libera en el medio ambiente. Líderes comunitarios salvadoreños lo confirmaron tras una visita a la mina de San Martín, en Honduras, a principios de la década de 2000; volvieron a casa con historias de ríos envenenados por el cianuro, de peces
moribundos, enfermedades cutáneas, de comunidades desplazadas y bosques deforestados.

Seis. Drenaje ácido de minas: Una de las minas de oro más antiguas de El Salvador era la de San Sebastián, en el departamento de La Unión. Aunque hace décadas que no se explota allí, el agua del manantial que emerge bajo la mina sigue siendo de un naranja oxidado y desemboca en un arroyo sin vida, resultado del 'drenaje ácido de minas'. El drenaje ácido de minas es muy común porque hay sulfuros en las rocas,
junto con el oro, que al exponerse al aire y la lluvia se convierten en ácido sulfúrico. Con cada lluvia, liberan otras sustancias que se encuentran en las rocas, incluidos metales y metaloides nocivos (como el arsénico). Una vez que se inicia el proceso de drenaje ácido de las minas, es imposible detenerlo, lo que constituye una de las principales razones por las que el 40% de las cabeceras de cuenca del oeste de
Estados Unidos siguen contaminadas por las actividades mineras.

Siete. Los residuos de la minería del oro son peligrosos. La minería de oro es esencialmente una gestión de residuos tóxicos. El oro tiene la relación roca/metal más alta de todos los metales: alrededor de 3,000,000 a 1. Esto significa que por cada tres toneladas métricas de roca movida y procesada, sólo se produce un gramo de oro. Estos enormes volúmenes de residuos a lo largo del río Lempa serían alarmantes porque, como demuestran las investigaciones, las presas de relaves fallan cada vez con mayor gravedad y frecuencia.

Ocho. Expertos afirman que gran parte de El Salvador, si no todo, debería estar vedado a la minería: En 2014, un grupo de expertos, conocido como la Comisión Cinta Azul (Blue Ribbon Commission) emitió recomendaciones al Gobierno salvadoreño para que la minería solo se lleve a cabo en áreas específicas y con una mayor regulación. Uno de los principales miembros, Robert Goodland, propuso 'zonas prohibidas' para la minería en áreas propensas a terremotos y huracanes, y ninguna en áreas con una rica biodiversidad o cuencas frágiles. Eso abarcaría la mayor parte del país, si no todo. Así, las deliberaciones al respecto llevaron a los expertos a recomendar una prohibición total de la minería, tal y como se aprobó por ley en 2017.

Nueve. La minería sostenible no existe: El Presidente Bukele ha dicho que sólo quiere 'minería sostenible'. La minería es intrínsecamente insostenible: Es destructiva para el medio ambiente, sus contribuciones potenciales al bienestar humano son desiguales y sus beneficios a corto plazo se ven empequeñecidos por el daño social y económico que inevitablemente inflige a largo plazo. Esto ha provocado una reacción global en contra de la industria, no sólo en El Salvador, sino que otros países, como la vecina Costa Rica, también han detenido ciertos tipos de minería. La empresa minera que intentó explotar en El Salvador, OceanaGold, hizo la misma promesa de sostenibilidad antes de la prohibición de la minería en 2017, pero el gobernador filipino Carlos Padilla testificó ante la legislatura salvadoreña con fotografías de árboles muertos que cubrían la balsa de residuos y otros horrores medioambientales. Padilla tambien expuso la falta de beneficios económicos.

Diez. La minería perjudicará a la agricultura y el turismo: La economía rural de El Salvador depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y del turismo local. Ambos se verán perjudicados por la contaminación de los ríos, el aire y el suelo que conlleva la minería.

Once. El Salvador no puede permitirse la destrucción causada por la minería: Las empresas mineras tienen un pésimo historial en cuanto reconocer y predecir sus efectos nocivos. Aunque la mayoría de los proyectos mineros establecen planes para evitar la contaminación del agua a largo plazo durante las operaciones, los estudios revelan que la mayoría de las empresas mineras (76%) fueron incapaces de predecir con exactitud si sus operaciones contaminarían las aguas subterráneas o superficiales. Las empresas mineras también tienen un largo historial de abandono de minas para evitar pagar la limpieza. El Gobierno estadounidense calcula que necesita más de 50,000 millones de dólares para limpiar el medio millón de minas abandonadas en todo el país. El gobierno de El Salvador -es decir, sus contribuyentes- no puede permitirse limpiar lo que dejan las irresponsables empresas mineras.

Doce. La minería aumenta los conflictos y la violencia: En sus visitas a las minas hondureñas, los salvadoreños fueron testigos de la corrupción y el conflicto que conlleva la minería, ya que las empresas mineras compran a funcionarios locales y reparten favores económicos. En 2009, tres defensores del agua fueron asesinados cerca de los lugares donde el predecesor de OceanaGold proponía sus minas en El Salvador. A escala mundial, en 2023, la minería fue el sector responsable del mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. Se documentaron 25 asesinatos de personas defensoras debido a su oposición a las operaciones mineras (y la cifra real es sin duda mayor). En Centroamérica, Honduras, Guatemala y Nicaragua suelen figurar en la lista de los diez países con más violaciones contra los defensores del medio ambiente.

Trece. La mayor parte del oro no tiene un uso industrial. Casi todo el oro se utiliza en joyería o se almacena en las reservas de los bancos centrales. Sólo el diez por ciento del oro extraído se destina a empresas y tecnología, mientras que entre el treinta y el cuarenta por ciento se destina a bancos e inversiones, y entre el cincuenta y el sesenta por ciento a joyería. Por cada nuevo anillo de compromiso de oro que se fabrica, la minería de oro produce más de 20 toneladas de residuos contaminados.

Catorce. Las empresas mineras tienen derechos especiales para demandar a los gobiernos ante tribunales supranacionales. El Salvador ha sido demandado por empresas mineras en dos ocasiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y ha tenido que enfrentar costosos y desgastantes litigios y defenderse por el derecho a proteger sus aguas. El Salvador se libró heroicamente en ambos casos. Las empresas mineras recurren cada vez más al mecanismo de solución de diferencias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Se conocen 123 demandas de empresas mineras, lo cual demuestra que no sólo El Salvador, sino gobiernos de todo el mundo se oponen a sus prácticas destructivas. El Salvador debe evitar caer de nuevo en esta trampa.

Quince. La iglesia católica rechaza la minería metálica desde 2008: El anterior arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, y el actual José Luis Escobar Alas, han hablado elocuentemente de los peligros del cianuro en la minería y han abogado por la prohibición de la minería. Sáenz Lacalle era ingeniero químico y en mayo de 2008 dijo: “la minería verde es un concepto de propaganda, no corresponde a ninguna realidad, por lo tanto no vale la pena tomar en serio el planteamiento. La minería así explotada (con químicos peligrosos) tiene efectos irreversibles de contaminación, en concreto el cianuro produce muy serias consecuencias para la salud”. La Conferencia Episcopal salvadoreña se pronunció en contra de la minería de oro en 2016 y 2024, inspirados en la segunda encíclica del Papa Francisco llamada “Laudato si”, de 2015, que versa sobre el cambio climático y la necesaria protección del medioambiente. La Conferencia Episcopal Centroamericana también se pronunció en contra de la minería. El arzobispo Escobar Alas incluso se presentó a la Asamblea en 2017 para entregar junto a la sociedad civil el proyecto de ley que prohibía la minería.


*Robin Broad es Profesora Investigadora en la American University. John Cavanagh es Asesor Senior en el Instituto para Estudios de Politíticas. Jan Morrill la Directora del Programa de Relaves de la organización medioambiental Earthworks. Manuel Pérez Rocha dirige el Proyecto de Comercio y Minería del Instituto para Estudios de Políticas.

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