En los últimos dos meses de 2024, la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala sufrió un terremoto interno que amenaza una serie de casos de graves violaciones de derechos humanos contra las cúpulas militares del país. La fiscal general Consuelo Porras trasladó o despidió a muchos de los fiscales de mayor trayectoria, incluyendo a los que llevaban años a cargo del actual juicio por genocidio contra el excomandante Benedicto Lucas García. El proceso, que a inicios de noviembre estuvo a punto de concluirse, podría tener que comenzar desde cero, con nuevos fiscales, por orden judicial.
El hostigamiento dentro del Ministerio Público es tal que, para encontrar a alguien dispuesto a hablar, con nombre y apellido, sobre el desmantelamiento de algunas unidades de alto impacto de la Fiscalía guatemalteca, hay que buscar más allá de las fronteras del país: entre el exilio que ha alimentado Porras, a pasos agigantados, desde mediados de 2021. “No confío en la Fiscalía actual, que carece absolutamente de independencia y de cualquier tipo de rigor para que sus acusaciones cuenten con las evidencias necesarias”, dice en esta entrevista Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala de 2010 a 2014, conocida internacionalmente por llevar ante tribunales al primer juicio por genocidio en la historia del país, contra el dictador Efraín Ríos Montt. Sobre los traslados en la Fiscalía de Derechos Humanos, es tajante: “es una señal evidente del interés desde la Fiscalía General de procurar la impunidad de estos casos”.
Paz y Paz, exiliada en Costa Rica, es hoy directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En un país que suele hablar entre líneas, es una mujer serena que habla con la misma franqueza que la caracterizó, hace una década, cuando era aún la primera mujer fiscal general de Guatemala. En su análisis regional, pone la criminalización librada en el sistema judicial guatemalteco en el mismo plano que la represión de la dictadura nicaragüense. “El pacto pro impunidad y de cooptación del sistema de justicia es una de las razones por las que Guatemala entró en el Capítulo 4B (de la Comisión Interamericana) junto con Nicaragua”, observa. “Mientras Consuelo Porras siga ejerciendo como fiscal general, y mientras no exista un poder judicial plenamente independiente y existan jueces que se prestan a sus actos, (...) cualquier persona que para ella vaya contra sus intereses, o los intereses de los sectores que le apoyan, está en riesgo de una persecución penal”, dice.
Usted llevó a tribunales algunos de los casos más emblemáticos y polémicos de corrupción y violación a los derechos humanos de las últimas dos décadas. Ahora la Fiscalía ha sido condenada como un actor corrupto en casi todo el hemisferio, además de en Europa. Debe ser surreal observar todo desde fuera de Guatemala.
Sí.
Cuando usted llegó al Ministerio Público como fiscal general, en qué estado encontró la institución? ¿Queda algún rastro de la Fiscalía que usted dirigió?
Cuando yo llegué al Ministerio Público fue en diciembre de 2010 y mi antecesor, el fiscal Velásquez Zárate, había sido un fiscal de carrera y ya se habían iniciado cambios muy importantes en la Fiscalía: ya se había instalado la Unidad de Métodos Especiales, lo que permitía hacer escuchas telefónicas en casos de criminalidad organizada con autorización judicial. La Fiscalía de Derechos Humanos también ya había iniciado un reforzamiento y ya estaba creada y funcionando. En general, salvo en casos de gran impacto, el Ministerio Público tenía niveles de impunidad muy altos, a pesar de los esfuerzos que se habían iniciado, como la evaluación de desempeño del fiscal general. Todas estas apuestas de política de persecución penal se reforzaron con mi mandato y con el posterior de Thelma Aldana.
Ahora el nivel de retroceso de la institución es terrible: se mal utiliza el Ministerio Público para perseguir a opositores políticos, a fiscales que han querido hacer su trabajo, a jueces independientes, a periodistas e incluso a personas de este gobierno. La criminalización que está haciendo el Ministerio Público ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Incluso fue una de las razones por las que se incluyó a Consuelo Porras en la Lista Engel como una actora pro impunidad y corrupción. Para lograr esa impunidad, incluso ha criminalizado a los fiscales y jueces que llevaban esos casos de alto impacto.
Decenas de operadores de justicia están exiliados —sus colegas— y parece que tienen pocas avenidas para volver pronto a Guatemala. ¿Ve un camino de regreso? ¿Qué significa la salida de estos operadores para la institución?
La actuación de la fiscal general le genera a Guatemala responsabilidad nacional e internacional. Todos los fiscales del Ministerio Público —salvo la fiscal general— son fiscales de carrera: no son de libre remoción o nombramiento, sino que acceden a los puestos por oposición y de acuerdo con sus méritos, como garantía del derecho laboral y del acceso a la justicia. Por eso los fiscales no pueden ser removidos por sus investigaciones o por la eficacia en su trabajo, sino por faltas graves. Al destituirlos sin ningún procedimiento administrativo, más temprano que tarde el Estado de Guatemala tendrá que pagar miles de quetzales en indemnizaciones. Los tribunales nacionales han dicho que los fiscales deben ser reinstalados, por haber sido destituidos de forma arbitraria e ilegal.
También genera responsabilidad internacional: la Corte Interamericana, en los casos de grandes violaciones de derechos humanos, ha dicho que los fiscales deben realizar su trabajo libre de injerencias e intimidaciones. Por un lado está la criminalización: no se tienen que abrir o darle trámite a denuncias por su trabajo; y por otro, deben tener permanencia en sus cargos. Hay un desacato por parte de la Fiscalía de estas órdenes.
¿Usted también se considera exiliada?
Sí, yo he sido víctima de una persecución penal injusta. Hay una denuncia contra mí presentada por el exrelator contra la tortura, que es totalmente espuria. Durante mi mandato cumplí órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que Guatemala incurriera en responsabilidad internacional. Emitimos una instrucción de que el delito de desaparición forzada debía entenderse de acuerdo con los estándares internacionales: es un delito permanente en cuanto no aparezca la persona desaparecida. Por estas instrucciones, este individuo puso una denuncia en mi contra, supuestamente por el delito de tortura, porque por esta instrucción varias personas fueron ligadas a proceso por orden de juez. Ese es un ejemplo de la criminalización a la que yo me he visto sometida. No confío en la fiscalía actual, que carece absolutamente de independencia y de cualquier tipo de rigor para que sus acusaciones cuenten con las evidencias necesarias. Yo sé que no cometí ningún delito. Si bien hay jueces honestos, otros se prestan totalmente al juego de la Fiscalía y la criminalización.
¿Existe aún una amenaza de golpe de Estado “en cámara lenta”, pasando por el sistema de justicia, como denunció el presidente Arévalo hace poco más de un año?
Existe, sin duda, una amenaza al sistema legal del país. Mientras Consuelo Porras siga ejerciendo como fiscal general, y mientras no exista un poder judicial plenamente independiente y existan jueces que se prestan a sus actos, cualquier persona puede ser víctima de una persecución arbitraria. La misma Comisión Interamericana, en su visita reciente al país, ha señalado que se tiene que hacer una investigación objetiva del funcionamiento de la Fiscalía y sus consecuencias en los derechos humanos, porque es el tercer año que Guatemala está en el Capítulo 4B, precisamente por la labor deficiente e ilegal de la Fiscalía. Cualquier persona que para ella vaya contra sus intereses, o los intereses de los sectores que le apoyan, está en riesgo de una persecución penal.
¿Qué opina de la reforma de 2016 a la Ley Orgánica del MP? Arévalo dice que esta reforma le impide remover a la fiscal. ¿Puede o no puede?
La reforma trató de rectificar una práctica reiterada: cada presidente que llegaba nombraba a su fiscal general. La Constitución preveía que el presidente y el fiscal tuvieran un mandato en tiempo diferente, para garantizar la autonomía en las investigaciones y que las víctimas confiaran en que la Fiscalía iba a actuar de la forma más despolitizada posible. Esta reforma surgió en el marco de un Estado de Derecho y no ante una Corte de Constitucionalidad como la actual, que protege la actuación del Ministerio Público aunque sea evidentemente ilegal e inconstitucional. En varias ocasiones la misma Corte Suprema o de Constitucionalidad podrían haber ordenado la destitución inmediata de esta fiscal general por desobedecer las mismas órdenes que las propias Cortes habían emitido, como todo lo que ella hizo en contra del Tribunal Supremo Electoral en 2023. Deberían retirarle el derecho a antejuicio por abuso de autoridad. Sin embargo, está protegida por el máximo tribunal del país. El presidente puede presentar denuncias contra ella, pero la ley es clara en los supuestos en los cuales se puede destituir a la fiscal. Yo tomé posesión el 10 de diciembre de 2010. El 23 o 24 de diciembre, la Corte Suprema me dio diez horas para cumplir con una orden o me iba a destituir. Cumplí con la orden, pero esas facultades tiene la Corte de Constitucionalidad y también la Suprema.
Tanto actores locales en Guatemala como algunos congresistas republicanos en Estados Unidos retratan el pulso entre Arévalo y Porras como una batalla política entre dos lados con la misma solvencia moral. Algunos republicanos criticaron a Biden en 2023 por haber “escogido bandos”. ¿Porras tendrá el apoyo de Trump?
Definitivamente espero que no lo obtenga. Ha sido sancionada por Estados Unidos y más de 40 países; su récord como autora corrupta de pro impunidad está más que documentado. No se trata para nada de dos actores con solvencia moral: también durante la primera etapa del gobierno del presidente Trump varios actores de esta alianza pro corrupción e impunidad fueron sancionados. Esto (la política de sanciones por corrupción) no empezó con la llegada de Biden, sino durante el primer mandato de Trump.
Una de las canchas en disputa parece ser el control de las oficinas dentro del MP. En las últimas semanas, la fiscal ha hecho decenas de traslados a lo largo de la institución. ¿Esto es normal? ¿Siente que no tiene suficiente control?
Uno de los cambios fue en la Fiscalía de Derechos Humanos, una institución a cargo de personas con vasta experiencia en casos de graves violaciones de derechos humanos, ante la última etapa en uno de los procesos por genocidio. Los cambios violaron estándares internacionales: la Corte Interamericana ordenó la supervisión de 12 casos concretos, para que fueran libres de intimidación a los funcionarios que están haciendo su trabajo. La Corte señala como una intimidación la posibilidad de traslados. Otro estándar interamericano se refiere a que estas investigaciones tienen que contar con los recursos adecuados, incluyendo los recursos humanos. Estos casos involucran a personas con experiencia de investigación; muchas de ellas han sido removidas o trasladadas, o se han visto obligadas a renunciar por la criminalización. Debilitar una fiscalía que costó tanto tiempo fortalecer, y que contaba con la capacidad profesional para investigar casos que son extremadamente complejos, es una señal evidente del interés desde la Fiscalía General de procurar la impunidad de estos casos. Pero han avanzado porque las organizaciones de sobrevivientes y víctimas los han acompañado y siguen exigiendo verdad y justicia. Si vemos cómo salieron (al exilio) los mejores fiscales de la FECI, eso tuvo un reflejo en los casos de gran corrupción: pusieron a jueces que actúan a favor de la impunidad y los cierran. Varios de estos jueces están también a cargo de casos de graves violaciones de derechos humanos y está ocurriendo lo mismo.
¿Está en peligro la carrera del fiscal?
La carrera fiscal está rota. La rompió la fiscal general en el momento en que comenzó a destituir a los fiscales sin probar que habían cometido alguna falta grave para poderlos destituir.
Cuando usted era fiscal general, ¿qué cambios hizo en esta Fiscalía para llevar ante la justicia casos como el de genocidio contra Ríos Montt?
Se creó dentro de la misma Fiscalía un enlace de la Dirección de Análisis, porque había mucha evidencia que quizá servía para un caso que involucra documentos históricos de la Policía Nacional y también podía servir para otro caso por una desaparición contemporánea, donde los perpetradores también habían sido agentes policiales. Esta centralización de la información facilita la investigación de los casos. También dimos varias instrucciones sobre la investigación de graves violaciones de derechos humanos y la violencia de género en el conflicto armado que ayudaron a los fiscales a enfrentar investigaciones grandes de la mejor manera posible.
Una corte acaba de cerrar el caso CREOMPAZ por desaparición forzosa. El caso por genocidio contra Benedicto Lucas parece estar a punto de tener que comenzar desde cero. Los militares acusados por el Diario Militar recibieron medidas sustitutivas aparentemente ilegales. ¿Está ganando terreno un esfuerzo por dejar los casos del conflicto armado en la impunidad?
La apuesta de la actual fiscal general es la impunidad en todos los casos, especialmente los de gran corrupción, pero también de violencia de género. Le importan muy poco los derechos y sus obligaciones frente a las víctimas. Estos casos de derechos humanos requieren una investigación más larga, con mucha evidencia sólida. Los querellantes adhesivos han evitado, hasta ahora, que terminen en total impunidad muchos casos de gran corrupción.
¿Quiénes están detrás de ese esfuerzo?
Quien ha liderado mucho de la criminalización es la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, pero también hay organizaciones de exmilitares que abogan por impunidad en estos casos, como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua).
Para usted ¿quién es el nuevo jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Noé Rivera? ¿Qué sabe de su trayectoria?
No te puedo decir, no lo conozco. Lo que sí debo reiterar es que la destitución de las personas que sí conocían las investigaciones viola las órdenes de la Corte Interamericana.
¿Qué puede hacer Porras con el control de la Unidad de Métodos Especiales, que interviene comunicaciones? ¿Hay un riesgo de espionaje ilegal contra la sociedad civil?
De acuerdo con la ley hay bastantes salvaguardas. Las intervenciones telefónicas son acciones conjuntas entre la Policía y la Fiscalía que tienen que recibir autorización judicial. Una vez otorgada, los jueces también fiscalizan que estas intervenciones sean necesarias y que sean proporcionales a la gravedad de los delitos que se investigan, porque es una interrupción en la intimidad de las personas. La ley prevé que no se pueda hacer ilegalmente y, si se hiciera, obviamente sería un delito.
Con un sistema tan cooptado como usted dice, ¿todavía tiene fe en que se cumpla con esta salvaguarda?
El sistema de escuchas está bastante protegido, pero eso no evita que haya otras estructuras que hagan estas acciones ilegales. Ayer, el ministro de Gobernación presentó una denuncia precisamente por un tipo de seguimiento. La presentó a la Fiscalía. Ojalá que cumpla con su trabajo, aunque es una estructura que estaría vinculada con algún personal de la Fiscalía.
A otros acusados de gran corrupción —como el expresidente Alejandro Giammattei— no se les investiga o reciben un trato favorable por el sistema de justicia. ¿Las instituciones públicas ya no tienen vocación anticorrupción?
Actualmente el pacto pro impunidad y de cooptación del sistema de justicia es una de las razones por las que Guatemala entró en el Capítulo 4B junto con Nicaragua y Venezuela. La impunidad es sistémica.
¿A quien se refiere con “pacto”?
Una expresión visible son los jueces que han dictado fallos a favor de personas que estaban imputadas en casos gravísimos. También la actual Corte de Constitucionalidad, que protege y avala la actuación de la Fiscalía. La misma fiscal general, que está incluida en la lista Engel.
En Costa Rica, donde usted vive, el presidente Rodrigo Chaves ha acusado a la Fiscalía —que investiga a su gobierno en decenas de expedientes de corrupción— de perseguirlo injustamente. ¿El presidente Chaves tiene cuentas pendientes con la justicia?
Los ataques del presidente hacia el Poder Judicial atentan contra la independencia judicial. El poder judicial tiene que tener la posibilidad de ejercer sus funciones con absoluta independencia, igual que la Fiscalía. Estos ataques no benefician una división de poderes de un Estado de Derecho. Si hay investigaciones, se tienen que poder realizar sin ninguna interferencia de otro poder. En Costa Rica, a diferencia de muchos otros países de la región, sí hay un poder judicial independiente y una Fiscalía que determinarán si hay responsabilidades del funcionario público que sea. Aquí no estamos ante una situación como en Nicaragua, donde no hay ninguna independencia judicial; o como en Guatemala, donde hay una cooptación del sistema de justicia a favor de la corrupción y la impunidad.
En Honduras, el partido oficial escogió al actual fiscal general a pesar de reglas que prohíben su afiliación partidaria. Este año hay elecciones. ¿Ve un riesgo para el proceso electoral hondureño que se politice la inscripción de candidaturas o el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, como en Guatemala en 2023?
Una reciente reforma en Honduras se hizo por sugerencia de una comisión auspiciada por la abogada de la MACCIH: se creó un tribunal electoral que funcionó con bastante independencia en el período electoral anterior. Esperemos que pueda seguir funcionando con ese mismo nivel de independencia. Esto calmaría un poco estos temores. También la Corte Suprema se eligió en 2023 con nuevas reglas; con sus luces y sombras, pero en general es una corte con muchísima mayor independencia que la corte anterior, que sí, definitivamente, tuvo responsabilidad en actos de criminalización. Esta Fiscalía, en casos importantes, ha demostrado un mayor nivel de diligencia, por ejemplo, en casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Esperemos que esto que usted dice no ocurra, pero tampoco podemos decir que el sistema de justicia de Honduras es totalmente independiente e imparcial.
Las fiscalías de la región se han vuelto puntos de disputa política. ¿Estamos ante una era de justicia politizada? ¿Ve algún remedio?
En Nicaragua hemos visto persecución, encarcelamiento, tortura, destierro, despojo y desnacionalización de opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El Poder Judicial se convirtió en una pieza más del engranaje de represión en el país, bajo el sometimiento absoluto al Poder Ejecutivo. Es tristísimo, y aún más con las recientes reformas constitucionales que están por entrar en vigencia. El poder judicial en El Salvador fue totalmente avasallado por el presidente Bukele: de un plumazo, a través de la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. En estos dos países hay un sometimiento absoluto del Poder Judicial al Ejecutivo, salvo que en El Salvador todavía hay jueces independientes, a pesar de todas las amenazas del Poder Legislativo y Ejecutivo. La dictadura nicaragüense está mucho más en la agenda internacional que El Salvador. Hay esfuerzos de aunar las acciones de órganos interamericanos, como sanciones económicas y presión internacional, para lograr la liberación de algunos presos políticos. Sin embargo, queda un trabajo largo para seguir presionando interna e internacionalmente al régimen en El Salvador, para que se visibilicen los graves y perniciosos efectos del régimen de excepción sobre los derechos humanos.
