El 26 de febrero fue el último día en que la revista de periodismo de investigación GatoEncerrado tuvo una sala de redacción. Fue uno de los 11 medios salvadoreños afectados con el congelamiento de los fondos de la cooperación estadounidense. Días antes, el local de la revista, un espacio de unos 70 metros cuadrados en una colonia de San Salvador, ya había comenzado los preparativos para el desalojo y estaban inventariando todo. A partir de marzo, solo la mitad de la redacción seguirá trabajando desde su propia casa. El 20 de febrero, fue el último día de trabajo para algunos de los periodistas y ese día llegaron al local a firmar su liquidación. Una de ellas era Eugenia Velásquez, veterana periodista especializada en la cobertura política y de la Asamblea Legislativa. Antes de abandonar la redacción, dijo que no pensaba dejar de hacer periodismo, en un tono que evocaba a una convicción atizada por años: “El periodismo siempre ha estado bajo ataque, desde la guerra era así, con la diferencia de que ahora es más sofisticada la persecución”. Minutos después, se despidió de sus compañeros y se fue. Así como Eugenia, otros siete periodistas de GatoEncerrado ya no tienen salario en la revista.
El cierre de la cooperación provocó miles de despidos en cadena en el mundo, como un dominó. Empleados de USAID, la principal agencia de cooperación estadounidense, y miles de de las cientos de empresas que servían de intermediarias entre Estados Unidos y las organizaciones receptoras de los proyectos de cooperación también fueron cesados a lo largo de febrero. Las oficinas intermediarias son organizaciones certificadas, con capacidad institucional suficiente para llevar adelante proyectos millonarios durante algún periodo de tiempo. En otras palabras, tienen un sello de calidad que los habilita a recibir fondos del erario estadounidense y luego implementar los distintos proyectos y programas en los países receptores con aliados o socios locales. De este tipo, algunas de las que recibían las mayores cantidades de dinero para implementar programas en El Salvador eran Chemonics International, Inc; Creative Associates International; Pact World; Development Alternatives, Inc. Otro grupo de organizaciones son entidades consolidadas con una misión propia, como la Cruz Roja, World Vision, Catholic Relief Services, Save the Children, y que, además de su trabajo habitual, recibían dinero de la cooperación estadounidense para proyectos específicos.
Pero no importa la pieza del dominó que se elija, casi ninguna organización ni ningún vocero se siente en libertad de hablar con periodistas en estas semanas. “Son días muy complicados, no vamos a poder brindar ninguna entrevista, tampoco podemos llevarte a los lugares donde trabajábamos”, dijo la encargada de prensa de una organización con sede en El Salvador que El Faro contactó a mediados de febrero. Con la grabadora apagada, otros empleados de proyectos de cooperación explicaron que guardar silencio había sido una directriz desde las contrapartes en Estados Unidos, como una manera de asegurar que al menos el dinero para las liquidaciones laborales sí llegue.
Este periódico hizo gestiones de entrevista con 12 organizaciones que recibían fondos de Estados Unidos, pero el resultado fue más o menos el mismo. Algunos empleados en esas entidades aceptaron hablar solo con la condición de que no se les mencionara por nombre. A mediados de febrero, una oficial de programa de una organización que habló con El Faro explicó que todavía tenía empleo, pero que oficialmente les habían dicho que su proyecto ya no continuaría a partir de marzo. En la entrevista, aunque aún estaba de alta, siempre que se refirió a su situación laboral usaba verbos en pasado. Le pregunté por qué no podía citarla en el artículo: “No podemos dar la impresión de que seguimos trabajando porque sería incumplir la orden de paro de labores que nos enviaron”, explicó.
Otro ejecutivo de una fundación esbozó un temor a la administración de Nayib Bukele. “El Gobierno se fija quién aparece en periódicos como el tuyo (El Faro) y por eso preferimos mantenernos lejos del radar”.
Hay otros motivos para el silencio: “Este gobierno hace bullying”, dice una alta ejecutiva de una organización salvadoreña. “No necesitamos eso porque vamos a seguir trabajando sea como sea“.
El viernes 24 de enero, en horas de la tarde, decenas de organizaciones con sede o filiales en El Salvador recibieron correos electrónicos que alertaban sobre la suspensión del financiamiento de Estados Unidos. Fue un fin de semana aciago. “El viernes compartí lo que supe con algunas personas, pero sentí como que nadie le paró mucha bola, como que nadie creía o no sé. El lunes empezaron a conocerse estas cosas, que todo estaba frenado, y fue varios días después que nos dijeron que nuestro proyecto ya no iba”, dice Adriana González, periodista y fundadora de Proyecto Lava, una publicación de periodismo comunitario.
Una ejecutiva de proyectos de educación dijo a El Faro que el mes transcurrido entre el 24 de enero y su despido vivieron “literalmente una crisis de histeria colectiva”. Ella y sus compañeros se comunicaban constantemente para contarse las novedades, esperando “algo” que llegaría: un mensaje, una llamada, un correo anunciando el fin del proyecto, el despido. A principios de febrero, empleados de USAID en Estados Unidos comenzaron a publicar listas con los nombres y números identificativos de los proyectos que supuestamente ya habían sido dados de baja por la revisión emprendida por la administración Trump. El Faro revisó constantemente esas listas y el número de proyectos terminados aumentó cada día.
“Nos fuimos a nuestras casas a trabajar, pero como estábamos en pausa solo colocábamos que estábamos disponibles en la laptop, pero a veces no nos pedían nada. Comencé a tener problemas para dormir, tuve compañeros que tuvieron que cambiarse de casa porque estaban alquilando, nadie sabía nada con certeza y lo peor es que nos dijeron que debíamos callarnos porque, de lo contrario, poníamos en peligro la liquidación”, dijo la ejecutiva.
En Washington, aquellos primeros días, hubo resistencia. Diversas implementadoras demandaron judicialmente al Gobierno de Trump, con el objetivo de revertir la decisión del congelamiento. Hasta el momento hay cinco demandas en las cortes desafiando la orden ejecutiva, según el sitio independiente JustSecurity.org. Uno de esos procesos lo administra el juez federal Amir Ali, que ordenó el 13 de febrero a Trump restituir el flujo de la cooperación al exterior. El Ejecutivo incumplió la orden y por eso los demandantes argumentaron que la administración Trump estaba desafiando la orden. El juez Ali entonces emplazó al Gobierno de Trump a descongelar los fondos pero Trump apeló y el caso subió a la Corte Suprema de Justicia. El 5 de marzo la Corte rechazó la petición de Trump de mantener el congelamiento de fondos, pero el proceso continuará disputándose.
USAID solía enviar a suscriptores cartas electrónicas con información sobre nuevas convocatorias para proyectos o contrataciones. La periodista salvadoreña Adriana González contó a El Faro que el lunes 27 de enero recibió los últimos correos donde USAID anunciaba proyectos y plazas disponibles. Le pareció raro porque también sabía que USAID estaba cerrando. Vio en internet que el jefe de seguridad de USAID fue despedido por negar el acceso a las oficinas a personal que está revisando uno a uno los proyectos de cooperación. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) pretendía ingresar al área de información confidencial. El domingo siguiente, Elon Musk, el jefe de DOGE, calificó a USAID como una “organización criminal” donde lavan dinero. “Es un nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian Estados Unidos”, dijo. “Debe morir”.
Pero Trump no solo ordenó el cierre de USAID, sino también congeló los fondos que otras oficinas, como el propio Departamento de Estado o el Departamento de Justicia, distribuyen al mundo y que también dependen de la aprobación del Congreso.
En El Salvador, esas decisiones tomaron la forma de gente despedida, locales cerrados, convocatorias canceladas, proyectos abortados. Algunos programas atendían necesidades básicas en salud, mejora a la educación, adaptación agrícola, prevención de la migración ilegal, erradicación de violencia de género, prevención de la violencia, rehabilitación de reos, atención a deportados, medio ambiente…
“Estados Unidos se está mordiendo la cola”, dice un directivo de una fundación que habló con El Faro y que a raíz del recorte perdió el 70 % de su presupuesto para 2025. “Trabajamos en la prevención de violencia en comunidades, trabajamos directamente con niños y niñas que hemos detectado que estaban a tres pasos delinquir, trabajamos cultura de paz, de apoyo, de oportunidades, pero entonces, si no hay un trabajo así, probablemente puede aumentar el tema de delincuencia, ¿verdad?”.
En El Salvador, para los años fiscales 2024 y 2025, Estados Unidos había aprobado 258 millones de dólares para 215 proyectos que buscaban atender diversas necesidades locales, según la página de Ayuda Extranjera de ese Gobierno, actualizada este 7 de marzo. Desde el 24 de enero, todos los proyectos se paralizaron y conforme fue pasando el tiempo algunos recibían la noticia definitiva de cierre. “Cuando recibimos el aviso de cierre, comenzamos a despedir a la gente de inmediato, porque entre más días pasaban nos podía costar más dinero”, explicó una de las fuentes.
El aviso de cierre definitivo hizo que algunas organizaciones perdieran más de la mitad de su presupuesto anual. En otros casos, la pérdida es de entre el 70 % y 90 %, según testimonios recopilados por El Faro.
GatoEncerrado, por ejemplo, perdió siete de cada diez dólares que la revista tenía presupuestados para 2025: unos 300,000 dólares en total. La revista supo de la noche a la mañana que solo la mitad de sus miembros podría continuar trabajando.
“Fuimos muy lentos y no fuimos tan previsores para tomar como prioridad buscar esa fórmula de la autosostenibilidad”, dice Ezequiel Barrera, el director de GatoEncerrado.
La dependencia hacia la cooperación estadounidense es un punto débil de la prensa centroamericana, admite Angélica Cárcamo, directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), una red surgida en 2022. La causa de esa dependencia —dice Cárcamo— está en gobiernos como el salvadoreño: “Cuando fui presidenta de la APES tuve reuniones con medios donde veíamos que el Gobierno generaba acciones para impedir la diversificación del financiamiento: impedía a empresarios que se publicitaran en esos medios, había toda una narrativa antiprensa que generaba preocupación de querer pautar en los medios críticos, no hay una ley de medios ni tampoco una ley para regular la pauta gubernamental, y además hay toda una persecución a través de auditorías fiscales abusivas”.
Cárcamo agrega que muchos medios tuvieron que constituirse como sociedades anónimas ante los bloqueos por parte del Gobierno, para inscribirse como asociaciones o fundaciones sin fines de lucro. “Eso dificulta todo porque la cooperación no suele hacer donaciones a empresas privadas, sino solo a asociaciones o fundaciones”, dice Cárcamo.
Pero Estados Unidos también tiene una cuota de responsabilidad en esa dependencia porque ha sabido jugar con su posición dominante en términos geopolíticos. “Estados Unidos asume su condición de ‘proveedor de ayuda’ y alimenta esa relación de dependencia de las economías centroamericanas, que le permite influir en la toma de decisiones de los principales asuntos de cada país, ya sea desde el ámbito del ordenamiento jurídico, seguridad, salud, educación, etc. Bajo un esquema asimétrico en el que Estados Unidos condiciona la ayuda”, dice, en un artículo reciente, PRISMA, una organización regional que investiga temas de desarrollo y medioambiente. “Con la reducción del tradicional apoyo estadounidense, otras potencias internacionales seguramente intensificarán su interés en la región y tomarán espacios libres”, dice otro artículo, de la Fundación Konrad Adenauer, respecto de la cooperación como estrategia geopolítica.
También se percibe, en las entrevistas con las fuentes, una crítica velada hacia la desigualdad con la que se estructuraban algunos proyectos, en los que se privilegiaba altos salarios y más presupuesto a las implementadoras que a los socios en el terreno. Una persona de una implementadora dijo a El Faro que estaba consciente de esas desigualdades y por eso dice que procuraba ocultar su salario, superior a los 3,800 dólares, para que los empleados de más bajo nivel no se molestaran. “Ellos trabajaban de sol a sol, en primera línea, y ganaban tres o cuatro veces menos”, dice el ejecutivo.
Óscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), explica que uno de los proyectos aprobados por el Congreso de Estados Unidos en los que él participaba recibiría $40 millones en cinco años, pero que ellos como socios locales (la universidad) iban a ejecutar solamente $4 millones. “Quizás habremos ejecutado, ¿qué te diré? Ni siquiera un millón de dólares, como mucho, en inmobiliario, en todo el personal, porque contratamos director del instituto, tres investigadoras que ya llevaban más de un año trabajando, asistentes, contadores, etcétera, y se remodeló una sala de audiencias, porque llevaba un componente jurídico. Se remodelaron algunas aulas de trabajo. O sea, se hicieron un montón de obras con esos recursos. Y solo se llegó a ejecutar un millón de dólares”.
Picardo dice que una gran parte de los restantes 36 millones iba para la implementadora. “Hay un equipo de criminólogos, venían casi todos los meses aquí a a capacitaciones, a intervenciones. Entonces, solo esa viajadera es costosa”.
Los costos administrativos de los proyectos, según la información de la página de Ayuda Extranjera, se llevaron 24 de cada 100 dólares del presupuesto total de la cooperación en el año fiscal 2023-2024. Desde 2014, la cooperación de Estados Unidos para El Salvador fue de 1,400 millones de dólares, de los cuales, el 16 % (o sea unos 241 millones) se dirigieron a costos administrativos exclusivamente.
Con el financiamiento que no dependía de Estados Unidos, GatoEncerrado continuará trabajando, pero no será fácil. Lo primero que deben resolver es el pago del servidor informático donde alojan su sitio web. “Necesitamos mantenernos al aire y se tiene que pagar casi $900 dólares cada tres meses, porque si nos pasamos a un servidor normal es bastante fácil de hackearlo, de botarnos, de atacarnos”, dice Barrera. Al momento de la entrevista, el 20 de febrero, estaba esperanzado en que Reporteros Sin Fronteras respondiera una solicitud de apoyo económico.
GatoEncerrado surgió como un blog en 2014. Barrera y el otro cofundador, Mario Beltrán, trabajaban en aquel tiempo como periodistas en otros medios y veían su blog como un proyecto donde podían expresarse libremente. “En La Prensa Gráfica, en ese momento, no me dejaban publicar investigaciones fuertes y eso era frustrante, así que el blog fue un desahogo, un escape”, dice Barrera. Luis Laínez era el jefe de redacción de La Prensa Gráfica en esos años, y ahora es gerente de Diario El Salvador, la publicación de propaganda del Gobierno de Nayib Bukele. Después de un par de años, Barrera consiguió subvenciones de entre 3,000 y 9,000 dólares de fundaciones de cooperación, para poder investigar y publicar reportajes. Publicaron historias grandes sobre destrucción medioambiental, el nepotismo en el servicio exterior durante la última administración del FMLN; y, durante la pandemia, revelaron graves indicios de corrupción en los contratos del Estado, como el que involucraba una empresa de Francisco Alabí, ministro de Salud.
“Me duele que a la Asamblea ya no podremos darle cobertura”, dice Barrera. Y así como ese proyecto, la revista pierde otros, como la alianza regional de medios de Centroamérica que cubriría temas de transparencia y corrupción. Otro proyecto de GatoEncerrado, que tampoco continuará y que dependía del Centro de Apoyo al Periodismo Investigativo en la Región (CAPIR), les permitió revelar que en la Policía Nacional Civil había grupos de sicariato activos entre 2019 y 2024. Bajo el mismo proyecto, GatoEncerrado también publicó que una actual funcionaria muy cercana al presidente Bukele había recibido 1.2 millones de dólares de la Alcaldía de San Salvador, sin justificación, mientras Bukele fue el alcalde. “Esas publicaciones eran las primeras de este proyecto que continuaría en 2025, pero ahora ya no se podrá”, dice Barrera.
“Los periodistas salimos afectados, pero la afectada es la sociedad que ya no está recibiendo esta información”, dice Adriana González, de Proyecto Lava, una de las iniciativas periodísticas más jóvenes. Tenía seis meses en una red de medios apoyada financieramente con fondos de la cooperación estadounidense. Pero además, llevaba un año completando las diversas etapas para obtener un financiamiento individual. Estaba en el último tramo de la negociación cuando todo se vino abajo.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dice que son 11 proyectos periodísticos que han sufrido de distinta forma el recorte de la cooperación estadounidense. “Desde los que se quedaron sin oxígeno de forma abrupta hasta los que están sobreviviendo con mínimos, en todos los casos esto tiene un fuerte impacto: se producen menos piezas periodísticas de investigación y de contenido digital”, dice Sergio Arauz, presidente de la APES y periodista de El Faro.
La APES calcula que unos 50 periodistas han perdido su trabajo en el país y que otro centenar de empleados con funciones en los medios también han sido despedidos. “Lo más grave todavía no podemos dimensionarlo: gracias a estos colegas sabemos que el presidente y su grupo familiar se convirtieron en terratenientes y cafetaleros; o que un grupo de diputados y afines al partido se benefició con créditos de la banca estatal para adquirir bienes inmuebles en zonas privilegiadas; todas las revelaciones relacionadas con la depredación al medio ambiente”, dice Arauz.
La propia APES ha sufrido de primera mano el ajuste. 50 % de su presupuesto de 2025 se ha perdido y eso implica, según Arauz, limitar servicios “vitales”: se frenó el mecanismo de protección a personas en riesgo; los apoyos para atención psicoemocional; apoyos para la producción de piezas periodísticas a través de programas de becas y otros servicios de formación. “La posibilidad de ayudar es menor y ciertamente estamos en una situación crítica en estos momentos”, dice.
En toda Centroamérica hay 40 medios impactados, según la RCP. Angélica Cárcamo, su directora ejecutiva, dice que hay medios que perdieron el 80 % de su financiamiento y que, además, se desmantelaron programas de protección y acogida para periodistas. “Hay colegas que por la criminalización en sus países fueron apoyados para irse a un país seguro, y con el congelamiento se quedaron varados, no solo en términos económicos, sino legales, corriendo el riesgo de que les puedan capturar y deportar si se quedan más tiempo del plazo establecido”, dice Cárcamo. Algunos periodistas centroamericanos ya no tienen quién pague el apartamento en Estados Unidos donde permanecían lejos del alcance de los autócratas de sus países.
“Hay gobiernos que están celebrando estas cosas”, lamenta Cárcamo. “Celebran que ahora la ciudadanía estará más supeditada a un ecosistema de medios centrado en los oficialismos y gobiernos de turno y su propaganda y no de un periodismo centrado en la ciudadanía”, explica Cárcamo.
La directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodismo dice que hay medios que tendrán que desaparecer, otros se van a fusionar y que el reto es sensibilizar a las organizaciones del mundo para que ayuden a sostener financieramente el periodismo. En El Salvador, ya surgieron iniciativas como la Alianza de Medios Independientes, que ha publicado notas al unísono. “No son medios creados por USAID y existen desde hace tiempo y han fortalecido el periodismo investigativo de calidad desde hace 10, 15, o más años, y lo van a seguir haciendo”, dice Cárcamo.
El director de GatoEncerrado, pese a todo, sabe que su proyecto continuará vivo. “Estamos volviendo a los orígenes”, dice y recuerda, no sin sarcasmo, que para escribir su primera nota en GatoEncerrado tuvo que comprar un café en el Pollo Campero del centro comercial Metrocentro, donde había internet gratis.
A inicios de febrero, el equipo de GatoEncerrado se reunió para reflexionar sobre los cambios en el financiamiento y la situación crítica a la vista. “Todos dijeron que querían seguir publicando, todos decían que querían apoyar de alguna manera, tenían la disposición de continuar de alguna forma”.
En teoría, la administración Trump tiene hasta abril para definir qué proyectos de cooperación seguirán vigentes y para ello evaluarán si están alineados a su visión. “Personalmente, no creo que ninguno de los programas que tenemos en la universidad sobrevivirá”, dice Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG. Él era parte de la dirección de Libres, un programa de cinco años enfocado en la erradicación de la violencia de género y en la que diversas universidades como la UFG o la de Oriente (Univo) trabajaban en conjunto con la Universidad de Arizona State, para estudiar y proponer soluciones. El año pasado hubo 39 feminicidios en El Salvador, un fenómeno que pasa inadvertido bajo la propaganda que habla de que no hay homicidios gracias al régimen de excepción.
Libres había creado un instituto y contratado personal experto en la materia, incluyendo un profesional de la universidad Don Bosco, que después de 18 años de trabajo en aquel lugar aceptó un puesto en la Gavidia y, a los cinco días, quedó desempleado por la orden de Trump. La UFG lo contrató con recursos propios, pero el proyecto tuvo que cerrar abruptamente sus oficinas en la capital tras la notificación.
Picardo ayudó a crear el Instituto de Prevención de la Violencia de Género. Todo el proyecto estaba pensado para cinco años, terminando en 2027, con posibilidades de renovación, e implicaba desembolsos totales de 40 millones de dólares, aunque a la veintena de organizaciones involucradas también les tocaba poner una contrapartida.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció al mundo, mientras estaba de visita en El Salvador el 3 de febrero, que había sido nombrado director interino de USAID, lo que alarmó al estamento político en Washington y provocó el envío de cartas de senadores demócratas al Departamento de Estado. ”Es preocupante que este sea un esfuerzo de la administración Trump para rehacer unilateralmente el Gobierno Federal sin autorización del Congreso”, dijo a NPR Tess Bridgeman, exasesora legal de la Casa Blanca en la administración Obama.
Trump ha dibujado en sus discursos cuáles son los tipos de programas de ayuda extranjera de su preferencia. También ha dicho que está en contra de la diversidad, la igualdad y la inclusión, el combate al cambio climático, entre otras cosas. Su Gobierno ahora está buscando entre los millones de programas de ayuda extranjera ciertos términos y conceptos y con base en eso parece estar limitando los proyectos.
En El Salvador, el 8 de febrero, Bukele ocupó el tema para atacar a la prensa. “La gran mayoría de los periodistas y medios 'independientes' son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero, cuyo objetivo es impulsar la agenda globalista, junto con las ONGs financiadas bajo el mismo esquema. Ya lo habíamos denunciado antes, pero ahora hay confirmación oficial, con nuevos nombres, cifras y documentos”, escribió Bukele en su cuenta de X, la red social de Elon Musk, con quien interactúa en redes sociales a menudo.
Bukele y Musk también atacan a la prensa. Los dos compartieron en sus redes una publicación del sitio de filtraciones Wikileaks en el que se explica cómo la implementadora Internews ayuda a financiar el trabajo de respaldo a periodistas y medios en todo el mundo. Ambos ocuparon ese ejemplo para insinuar que los medios son parte de una operación global para imponer una agenda mediática.
Ante ese juego de narrativas, diversos proyectos intentaron maniobrar a contrarreloj para modificar nombres, etiquetas y contenidos de sus programas, con la esperanza de sobrevivir la revisión de DOGE. Picardo cuenta que, junto con Arizona State University, intentaron modificar algunos términos en la descripción del proyecto financiado por USAID. “Cuando empezamos a hablar con Arizona State University, después del congelamiento, sugirieron reorientar un poco el enfoque del proyecto a prevención de violencia de la familia, o sea, restándole visibilización el tema de género”, dice Picardo.
“Hay un cambio muy ideologizado, porque antes de Trump USAID era una cooperación enfocada en las necesidades locales. Ahora, aparentemente va a ser una cooperación enfocada en las necesidades de ellos”, dice Picardo.
En los días en que el flamante secretario de Estado, Rubio, hacía su primera gira internacional a Centroamérica y el Caribe, a principios de febrero, en Washington hubo protestas a favor de USAID en las afueras de sus oficinas. Micrófono en mano, el congresista James McGovern, de Massachusetts, arengaba frente a la multitud. “A todos los empleados de USAID, gracias, gracias, gracias, ustedes mantienen Estados Unidos seguro, y ayudan a la gente de todo el mundo. Quiero pedirles disculpas por tener que soportar estas ridiculeces ofensivas”, dijo.
Hechos versus discursos
Desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 7 marzo de 2025, El Salvador recibió 1,006 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, según datos oficiales de ayuda extranjera consultados por El Faro. Esta cifra incluye lo que recibieron tanto gobierno como organizaciones de sociedad civil.
De ese total, el 2.59 % (26 millones de dólares) fue a proyectos de cooperación que incluían financiamiento a proyectos de periodismo. Para obtener este dato, El Faro consultó a cuatro personas que trabajaron en estos proyectos de cooperación en El Salvador los nombres de las organizaciones implementadoras que trabajan con periodistas salvadoreños. Las cuatro fuentes coincidieron con los nombres: Counterpart International, Internews, Pact World y Pan-American Foundation for Development. Este periódico buscó en la base de datos de ForeignAssistance.gov los proyectos de estas organizaciones para los años desde 2019 a 2025.
De los 26 millones de dólares, la cantidad dirigida exclusivamente a los proyectos periodísticos podría ser menor debido a que hay programas en los que la parte relacionada al periodismo es solo un componente de proyectos más amplios.
Según un análisis similar, para el año fiscal 2024-2025, de los 258 millones de dólares aprobados, solo el 13 % (es decir unos 33 millones) van dirigidos a proyectos que, entre otros, tenían componentes de financiamiento a medios de prensa.
En la última actualización de la página de Foreign Assistance del Gobierno de Estados Unidos, este 7 de marzo, ya no hay información de proyectos que sí estaba disponible en diciembre. Por ejemplo, la información de la implementadora Internews ya no aparece listada en la información más reciente.
Los datos muestran que El Salvador ha contado con cerca de 1,000 proyectos de cooperación desde 2019 a la fecha, en los cuales se encuentran proyectos de seguridad alimentaria, agricultura, programas anticorrupción, programas de atención a población deportada, programas de entrenamiento policial y militar, proyectos de mejora educativa a todo nivel, programas de prevención de la violencia, financiamiento a la institucionalidad de Protección Civil, entre tantos otros.
Todo eso, dicen los entrevistados, seguramente se perderá. Al igual que el convenio que permitía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizar la transparencia de las elecciones. Desde 2019, el Consorcio para Elecciones y Fortalecimiento del Proceso Político (CEPSS, por sus siglas en inglés) asesoró y acompañó al Tribunal para desarrollar distintas etapas de las elecciones de 2019, 2021 y 2024 con 15 proyectos por 15 millones de dólares, que daban la USAID y el Departamento de Estado. Los proyectos terminarían formalmente hasta marzo, pero cerraron abruptamente aquel 24 de enero.
Que el TSE trabaje sin observación internacional no es menor en un país donde el presidente se reeligió de manera inconstitucional en febrero de 2024, donde también los diputados de ese presidente cambiaron las reglas electorales sin consultar a nadie unos meses antes de las elecciones de 2024, donde también se cambió el mapa político-administrativo del país sin mayor estudio, donde se eliminó de facto el financiamiento estatal a los partidos y donde nunca en la vida democrática del país se ha auditado el financiamiento privado de las campañas. “Yo creo que el TSE va a implementar el voto por internet, lo están promoviendo y eso requiere mucha observación de entidades aliadas para que se garantice que se esté haciendo bien”, dijo a El Faro una persona que trabajó en ese proyecto. El Consorcio CEPPS estaba formado por el National Democratic Institute (NDI), el International Republican Institute (IRI) y The International Foundation for Electoral Systems (IFES).
Si uno escucha los discursos de los últimos presidentes del TSE, siempre citaban a IFES como garantía de transparencia. A partir de ahora, eso ya no será así, al menos que el convenio con el CEPPS -que incluso ya cerró su página web- sea uno de los que sobrevivan.
El trumpismo parece estar obsesionado con el “Soft Power”, “poder suave”, un concepto con el que la academia ha descrito la influencia de USAID en el mundo. En su libro “El Gobierno de las élites globales. Cómo se organiza el consentimiento. La experiencia del Triángulo Norte” (2015), el sociólogo guatemalteco Fernando Valdez hizo una radiografía de cómo USAID había servido a diversos intereses hegemónicos de Estados Unidos, como por ejemplo, para la creación de tanques de pensamientos en Centroamérica —como Fusades, en El Salvador, y la FUNIDE, en Nicaragua— “y posteriormente para crear las condiciones políticas y legales necesarias” para ciertas políticas, como por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio” entre Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA.
Trump y Musk sostienen que esa influencia de USAID solo ayudó a imponer un orden mundial perverso, representado en buena medida por la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Valdez explica en su libro que la agenda 2030 fue el resultado de un viraje de la élite global en 2012, en la conferencia anual que ocurre en Davos, Suiza, denominado Foro Económico Mundial. Ahora los objetivos de desarrollo sostenible están en riesgo mientras Trump y nuevos líderes políticos hablan de que “el globalismo debe morir”. Trump insiste en cambio en que Estados Unidos debe fijarse en sus propios problemas y usar únicamente “el sentido común”.
Según las cadenas NBC y CNBC, para el 7 de febrero, Musk había mentido 160 veces sobre temas relacionados a USAID, como cuando dijo que USAID había enviado miles de condones a Gaza. Musk ha aceptado algunos de esos errores y ha ordenado, por ejemplo, la restitución de la cooperación dirigida a la contención del virus del Ébola en África. “Cometeremos errores, no somos perfectos”, dijo el 27 de febrero.
Esos errores costarán caro. Picardo, de la UFG, lo ve así: “La premisa que estaba detrás de la cooperación es que si se mejora la educación superior en El Salvador, menos jóvenes se van a ir para Estados Unidos… Entonces, Trump está distorsionando, se están equivocando y están haciendo un ejercicio muy autista, centrado en sus intereses. Lo dijo Trump: ustedes nos necesitan a nosotros; nosotros no los necesitamos a ustedes. Entonces queda claro el panorama”.
