Alicia Martínez, de 56 años, hace un sobreesfuerzo para caminar. Su delantal y faldón cubren una férula improvisada que lleva sobre su pierna izquierda. Una llaga en su tobillo devora la carne al punto que la mujer siente en cada paso como si la mordieran. El dolor, dice, le sube hasta la coronilla.
Hace poco más de dos años, en febrero del 2023, cuando la llaga apareció sobre una de sus venas, Alicia sopesaba acudir a un especialista en várices. Alicia no contemplaba una operación, pero el mayor de sus dos hijos, Jonás, le insistía en hacerlo.
El plan estaba hecho, Alicia había decidido ir al médico para finales de febrero de ese año. Dejaría la venta ambulante de ropa de segunda mano en el centro de San Salvador y su hijo Jonás, que en esas fechas tenía 23 años, se encargaría de asumir ciertos gastos y el cuidado de su hermano menor. Jonás Córdoba era empleado de una fábrica, meses atrás se había acompañado con su novia y rentaban una casa en La Campanera, en Soyapango.
Durante años, vivir en La Campanera era llevar una cruz de estigma ante la sociedad salvadoreña. Esa colonia era bastión de la pandilla Barrio 18 Sureños, enclavada en un rompecabezas de otras colonias donde controlaba la Mara Salvatrucha-13. “A mi hijo le negaron algunos empleos por vivir en La Campanera”, dice Alicia.
La tarde del 15 de febrero del 2023, tras casi un año de iniciado el régimen de excepción, el estigma se haría realidad. Jonás había terminado una jornada de trabajo y a la salida de la fábrica fue capturado por la Policía. Le pidieron su identificación y le preguntaron dónde vivía. “En La Campanera”, respondió Jonás. Fue la última vez que lo vieron sus compañeros de trabajo, quienes avisaron a Alicia.
Desde entonces, como miles de madres salvadoreñas, Alicia no sabe de la condición en la que se encuentra su hijo. Supo que pasó por el penal de Ilopango, que después fue enviado al Centro de Detención Menor de Zacatecoluca. No sabe nada más.
Ahora debe de extender las jornadas de trabajo, vendiendo, gritando, caminando con su llaga para obtener algo de dinero y armar un paquete carcelario cada mes para entregarlo a donde supone está su hijo. Debe mantener a su hijo menor que estudia séptimo grado, piensa en el próximo invierno y su casita, como ella le dice, tiene agujeros en el techo y la madera que sostiene sus paredes está picada.
Alicía teme enterarse un día por redes sociales de que su hijo está en un hospital o muerto, como las más de 360 víctimas que registra la organización Socorro Jurídico. Alicia asegura que su hijo no era pandillero. El sistema de justicia controlado por el presidente Bukele no da información sobre los capturados. Los juicios de los más de 85,000 detenidos desde que el régimen inició el marzo de 2022 han sido declarados secretos y la poca información que ha salido a la luz habla de capturas porque alguien mostró 'nerviosismo'. Según datos de World Prision Brief, El Salvador es ya el país con la tasa carcelaria más alta del mundo: 1,659 presos por cada 100,000 habitantes. La Prensa Gráfica, con base en datos del Banco Central de Reserva, publicó este mes que el 9 % de los jóvenes entre 25 y 29 años, la edad actual de Jonás, están presos.
“Aquí no le dicen nada a uno, mire cómo las familias encuentran a sus seres queridos en los hospitales porque alguien lo subió al Facebook”, dijo Alicia durante un plantón organizado este 9 de abril por el Movimiento de Víctimas del Régimen frente al penal de Mariona. Allí, cargando una cruz, padeciendo su llaga, junto a una decena de familiares de personas capturadas, Alicia gritaba: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
