Jesús Alberto Ríos Andrade, uno de los venezolanos enviados por la administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento de Terroristas en El Salvador, está casado con una ciudadana estadounidense. Había iniciado trámites de residencia permanente, permiso de trabajo e incluso estatus de protección temporal en Estados Unidos cuando fue arrestado por autoridades migratorias el pasado 1 de febrero.
“Para empezar, mi esposo no es pandillero”, dijo Angie González, esposa de Ríos, quien habló con El Faro vía telefónica desde El Paso, Texas.
“Él se salió de su casa a los 15 años. Él vendía fruta en la calle en Colombia y luego vendía accesorios para los teléfonos también. Aprendió a cortar pelo para meterse a las barberías, limpiaba estufas de los restaurantes. Lo que le saliera él lo hacía”, dijo González. Estaba trabajando en construcción en los Estados Unidos.
El nombre de Ríos aparece en un listado con 238 nombres de los venezolanos deportados, publicado por CBS y replicado en medios de todo el mundo. El Faro tiene copia de los formularios enviados por González al Servicio de Migración y Ciudadanía (USCIS), así como de una carta que González envió a la congresista demócrata Verónica Escobar (TX-16) para solicitar los expedientes del caso de su esposo.
Al inicio, la versión oficial de Estados Unidos y El Salvador fue contundente: los 261 deportados, 23 salvadoreños entre ellos, son o del Tren de Aragua o de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13). Con el paso de los días, la versión oficial empezó a agrietarse. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, admitió que 101 de los venezolanos habían sido deportados bajo la ley de migración. El Gobierno salvadoreño dijo a un periodista que “al menos 50” de los venezolanos no tienen vínculos criminales.
Desde entonces, docenas de familiares de los hombres arrestados han negado las acusaciones. Organizaciones, abogados, y periodistas han reportado sobre al menos 17 casos en los que aseguran que las personas detenidas no tenían antecedentes criminales. Un vendedor de zapatos y un futbolista, según Los Angeles Times; un mecánico, según el Miami Herald; un voluntario de una organización que ayuda a personas con autismo, según Mother Jones. Una investigación de Univisión revisó 200 nombres del listado de venezolanos y encontró que solo 11 de ellos tienen antecedentes criminales.
Esas historias remiten a El Salvador, donde cientos de personas fueron arrestadas por sus tatuajes o por “apariencia sospechosa” durante los primeros meses del Régimen de Excepción, con el que más de 87,000 personas han sido arrestadas en los últimos tres años, convirtiendo a El Salvador en el país con la tasa carcelaria más alta del mundo: 1,659 presos por cada 100,000 habitantes, según el World Prisons Brief. En segundo lugar está Cuba, con 794.
González dijo a El Faro que su esposo tampoco tiene antecedentes delictivos, pero cree que fue blanco de las autoridades por un tatuaje de una rosa en su cuello. Autoridades estadounidenses han usado tatuajes como evidencia de pertenencia a pandillas. Pero expertos como la periodista Ronna Rísquez, autora de un libro sobre el Tren de Aragua, sostienen que los miembros de esta pandilla no tienen tatuajes identificativos, a diferencia de las pandillas centroamericanas.
Ríos ingresó a Estados Unidos en julio de 2023 como aplicante de asilo. “Él no entró ilegalmente, les estaban permitiendo entrar porque venían buscando asilo. Ellos mismos les estaban abriendo la puerta del muro”, dijo González.
Según ella, Ríos había listado una dirección de Maryland en su solicitud, pero se quedó en Texas tras conocerla. Se casaron el 10 de septiembre de 2024. Ríos no asistió a una cita con un juez migratorio y estaba fichado por las autoridades. “Él tenía un brazalete electrónico con GPS y se tenía que estar reportando con una foto todos los días. Los de migración vinieron a hacer visitas”, dijo González.
El 1 de febrero, González y su esposo habían sacaban ropa para lavar. “Él me iba a ayudar a echar los canastos al carro y salió. Yo me andaba arreglando y escuchaba que hablaban allá afuera, pero pensé que él estaba hablando con los vecinos. Me asomé por la ventana y voy viendo que ya lo llevan esposado. Salí corriendo y uno de migración me dijo que tenía orden de captura”.
Para ese momento, ya habían pasado tres semanas desde que González envió a USCIS el formulario I-130 de petición de un familiar extranjero. Según un documento compartido por González, Ríos tenía una cita para captura de datos biométricos el día siguiente, 2 de febrero, en Houston.
Ríos fue enviado a un centro de deportación en Nuevo México. Hicieron planes para verse en Colombia, mientras se tramitaba la residencia. “Yo le dije: ‘si te deportan a Venezuela, no importa, porque cuando te arreglen tus papeles tú vuelves a entrar para acá’”.
Mientras estuvo detenido, González pudo comunicarse con su esposo. Además rastreó su ubicación a través del rastreador de detenidos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). De Nuevo México fue trasladado a los centros de detención El Paso y El Valle, ambos en Texas.
La última vez que González habló con su esposo fue el sábado 15 de marzo, a las ocho de la mañana. Ríos le dijo que se estaba alistando para el avión en que, asumió, iría a Venezuela. Tras esa llamada, González llamó el mismo día a los dos centros de detención donde su esposo había estado. En El Paso, un hombre que le atendió dejó descolgado el teléfono. “Yo lo escuché que dijo: ‘ah, ese es el wey que se llevaron a la prisión esa fea de El Salvador’. Yo sentí que me moría”, dijo González. Al día siguiente, Ríos desapareció del sistema de rastreo de detenidos de ICE.
“Yo lo buscaba en los videos y en las fotos, pero no lo veía”. Lo confirmó hasta que leyó el nombre en la lista. “Soy americana, tengo derecho a que me digan dónde está mi esposo. ¿Cómo pueden tener a una ciudadana que ha hecho sus cosas bien aquí en los Estados Unidos sufriendo por el hombre con el que ella se enamoró?”, dijo González.
“Yo le digo a mi gobierno: ‘okay, depórtenlos, pero a su país’. Esto es una cosa monstruosa, una cosa del diablo. Tengo pesadillas. A veces pienso que él está muerto”, añadió.
En la carta que envió a la congresista Escobar, González escribió: “Esto no es solo sobre mi esposo. Es acerca de si el gobierno de Estados Unidos está siguiendo el debido proceso o llevando a cabo deportaciones masivas en secreto que violan derechos humanos fundamentales. Si ICE no puede proveer evidencia concreta, verificable, de que mi esposo era un peligro a la seguridad pública, entonces él y otros como él están detenidos injustamente en una prisión extranjera bajo premisas falsas”.
Migrantes salvadoreños presos en el Cecot
Tres semanas después del primer envío de personas venezolanas hacia una prisión salvadoreña, el Gobierno de Nayib Bukele no ha revelado ningún documento de sus arreglos con el Gobierno de Donald Trump. Todo lo que se sabe del lado salvadoreño ha sido a través de videos de propaganda y tuits. El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador es secreto. No se conoce ni siquiera la lista completa de los 23 salvadoreños que vinieron, junto a los venezolanos, ese 16 de marzo. Mucho menos los cargos o las acusaciones contra cualquiera de esas personas.
En un video de propaganda del Gobierno de Bukele, dos reos dijeron sus nombres: César Antonio López Larios, alias Greñas de Stoners, y César Eliseo Sorto. Greñas, uno de los fundadores de la ranfla de la MS-13, fue capturado a inicios de junio del año pasado en Chiapas, México, y enviado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos de “narcoterrorismo” en una Corte de Nueva York hasta que, previo al envío al Cecot, la Fiscalía estadounidense renunció a procesarlo “por razones geopolíticas”, algo sin precedentes en la lucha contra esa pandilla, declarada organización criminal transnacional por el Gobierno de ese país. Sorto no es un cabecilla pandillero, pero fue condenado en ausencia por doble homicidio en El Salvador.
La revista The Atlantic reveló un tercer nombre: el de Kilmar Armando Ábrego García, un padre de familia radicado en Maryland, sin antecedentes criminales. El Gobierno de Trump dijo que Ábrego fue deportado 'debido a un error administrativo', según un memorándum incluido en una demanda que los abogados de Ábrego interpusieron contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según la demanda, en marzo de 2019, un “informante confidencial” de ICE señaló a Ábrego como miembro activo de la MS-13, una acusación que la Casa Blanca mantiene. Pero esa acusación fue descartada por un juez de migración que, en octubre de 2019, concedió a Ábrego la suspensión de su orden de deportación a El Salvador. Jennifer, la esposa de Ábrego, dijo a CBS News que “si un juez dijo que debía estar aquí por su protección, él no debería ser deportado”.
El 4 de abril, una jueza de Maryland consideró la expulsión de Ábrego un acto ilegal y ordenó al Gobierno de Trump que devolviera a Ábrego a Estados Unidos. Según CNN, la jueza Paula Xinis preguntó al abogado del Departamento de Justicia: “¿por qué Estados Unidos no puede traer de regreso al señor Ábrego García?”. Según el reporte, el abogado Erez Reuveni contestó: “Estados Unidos no puede llamar a alguien en El Salvador, que contesten el teléfono y decir 'devuélvannos a nuestro hombre'”. Sin embargo, la jueza dio un ultimátum al Gobierno para que regresen a Ábrego a Estados Unidos, a más tardar a la medianoche del lunes 7 de abril. El presidente Bukele reaccionó a la noticia con la imagen de un conejo con la boca abierta y gesto de confusión. Según el New York Times, el abogado Reuveni recibió una suspensión administrativa por no seguir órdenes.
El caso de Ábrego puede sentar precedentes respecto al resto de demandas legales en torno a las personas enviadas al Cecot, y abre muchas dudas que están en debate ante la falta de transparencia: ¿El acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos incluye un mecanismo de devolución de estos reos? Si algunos de ellos tienen casos penales en Estados Unidos, ¿cómo seguirán sus procesos si están fuera de la jurisdicción estadounidense? ¿El Salvador ha presentado cargos contra alguno de ellos tras su llegada al país o en qué calidad están detenidos?
La ley salvadoreña no penaliza la migración indocumentada, es decir, no se prevé pena de cárcel para las personas deportadas que no tengan alguna acusación pendiente en el sistema de justicia nacional.
Según la Dirección General de Migración y Extranjería, los salvadoreños retornados al país son atendidos bajo el programa Bienvenido a Casa. Este provee “atención médica y psicológica, refrigerio, llamadas telefónicas a nivel nacional e internacional, conexión wifi, traslado a terminales de transporte y pago de los costos de pasaje interno, además de implementos de higiene básica”.
El Faro recibió una denuncia de un cuarto nombre entre los salvadoreños enviados al Cecot. Se trata de un joven de 21 años. La denunciante dio una entrevista a El Faro el 24 de marzo y dijo que reconoció a su hijo en uno de los videos publicados por el Gobierno salvadoreño. Dos días después de la entrevista, la denunciante pidió insistentemente a este periódico no publicar el caso, por miedo a más represalias del Gobierno de Bukele contra su hijo. El Faro accedió a no revelar mayores detalles, a pesar de que se obtuvieron documentos judiciales estadounidenses que demuestran que ese cuarto hombre no estaba vinculado con pandillas, sino con una deportación por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Según uno de los documentos, el joven fue interceptado por la Patrulla Fronteriza en Nuevo México, en diciembre de 2024. Había sido deportado tres semanas antes, el 22 de noviembre y estaba intentando reingresar a Estados Unidos como indocumentado.
Marco Rubio, el secretario de Estadode Estados Unidos, dijo que los salvadoreños expulsados eran “dos peligrosos líderes de la MS-13, además de 21 de los más buscados, a enfrentar la justicia en El Salvador”. El nombre de este joven, sin embargo, no aparece en la lista de los más buscados en El Salvador, publicada por la organización Crime Stoppers, que colabora con las autoridades salvadoreñas. El Faro no encontró antecedentes penales suyos tampoco en El Salvador.
