Ocho empleados de la Alcaldía de San Salvador denunciaron que Carlos Rodríguez, cuando era concejal y presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Juventud (IMJ), les cobraba cuotas, usó vehículos y bienes municipales e incluso pasantes de un proyecto de cooperación con México para construir su vivienda personal en Nuevo Cuscatlán.
El Faro tiene copia del informe preliminar del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) que contiene ocho testimonios, siete cartas presentadas a la Alcaldía de San Salvador entre junio y julio de 2022, la resolución del TEG, copias de chats de los denunciantes con Rodríguez y un comprobante de transferencia bancaria. El Faro, además, habló con tres de los denunciantes que pidieron anonimato para proteger a sus conocidos que continúan trabajando en la Alcaldía de San Salvador Centro, controlada por el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas.
Carlos José Rodríguez Baños fue electo como primer regidor de la Alcaldía de San Salvador bajo una coalición de Nuevas Ideas y Gana en las elecciones municipales y diputados de 2021. En mayo de ese mismo año, fue nombrado como Presidente/Delegado del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ). El IMJ fue eliminado el 1 de mayo de 2024, en la primera sesión del nuevo concejo municipal de la Alcaldía de San Salvador.
Rodríguez inició siendo comunicador en la Asamblea Legislativa. Antes trabajó con el exdiputado Guillermo Gallegos y ahora como empleado institucional de la Asamblea. El Faro tuvo acceso a la base de datos de cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que respalda que, al menos hasta junio de 2024, Rodríguez trabajaba en el Legislativo, con un salario de 2,500 dólares. Rodríguez se negó a decir cuál es su cargo exacto.
El 8 de abril, Rodríguez respondió a preguntas de este periódico a través de un chat en WhatsApp. En su versión, todas las denuncias son “chambres de empleados que se me voltearon porque yo venía de una coalición. Ellos dijeron: jodámoslo, por si quiere volver a ser concejal”.
Las redes sociales de Rodríguez muestran, desde hace años, su cercanía con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. En su cuenta de Instagram tuvo, hasta el 8 de abril, fijada una fotografía donde aparece junto a Castro celebrando el día de la Independencia de los Estados Unidos en 2017. Desde 2022, Rodríguez ha posteado nueve fotografías junto al funcionario. Su cuenta de X está conformada por más retuits al trabajo del presidente de la Asamblea y el presidente Nayib Bukele.
Antes de interponer la demanda al TEG, los trabajadores del IMJ buscaron las vías internas en la Alcaldía de San Salvador para externar su descontento y escribieron cartas dirigidas al actual alcalde Mario Durán. Según los documentos, Rodríguez les exigía a algunos empleados una cuota mensual de su salario.
“También hago de su conocimiento que nos exige una cuota mensual de una suma específica, y la señora Marta Rodas, jefa del departamento de Participación Juvenil, es la persona encargada de recoger dicha cuota a cada empleado que fue contratado por el señor Carlos Rodríguez, justo después de la fecha de pago”, dice una de las cartas.
Otra carta dirigida al alcalde Durán, escrita por uno de los empleados, expone: “hago de su conocimiento que, por petición de René Aguiluz, el concejal Carlos Rodríguez nos comenzó a pedir una cuota de nuestro salario. Al principio la cuota se la dábamos a René Aguiluz. Posteriormente, por órdenes de Carlos Rodríguez, se me encomendó darle la cuota mensual a Marta Leticia Rodas, jefa de Participación Juvenil, quien pasaba por la colaboración en cada departamento…”.
Uno de los empleados que entregó cuotas de su salario mensual a Rodríguez dijo que por tres meses pagó. “Siempre decía, ustedes están trabajando acá porque yo los metí, así que hay que aportar algo y todos están aportando… hay gente que no gana nada, anda buscando empleo pero vos aquí estás y algo tenés que dar”, explicó la fuente. La persona que habló con El Faro pidió no revelar su identidad ni la cantidad de dinero que aportaba porque sería fácil de identificar.
Rodríguez dijo que “lo de las cuotas es paja. Entre ellos acordaron que recogerían dinero para ayudar con gastos cuando íbamos a las comunidades. Fue voluntario de ellos y, al final, como estaban molestos, se les devolvió hasta el último centavo”. El trabajador del IMJ confirmó que Rodríguez les devolvió el dinero después de que todos se pronunciaran en contra de dar esa cuota a cambio de permanecer en sus trabajos, pero que nunca fue un acuerdo ni les mencionaron que fuera para las comunidades.
Según los exempleados del IMJ, la Alcaldía nunca tomó medidas al respecto. El Faro buscó a Julio Rosales, gerente de prensa de la Alcaldía de San Salvador, para obtener una respuesta del por qué las autoridades de la alcaldía nunca hicieron nada respecto a las irregularidades que los empleados del IMJ denunciaron antes de interponer una demanda en el Tribunal de Ética. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Uno de los exempleados del IMJ que habló con El Faro bajo anonimato dijo que “la Alcaldía lo único que hizo fue quitar al IMJ y despedir a todos los empleados”. Muchos de ellos fueron trasladados dentro de la municipalidad y, por temor a perder su trabajo, prefieren no dar declaraciones a la prensa. Otros fueron despedidos.
Otra de las denuncias es que Rodríguez utilizó a pasantes de un proyecto implementado bajo un acuerdo con el Gobierno de México desde 2022, para que trabajaran, sin remuneración, en la construcción de su vivienda en Nuevo Cuscatlán.
“Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador” es un programa de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) que beneficiaba a jóvenes entre 18 a 29 años con becas para su formación como Técnico Superior Universitario, cursos cortos, etcétera. Según el informe de avances y resultados del 2022 de la AMEXCID, el proyecto representó el primer acercamiento laboral de los jóvenes y se ejecutaba en los 14 departamentos del país.
Documentos del Centro Nacional de Registro (CNR) constatan que Rodríguez es propietario desde 2019 de un inmueble ubicado en el proyecto urbanístico Residencial La Florida, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este, misma dirección que los trabajadores especifican en la denuncia que realizaron al TEG. Esa casa funciona como alojamiento para turistas en la plataforma Airbnb, por un precio de $60 dólares la noche. Carlos Rodríguez aparece como anfitrión del espacio.
Según la denuncia, Rodríguez también solicitó a los motoristas del IMJ que utilizaran el transporte institucional para realizar viajes con fines personales, relacionados principalmente con la construcción de su casa en Nuevo Cuscatlán. De acuerdo con un informe fechado el 30 de junio de 2022, elaborado por uno de los motoristas, Carlos Rodríguez le pidió que se desplazara a Nejapa para recoger a un ingeniero y a los albañiles encargados de la obra, y llevarlos a la Residencial La Florida, en Nuevo Cuscatlán. Asimismo, solicitó que se trasladaran herramientas y materiales de construcción, y que cada mañana, durante tres meses, se recogiera a los jóvenes que trabajaban en la construcción de su vivienda en San Jacinto. Para estos fines, Rodríguez ordenó que se usaran los vales de combustible del instituto y asignó un vehículo pick-up Mitsubishi, con placa N 18-048, propiedad de la Alcaldía de San Salvador.
Además, Rodríguez solicitó al pastor de una iglesia en San Jacinto que enviara a dos jóvenes de su congregación para que “aprendieran el oficio de construcción”. Esos jóvenes trabajaron en la construcción de la casa de Rodríguez durante mes y medio, y fueron trasladados por transportistas de la IMJ, según la declaración del pastor que está en el informe preliminar del TEG.
Rodríguez aceptó que dos jóvenes trabajaron en la construcción de su casa, pero negó que usara recursos institucionales. “Dos jóvenes me pidieron trabajo y les pagué aparte. Solo fueron dos semanas y les pagué con mi dinero. Fue cosa aparte, no solo por estar en el proyecto de Amexcid”.
Sobre si los jóvenes fueron transportados por empleados del IMJ, Rodríguez lo negó. “Jamás. Ellos llegaban o yo los iba a traer. Si ves fotos del pickup en la residencial es porque llegaban a que firmara documentos del IMJ”.
René Aguiluz, bajo la protección de Rodríguez, y como subdirector del IMJ, también hacía uso de los empleados y recursos del instituto para cuestiones personales, según la denuncia. Aguiluz ordenó a un motorista del IMJ que fuera a botar una ramada a la Costa del Sol, departamento de La Paz. Para ello, se le asignó un pick up Nissan Frontier, color blanco, con placa N 10-708 y dos vales de combustible del IMJ. Según las investigación que abrió el TEG Aguiluz también utilizaba vehículos de la Alcaldía para su uso personal: trasladarse a su casa o llevar a su hija a un kínder. Aguiluz lo niega. 'No fue así, en todo momento se implementó el uso de bitácoras en las que se llevaban controles de los vehículos...', dijo a El Faro.
Rafael Montalvo, exdirector del IMJ, envió sus respuestas por escrito a El Faro. Dijo que Aguiluz “colaboraba directamente con el concejal (Carlos Rodríguez), ejecutando instrucciones que debilitaban las funciones propias de la Dirección Ejecutiva. Ambos mantenían el control de personal, procesos internos y uso de recursos, generando un clima de obediencia forzada bajo amenazas y presiones hacia las jefaturas y técnicos, a quienes se les prohibía reportarme cualquier tipo de información relevante”. René Aguiluz aceptó a El Faro que existió una cuota pero 'no era una cuota obligatoria sino más bien una aportación que como miembros de un equipo de trabajo, fuera de la institución dábamos voluntariamente para poder seguir realizando actividades de apoyo comunitario, las cuáles realizábamos desde antes de llegar al IMJ y que variaba dependiendo de cada quien'. Además, Aguiluz dijo que 'no expresé nada sobre el tema (irregularidades en el IMJ), ya que, como lo he manifestado, no tenía esa magnitud'.
Rodríguez, según se lee en los documentos, amenazaba a los empleados con removerlos de su cargo si no obedecían sus órdenes o si le informaban al director de la institución. El informe elaborado por el motorista en 2022 cierra así: “Quiero hacer énfasis que me ordenó por parte del Lic. Carlos Rodríguez y René Aguiluz que no le diera ningún informe al director del Instituto Municipal de la Juventud, Rafael Ernesto Montalvo, sobre las gestiones que yo haría en los pick up institucionales. Se me dijo que serían ‘actividades extraordinarias’ y si informaba podría ser removido de mi cargo”.
Las siete cartas de los trabajadores del IMJ coinciden en que Marta Rodas y René Aguiluz, subdirector del IMJ, eran personas asignadas como autoridad por Carlos Rodríguez, y que no respetaban las funciones y roles de Rafael Montalvo, director del instituto. Todo lo denunciado por los empleados finalmente fue del conocimiento de Montalvo, quien solicitó la remoción de Carlos Rodríguez como presidente de la Junta Directiva, pero no hubo una resolución. Montalvo dijo a El Faro que “enfrenté múltiples obstáculos que limitaron el ejercicio de mis funciones. Desde un inicio, manifesté con claridad que el exconcejal Carlos Rodríguez, quien fungía también como presidente de la Junta Directiva del Instituto, intervenía de forma directa en procesos administrativos, operativos y de personal, sobrepasando los límites establecidos para su cargo y generando un ambiente laboral tenso y poco transparente”.
El exdirector del instituto aseguró que él también se sintió vulnerado como autoridad institucional: “...En varias ocasiones fui víctima de acciones que considero constituyeron una forma de acoso. Esto ocurrió especialmente cuando, al intentar frenar decisiones o procesos irregulares, el exconcejal buscó, por distintas vías, lograr mi destitución del cargo. Todo esto por el simple hecho de ponerle un alto a sus acciones que consideré poco éticas, particularmente en el uso y manejo de los recursos del Instituto”.
TEG: “Este Tribunal no cuenta con información suficiente”
El 23 de octubre de 2024, el TEG resolvió que no encontró elementos probatorios que acrediten que Carlos Rodríguez haya exigido a empleados del IMJ “una cuota o aportación económica mensual”, aunque admitió que tenía dos copias de capturas de chats de WhatsApp al contacto “Carlos Rodríguez” donde mencionan aportaciones y pagos, y un comprobante de una transferencia bancaria de los denunciantes a Rodríguez. Según la resolución, 'a pesar de que constan copias simples de dos capturas de pantalla de mensajes enviados por WhatsApp al contacto denominado 'Carlos Rodríguez', en las que se menciona pagos y aportaciones, y una captura de pantalla de notificación de transparencia (...) en ninguna se expresa que esos pagos fueron realizados a cambio que el señor Rodríguez Baños les conservar sus empleos en el citado instituto'.
Además, el Tribunal dijo que tampoco tiene pruebas de que René Aguiluz, subdirector del IMJ, y Marta Rodas, jefa de Participación y Organización Juvenil, cobraran aportaciones mensuales a los empleados.
Respecto a la denuncia de que Rodríguez ordenaba a empleados del IMJ que solicitaran a jóvenes pasantes del proyecto de la AMEXCID para realizar labores de construcción en su casa, el TEG solo dice que “consta que en febrero de 2022 el instituto, junto con dicha agencia, ejecutó el proyecto de becas remuneradas ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’”.
La Secretaría de la Mujer y Familia de la Alcaldía, entidad que asumió el personal, presupuesto, equipo de trabajo y vehículos del IMJ, dijo al TEG que “no existe documentación que respalde la existencia de proyectos AMEXCID en el instituto”. Con ese argumento, el TEG concluyó que no tiene información suficiente para acreditar con certeza que Rodríguez haya cometido una falta al artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
Ese artículo prohíbe solicitar o aceptar bienes, servicios o beneficios adicionales a los que se reciben por el desempeño del trabajo, a cambio de hacer o no hacer tareas relacionadas con el cargo. O que durante la jornada laboral, se realicen actividades privadas, excepto las permitidas por la ley, y no se exija a los subordinados que usen su tiempo de trabajo para tareas ajenas a los objetivos institucionales.
El proyecto “Jóvenes Construyendo el Futuro de El Salvador” de la AMEXCID se ejecutó por medio del IMJ en conjunto con la Alcaldía de San Salvador Centro. Carlos Rodríguez, como presidente del IMJ, encabezó la implementación y la promoción del proyecto y sus propias redes sociales lo evidencian.
El 11 de febrero de 2022 publicó en su cuenta de X tres fotografías donde aparece con mascarilla y junto a un grupo de jóvenes del proyecto en el Parque Cuscatlán. En la parte de atrás del cuadro, las banderas de El Salvador y México. En otra de las imágenes, Rodríguez aparece estrechando la mano del alcalde Mario Durán en la celebración del lanzamiento del proyecto. Y, según la fuente con la que habló El Faro, en el formulario de la AMEXCID, que los jóvenes llenaban para registrarse al proyecto, aparecía el IMJ como sede de aprendizaje.
En la mañana del 8 de abril, El Faro preguntó a la Embajada de México si tuvo conocimiento de las irregularidades denunciadas con participantes del proyecto, y si sostuvo alguna comunicación al respecto con el Instituto Municipal de Juventud, la Alcaldía de San Salvador o con otras autoridades salvadoreñas. Raymundo Velásquez, encargado de cooperación internacional de la Embajada, pidió que se enviaran las preguntas por correo. No se recibió respuesta hasta la hora de publicación.
El TEG indicó que, al revisar las bitácoras de uso de los vehículos del IMJ para actividades personales, no se encontraron pruebas suficientes que demostraran que estos se usaron para transportar a jóvenes, albañiles, herramientas y materiales hacia Nuevo Cuscatlán. La razón de que no exista registro de esas bitácoras es porque fueron implementadas tiempo después de que la Alcaldía notara una irregularidad en los vales de gasolina y transporte dentro del IMJ, según dijo a El Faro un extrabajador de ese instituto: “Cuando descubrieron que se estaban gastando muy rápido los vales de combustible, la alcaldía implementó las bitácoras para llevar un registro de que había irregularidades en el Instituto Municipal de la Juventud”.
Uno de los trabajadores del extinto IMJ que pidió anonimato lamenta que las autoridades no hicieron justicia en el caso porque se sometieron a un proceso largo y posterior a eso, enfrentaron un ambiente hostil en el trabajo. “Lo que sentimos es que no se hizo justicia en ese caso y habiendo una denuncia grupal porque no era ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro personas, eran varios…. Ya siendo tantos debería haberle llamado la atención a las autoridades para tomar cartas en el asunto y el tiempo también que demoró todo”, dijo.
Inteligencia Policial perfiló a Rodríguez en investigación de atentados contra Guillermo Gallegos
Rodríguez, antes de convertirse en primer regidor y presidente de la Junta Directiva del IMJ, trabajó dentro de la Asamblea Legislativa como empleado del área de comunicaciones. En 2015, la División de Inteligencia Antipandillas de la Policía Nacional Civil (PNC) lo incluyó en un caso de posibles atentados contra dos funcionarios públicos: Guillermo Gallegos, entonces diputado por GANA, y Lorena Peña, del FMLN. “Para realizar el atentado contra el diputado Gallegos, la pandilla ha tomado la estrategia de misionar a dos pandilleros desconociendo su nombre y alias, para que salgan a consumir bebidas alcohólicas, con Carlos Rodríguez, empleado del área de comunicaciones quien pertenece a la fracción de Gana de la Asamblea Legislativa y representante de una ONG, con el fin de sacarle información que facilite a la pandilla atentar contra dicho funcionario (sic)”, describe el documento de la Policía.
La imagen de Rodríguez fue promovida por personas como él mismo Gallegos desde su cuenta de X. En 2021, publicó que Rodríguez era “un joven con muy buena capacidad y preparación para formar parte del Concejo Municipal de San Salvador”.
