A mediados de julio de 2013, un investigador de la Interpol en El Salvador ingresó al museo arqueológico de la Fundación Tesak como un visitante más, caminó unos 25 pasos, rodeó una detallada colección de más de 400 piezas ceremoniales, incensarios, silbatos y glifos y, finalmente, encontró lo que buscaba: dos fragmentos de estelas con reporte de robo en Guatemala, pertenecientes al período de mayor esplendor de la cultura maya.
El investigador había llegado al museo, un edificio de dos plantas en medio de árboles, a 45 minutos al noroeste de San Salvador, porque días atrás, el 12 de julio, la oficina de Interpol en Guatemala había advertido a su par en El Salvador que las dos piezas, dadas por robadas en 1992 y 1993 en sitios arqueológicos a unos 100 kilómetros al suroeste de Tikal, habían terminado en un museo privado en El Salvador. El investigador fotografió las estelas y las imágenes sirvieron al gobierno de Guatemala para iniciar una serie de reclamos que, 34 meses después, no han dado frutos.
Las sospechas sobre la colección de la Fundación Tesak, que recibe su nombre de una de las familias industriales más conocidas de El Salvador, fundadora y accionista de dos fábricas de golosinas (Diana y Bocadeli) no afectan solo a esas dos estelas. También apuntan a un lote de otras 287 piezas de su propiedad que en 2012 fueron retenidas en el Aeropuerto Internacional El Salvador cuando llegaron procedentes de Estados Unidos, remitidas por el consulado salvadoreño en Los Ángeles. Esas piezas inclumplían dos requisitos que, según las autoridades de la Secretaría de Cultura de aquel momento, eran indispensables para autorizar su ingreso a El Salvador: que estuviera precisado su origen y que estuvieran inventariadas.
Desde entonces hasta hoy, tanto la familia Tesak como Relaciones Exteriores hablan de 'repatriación' para referirse al traslado de esas piezas, pero ni las fuentes de la Fundación Tesak con las que ha hablado El Faro ni Cancillería han mostrado evidencia de que la colección retenida hubiera salido alguna vez de El Salvador o sus piezas sean originarias de territorio salvadoreño. En 2012 la Secretaría de Cultura concluyó que, debido a que no estaba documentado el origen de las piezas, avalar su entrada al país y su entrega a los Tesak habría constituido una violación a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y a la Convención de la OEA sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico de las Naciones Americanas.
De hecho, el informe que levantó la Policía Nacional Civil días después de que se retuviera las piezas hablaba de un posible delito de 'Tráfico ilícito de patrimonio cultural'. El 18 de abril de 2012, la Unidad de Delitos Especiales de la Policía Nacional Civil se trasladó al aeropuerto para realizar una inspección en el sector ocho de la bodega general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). “Se ha tenido conocimiento de que se ha cometido el delito de tráfico ilegal de patrimonio cultural”, dice el parte policial elaborado ese día, que sigue: 'Delito: tráfico ilícito de patrimonio cultural. Víctima: La Secretaría de Cultura. Nombre del imputado: Bocadeli, S.A. de C.V.'
Las 287 piezas están por ahora depositadas en el Museo Nacional de Antropología (Muna) y Guatemala ha pedido que se le conceda autorización para examinarlas, ya que sospecha que entre ellas pudiera haber alguna que pertenezca a su patrimonio arqueológico y que haya sido sacada de ese país ilegalmente.
Consultado por El Faro sobre la exhibición en el museo de los Tesak de dos fragmentos de estela con reporte de robo, y sobre la ruta irregular que siguió la repatriación de ese lote de 287 piezas arqueológicas, el director ejecutivo de la fundación Tesak, el sacerdote David Blanchard, alega que todo se debe a errores administrativos y que no ha habido mala intención. Cancillería, por boca del ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez, defiende también su actuación en ambos casos, a pesar de que la repatriación de las piezas de la familia Tesak se hizo en aparente incumplimiento de la ley y sin aval previo de Secultura.
Las estelas estaban íntegras
Mientras en el caso de las 287 piezas Guatemala solo especula sobre la posibilidad de encontrar entre ellas algún bien que pudiera reclamar, en el de las estelas no hay duda. Las dos piezas están bien documentadas: pertenecen al período clásico tardío de la cultura maya, entre los años 600 y 1000 después de Cristo, cuando el muralismo se consolidó como estilo artístico. Uno de los fragmentos pertenece a la estela 1 del sitio arqueológico Aguateca, y la otra corresponde a la estela 1 del sitio arqueológico Dos Pilas. Estas localidades son consideradas las capitales individuales del reino de Petexbatún, centro de control del comercio de la zona sur de Petén. El sitio arqueológico Dos Pilas ha sido declarado por Guatemala monumento nacional.
Guatemala ha solicitado en ocho ocasiones por vía diplomática que las piezas le sean devueltas y El Salvador lo único que ha respondido es que el caso no puede avanzar porque para ello es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño autorice el trámite por medio de su firma. A su vez el ministro, Hugo Martínez, se deslinda de responsabilidad y asegura que el Ministerio solo tiene funciones de canal de comunicación. La Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural compromete a los estados parte a prestar cooperación, asistencia técnica y jurídica para la 'efectiva y eficiente' protección del patrimonio.
La primera semana de abril de 2016 Guatemala envió el octavo suplicatorio en casi tres años: 'La vía de los suplicatorios está trabada. Se intentó llevar el tema a las reuniones bilaterales y aunque hemos insistido no se ha logrado', asegura Rolando Torres, embajador de Guatemala en El Salvador.
El 12 de julio de 2013, Interpol El Salvador había recibido una solicitud de búsqueda de Interpol Guatemala para que localizara los dos fragmentos de estela con fines de repatriación. La petición tenía este fundamento: un mes antes, un ciudadano anónimo guatemalteco que había estado de visita en El Salvador, llegó al museo y vio los dos fragmentos de estela, que de inmediato asoció con el patrimonio arqueológico de Guatemala. Los fotografió y entregó las imágenes al Ministerio de Cultura de ese país.
Guatemala ya tenía registrados los dos monumentos, que habían sido documentados intactos. “Una de las pruebas que nosotros presentamos a las autoridades salvadoreñas fueron documentos que investigadores estadounidenses en su momento habían hecho de los hallazgos que iban encontrando, que fueron los que sirvieron para esclarecer que las piezas se encontraban íntegras en el sitio arqueológico”, explica Eduardo Hernández, jefe del departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura de Guatemala.
Las investigaciones en los sitios arqueológicos han permitido a los técnicos guatemaltecos determinar que la mutilación de las piezas se realizó con motosierra. Las estelas afectadas son monumentos que representan escenas rituales rodeadas por un marco de jeroglíficos, que incluyen meses, dioses y el emblema de los sitios arqueológicos. En el caso de la estela 1 de Aguateca, el corte segmentó la mano de una figura humana que está lanzando unas semillas y que abarca la mayor parte del monumento. Este retrata, según la investigación que realizó el arqueólogo estadounidense John A. Graham en 1972, un acto ceremonial dedicado a la siembra, en donde entre varios glifos aparecen representados Chaac —dios maya de la lluvia— y Cauac —símbolo de la tormenta—. La estela mutilada medía originalmente 2.25 metros de alto por 1.35 metros de ancho. El fragmento exhibido en el museo Tesak mide aproximadamente 30 centrímetros de altura. En el fragmento robado, aunque carece del detalle de la mano que lanza las semillas, sí se aprecian estas, que se dispersan en la tierra como ofrenda.
Arqueólogos y autoridades se rehúsan a poner precio a los fragmentos exhibidos porque consideran que hablar de él en términos monetarios contribuye al saqueo, pero una estela de similares características a las que exhibe el museo Tesak le fue ofrecida por un coleccionista a Guatemala en 1994 por el mismo monto que él había pagado por ella en 1969: 5 mil dólares.
Cuando el Ministerio de Cultura de Guatemala confirmó el hallazgo puso en alerta a la sede de Interpol en El Salvador, entre cuyas labores está el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Los agentes policiales, tras ubicar e identificar las piezas que Guatemala reclama, pidió a las autoridades de ese país documentos que respaldaran la denuncia del robo de las estelas. Las piezas habían sido encontradas, pero se abría un laberinto burocrático en el que las autoridades de El Salvador parecen querer perderse para impedir la repatriación de las estelas a Guatemala.
El 13 de enero de 2014, seis meses después de que Guatemala hiciera la primera solicitud de repatriación, las autoridades guatemaltecas reiteraron su petición. Relaciones Exteriores reenvió la solicitud de repatriación a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y respondió tres meses más tarde a Guatemala con una resolución del máximo tribunal, en la que este pedía que el país vecino ampliara la información sobre el origen de las estelas y los reportes de hurto que sustentaban el reclamo.
Un mes más tarde, en mayo, Guatemala cumplió con lo solicitado. Esta vez, la Corte Suprema y Relaciones Exteriores tardaron once meses en responder a Guatemala que no podían resolver la solicitud de recuperar los fragmentos de estelas, por un trámite burocrático no resuelto en oficinas salvadoreñas: 'Previo a resolver lo solicitado, esta Corte advierte que el trámite de auténticas de las firmas que calza la documentación no se ha completado [...] faltaría la auténtica que debe efectuar el ministro o viceministro de relaciones exteriores de El Salvador. En tal sentido, la documentación se devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores'.
Transcurrió casi un año hasta que, el 28 de abril de 2015, ante el silencio de las autoridades salvadoreñas, Guatemala optó por consultar a Relaciones Exteriores de El Salvador si había remitido a la Corte el nuevo documento con las auténticas. Un año después, Guatemala aún no tiene respuesta.
Consultadas por El Faro, las instituciones salvadoreñas involucradas se pasan entre ellas la responsabilidad. La Fiscalía dice que no sabe cómo ubicar el expediente del reclamo de Guatemala sobre las estelas, porque entre su multitud de casos abiertos necesita un número o el nombre de la instancia a cargo para identificarlo. Interpol dice que espera orden de la Fiscalía para proceder al secuestro de las piezas. Secultura, la institución que vela por la protección del patrimonio cultural en el país, pide tiempo para dar declaraciones por respeto al proceso que dirige la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia dice que cancillería de El Salvador debe dar —todavía— su firma para validar el proceso. Y Cancillería, aunque no responde las solicitudes de Guatemala, cuando El Faro le pregunta sobre el caso asegura que es solo un canal de comunicación. Así lo dice el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez: “No tenemos atribuciones más allá de ser canales de comunicación. Nosotros no podemos pasar por encima de la Fiscalía”.
“La vía de los suplicatorios está trabada”, asegura Rolando Torres Casanova, embajador de Guatemala en El Salvador. Un suplicatorio es un oficio con el que se pide permiso entre países para acceder a la justicia. Es decir, la solicitud de Guatemala para que se proceda a la devolución de piezas que pertenecen a su patrimonio. El embajador Torres Casanova no termina de asimilar por qué las respuestas salvadoreñas tardan tanto tiempo y vienen acompañadas de tanto obstáculo frente a la información presentada. “Todo indica”, dice el embajador, “que hay un interés en que esto no camine”
El Faro preguntó a la presidenta de la Fundación Tesak, Íldiko de Tesak, qué responde al señalamiento sobre las dos estelas con reporte de robo que son parte de la colección del museo. Ella se limitó a contestar que no tiene nada que ver con eso porque la colección no es de ella: “No era mi colección, era de mi esposo y, lamentablemente, usted no puede hablar con don Pablo”. Pablo Tesak falleció en agosto de 2009.
Sobre la conformación de la colección, un cartel a la entrada del museo relata que Pablo Tesak era un coleccionista que compraba piezas no sin antes tener alguna certeza de que lo que compraba era de calidad. Para validar aquello que llegaban a ofrecerle, Tesak se apoyaba en la experiencia del estadounidense Stanley Boggs (1910-1991), considerado uno de los padres de la arqueología en El Salvador. Tras la muerte de Pablo, su esposa y sus hijos heredaron sus tesoros, y ha sido la viuda la encargada de dirigir el museo.
Entre las pocas respuestas que ha recibido Guatemala durante el proceso está la que el 18 de julio Interpol El Salvador envió a Interpol Guatemala para notificarle que había verificado la denuncia. Se trata de un memorándum que da cuenta de la visita a las instalaciones del museo de los Tesak: “Personal de esta oficina central nacional se apersonaron (sic) a las instalaciones del Museo Pablo Tesak con el objeto de verificar si efectivamente se encontraban en el lugar la piezas arqueológicas a las cuales ustedes hacen referencia en su requerimiento, corroborando que efectivamente se encontraron al parecer los objetos en mención…”
El subcomisionado Daniel de Jesús Martínez, director de Interpol en El Salvador, enumera las omisiones de los responsables del museo respecto de los fragmentos de estelas: 'Esas piezas no están inventariadas ni registradas, ni tampoco (el museo) pudo justificar el origen de esas piezas'. Añade que eso no constituye delito, pero sí una falta administrativa. La Ley de Protección al Patrimonio Cultural establece la obligación del coleccionista de informar la posesión de bienes culturales, así como de entregar un inventario a la Secretaría de Cultura para que la institución pueda registrarlas. Así en caso de robo, comercialización o exportación de las piezas, se podría dar aviso a las autoridades con todos los detalles necesarios para su búsqueda. Esa omisión, asegura, fue su primer obstáculo en el avance de la investigación.
La Fiscalía, explica el subcomisionado a cargo de Interpol en El Salvador, ya hizo su parte en fundamentar todas las pesquisas que ellos han hecho y posteriormente se notificaron al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que la Fiscalía explicó y avaló las gestiones de Interpol en el reconocimiento de las estelas en el museo, y notificó al Ministerio para que diera aviso a Guatemala. 'Tenemos paralizado el caso por falta de información', admite el subcomisionado Martínez, 'pero los trámites ya se iniciaron. Secultura o el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que deberían estar presionando o supervisando o dándole seguimiento a estos procedimientos para que se cumpla de acuerdo a la ley', concluye.
Irónicamente, esa presión que Interpol echa en falta para la repatriación de las estelas robadas en Guatemala sí había aparecido ocho meses antes de que el investigador visitara de incógnito el museo Tesak, cuando Relaciones Exteriores pidió a la Secretaría de Cultura apoyo para importar otras 287 piezas arqueológicas que, según la familia Tesak, habían sacado de El Salvador hacia Estados Unidos en 1972.
Exfuncionarios y mandos medios de la Secretaría de Cultura aseguran que, en el caso de las 287 piezas, Martínez los buscó para hacer cabildeo en favor de la familia Tesak ante la Secretaría y ante la Fiscalía General de la República.
Pulso entre Relaciones Exteriores y Secultura
En noviembre de 2011 el presidente Mauricio Funes se acercaba a la mitad de su mandato. Su ministro de Relaciones Exteriores había sido desde un inicio Hugo Martínez. En esos días, según relata el mismo Martínez, Íldiko de Tesak se abocó al consulado de El Salvador en Los Ángeles, en Estados Unidos, y manifestó su interés por “repatriar” parte de su colección arqueológica para que fuera exhibida en el museo de la fundación que acababa de inaugurar. “Unos presuntos propietarios de unas piezas arqueológicas nos dijeron que tenían unas piezas que querían repatriar para ponerlas en función social”, relata Martínez en entrevista con El Faro. En su carta a la Fiscalía, que investiga el presunto tráfico ilegal de bienes arqueológicos, el ministro dijo algo parecido: “Esta secretaría de Estado tuvo conocimiento del deseo de la señora Íldiko de Tesak de repatriar bienes culturales a este país en noviembre de 2011”.
Trece cajas de cartón que contenían las 287 piezas fueron entregadas al consulado de El Salvador en Los Ángeles para su envío al país. El destino final eran las oficinas de Bocadeli, S.A. de C.V., en San Salvador. El consulado recibió las piezas en depósito porque, según Martínez, se trataba de una acción de asistencia a compatriotas, una de las funciones del Ministerio. Por la misma razón, dice, hizo gestiones ante la Secretaría de Cultura con fines de importación.
Estos bienes no contaban, sin embargo, “con documentación que ampare su autenticidad o registro”, según se lee en el oficio que envió Hugo Martínez al entonces secretario de Cultura, Héctor Samour, el 13 de diciembre 2011. Que estas piezas no contaran con documentos que acreditaran su origen las hacía sujeto de decomiso, según el artículo tercero de la Convención Centroamericana para la restitución y el retorno de objetos arqueológicos, históricos y artísticos.
Según un oficio que Hugo Martínez envió a la Fiscalía el 27 de abril de 2012, Relaciones Exteriores había accedido a un pedido de Íldiko de Tesak de facilitar la repatriación de las piezas. El documento no detalla cómo se enteró el ministerio del interés de la viuda de Pablo Tesak en el envío hacia El Salvador, ni las condiciones bajo las cuales accedió a convertir el consulado en un depósito para el material arqueológico. Martínez sostiene —tampoco detalla razones— que una vez en el consulado ya no podía devolver las piezas a sus propietarios, y que si el Ministerio no hubiera accedido al traslado, seguramente la familia Tesak habría buscado otra forma de enviarlas a El Salvador.
En su entrevista con El Faro, el ministro expresó su confianza en los Tesak: “A mí me parece que hubo buena fe de parte de ellos al declararlas, y buena fe de parte de nosotros al ponerlas a disposición de las autoridades competentes”. Con ponerlas a disposición de las autoridades, Martínez se refiere a dar aviso a la Secretaría de Cultura del lote que habían recibido, para que procediera a inventariar y registrar las piezas, y posteriormenre autorizar su envío al país.
A finales de 2011 el entonces Secretario de Cultura, Héctor Samour, aprobó la solicitud de Cancillería y la remitió a la dirección de Patrimonio, cuya cabeza era entonces Ramón Rivas, para que se hiciera el inventario. Según la Convención Centroamericana, El Salvador y los otros estados parte se comprometen a 'decomisar, en sus respectivos territorios, los bienes culturales que hayan sido sustraídos o exportados ilícitamente de cualquier país de la región'. Además, la Ley de Protección al Patrimonio establece que son los coleccionistas privados quienes deben entregar un inventario a la Secretaría de Cultura para que esta tome nota de los bienes. Pero en enero de 2012 Samour dejó Secultura.
Unos días después, el 9 de febrero de 2012, Magdalena Granadino asumió como nueva secretaria. El Canciller dice que recuerda haber abordado el tema con la funcionaria, para reiterarle el interés en el reconocimiento de las piezas. “No creo haber tenido una reunión únicamente para este caso. Pero sí envié notas y es probable que en el marco de otras reuniones se haya hablado del tema. Nosotros lo único que le pedimos a la Secultura es el inventario y registro de las piezas”, dice Martínez.
Granadino recuerda el caso de manera distinta. Dice que la semana siguiente a su juramentación como secretaria, Martínez la convocó al Ministerio de Relaciones Exteriores para plantearle expresamente el caso y pedirle que autorizara la repatriación. En la reunión, según Granadino, no participó nadie más que ellos, ni siquiera un miembro del equipo de comunicaciones. “Yo le dije que a mí la ley no me daba ningún poder para ser yo la que autorizaba que esas piezas habían salido de manera legal, y que yo no iba a ir contra la ley en ningún momento”, dice Granadino.
La exsecretaria de Cultura afirma que le recordó a Martínez, incluso, que el procedimiento que le estaba pidiendo autorizar está castigado con cárcel en el Código Penal: “El que exportare o importare bienes que conforman el patrimonio cultural de la República, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley especial, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”, reza el artículo 224. Al preguntarle por aquella conversación y los argumentos de la exfuncionaria, al decir que lo que pedía el ministro violaba la ley, Martínez asegura que Cancillería únicamante contribuyó a la repatriación “ante la ausencia de regulación de la legislación salvadoreña que previera el procedimiento a seguir”.
Relaciones Exteriores no insistió más, pero esa no fue la única solicitud que tuvo la Secretaría dirigida por Granadino, en busca de apoyo para la entrada a El Salvador de las piezas.
—Luego tuvimos una reunión con Gustavo Milán (director de patrimonio) e Íldiko de Tesak y uno de sus representantes —relata Granadino—. Dijimos que lo sentíamos mucho, pero que no teníamos ninguna potestad legal de hacer lo que ellos nos solicitaban.
—¿Qué pedían exactamente?
—Que se les ayudara, porque ella regresaba sus piezas para un bien mayor: exponerlas en su museo. Cosa que es encomiable, pero para llegar a eso nos pasamos llevando la ley. Yo celebro que ella las haya traído de regreso. Lo que no podía permitir, ni permitirle al director de patrimonio, era que autorizara.
—¿Hay algún proceso que seguir con el cual ustedes se hubieran sentido cómodos para apoyar la repatriación?
—Ella debería haber entregado el registro de las piezas ante la dirección de patrimonio de la Secretaría de Cultura, o del Ministerio en ese entonces, cuando ella (en 1972) las sacó, y la autorización del gobierno de El Salvador de expatriar o de sacar del país esas piezas. En la Ley de Patrimonio están bien claros los pasos a seguir. Yo no estoy capacitada ni autorizada por la ley, porque no me consta que esas piezas eran de ellos ni que había sido autorizada la salida del país de manera legal.
Cinco meses después de recibir las piezas en depósito, Relaciones Exteriores procedió unilateralmente a importarlas, por falta de apoyo de la Secretaría de Cultura para inventariar y registrar los “presuntos bienes culturales”, según dice Martínez.
Mediadores de peso
Al preguntarle por qué procedió al envío a El Salvador sin contar con documentos que probaran el origen de las piezas, el ministro aludió arazones de espacio: 'Nosotros procedimos a la repatriación de las piezas porque la verdad es que nos estaba ocupando espacio (en el consulado en Los Ángeles) que necesitábamos para atender público', dijo. Días atrás, por medio de correo electrónico, este periódico había adelantado a Martínez algunas interrogantes. Una de ellas era cómo justificaba que se hubiera utilizado recursos diplomáticos para la posible comisión de un delito. “Nunca he colaborado en cometer un delito, mucho menos en ese caso”, reclamó Martínez.
El Faro llamó por teléfono al excónsul Walter Durán, ahora destacado en la embajada de El Salvador en Ecuador, para preguntarle por qué despachó las 287 piezas si no estaban documentadas. El ministro consejero de la embajada, Carlos Brizuela, tomó el recado y respondió en nombre de Durán en una segunda llamada, para explicar que el funcionario no iba a hablar del caso: “Sobre eso debe responder el canciller Martínez”.
El Faro pidió a Relaciones Exteriores una copia del documento por medio del cual el Ministerio instruyó al consulado en Los Ángeles sobre el envío de las piezas a El Salvador, pero la respuesta fue que no existe tal documento. “La comunicación entre la cancillería salvadoreña y el consulado de nuestro país en Los Ángeles fue verbal”, respondió la institución por medio de su jefa de prensa, Marissel Ávalos.
“Nunca he colaborado en cometer un delito', insiste el ministro, aunque admite que la ley exige, para la repatriación, la presentación del permiso del país de origen. “Cuando se trata de importación de piezas ahí sí debe de haber un permiso del país de donde son originarias. Pero aquí lo único que nosotros hemos hecho es ayudar a repatriar unas piezas para ponerlas en función social”, explica. El ministro admite que su oficina dio la orden para importar unas piezas sin tener documentación que amparara su autenticidad u origen.
Martínez insiste en que hay un vacío legal: “Ante la ausencia de legislación, no hay un procedimiento que nos diga cómo hacer cuando las piezas están fuera del país y se quieran repatriar. Nosotros notificamos para que pudiera iniciarse en territorio salvadoreño el proceso de reconocimiento, identificación, registro, acreditación y finalmente exposición pública de las mencionadas piezas. Y le pedimos a la Secretaría de Cultura que comprobara la autenticidad de dichas piezas. Luego de eso procedimos a la repatriación. Pero como nuestra comunicación había sido la Secretaría de Cultura, en aduana no estaban al corriente y las piezas fueron retenidas”.
Así han permanecido hasta hoy. A inicios de diciembre de 2015, tras la no reelección de Luis Martínez en el cargo, el entonces fiscal general en funciones, Édgar Márquez, resolvió que las 287 piezas que habían permanecido bajo custodia de Secultura para su registro, protección y exhibición, tenían que ser regresadas a la familia tesak. La última semana de febrero, el nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, revirtió la orden y pidió una revisión íntegra del expediente. “Yo le puedo decir que lo que hizo Márquez fue legal, pero no correcto”, explicó sobre la decisión Salvador Martínez, jefe de prensa de la Fiscalía.
A la familia, sin embargo, nadie le ha notificado el giro en la resolución. Desde hace seis meses esperan que las piezas les sean devueltas. Íldiko de Tesak explica que en diciembre hubo una reunión con personal de Secultura y que incluso había dado ya permiso para que su hijo recibiera las piezas en caso de que ella tuviera que salir del país. Para la heredera de la colección tampoco existen irregularidades en el proceso:
—Queremos comprender qué tipo de piezas son las que incautó Aduanas que, por su naturaleza arqueológica, no son de tránsito libre.
—Antes de que se creara la ley nosotros queríamos salvar esas piezas, que por la guerra no era seguro tenerlas acá. Es una colección de 40 años. Lo que hicimos fue traerlas para exponerlas en un museo para niños pobres. Yo no le veo nada de malo a eso.
La presidenta de la Fundación Tesak alude a “la guerra” como motivo para llevarse de El Salvador las piezas. Pero en 1972 no había guerra en El Salvador. La guerra civil se desató en 1980.
“Cancillería estaba de acuerdo con que se enviaran, querían tener un ejemplo para lucir”, agrega Íldiko de Tesak. Cuando El Faro le pregunta si puede mostrar el inventario de las piezas que debió entregar al consulado para su repatriación, responde que podría conceder acceso a las piezas cuando se haga la entrega al museo Tesak.
Gustavo Milán fue director de Patrimonio Cultural de febrero de 2012 hasta mayo de 2014. Recuerda que unos meses después del decomiso de las piezas en el aeropuerto hubo un tercer intento de la familia por recuperarlas, esa vez mediado por el entonces fiscal general Luis Martínez. No recuerda la fecha de la reunión, pero sostiene que Martínez los convocó a él; a la directora de la oficina de registro de bienes culturales, Ástrid Chang; y a la jefa del departamento jurídico, Silvia Barrientos. Para sorpresa de los convocados, la reunión no sería solo entre ellos y el fiscal. En la sala también estaban Íldiko de Tesak y el abogado Fabio Castillo, como su representante legal.
El fiscal Martínez sirvió como mediador para intentar un acuerdo y que las piezas fueran devueltas a la familia, dice. Milán recuerda que, en lugar de devolverlas, la contrapropuesa que hizo Secultura fue que se podía levantar un acta en la que constara que se entregaban las piezas en calidad de préstamo para que fueran exhibidas por cierto período de tiempo, pero como parte del inventario de la Secretaría, no como propiedad privada. Íldiko de Tesak no aceptó. El Faro consultó a Silvia Barrientos sobre los términos de esa reunión, pero la jefa del departamento jurídico contestó que no iba a hacer comentarios por respeto a la investigación que está haciendo la Fiscalía.
Fabio Castillo es un abogado de prestigio e influencia en El Salvador, y una voz importante en el partido de gobierno, el FMLN. Entre 1999 y 2001 fue coordinador general interino del partido de izquierdas y en la actualidad es miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. En noviembre de 2010, en una entrevista de televisión, Castillo se refirió a Martínez como la persona ideal para convertirse en el próximo candidato presidencial del FMLN, y dijo que era un funcionario que estaba “desempeñando maravillosamente su papel, con mucha sensatez, además, y con mucha prudencia”. Tres años más tarde, en enero de 2014, Castillo proponía al candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén que se dejara asesorar en temas culturales por Íldiko de Tesak.
Uno de los cables del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks detalla como los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador se preocupaban en agosto de 2006 por el futuro de Martínez dentro del FMLN, dado que era un “moderado” en el seno del partido de izquierdas. “Su mentor, Fabio Castillo, un caudillo incondicional del partido y cercano aliado del que fuera hombre fuerte Schafik Hándal, ha protegido hasta ahora a Martínez de los ataques de la línea dura. Pero con Hándal muerto y Castillo retirado de la política activa, Martínez ya no tiene protección”.
Cuando El Faro inició las primeras indagaciones sobre este tema, hace alrededor de año y medio, Fabio Castillo se comunicó con la dirección de El Faro para pedir que no se publicara nada sin buscar la versión de la familia Tesak. Retomado el caso, El Faro contactó a Castillo vía telefónica el viernes 13 de mayo para preguntarle sobre su participación en esa reunión en la Fiscalía, pero pidió que se le buscara a partir del lunes 16 para concertar una cita, ya que prefería no dar declaraciones ni responder preguntas en una llamada telefónica: “Los medios son los medios y a mí no me gusta responder preguntas por teléfono y menos de periodistas, sobre todo porque no le conozco la voz y no sé si estoy hablando con usted o con alguien más. Preferiría que nos reuniéramos en persona”.
El Faro le preguntó por su disponibilidad de tiempo para ese mismo día o para el sábado 14 y preguntó por el propósito de la reunión.
—Estamos por publicar un reportaje sobre el caso de las piezas repatriadas de la familia Tesak desde el consulado de Los Ángeles en 2012. Tengo una fuente on the record que asegura que el fiscal Luis Martínez los convocó a una reunión...
—Sí...
—...en donde participaron usted y la señora Íldiko de Tesak...
—Sí...
—...para encontrar la manera en que las piezas les fueran devueltas.
Castillo solo insistió en que se le hablara en otra ocasión para concertar una cita. El Faro insistió por teléfono los días lunes 16 y martes 17, pero nadie respondió.
En una conversación celebrada el marzo pasado, la presidenta de la Fundación Tesak, Íldiko de Tesak, respondió algunas preguntas a El Faro pero advirtió que no iba a dar más información y pidió que no se le volviera a buscar para este reportaje. Sin embargo, el jueves 19 de mayo, dos días después de que El Faro hiciera un adelanto de los hallazgos de este reportaje en el programa El Faro Radio , directivos de la Fundación se comunicaron con este periódico para decir que, ahora sí, estaban dispuestos a responder todas las preguntas sobre el caso y ofrecer, incluso, una nueva conversación con Íldiko de Tesak.
Finalmente, El Faro conversó con el director ejecutivo de la Fundación Tesak, el sacerdote David Blanchard, que confirmó el cabildeo con instituciones de gobierno para importar las piezas. “Nosotros solamente hemos pedido al consulado de Los Ángeles apoyarnos en el transporte. En este caso no hay nada oculto, somos totalmente transparentes, hablando con el fiscal, con Secultura, con el consulado en Los Ángeles”, dijo Blanchard, en una entrevista telefónica.
Sobre la omisión del inventario de las piezas y la falta de certificación de su origen, Blanchard asegura que se trata de errores y no de malicia. “En este camino hemos hecho estupideces, pero lo hemos hecho todo con buena intención”, dijo. El Faro le replicó que lo que él llama “estupideces” aparece descrito en el Código Penal, en la Ley de Protección al Patrimonio y al menos cuatro convenios internacionales como tráfico ilegal de bienes culturales.
Respecto a los fragmentos de estela que el museo aún exhibe pese al reclamo de robo por parte de Guatemala, el sacerdote asegura que es primera vez que escucha sobre el caso y que ni la Fiscalía, ni Interpol, ni la Secretaría de Cultura les han hecho saber el posible origen ilegal de las piezas. “¿¡Interpol?! Pero ahí ya está hablando de delincuentes, de cosas chucas”, exclamó Blanchard. El sacerdote argumentó que, aunque él no es abogado, cree que lo lógico es que si Guatemala considera que su patrimonio arqueológico ha sido depredado acuda a la Fundación para hacerlo saber: “Si alguien me robó, la primera consecuencia es ir a la persona que me robó. Las personas que quieren información no se han comunicado con nosotros, no hemos tenido ninguna comunicación sobre eso”, añadió. El director ejecutivo de la Fundación Tesak afirma que, si el país reclamante cumple los requisitos correspondientes, la Fundación no tendría problema en abrir las puertas para aclarar la situación y enmendarla: “Si Guatemala cumple los requisitos legales vamos a abrir la puerta, a invitar a la prensa y a hacer la ceremonia de entregar de las piezas con mucho gusto”.
De las 287 piezas decomisadas, solo dos no pasaron la prueba de autenticidad a la que las sometió Secultura durante el proceso de inventario y registro de la colección. Resultaron ser artesanías. El Faro pidió acceso a la bodega del Museo Nacional de Antropología para conocerlas, pero Secultura dijo que es la Fiscalía la que tiene la potestad de autorizar la visita, por tratarse de una investigación en curso, y remitió a una de las piezas del lote que sí está en exhibición, en la sala de asentamientos humanos del Museo Nacional de Antropología. Se trata de una vasija teotihuacana catalogada como parte del período clásico temprano, entre los años 300 y 600 d.C.
El 18 de abril de 2012, cuando se hizo pública la incautación de las piezas en el aeropuerto, Guatemala manifestó su interés en estudiarlas para identificar si algunas de ellas es parte de su patrimonio arqueológico. La petición se hizo el 8 de mayo de 2012. Cancillería respondió con la misma velocidad que en el caso de las estelas: 21 meses —casi dos años— después de la solicitud guatemalteca, Cancillería contestó que “se considera factible dar acceso al registro a los arqueólogos guatemaltecos”. Pero antes pidió a Guatemala cumplir con una serie de requisitos que demuestren que las piezas son suyas: catálogo, fichas de inventario y fotografías in situ de las piezas...
Guatemala no sabe qué piezas están resguardadas en el depósito del Muna, y para que pueda verlas El Salvador le pide que las identifique antes, a ciegas.
“Guatemala es el país donde se desarrolló en gran medida la cultura maya. Nos mostramos extrañados por los medios probatorios imposibles de comprobar que están pidiendo. Se trata de hechos clandestinos”, reclama Hernández, jefe del departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas han propuesto que se conforme una mesa técnica con arqueólogos que, a partir de la comparación del material arqueológico de ambos países, dictamine y negocie la potestad de cada país sobre los bienes. Para ello, sin embargo, el primer paso sería tener acceso a la colección.
Fabricio Valdivieso, exdirector del departamento de arqueología de Secultura, cree que la institución tiene razón en cuanto a que es imposible determinar el origen de las piezas, lo que no comparte es que no se haga un esfuerzo por intentar determinarlo, y que para eso es clave no solo que Guatemala, sino los países que conformaron Mesoamérica, tengan acceso al registro y a la colección, la cual debería de estar exhibida. “Si bien la ley no profundiza y tiene vacíos respecto a qué es bien cultural, existen más de 17 convenios internacionales que regulan el actuar de los países en estos casos”. Regresarle las piezas a la familia, concluye el arqueólogo, sería hacerles un regalo.
Ahora que están en posesión del Estado, las piezas de los Tesak solo pueden salir del limbo legal si las autoridades salvadoreñas se proponen dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales que obligan a los países firmantes a “prestar cooperación, asistencia técnica y jurídica para desarrollar una efectiva y eficiente protección del patrimonio cultural”.
Poner en exhibición la colección confiscada, en lugar de tenerla en la oscuridad de la bodega del Museo Nacional de Antropología permitiría a los países interesados recabar pistas en caso de que sospechen, como hace Guatemala, que algunas piezas les pertenecen. Eso en cuanto a las 287 piezas que se introdujeron a El Salvador de manera irregular y con ayuda de cancillería. Las estelas robadas que encontró un investigador de la Interpol siguen, 34 meses después de su hallazgo, en exhibición en el museo de la Fundación Pablo Tesak. Mientras, el sitio arqueológico Aguateca, en Guatemala, exhibe una réplica de la pieza depredada.
