La Tregua con las pandillas de 2012 no fue un delito, pero permitió que se cometieran muchos delitos. Esa es la lógica con la que el fiscal general, Douglas Meléndez, explicó este 3 de mayo que haya omitido al general David Munguía Payés, padre confeso de la Tregua, de una investigación en contra de 21 vinculados -de los cuales ya hay 18 capturados- con la negociación entre el primer gobierno del FMLN y las pandillas para reducir los homicidios durante 14 meses, entre marzo de 2012 y mayo de 2013.
Según Meléndez, no cuentan con elementos para probar la participación de Munguía Payés, actual ministro de Defensa, en una trama en la que se diseñaron traslados irregulares de cabecillas de pandillas autorizados por la Dirección General de Centros Penales, introducción de ilícitos y beneficios para pandilleros fuera de las normas penitenciarias, como la celebración de fiestas con orquestas, discomóviles y bailarinas nudistas, entre otros.
Pese a que Munguía Payés ha aceptado que la Tregua fue diseñada en su despacho, cuando era ministro de Justicia y Seguridad Pública, Meléndez insiste que no pueden vincularlo a los ilícitos que, según la Fiscalía, se cometieron para llevar a buen término el acuerdo. El fiscal dice que nadie ha mencionado que las órdenes venían desde el despacho ministerial que dirigió Munguía Payés hasta mayo de 2013. 'Si alguna de estas personas que se han detenido tiene información que vaya más allá y le pueda aportar a la Fiscalía, ojalá que la de', dijo Meléndez.
Raúl Mijango, uno de los dos mediadores de la Tregua, fue capturado en Ciudad Merliot, Santa Tecla, cerca del mediodía del 3 de mayo, acusado de introducción de ilícitos a los centros penales y asociaciones ilícitas. La noticia de su detención fue la que desató el revuelo mediático y conferencias vespertinas de la Policía y la Fiscalía. La Fiscalía excusó al otro mediador, Fabio Colindres, capellán de la Fuerza Armada, al decir que no encontraron pruebas concretas contra él.
La presentación de Meléndez perpetró mitos de la Tregua que ya han sido desmentidos por datos oficiales, como que el descenso de homicidios fue fingido; repitió las revelaciones sobre beneficios a pandilleros en centros penales, añadió detalles respecto a enormes pedidos de pollo frito o realización de fiestas bailables -que duraron hasta cinco días- y estimó en dos millones de doláres la malversación de fondos que ocurrió en centros penales para pagar la tregua. Pero, sobre todo, omitió deducir responsabilidad por la Tregua en las personas que ocupaban los cargos más importantes en la seguridad pública salvadoreña hace cuatro años. Meléndez dijo una y otra vez que han intentado vincular a Munguía Payés, pero que nadie se atreve a hacerlo 'a lo mejor por el nivel de empoderamiento', dijo el fiscal sobre el general y actual ministro de la Defensa.
Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, informó que ya se capturaron a 18 de las 21 personas que la Fiscalía procesa. Además de Mijango, tres exjefes policiales, Óscar Aguilar Hernández, el jefe de Inteligencia Policial en la época de la tregua (más o menos entre marzo de 2012 y junio de 2014); Luis Alonso Aguilar Marín y Juan Roberto Castillo, este último identificado como asistente de Mijango. Hay seis exdirectores de centros penales y otros nueve empleados de la Dirección General de Centros Penales, miembros de los consejos criminológicos.
La Fiscalía acusa a la mitad de los detenidos, los empleados con funciones técnicas en prisiones, de falsedad ideológica. Como miembros del consejo criminológico, tienen la responsabilidad de decir si un reo puede pasar del régimen de máxima seguridad a cárceles con controles más laxos. La Fiscalía asegura que ellos emitieron dictámenes 'con información no verificada' para validar el traslado de los líderes de pandillas recluidos en Zacatecoluca. Es decir que la Fiscalía asegura que esos expertos falsearon documentos para facilitar esos traslados. Hasta esta nueva información brindada por la FGR, la versión oficial sobre esos traslados había salido de la boca de Munguía Payés, cuando en marzo de 2012 dijo que obedecieron a información de inteligencia en la que se aseguraba que las pandillas orquestaban un ataque con cohetes law para potenciar una fuga de esos líderes.
Los funcionarios de mayor rango en la versión fiscal de la Tregua están prófugos: Nelson Rauda Portillo, exdirector de Centros Penales; y Anilber Eduviges Rodríguez Villeda, Inspector General de Centros Penales durante la tregua. Rauda fue el único funcionario castigado cuando líderes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha salieron de la cárcel en 2013, para una entrevista en una iglesia evangélica que se televisó. Apartado del poder, dio una confesión a la Fiscalía, en octubre de 2013, en la que aceptó que manejaba dinero de las tiendas institucionales de las prisiones y lo ocupó para pagar a los mediadores de la Tregua. Rauda incriminó a Munguía Payés pero, un día después, se retractó. La Fiscalía General ahora considera esas confesiones filtradas como inservibles.
El fiscal Meléndez recordó eso. 'Rauda manejaba y distribuía fondos. Hasta este momento esa es la estructura que tenemos. No tenemos evidencia concluyente si hay otras cabezas. Inferimos como investigadores fiscales que había algún tipo de directriz sobre estas personas, pero no tenemos elementos suficientes en este momento', dijo el fiscal.
El fiscal general descartó usar las palabras con que Munguía Payés ha aceptado la paternidad de la Tregua a El Faro y a otros medios como prueba de su involucramiento. 'El señor ministro e incluso el expresidente Funes han manifestado que se inició el tema de la tregua. Pero ellos lo que manifiestan es que se inició, de alguna manera, verdad, de buena fe para iniciar una reducción o una negociación con las pandillas para reducir los homicidios. Pero el manejo de una negociación hasta este momento no es delito', argumentó Meléndez, trastabillando.
Durante la tregua era común ver a funcionarios interactuando con pandilleros: Óscar Ortiz, hoy vicepresidente, declaró al municipio del que era alcalde -Santa Tecla- como libre de violencia. Lo mismo hicieron otros alcaldes tanto de Arena, como Salvador Ruano, de Ilopango, y del FMLN, como Tomás Minero en Ciudad Delgado. Ninguno de ellos fue mencionado por la Fiscalía. Ausentes también de la investigación están Douglas Moreno, quien fue viceministro de Seguridad y el general Francisco Salinas, exdirector de la Policía Nacional Civil. Sobre ambos, la respuesta de Meléndez fue escueta: de Salinas el fiscal dijo que 'arrojó algunos elementos'. Sobre Moreno, aseguró que no encontraron prueba directa en su contra.
FGR asegura -sin datos- que reducción de homicidios fue fingida
Meléndez abrió la conferencia con una declaración escandalosa: en la tregua 'se aparentó una reducción de los homicidios, al tiempo que incrementaban las desapariciones de personas'. Eso dice literalmente una de las conclusiones de la investigación que presentó la Fiscalía. Desde marzo de 2012, luego de que El Faro publicara la existencia de la negociación entre el gobierno y las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios, la idea de que había menos homicidios porque se habían incrementado los desaparecidos fue una de las más diseminadas por los detractores de la Tregua. Y, sin embargo, ese señalamiento nunca fue probado con datos. En aquella época, hasta el entonces director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, reconoció que incluso los reportes de desaparecidos recogidos en su institución disminuyeron durante la Tregua.
Echeverría dijo que 'efectivamente hubo una reducción de los homicidios, pero en 2013 y 2014 -cuando la Tregua ya estaba debilitada- se incrementa nuevamente', contrario a la primera afirmación, donde decían que se había aparentado una reducción de homicidios.
Y lo quiso matizar al asegurar que se incrementaron las denuncias de personas desaparecidas. Pero la Fiscalía no lleva una estadística de personas desaparecidas. En el periodo de la FGR liderado por Luis Martinez (2012-2015), la respuesta oficial de la institución siempre fue que no llevaban esa estadística porque la 'desaparición de personas' no es en sí misma un delito. La única institución en El Salvador que lleva un registro de denuncias y casos de desaparecidos es la Policía Nacional Civil. En sus datos oficiales, para el primer año de la Tregua, la PNC reportó 604 personas desaparecidas, una cifra que aunque se sumara al total de homicidios de ese año (2,594) no alcanzaría para explicar la reducción de más de 1 mil 700 homicidios respecto a los homicidios de 2011 (4,371).
Además, aunque se quisiera comprobar que esos 604 casos en 2012 representan un incremento respecto a 2011, con los datos que maneja la PNC sería un imposible. Para 2011 (y para el resto de años previos), la PNC no segregó la información de las denuncias de personas desaparecidas, cómo sí lo comenzó a hacer a partir de 2012. En el año de la Tregua, la PNC incluyó en esas estadísticas el número de personas que reaparecieron con vida, el número de homicidios de personas reportadas como desaparecidas y el dato oficial de 604 personas que al cerrar ese año continuaban en condición de desaparecidas. En 2011, la PNC solo maneja la cifra global de denuncias, pero no lo datos segregados.
En la gráfica que la FGR presentó en la conferencia del martes 3 se comparó la cantidad de homicidios con datos estadísticos relativos a la privación de libertad, un delito tipificado en el Código Penal salvadoreño. El Faro pidió a la Fiscalía los datos de privación de libertad de 2011, antes de la Tregua, Echeverría dijo que 'con gusto' podía proporcionar el dato, pero no lo dio. Aún así, afirmó que 'el índice de exhumaciones fue bastante elevado' durante la Tregua. Pero no proveyó un solo número para comprobar su afirmación.
Para probar que hay una relación directa entre el número de fosas clandestinas, el número de cadáveres en esas fosas y el supuesto de que enterrados bajo tierra están los homicidios que le hicieron falta a las cifras de violencia de los años 2012 y 2013, la FGR tendría que demostrar que ha encontrado una cantidad considerable de fosas, que los cadáveres en esas fosas se acercan al millar de víctimas y que los peritos forenses de Medicina Legal certifican que esas víctimas fueron asesinadas en 2012 o 2013, y no en 2011, 2010 o en años previos a la Tregua.
En la mayoría de los cementerios clandestinos conocidos hasta la fecha, el Equipo de Antropología Forense (EAF) del Instituto de Medicina Legal ha encontrado osamentas que datan entre los dos, tres, cinco o hasta siete años de antigüedad. Es decir que un cementario clandestino no necesariamente guarda cadáveres del mismo año en el que fue descubierto.
Pero el Fiscal General sugiere lo contrario a lo que definen los técnicos expertos: 'hemos probado que, si bien se redujo los homicidios de alguna manera, se incrementaron de alguna manera las desapariciones forzosas de personas, lo que generó lo que hemos denominado en los últimos años como cementerios clandestinos', insistió Meléndez.
Los cementerios clandestinos no se originaron en la tregua. Investigaciones de la propia FGR y datos oficiales del EAF señalan que hay registros de cementerios clandestinos desde la segunda mitad de la década de los noventa. Para investigadores como Israel Ticas, el criminalista de la FGR, fue entre 2003 y 2005 que la FGR comenzó a detectar el fenómeno, cuando testigos criteriados señalaron con mayor frecuencia la ubicación de fosas clandestinas utilizadas por las pandillas para esconder los cadáveres de sus víctimas.
*Con reportes de Daniel Valencia.
