La Cámara Tercero de lo Penal de la Primera Sección del Centro ha ratificado una decisión en la que le exige a un tribunal que corrija una resolución con la cual desestimó, por recomendación de la Fiscalía General de la República (FGR) administrada por Luis Martínez, un proceso en el cual el empresario Enrique Rais fue acusado por estafa y administración fraudulenta.
El 16 de mayo, la Cámara ratificó que ha ordenado al Juzgado Décimo Cuarto de Paz que reactive una demanda en contra de Rais, en la que dos canadienses le acusan de aprovecharse de su cargo de administrador general una sociedad de economía mixta -MIDES SEM de CV- para desviar al menos 240 mil dólares a cuentas bancarias en Cuba y Estados Unidos ajenas a la sociedad.
La ratificación de la Cámara ocurre dos semanas después de que sus magistrados revirtieran la decisión del Juzgado y ordenaran a la fiscalía “cumplir con su función de dirección e investigación” y realizar “las diligencias que considere pertinentes e idóneas” para establecer si José Aquiles Rais López, Marie Annette Clairmont de Rais, Michelle Marie Rais de Barake, Hugo Ernesto Blanco Rais, y Claudia Marina Alvergue de Martínez cometieron el delito de administración fraudulenta, según reza el fallo vertido el 30 de abril de 2016.
La Cámara revirtió la orden del Juzgado Décimo Cuarto de Paz, ordenó investigar si Rais cometió el delito de estafa y decretó “sobreseimiento provisional”, decisión que en la práctica establece un plazo para que la Fiscalía realice diligencias para sustentar su acusación. El 11 de mayo Rais pidió a los magistrados de la Cámara de lo Penal revisar su decisión, pero esta rechazó los alegatos del empresario.
En su resolución, la Cámara también reprendió al fiscal Francisco José Paredes, quien pidió cerrar el caso argumentando que no existían afectados porque no había delito que perseguir. Para esto, la Cámara retoma una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que señala: “Esta Sala no puede dejar de advertir que el Fiscal, en el desarrollo de sus funciones, inobservó el mandato establecido por la ley en el Art. 295 Inc. 1° No. 6 del Código Procesal Penal...'. En lenguaje común, los jueces de la cámara afirman que “el agente auxiliar del señor Fiscal General de la República omitió aplicar una dispocisión legal que lo obliga a darle audiencia a las víctimas. “Es así que el Art. 295 Inc. 1 No. 6 CPP, nos señala: 'Concluidas las diligencias iniciales de investigación, el fiscal formulará requerimiento dentro de los plazos establecidos. En el podrá solicitar: El Sobreseimiento Definitivo en los supuestos contemplados en el Art. 350 de este Código, previa audiencia que deberá otorgarse a la víctima''. Según la Cámara, la Fiscalía vulneró el derecho constitucional de las víctimas a un debido proceso.
Enrique Rais y los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti fueron socios fundadores de Mides -Manejo Integral de Desechos Sólidos-, una empresa en la que también participaron alcaldías del área metropolitana de San Salvador. MIDES es la dueña del relleno sanitario que utilizan la mayoría de municipalidades del área metropolitana de la capital.
En la demanda que ahora ha sido reactivada, Pasquale y Pacetti documentaron al menos cuatro transferencias realizadas entre el 26 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2011 y que sirvieron para pagar un crédito personal de Rais en el Bank of America, de Florida, pero esta denuncia nunca prosperó. En lugar de acusar y reunir pruebas, la Fiscalía, administrada por Luis Martínez pidió a un juez que sobreseyera definitivamente a Rais. El juez ratificó la petición de la Fiscalía y sobreseyó definitivamente, cerró el caso. Esto ocurrió en noviembre de 2014.
Los canadienses acusan al empresario salvadoreño de estafa y administración fraudulenta y la Fiscalía General de la República confirmó que la acusación está sustentada en más de dos docenas de transferencias de fondos de las cuentas de bancarias de la sociedad hacia las cuentas personales de la esposa, la hija y otras empresas de Enrique Rais. Los canadienses reclaman al menos 240 mil dólares en transferencias que aseguran que debían ir a la empresa y que Rais desvió a cuentas de él y su grupo familiar y otras empresas.
Las otras demandas
Los canandienses han interpuesto dos demandas contra Rais. Una en diciembre de 2013 (por defraudación y administración fraudulenta que ahora reactiva la Cámara) y otra en marzo de 2014, en la que Franco Pacetti y Matteo Pasquale reclaman a Rais 25 millones de dólares por unas acciones que, aseguran, Rais nunca pagó todo el valor para adquirirlas.
Cinco meses antes de la primera demanda de los canadienses, en junio de 2013, Rais los había acusado a ellos por una extorsión de 25 millones de dólares. En medio había una relación en la que las dos partes dicen tener la razón: por una lado, Rais, quien dice ser el dueño casi absoluto de Mides, con el 90% de las acciones. Y, por el otro, los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale, quienes aseguran lo contrario, que ellos son los legítimos dueños de esas acciones porque Rais nunca pagó todo el valor para adquirirlas: 25 millones de dólares.
El 26 de mayo de 2014, dos meses después de la segunda demanda de los canadienses, la unidad especializada en delitos de extorsión de la Fiscalía presentó una acusación formal contra Pacetti y Pasquale ante el juzgado Tercero de Paz de San Salvador por una supuesta extorsión de 25 millones de dólares.
Un día después, el martes 27 de mayo de 2014, Martínez viajó a Estados Unidos en un vuelo que quedó catalogado en los registros migratorios como un viaje “de negocios”. En ese trayecto, como en buena parte de sus viajes, el fiscal general ocupó un avión privado propiedad de Joda LLC, la empresa que Martínez y su institución debían investigar, según la denuncia de diciembre de los canadienses en la que advertían posibles desvíos de fondos.
En junio de 2014, la Fiscalía gestionó las órdenes de captura internacional contra Pacetti y contra Pasquale y luego pidió al juez cerrar definitivamente las demandas que promovieron ellos. En diciembre de 2015, cuando el exfiscal iba de salida, René Medrano, el abogado que representa a los canadienses, fue detenido por orden de la fiscalía acusado de “falsedad documental” y las dos demandas que interpusieron los canadienses tuvieron el mismo final: el archivo.
En síntesis, en los últimos tres años, Rais había logrado que en las cortes salvadoreñas se desestimaran dos demandas en su contra; y, casi al mismo tiempo, que la Fiscalía General de la República procesara a aquellos que lo estaban demandando. Este, al menos, pareciera ser el primer revés judicial en su contra, con una fiscalía que ahora es dirigida por Douglas Meléndez y no por Luis Martínez, el exfiscal general que viajó en dos de tres aviones investigados en Estados Unidos por la DEA.
En abril pasado, la Revista Factum reveló que Rais una investigación conjunta de la oficina del alguacil del condado Martin en Florida, la DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en la que se plantea que Rais creó “compañías fachada” en Estados Unidos, a través de testaferros, para ocultar que él es el propietario de tres aviones y un helicóptero investigados por la DEA. La solicitud de incautación de los aviones, firmada por el alguacil del condado de Martin, William D. Snyder, e introducida en una corte local el jueves 21 de abril, va sustentada en que Rais, según el documento, es objetivo prioritario de la DEA.
