Un cable desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos identificó que el coronel Sigifredo Ochoa Pérez fue el comandante que lideró un operativo militar realizado en agosto de 1982, en la zona norte de San Vicente, y que culminó con una masacre de alrededor de 200 campesinos, hombres, mujeres y niños, según la Comisión de la Verdad, Amnistía Internacional y la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Conocida como la masacre de El Calabozo, por el lugar en el que fueron asesinadas las víctimas (riberas del río Amatitán), la Comisión reportó en su informe de 1993, en el capítulo “masacres de campesinos”, que quienes huyeron del operativo militar fueron “capturados, agrupados y ametrallados”. Más de 35 años después, informaciones recabadas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas in inglés) hablan de que posterior a la matanza, el ejército intentó ocultarla. “Al parecer se usó ácido para deshacerse de los cadáveres”, dice el UWCHR en un informe hecho público este 6 de mayo.
En el informe, el organismo da cuenta de un cable desclasificado junto a otros 83 documentos, en respuesta a una demanda interpuesta contra la Agencia en base a la ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés). El cable C06508148, fechado el 2 de septiembre de 1982, y esos otros documentos, 'podrían proporcionar pruebas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
El UWCHR investiga desde hace más de tres años la participación de Ochoa Pérez en dos masacres ocurridas en la zona paracentral del país, en el segundo año de la guerra civil. En abril de 2015, vinculó al coronel en retiro y exdiputado de Arena (aunque terminó la legislatura 2012-2015 como independiente) con la masacre de Santa Marta, ocurrida en noviembre de 1981, en el departamento de Cabañas. Testimonios de sobrevivientes narran que fueron perseguidos –y muchos de sus familiares y amigos fueron asesinados- por las tropas del Destacamento Militar No. 2 de Cabañas. Ochoa Pérez comandó esas tropas entre septiembre de 1981 y enero de 1983.
Consultado sobre su participación en estos operativos militares, Ochoa Pérez respondió a El Faro que él sí participó, junto a sus tropas, tanto en el operativo de Cabañas como en el operativo en San Vicente, al que ahora lo vincula también como comandante el cable de la CIA. El coronel, sin embargo, no aceptó que se hubieran cometido “masacres” en los dos eventos ni que él hubiese liderado el operativo en San Vicente. “Yo no acepto la palabra masacre. ¡Eran combates! ¡Estábamos en guerra!”, dijo Ochoa Pérez.
Contrario a lo que escribe la CIA en el documento desclasificado, Ochoa Pérez agregó que aquel operativo 'era una operación en San Vicente que le correspondía a la Quinta Brigada'.
Titulado 'Diario Nacional de Inteligencia', el cable de la CIA que habla sobre ese operativo resume esta idea “El Salvador: Victorias de la contrainsurgencia” y concluye: 'Éxito sin precedentes en el operativo de contrainsurgencia realizado la semana pasada en San Vicente gracias a nuevas tácticas y mejor liderazgo”, reza el cable. Este documento revela cómo la CIA, una de las agencias del gobierno de los Estados Unidos, llegó a calificar como exitosa una operación que a la luz de varias investigaciones culminó en una matanza de civiles.
Sobre lo ocurrido en San Vicente, en agosto de 1982, el cable C06508148 concluye que “El éxito del operativo (contrainsurgente) se debe en gran parte a la planificación y liderazgo del veterano teniente coronel Ochoa”.
Para el UWCHR, cuando en el cable se menciona un operativo 'realizado la semana pasada' (con respecto a la fecha de elaboración del documento: 2 de septiembre) ese evento no puede ser otro más que el operativo militar “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”.
'Hay otras fuentes que ya establecen, según fuentes oficiales de la época, que Ochoa Pérez, junto con Domingo Monterrosa, estuvo al mando de un operativo con ese nombre en esas fechas y en esa zona geográfica', dice Angelina Snodgrass Godoy, directora del UWCHR, en alusión a publicaciones del Diario Latino y el Diario de Hoy realizadas entre el 19 y 21 de agosto de 1982, que ubican a Ochoa Pérez comandando unidades en la zona norte de San Vicente. Ochoa Pérez ya había dicho, en abril de 2015, que al mando de esa operación estuvo la Quinta Brigada de San Vicente, y que sus tropas solo fueron llamadas para dar apoyo.
En la zona paracentral del país, que la presencia de Ochoa Pérez haya sido requerida en un amplio operativo con las magnitudes del Azenón Palma no sería nada extraño. Cabañas es el departamento vecino de San Vicente. Entre 1982 y 1983, fotoperiodistas de guerra retrataron una imagen icónica en la que se ve a los dos comandantes –y amigos- sonriendo bajo el arco de un portal de una vivienda. En la foto, Ochoa Pérez sostiene una taza con su mano izquierda y Domingo Monterrosa un cigarro con la derecha. Esa foto ha sido retomada en la página pública de Facebook de la Asociación Salvadoreña de Veteranos Militares (ASVEM), y la sitúan en el año de 1983. Desde otro ángulo, el fotoperiodista Giovanni Palazzo la sitúa en su colección con la fecha'circa 1982-1983'. Ochoa Pérez comandó en la zona paracentral del país hasta enero de 1983.
La masacre de El Calabozo
Según la Comisión de la Verdad, el 22 de agosto de 1982, 'en el lugar conocido como El Calabozo, situado al lado del río Amatitán, en el norte del departamento de San Vicente, efectivos del Atlacatl dieron muerto a más de 200 personas, hombres, mujeres y niños que tenían en su poder'.
La Comisión concluyó que las víctimas habían llegado a esa zona huyendo de un amplio operativo militar en el que participaron miles de soldados y varias unidades militares, entre estas el Batallón de Infantería y Reacción Inmediata Atlacatl, dirigido por el desaparecido teniente Coronel Domingo Monterrosa, responsable de liderar las masacres de El Mozote, en diciembre de 1981. El Mozote fue una masacre que ocurrió un mes después de la masacre de Santa Marta (señalada a Ochoa Pérez) y ocho meses antes que El Calabozo, en la zona norte del departamento de Morazán, en la que ahora se vincula a ambos militares.
La Comisión de la Verdad concluyó en su informe que en los primeros tres años de la guerra –en los que se sitúan todas esas masacres- se cometieron las “más graves violaciones a los derechos humanos”.
Si bien la Comisión no menciona la participación de Ochoa Pérez en ese operativo, sí habla de 'otras unidades militares' y de más de 6 mil elementos del ejército en una gran avanzada contrainsurgente.
Para el UWCHR, que relaciona testimonios de sobrevivientes con otras denuncias interpuestas por la PDDH y Amnistía Internacional (y que vinculan a Ochoa Pérez con este operativo y la masacre que presuntamente se desprendió del mismo), el cable de la CIA es el primer documento oficial del gobierno estadounidense que confirma el involucramiento del coronel en esa avanzada militar.
“Cuando el cable hace referencia a un operativo (sin nombre) en esa zona geográfica, comandado por Ochoa, no es difícil deducir que se trata del operativo Azenón en esa zona”, dice Snoodgrass Garay.
El cable C06508148 también señala que “a diferencia de prácticas en el pasado”, los militares tomaron 25 prisioneros durante el operativo en San Vicente en agosto de 1982. Para el UWCHR, esta evidencia de capturas de prisioneros es clave para los casos de desaparición forzada de niños que han llegado a nivel de sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que están vinculadas al mismo operativo militar. “En uno de estos casos, varios testigos informan que vieron a niños(as) detenidos en una base al mando de Ochoa. La confirmación del cable de que los prisioneros fueron detenidos resalta la necesidad de mayor investigación acerca de lo que les sucedió después a estos detenidos, tal como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice el UWCHR, en alusión al caso 'Caso Contreras y otros versus El Salvador'.
En agosto de 2011, la Corte IDH condenó al Estado salvadoreño por la desaparición forzada de seis niños y niñas ocurridas entre 1981 y 1983. Entre las víctimas destacan los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras Recinos, que tenían 4 años, 20 meses y 4 meses de edad, respectivamente, cuando desaparecieron el 25 de agosto de 1982 durante aquella operación militar en San Vicente.
Otro de los cables desclasificados, el C06504104 describe la obstrucción impuesta por Ochoa Pérez a la Cruz Roja Internacional durante su tiempo como comandante de la Cuarta Brigada en 1984, puesto al que llegó luego de su paso por el DM2 de Cabañas: “Ochoa no permite que la Cruz Roja Internacional (CICR) funcione en el departamento de Chalatenango. Ochoa asegura que la CICR está ayudando al FMLN y por lo tanto no se le debe permitir que funcione en su área de comando. …El Presidente Duarte ha ordenado permitir el acceso de la CRI a todas las áreas del país. Sin embargo, la CICR debe obtener permiso del comandante militar de un departamento antes de ingresar a él. El coronel Ochoa siempre está ocupado cuando el representante de la CICR llega a su oficina.”
Según el UWCHR, “la obstrucción de asistencia humanitaria está prohibida por los Convenios de Ginebra y podría constituir un crimen de guerra”.
Como colección, los documentos permiten ver descuidos y/o contradicciones en las evaluaciones estratégicas estadounidenses de líderes clave como Ochoa Pérez. Si bien algunos documentos de esta colección sugieren su posible involucramiento en crímenes tan graves como el asesinato de Monseñor Romero (el cable C06542606 habla de que militares salvadoreños sospecharon del posible involucramiento de Ochoa Pérez en la planificación del magnicidio), otros como el cable C05356748 lo promocionan como “[modelo] de cómo se debió de haber actuado en la guerra”.
Un grupo de documentos escritos durante un lapso de cuatro meses hacia finales de 1984 contiene caracterizaciones de Ochoa que oscilan entre un oficial “manchado por su pasado ultraderechista” que no obedece órdenes de sus superiores, según se desprende del cable C0650816; hasta un oficial excepcionalmente eficaz y carismático que “entiende cuál es su lugar en la democracia”, se lee en el cable C06504082. Otra más, el cable C06504110 lo perfila como un posible golpista.
Para el UWCHR, la información en los documentos desclasificados plantean que en Estados Unidos, quienes tomaban decisiones para apoyar militarmente al ejército salvadoreño, “no hicieron caso o consideraron irrelevantes los antecedentes relativos a derechos humanos de oficiales salvadoreños, mientras seguían dando asistencia a la labor de contrainsurgencia en El Salvador”.
El organismo concluye que los documentos desclasificados también “ofrecen información sobre otros asuntos que podrían ser útiles en investigaciones futuras sobre derechos humanos, como, por ejemplo, descripciones de la línea de mando de los militares salvadoreños y evaluaciones estratégicas de la asistencia militar estadounidense”.
En los documentos hoy desclasificados también se leen nexos entre Estados Unidos y El Salvador en la elaboración e intercambio de información de inteligencia que fue utilizada en el contexto de la guerra para perseguir a opositores políticos.
El cable C05356748 de junio de 1984 y titulado “La Fuerza Armada de El Salvador: Desempeño variable” dice: “Estados Unidos ha obtenido más datos de inteligencia técnica de lo que las fuerzas armadas salvadoreñas pueden utilizar”. Ese informe también explica que, en consecuencia, “el personal estadounidense a veces ha tenido que entregar información directamente a los comandantes de campo cuando los embotellamientos administrativos han impedido que la inteligencia operativa llegue al campo”.
Para el UWCHR, “esta participación activa del personal estadounidense en la recolección y diseminación de inteligencia subraya la importancia de obtener mayor acceso a los archivos de los EE.UU. para realizar investigaciones sobre derechos humanos”.
En diciembre de 2015, El Faro reveló Los archivos secretos de la dictadura, una investigación basada en documentos de inteligencia del Estado Mayor y de la Policía Nacional de le época en la que se perfila el uso de inteligencia del Estado para perseguir, capturar, torturar y/o desaparecer opositores políticos entre 1979 y 1991. Buena parte de esta información, según esos documentos, era compartida con organismos de inteligencia de los Estados Unidos.
“Yo no acepto la palabra masacre”
El coronel Ochoa Péres responde a El Faro que él sí participó del operativo celebrado en San Vicente “Azenón Palma”, pero negó que se en ese episodio se hayan cometido masacres y que haya sido él, como dice la CIA, el líder o comandante del operativo. Ochoa Pérez niega además haber estado involucrado en la desaparición forzada de niños en San Vicente, de haber obstaculizado labores humanitarias a la Cruz Roja Internacional en Chalatenango, y de haber sido cómplice en el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
—La CIA lo ubica como el líder del operativo realizado en agosto de 1982, en San Vicente.
—Esta quivocada la CIA, porque yo no era el comandante de la operación. Yo era un teniente coronel subordinado a un comandante que era el coronel Napoleón Alvarado, a quien Dios lo tenga en su gloria. Indiscutiblemente él era el comandante y responsable de la operación. Él me nombró como jefe su estado mayor y teníamos el puesto de mando en territorio no de San Vicente, sino de Cabañas.
—¿Por qué la CIA lo nombraría a Usted como líder de un operativo, incluso a nivel de planificación, y no al coronel Alvarado?
—No entiendo porque deducen eso. Están haciendo suposicion. Yo era jefe del estado mayor de esa operación porque así lo designó Napoleón Alvarado... Lo que pasa es que con mis operaciones exitosas en Cabañas, la CIA me puso el asunto de 'líder' porque lideré las operaciones en Cabañas y apoyé a la Quinta Brigada, a la cual estaba subordinado. En ese sentido, ellos -no yo- me ponen como un líder.
—¿Usted comandó tropa en ese operativo de San Vicente?
—Nosotros pusimos tropas en la parte del río Titihuapa, en lo que es el borde del límite departamental. Pero yo en ese tiempo era un teniente coronel, y la verdad es que esa era una operación más grande en la que participamos nosotros como parte de esa operación. Era bajo el mando de la Quinta Brigada.
—¿Qué hicieron Usted y sus tropas en el operativo?
—La verdad es que fue una operación existosa como lo dice la CIA, desde el punto de vista contrainsurgente. No estábamos peleando con niños de teta ni nos disparaban pétalos de rosa. Nos enfrentábamos a la gente bajo el mando del hoy presidente de la Republica (Salvador Sánchez Cerén, comandante de las Fueras Populares de Liberación), en la paracentral. Fueron operaciones militares.
—Me dice que sí es cierto que participó de ese operativo, pero que ahí no hubo una masacre.
—Es que estos hablan de masacre… Ja, ja. Para comenzar yo no acepto la palabra masacre. ¡Eran combates! Estábamos en guerra… masacres son las que hicieron estos jodidos en Vietnam, que despellejaban gente, lo que hacen hoy en Iraq, Afganistán... Nosotros no hacíamos nada de eso. Deberían investigar mejor las masacres que andan haciendo ahorita los mareros.
—La UWCHR plantea que del resultado de este operativo (la masacre), y la indicación que de Usted hace la CIA, es una puerta para investigar la desaparición forzada de niños derivada de ese episodio en San Vicente.
—Esas son elucubraciones y son suposiciones de esta Universidad de Washington. Nunca tuve conocimiento y en ningún momento se me cuestionó algo que tuviera que tener que ver con niños desparecidos. Nunca estuve en ese negocio, nunca lo hecho. Soy un profesional militar y no comerciante de trata de personas.
—Otro de los cables de la CIA menciona que Usted bloqueó el acceso de la Cruz Roja Internacional para que este organismo diera asistencia en la zona de Chalatenango.
—De ninguna manera. Todo lo que CIA a veces son medias verdades o medias mentiras o muchas mentiras. Cuando había capturas teniamos que coordinar para que dieran asistencia. Nunca tuve conflicto con ningún organismo internacional.
—Hay otro cable en el que se narra esto: mandos militares señalaron que Usted pudo haber estado involucrado en la planeación y cometimiento del magnicidio de monseñor Romero.
—Ja, ja, ja. Fíjese de cómo están de perdidos. En esa época (del crimen) yo era ayudante del agregado militar adjunto en Panamá, el fallecido coronel Beltrán Luna. ¡Gracias a Dios! De no haber estado en Panamá... porque por ser amigo, hermano y compadre de d'Aubuisson me hubieran relacionado. Es muy fácil condenar personas sin pruebas fehacientes. Es una falacia y una mentira más de estos documentos que no dicen la verdad.
—¿Estos documentos de la CIA que narran episodios de su vida militar dicen falsedades?
—No puedo decir que todo lo que dice la CIA es verdad. No me consta que hayan sido elaboradas por la CIA.
—¿La Universidad de Washington se arriesgaría en divulgar archivos falsos, atribuyéndoselos a la CIA?
—No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no me consta que esos documentos sean de la CIA.
—Coronel, la CIA lo ubica liderando un operativo militar que luego la Comisión de la Verdad, Amnistía Internacional, la PDDH y la Universidad de Washington concluyen que culminó en una masacre. ¿Se han equivocado todos estos organismos sobre la masacre de El Calabozo? ¿Mienten los sobrevivientes que han dado su testimonio denunciando la masacre?
—Siempre me pregunto por qué en esos años nunca dijeron nada. ¿Por qué hasta ahora? Yo nunca fui mencionado en la Comisión de la Verdad. No tengo idea de por qué hablan de un lugar de calabozo porque no conozco... no podía penetrar porque mi jurisdicción era Cabañas. No tengo conocimiento de qué es lo que haya pasado o pasó en ese asunto. No se ni dónde está ni qué es. Yo respondo por operativos contrainsurgentes en Cabaña en esos años.
