El equipo de fiscales a los que se les encomendó investigar la tregua entre pandillas llegó a la conclusión de que había suficientes elementos como para proceder a la captura del ministro de Defensa, David Munguía Payés, por lo que elaboró una solicitud de antejuicio que estaba lista para ser presentada a la Asamblea Legislativa.
Como el general de división goza de fuero –al igual que el resto de ministros- el equipo técnico preparó el instrumento que permite retirarle a un ministro su blindaje ante la ley, para poder capturarlo y llevarlo a juicio: el proyecto de antejuicio. Ese documento, al que El Faro tuvo acceso, consiste en un texto de 152 páginas en las que se le solicita a los diputados retirar el fuero a Munguía Payés para poder juzgarlo por dos delitos: agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios.
En resumen, los fiscales argumentan a los legisladores que ninguno de los imputados en el caso de la tregua hubiera podido cometer los delitos por los que se les acusa sin el respaldo de Munguía Payés. Entre noviembre de 2011 y mayo de 2013, el general fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública, y por lo tanto estuvo al frente de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales, que son las instituciones que se han visto involucradas en las acusaciones de la fiscalía por el 'Caso Tregua'.
En el documento también se involucra a quien fuera el sucesor de Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad: Ricardo Perdomo, actual superintendente del Sistema Financiero. Aunque es miembro del Ejecutivo, Perdomo no goza de fuero legal. En la solicitud de antejuicio, los fiscales hacen una extensa relación de hechos para intentar sostener sus acusaciones contra el hoy jefe de la Fuerza Armada. “ (…) debiéndose destacar que en el caso de los funcionarios, MUNGUIA PAYEZ, NELSON RAUDA PORTILLO, ANILBER EDUVIGEZ RODRIGUEZ VILLEDA, RICARDO PERDOMO, OSCAR MAURICIO AGUILAR HERNANDEZ, ostentaban además de la calidad de funcionarios públicos, el poder y facultad de decisión por sobre las otras personas actualmente imputadas y quienes únicamente revisten la calidad de empleados públicos, siendo en atención a ese orden jerárquico que se ilustra como desde la cúpula de poder, Ministerio de Justicia y Seguridad, se transferían las ordenes o instrucciones según las cuales debían obrar los niveles más bajos, los empleados públicos, llámese personal del Concejo criminológico, personal de equipos Técnicos y Directores de centros Penales... (sic)”, se lee.
En su alegato, los fiscales recuerdan que la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas prohíbe en el artículo 345 “promover, ayudar, facilitar y el favorecimiento...” de estas agrupaciones criminales. También resaltan –con un subrayado- que la misma ley menciona que “se prohíbe su existencia (de las pandillas), legalización, financiamiento y apoyo de las mismas”, y agregan inmediatamente: “siendo básicamente en esta parte (…) que la representación fiscal considera que ha llegado a encajar perfectamente la conducta del General David Munguía Payes, quien (…) llevó a cabo, amparado en su calidad de miembro del gabinete de seguridad del Gobierno en ese entonces presidido por Carlos Mauricio Funes Cartagena, una serie de actividades, intromisión y vulneración de los protocolos y seguridad de los centros penitenciarios'.
Los fiscales plantean que Munguía Payés era parte de la trama de la Tregua '(...) al emitir instrucciones para que se permitiera el ingreso de personas ajenas al quehacer penitenciario, sin someterlos a registro, permitiendo y emitiendo instrucciones para que se les permitiera ingresar a esas mismas personas portando sus teléfonos celulares, instigar y permitir para que pandilleros que se encontraban en libertad hayan ingresado a centros penales, acompañando a los denominados mediadores de la tregua, para mantener reuniones con los pandilleros que se encuentran privados de libertad, situación esta que obviamente ha permitido, posibilitado y favorecido la conformación, reorganización y consolidación de los grupos de pandillas y que por demás está aclarar, ha constituido un apoyo enorme a las pandillas”, afirman.
Salvo Munguía Payés y el superintendente del Sistema Financiero, todas las personas que se mencionan en el escrito han sido capturadas o se encuentran prófugas.
Pese a tener elaborado el instrumento para pedir el desafuero de Munguía Payés, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha decidido no realizar ninguna acusación contra el ministro de Defensa, aunque cada vez que aborda el tema recuerda que la investigación continúa en curso.
Consultado por periodistas de los periódicos The New York Times, de Estados Unidos, y El País, de España, el fiscal Meléndez reconoció la existencia del documento, aunque aseguró que se trata de una pieza elaborada bajo la administración de su antecesor, Luis Martínez, pese a que el documento está encabezado con el nombre del fiscal Meléndez, que agrega que el documento no goza de la calidad técnica necesaria para solicitar el desafuero. Sin embargo, gran parte de su contenido ha sido incluído en la acusación final que la fiscalía elaboró contra 21 personas, entre las que se encuentran policías, empleados del sistema penitenciario, el exdirector general de penales y el mediador Raúl Mijango. Mijango es el único de los detenidos que no era empleado estatal y fue trasladado al hospital general del Seguro Social el 18 de mayo, por problemas de salud.
Gran parte de las pruebas que la Fiscalía presentó ante el juez, y en las que se sostiene el caso Tregua, fueron obtenidas en la administración del exfiscal Luis Martínez.
Vestigios de la acusación
La Fiscalía General de la República presentó el 6 de mayo, ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, un caso en contra de los obreros de la Tregua. En el caso, el exdirector general de Centros Penales aparece como la figura de más alta jerarquía en una trama de cometimiento de ilícitos que sirvieron para facilitar la Tregua. Sin embargo, los listados de imputados son las únicas secciones del requerimiento fiscal que omiten a David Munguía Payés. El resto del documento, su contenido, incluye menciones explícitas al rol del general como engranaje del mecanismo que facilitó la Tregua. El Faro obtuvo acceso al requerimiento presentado antes de que se decretara la reserva total sobre el caso, el pasado 12 de mayo. En el requerimiento, aunque Munguía Payés no aparece señalado como acusado en el caso Tregua, sí aparece vinculado en una trama de autorización de ingreso de ilícitos a los centros penales.
La Fiscalía plasmó en el documento que 'por parte de los mismos funcionarios (David Munguía Payés, Nelson Rauda y Anilber Rodríguez) se ha emitido las instrucciones para que privados de libertad, a quienes se les llegó a encontrar en posesión de aparatos celulares, luego de una reunión con los mediadores dela Tregua, se les permitiera quedarse con esos dispositivos móviles'. De los tres mencionados en ese párrafo de la págian 32 del requerimiento, dos de ellos están prófugos: Rauda, el exdirector de centros penales, y Anilber Rodríguez, el exinspector de las prisiones.
Ese quizá sea el menos grave de los señalamientos contra el general. Los fiscales también dicen que la conducta de Munguía Payés, Rauda y Rodríguez 'ha posibilitado que la población civil, soldados y policías se vuelvan objetivo de parte de las pandillas', en la página 91, hacia el final del fundamento de la imputación.
La vinculación hecha a Munguía Payés en el requerimiento oficial del caso Tregua guarda algunas semejanzas con las vinculaciones que la FGR hizo en contra del general en el documento de antejuicio abortado. En aquel escrito, los fiscales también atribuyen a Munguía Payés 'ser uno de los responsables de instigar para falsear información de dictámenes criminológicos con la clara y certera intención de cometer un fraude para justificar el traslado de peligrosos personajes antisociales que purgan severas condenas de prisión y conseguir enviar a los mismos a centros penales con menor rigor penitenciario'. Esa frase sobrevive, con una salvedad, en la página 32 del requerimiento oficial presentado al Juzgado Especializado de Instrucción A. La salvedad es que, en vez de acusar al ministro de Defensa, el sujeto de la oración es 'los ahora involucrados e imputados'.
En la acusación final, los fiscales aseguran que integrantes de consejos criminológicos firmaron revisiones a perfiles de cabecillas pandilleros con información falsa, para justificar su traslado fuera del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Sin embargo, también aseveran que esos empleados estaban siguiendo órdenes. Rolando Aparicio, uno de los defensores de los empleados de centros penales acusados de falsedad ideológica, cree que ese es un salvoconducto para la defensa. '¿Cómo pueden decidir estas personas trasladar a más de 300 personas? Hay jerarquía. Como decimos en buen salvadoreño, el hilo se está rompiendo por el lado más delgado', dijo Aparicio el día que presentaron a los capturados en tribunales.
El requerimiento oficial también vincula pero no acusa a Ricardo Perdomo, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) cuando nació la Tregua. La Fiscalía usa el testimonio de Francisco Salinas, director de la Policía en esa época, para incriminar al actual superintendente. 'Él (Perdomo) fue uno de los pilares -dice Salinas- ya que él fue una de las personas que más apoyó el proceso de pacificación, ya que contribuyó con apoyo logístico y humano'. Esa declaración, consignada en la página 37 del documento, contrasta con la actitud de Perdomo cuando se convirtió en ministro de Seguridad, en mayo de 2013. Tras la salida de Munguía Payés del ministerio, Perdomo prohibió las entrevistas a pandilleros encarcelados, destituyó a Rauda como director de penales y desvinculó al gobierno del apoyo frontal a la Tregua que ejerció Munguía Payés.
La Fiscalía, no obstante, no da crédito a ese rechazo a la Tregua que mostró Perdomo como ministro. '...el director del Organismo de Inteligencia del Estado, persona quien si bien es cierto ha tratado de desvincularse de tener alguna injerencia o participación con el denominado pacto entre pandillas o tregua, se ha logrado establecer que ha sido precisamente desde dicha dependencia que llegó a brindarse apoyo logístico y económico al señor Juan Roberto Castillo Díaz', consignan los fiscales en la página 11 del requerimiento, en alusión al policía designado como asistente del mediador Raúl Mijango. Castillo está detenido, pero quién le dio los recursos ni siquiera imputado.
En el requerimiento oficial, el exdirector de la Policía también involucra a otro funcionario que se desvincula de la Tregua cada vez que se le pregunta: Mauricio Funes, el expresidente. Según Francisco Salinas, 'el facilitador (de la Tregua) era el gobierno, con pleno conocimiento del presidente de la República'. Esta versión ha sido respaldada por el propio Munguía Payés. Funes declaró este año por el caso de la Tregua a la Fiscalía. Confrontado con la declaración de su exministro, Funes lo negó.
