'Me han entregado los restos de mi madre. También de un hermano, a pesar de que son tres hermanos. Faltan dos, va, que todavía se me entreguen', reclamó José Marcial Vigil este 20 de mayo, desde la cuarta planta del palacio de justicia, ubicado en el centro de gobierno, en el centro de la capital, San Salvador. Junto a Marcial, otras familias recibieron a sus familiares masacrados, 11 osamentas en total, todos ellos víctimas de una de las peores masacres cometidas por militares contra civiles en los tiempos modernos de Latinoamérica.
Hace 35 años, en el segundo año de la guerra civil, el ejército salvadoreño masacró a alrededor de mil campesinos no combatientes en ocho poblados de la zona norte del departamento de Morazán, al oriente del país. Lo más cruento de la avanzada militar duró entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, cuando arrasaron con ancianos, hombres, mujeres y niños. 35 años después, El Salvador devuelve 11 nuevas osamentas a familiares de las víctimas mortales de la masacre. Se trata de algunas de las víctimas del cantón La Joya, Meanguera, Morazán.
Estas osamentas son, en realidad, 11 nuevas evidencias que se suman a las 496 osamentas que entre 1992 y 1993 exhumó el Equipo de Antropología Forense de Argentina en el caserío El Mozote, para enriquecer la causa judicial del crimen, cerrado en 1994, un año después de entrada en vigencia una ley de amnistía general.
Estas 11 nuevas pruebas se suman, además, a otras 13 osamentas que en 2013 entregó el Instituto de Medicina Legal de El Salvador a la familia de Orlando Márquez, un superviviente que encontró los restos de su familia mientras abría una zanja en el patio de su casa, en el caserío que le da nombre a la masacre.
Estas 11 osamentas entregadas el viernes 20 le dolieron a Marcial, quien lloró mientras leían los nombres de Facunda Romero, su madre, y Juan de la Cruz Martínez, su hermano.
En 2016, el Estado salvadoreño ha elevado la cifra de víctimas mortales reconocidas a 520.
La noticia de la devolución de los restos de dos de los cuatro familiares de Marcial no es la única que se dio a conocer este 20 de mayo. Mario Díaz Soto, el juez de Paz de Villa Meanguera (Morazán) que ve la nueva causa de El Mozote, declaró a El Faro que el 16 de abril del 2015, un año y un mes atrás, decretó que el caso se trata de un delito de lesa humanidad. Díaz tomó esa decisión después de que la Fiscalía calificara el caso como un 'homicidio colectivo', según dijo a El Faro.
'El enojo de la fiscalía anterior fue que yo hice una calificación de que estos son delitos de lesa humanidad. No son delitos comunes', dijo el juez a El Faro.
La calificación de 'homicidio colectivo' que había utilizado la FGR no existe en el ordenamiento penal de El Salvador. Al declarar el caso como delito de lesa humanidad, Díaz eliminó la fecha de vencimiento al caso, y ahora toda la responsabilidad recae en la voluntad de la Fiscalía para perseguir a los autores del crimen.
Por los incumplimientos de la Fiscalía, para los familiares de las víctimas, como Marcial, el acto de restitución de osamentas se convirtió además en una sesión para reclamar a esa institución, que administrada hasta diciembre de 2015 por Luis Martínez, no quiso investigar a los responsables de la masacre.
Pero también hubo otro tipo de reclamos.
'Fuimos discriminados por parte de la Fiscalía', dijo Rosario López Sánchez. 'A mí una de las fiscales me dijo que cómo sabía yo que mi familia era la que estaba muerta ahí. Y nosotros los enterramos en las dos fosas y sabiendo que en una habían 12 y en el otro 12. Uno sabe bien, ante Dios, de que sí es cierto que los mataron. Hay personas, autoridades en el Estado que todavía no creen de la masacre que pasó en El Mozote y La Joya porque yo soy de La Joya, de ahí son todos estos restos que estamos recibiendo ahora', dijo López.
Dorila Márquez, representante legal de las víctimas de El Mozote, retomó ahí donde López había terminado. 'Yo creía que era en son de paz que la Fiscalía llegaba a la zona de Morazán pero fue para llegar a revictimizar a las víctimas', aseguró. El parteaguas de este caso es la condena que recibió el Estado salvadoreño de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de octubre de 2012. La Corte IDH ordenó al Estado investigar la masacre y deducir responsables, pero además reparar a las víctimas y sus familiares. Obligado, en 2013 Martínez dio un viraje a las investigaciones y dijo, a través de un asesor, que consideraba a El Mozote como un crimen de lesa humanidad. Aquel era su primer año como fiscal general.
En 2014, un año después del plazo que había ordenado la Corte IDH, el propio Martínez visitó el sitio de la masacre como preámbulo de la reapertura de la investigación. Las exhumaciones se interrumpieron porque la Fiscalía se enfrentó con las víctimas. En síntesis, el problema se originó porque las víctimas sintieron que los fiscales no las tomaron en cuenta para el proceso de exhumación. Reclamaron también por la ausencia de un proceso de preparación psicológica.
Y ahora el juez Mario Díaz Soto revela que la FGR administrada por Martínez nunca fue a investigar un crimen de lesa humanidad. Es decir que el propio Martínez hizo aquello que aseguró que en su administración no se haría: actuar en los crímenes del pasado solo para exhumar osamentas y apoyar procesos de restitutución a los familiares de las víctimas, que es lo que ha ocurrido este 20 de mayo de 2016, con una FGR -en manos de Douglas Meléndez- que hereda los frutos del trabajo de Martínez.
En síntesis, 35 años después del crimen, tres años y medio después de la sentencia de la Corte IDH, nadie está investigando las masacres de El Mozote con el objetivo de deducir responsabilidades.
El acto de restitución de osamentas celebrado en el cuarto piso del palacio de justicia fue convocado por Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Consultado sobre el papel de la CSJ en el atraso de los incumplimientos que exige la Corte IDH (la Corte IDH ordenó que las nuevas exhumaciones iniciaran un año después del fallo de 2012), Meléndez se excusó diciendo que prefiere no emitir opinión porque, dice él, al hablar de este caso lo inhibiría de la discusión en el seno de la Sala, donde se discute una petición de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, aprobada en 1993. Esa ley, en 1994, fue utilizada por un juez para cerrar el caso de El Mozote, aquel que tenía, en 1993, 496 osamentas -la mayoría niños menores de edad- como pruebas del crimen.
Al acto acudieron también miembros del Instituto de Medicina Legal, Cancillería, Departamento Jurídico de la Presidencia y Procuraduría de Derechos Humanos. Como único representante de la Fiscalía estuvo Daniel Domínguez, exjefe de Crimen Organizado de Luis Martínez, ahora fiscal auxiliar de Derechos Humanos en la fiscalía de Douglas Meléndez. Fue Domínguez quien tuvo que recibir, en nombre de la institución que representa, el reclamo de las víctimas por la falta de investigación, por la poca diligencia de la FGR.
Consultado sobre el futuro de la investigación, el fiscal Meléndez aseguró que terminar con el proceso de exhumaciones es prerrequisito indispensable para seguir con un proceso que termine en acusar penalmente a los responsables de las masacres. Las excavaciones se resumirán el 15 de noviembre próximo, cuando termine la época lluviosa en El Salvador, según la agenda del juez Díaz Soto.
