A finales de febrero de 2013, el entonces ministro de Seguridad Pública, general David Munguía Payés, fue dotado de 'plenos poderes' para firmar un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) a nombre del gobierno de El Salvador. El documento era el marco jurídico con el que operaría la misión de la OEA en su papel de apoyo al desarrollo de la tregua entre pandillas producto del pacto que estas tenían con la administración para reducir los homicidios.
Normalmente es el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores quien firma acuerdos con otros países o con organismos multilaterales, pero eso al final depende de la materia; en aquella ocasión, Munguía Payés solicitó que se le dotara de las facultades para firmar el acuerdo a nombre del gobierno y el canciller Hugo Martínez le entregó esa facultad.
El documento que el ahora ministro de la Defensa Nacional firma 'por el gobierno de la República de El Salvador', establecía cuáles serían las responsabilidades de la misión de la OEA y cuáles serían los privilegios diplomáticos de los que gozaría su personal.
En el acuerdo, el gobierno salvadoreño reconoce a la tregua como una política oficial y la OEA se compromete a apoyar su ejecución por medio de asistencia técnica y financiera. A cambio, el gobierno le otorga inmunidad absoluta a cualquier miembro extranjero de la misión.
Los miembros del equipo gozarían de 'inmunidad contra detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal; inmunidad contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo, respecto a todos sus actos ejecutados y expresiones emitidas sean orales o escritas en el desempeño de sus funciones', menciona el acuerdo, entre otras 16 especificaciones sobre privilegios e inmunidades, que no cubrían a los mediadores nacionales del proceso.
El entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, visitó El Salvador en julio de 2012, cuando se reunió con las cúpulas de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del Barrio 18. Para entonces habían transcurrido cuatro meses del pacto entre el gobierno y las pandillas para reducir los homicidios, y desde ese momento el organismo multilateral estuvo representado principalmente por el canadiense Adam Blackwell, que en aquel momento era secretario de Seguridad Multidimensional del organismo.
Sin embargo, durante casi un año la presencia de la OEA no estuvo amparada en ningún acuerdo, o al menos en ninguno del que haya registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Faro consultó a Cancillería si, previo al convenio firmado por Munguía Payés, existía algún otro documento que validara la actuación de representantes del organismo en El Salvador y la respuesta oficial es que no existió ningún acuerdo anterior.
Recientemente el canciller Hugo Martínez ha asegurado que la relación entre el gobierno salvadoreño y la OEA no fue administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores: 'En algunas ocasiones, por cortesía, se me informó que ya estaban en el país (los representantes de la OEA), pero no fueron contactos canalizados por la cancillería salvadoreña', aseguró Martínez.
La unidad de comunicaciones de Relaciones Exteriores aseguró que la relación con OEA en este campo era gestionada directamente por la Presidencia de la República y por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Aunque el acuerdo no ha sido revocado por ningún acto oficial, Cancillería da por vencida la vigencia del documento porque en él se establece que lo firmado 'permanecerá en vigor mientras dure la vigencia del mandato de la Misión y esta concluya sus labores...'.
