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Pandillas admiten por primera vez que negociaron tregua con el Ejecutivo
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Pandillas admiten por primera vez que negociaron tregua con el Ejecutivo

Las tres principales pandillas de El Salvador vuelven a acusar al gobierno de permitir violaciones de derechos humanos y advierten a soldados y a policías que serán ellos "y no sus jefes o ministros" quienes pagarán por ello. Como ejemplo, los pandilleros mencionan las 21 capturas realizadas contra los operadores de la tregua. 

 
 

Las principales pandillas de El Salvador emitieron un nuevo comunicado conjunto en el que mencionan por primera vez la tregua como un proceso de negociación con el “Ejecutivo”. El comunicado está fechado el sábado 28 de mayo y es firmado por la Mara Salvatrucha y las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18.

A lo largo del texto –de dos páginas- las pandillas vuelven a responsabilizar al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén de permitir que los cuerpos de seguridad realicen masacres y violaciones de derechos humanos y finalmente advierten a policías y soldados que el gobierno les traicionará como las traicionó a ellas al terminar la tregua.

“No piensen que los crímenes de lesa humanidad no los pagarán (…) ustedes son pobres al igual que nosotros, por eso cuando toque pagar por todo eso, ustedes lo pagarán, no sus jefes o ministros o todos aquellos que están detrás de todas las órdenes, si no nos creen pregúntenle a los 21 que están detenidos por la tregua. El Ejecutivo negoció y los pobres están pagando en la cárcel…”, dicen, en la primera ocasión en que admiten públicamente que tuvieron negociaciones con el gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014).

El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía salvadoreña (Gopes) traslada a Raúl Mijango, uno de los dos mediadores de  la tregua entre pandillas que el Gobierno promovió entre marzo de 2012 y mayo de 2013, y que desplomó los homicidios del país.  El traslado ocurrió el 6 de mayo.
 
El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía salvadoreña (Gopes) traslada a Raúl Mijango, uno de los dos mediadores de  la tregua entre pandillas que el Gobierno promovió entre marzo de 2012 y mayo de 2013, y que desplomó los homicidios del país.  El traslado ocurrió el 6 de mayo. "En algún momento alguien se iba a querer echar sus cinco minutos de fama jodiéndonos a nosotros", dijo Mijango, antes de ser trasladado a un centro de reclusión que las autoridades no quisieron señalar. La Fiscalía acusa a Mijango y otras 20 personas de haber cometido delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos o falsedad ideológica en el marco de la Tregua. El Faro preguntó a la Policía Nacional Civil (PNC) por qué trasladaron a Mijango en el maletero de una camioneta. La unidad de comunicaciones de la PNC dijo que no ha dado orden de "buen o mal trato" para ninguno de los acusados, y que llevar a Mijango ahí es una decisión operativa del Gopes.  La investigación fiscal ha omitido, hasta el momento, ordenar la captura del otro mediador de la Tregua, el general Fabio Colindres, capellán del ejército salvadoreño. David Munguía Payés, exministro de Seguridad -actual ministro de Defensa- que orquestó ese pacto, dijo a El Faro que no es requerido por la Fiscalía. Ni tampoco ninguno de los otros altos mandos del gobierno de Mauricio Funes, como el entonces viceministro de Seguridad, Douglas Moreno. El fiscal general Douglas Meléndez aseguró que no han encontrado pruebas ni testimonios contra estos otros funcionarios. 

 

Tanto el gobierno de Funes como los mediadores del proceso y las mismas pandillas han sostenido en repetidas ocasiones que la tregua no consistió en un proceso de negociación con el gobierno, sino que este simplemente ofreció “facilidades” para que las pandillas negociaran entre ellas. Del documento también se deduce otra información: las tres pandillas, que mantienen una rivalidad mortal, han conseguido sostener desde que dio inicio la tregua –hace 5 años- espacios de comunicación y coordinación entre sus cúpulas.

El Faro corroboró con voceros de las tres organizaciones la autenticidad del texto, en el que las pandillas insisten en disputarle al gobierno el mérito de haber conseguido una reducción de asesinatos del 50 % desde el inicio de año.


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