En el caso jesuitas no se juzga solo el asesinato de ocho personas. Que la Audiencia Nacional española lo juzgue como un crimen de lesa humanidad redimensiona la hondura de la herida que el crimen pretendía dejar y ha dejado, y su carácter nuclear para la historia reciente de El Salvador. El asesinato de Ellacuría, sus hermanos jesuitas y sus colaboradoras en noviembre de 1989 no solo influyó en el fin de la guerra civil: también retrata la impunidad de nuestra larga postguerra.
La lentitud y violencia con que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia discuten desde hace semanas su fallo a favor o en contra de la extradición de cuatro de los militares acusados por el asesinato, da cuenta del enorme peso político e histórico de su decisión. Sin embargo, las grabaciones que se conocen de las deliberaciones hacen temer que la resolución se construya sobre un suelo de falacias, de pactos de silencio y de miedos mitológicos. Si es así, el caso seguirá lastrando por décadas nuestra identidad colectiva y nuestro futuro.
Seamos claros: no hay argumentos jurídicos en contra de la extradición. Pese a que se simule. Pese a los años de griterío amenazante de la derecha y del ejército, responsable de más del 80% de los crímenes registrados por la Comisión de la Verdad y aterrorizado por la posibilidad de ver expuestos nombres concretos atados a crímenes concretos. Y pese al fingido compromiso con la prudencia del actual gobierno de izquierdas, dispuesto a vender sus reivindicaciones históricas a cambio de breves ventajas políticas.
Es insostenible el argumento de que el caso jesuitas ya fue juzgado y algunos de los militares hoy acusados fueron condenados. Sobran evidencias, y están al alcance de todo el que busque la verdad, de que el juicio anterior estuvo viciado y se desarrolló, con la guerra en curso aún, bajo la coacción de la Fuerza Armada con la complicidad del sistema de justicia. Si hubo condenas fue contra chivos expiatorios. Lo que hizo aquel tribunal no fue justicia, sino control de daños.
Más absurdo, ridículo incluso, es sostener que la Ley de Amnistía de 1993 ampara a los acusados. La Ley de Amnistía no solo ha sido declarada inaplicable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que, aun si se la considera vigente, no cubre con su paraguas crímenes cometidos después del 1 de junio de 1989. La misma Corte Suprema de Justicia resolvió en 2000, aun con una conformación de magistrados alejada de tesis progresistas, que ningún gobierno puede autoamnistiarse y por tanto ningún acto cometido por el Estado o sus agentes bajo el gobierno de Alfredo Cristiani puede considerarse amnistiado.
Por último, no hay garantía alguna de que en El Salvador se vaya a hacer justicia en este caso. Al contrario: el hecho de que en febrero pasado se capturara solo a los acusados de menor rango militar y no se esté persiguiendo activamente a los altos mandos que tomaron la decisión de cometer el crimen levanta enormes sospechas sobre la actuación de la Policía, orientada en sus actos por el actual Ejecutivo. Asimismo, la Fiscalía está desacreditada no solo por los niveles de impunidad —llámenlo ineficiencia— que atesora en casos de crímenes comunes, sino por su desinterés en el esclarecimiento histórico y su pasividad ante los crímenes de la guerra, incluso en un caso como el de El Mozote, en el que la Corte Interamericana le ordenó expresamente investigar. ¿Qué juez, por último, estaría dispuesto a reabrir en El Salvador el caso jesuitas tras el mensaje político que supondría una negativa de la Corte Suprema?
La indecisión de la Corte tiene como base en realidad un dilema político: aprobar la extradición es reconocer un fracaso del sistema de justicia salvadoreño. Y sería, sobre todo, anteponer la búsqueda de justicia a las narrativas superficiales que aplauden nuestra postguerra como ejemplar. Sería romper una capa de maquillaje, la de la transición exitosa, tras la que la propia Corte Suprema se ha escondido por dos décadas y que protege a un sistema político que no quiere verse el rostro en el espejo del pasado. Que ahora, con una doble moral lacerante, niega la reinserción a criminales comunes nacidos de la marginalidad, pero defiende el silencio y la convivencia forzada con criminales de uniforme —en cualquier bando, de cualquier rango— que abusaron de su poder con fines políticos.
Es inquietante que el Ejecutivo, en manos del FMLN, convocara a los partidos de oposición para trasladarles tranquilidad tras la detención de los cuatro acusados, y que ahora envíe mensajes públicos en contra de la anulación definitiva, por parte de la Sala de lo Constitucional, de la Ley de Amnistía. Los intereses comunes de la clase política que dirigió la guerra y que hoy quiere esconder sus pecados no pueden valer más que la petición de verdad y justicia de las víctimas.
Ojalá la Corte tenga la valentía de romper con su tradicional sumisión a esos intereses y a la cultura del miedo. Ojalá destierre con su resolución la idea de que en El Salvador las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos nunca tendrán justicia.
Sin duda es incierto el camino que asoma después de un sí a la extradición. Pero no porque se vaya a abrir la caja de Pandora de un nuevo conflicto armado como clama la propaganda del miedo, la amenaza velada de los militares. El país de hoy, los salvadoreños de hoy, no viven en la guerra de sus padres y abuelos. Hay además, aunque marginal, callada, una nueva conciencia de la memoria que sobrevive a los discursos oficiales. La incertidumbre que traería el juicio y posible condena de un grupo de militares es en realidad la de una semilla. El germen de un país que se apoye en el juicio en España para explorar sus límites e imaginar sus propias reglas de justicia, capaces en un futuro de esclarecer y reparar, como ordenaron los Acuerdos de Paz. Reivindicar que terminó la guerra, que el pasado está cerrado, es prostituir esos Acuerdos, que proclamaban que la paz no puede dar cabida a la impunidad.
Cuando la Corte Suprema ya tiene en sus manos un proyecto de resolución, el goteo de información que emana del palacio de justicia es desesperanzador. Quienes se resisten a encarar el pasado parecen estar cerca de ganar de nuevo la batalla. Y es más desesperanzador aún cuando esta misma Corte no ha sabido explicar ni responder quiénes eran los magistrados que, según Belarmino Jaime, expresidente del máximo tribunal, se reunían hace cuatro años con los abogados de los militares acusados para asesorarlos en su batalla legal contra la extradición. Por eso es importante hablar ahora:
La Corte debe aprobar que se extradite a España a los acusados por el asesinato de los jesuitas. Puesto que ni la élite política salvadoreña ni su sistema de justicia quieren investigar y juzgar el caso en el país, negar la extradición sería un intento de cerrar la puerta a que otros lo hagan. Sería, magistrados, aunque se disfrace de legalidad, prudencia o soberanía, un simple acto de encubrimiento.
