Victoria para los inmigrantes en Arizona

Por Jorge A. Bustamante

Publicada el 29 de enero de 2009 - El Faro

El pasado 12 de diciembre, un tribunal Federal de Arizona dictó una resolución con enormes implicaciones para beneficio de los inmigrantes indocumentados. Aunque esta decisión es de carácter procesal, su consecuencia práctica es la de reconocer la validez del reclamo de dos ONG’s estadunidenses (Aclu y Maldef) consistente en la demanda de inconstitucionalidad en contra de la “Propuesta 100” de Arizona, que fue una “enmienda” aprobada plebiscitariamente en 2006 que estableció que los inmigrantes indocumentados, por el hecho de serlo, no tendrían el derecho a la “libertad bajo fianza” después de haber sido arrestados bajo cualquier acusación de haber violado la ley, incluyendo la acusación de ser “indocumentado”.

Esta “enmienda”, conocida en Arizona como la “Ley 100”, después de su aprobación por una amplia mayoría del electorado de Arizona, representó una flagrante violación de la Constitución de Estados Unidos, cuya “Enmienda 14” establece el derecho a la libertad bajo fianza para cualquier persona arrestada, independientemente de su calidad migratoria.

El gobierno federal le pidió al Tribunal Federal que desechara la impugnación promovida por la Aclu y Maldef, pero el tribunal decidió, en contra de esa petición, que la impugnación debería proseguir. Esa “Ley 100” se sumó a otras ordenanzas con efecto de leyes de aplicación local, que hicieron del contexto normativo del Estado de Arizona el más anti-inmigrante de todo Estados Unidos, no obstante los vetos contra algunas de esas decisiones con los que la Gobernadora Janet Napolitano trató infructuosamente de atemperar la irracionalidad de ese contexto.

Una de esas decisiones que ilustra la xenofobia que caracterizó el contexto de xenofobia de la sociedad civil de ese Estado fronterizo con Sonora, fue la de un Fiscal del Estado que, inconforme con la regla procesal que prohibía el envío de arrestados por delitos menores (misdemeanor) a cárceles fuera del Estado de Arizona, inventó una nueva interpretación del delito de “contrabando humano” –que es de una categoría penal mayor (una “felonía”)-, acusando a los indocumentados de haberse contrabandeado a sí mismos. Imputándoles entonces haber cometido el delito mayor de “contrabando humano” al cual corresponde una penalidad hasta de 20 años de cárcel, lo cual le permitía entonces al Fiscal enviar a los arrestados por ser indocumentados, a cárceles fuera del Estado de Arizona, lo más lejos posible de sus familiares.

Esta casi increíble aberración jurídica fue una práctica vigente en 2007 que yo escuché mientras entrevistaba a familiares de migrantes en Tucson y a sus abogados sobre casos en los que uno de sus familiares o clientes había sido víctima de la xenofobia de ese Fiscal del Estado, lo que, por cierto, incluí en el informe que presenté ante la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre mi visita oficial a Estados Unidos como Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, mismo documento que aparece en la página web de dicho Consejo en su carácter legal de “información pública”.

Es lamentable que noticias como la de ese triunfo legal de dos ONG’s estadounidenses no sean del interés de los medios fuera de Estados Unidos, no obstante que los principales afectados sean tantos millones de ciudadanos mexicanos y centroamericanos que se encuentran como indocumentados en aquel país –mas de seis millones-. Valgan estas letras como un testimonio de agradecimiento de un mexicano que goza del acceso a uno de esos medios, a la ONG más antigua y prestigiada de Estados Unidos en la defensa de los derechos de los inmigrantes –la ACLU (American Civil Liberties Union)- y a Maldef (Mexican American Legal Defense and Educational Fund), que tuvieron el interés y sentido de justicia como para promover la defensa legal de los derechos de los inmigrantes indocumentados en su propio país. Es lamentable que ese tipo de noticias que conciernen a tantos paisanos cuyo gobierno no ha sido capaz de defenderlos, ni sus compatriotas en México capaces de reclamárselo, pasen desapercibidas.

Gracias a esas ONG’s por haber promovido el recurso legal que, para efectos prácticos, ha devuelto a los inmigrantes indocumentados el derecho de recuperar su libertad por vía de la interposición de una fianza, que es una vía legal para quedar en libertad, mientras el acusado se somete al proceso legal posterior al arresto. Sobre todo, es un derecho constitucional de todos los arrestados en su país.

La victoria legal del pasado 12 de diciembre en el Tribunal Federal del Distrito de Arizona no es el único triunfo legal de la ACLU en este año a favor de los inmigrantes. Es de destacar también la victoria legal en contra de las ordenanzas anti inmigratorias aprobadas en Hazleton, Pennsylvania. Esa victoria representó el punto de quiebre de la tendencia de incremento de las ordenanzas anti inmigratorias en Estados Unidos.