El presidente de la República, Mauricio Funes, acusó este lunes a los diputados de su partido, el FMLN, de ser irresponsables y populistas al promover que se eliminara la cuota básica en la telefonía residencial.
Cuatro días después de que la Asamblea Legislativa eliminara el cobro fijo, por iniciativa de su propio partido, el presidente calificó la medida como “una decisión irresponsable y cargada de un populismo barato.” El mandatario, sin embargo, no se atrevió a revelar si vetará, observará o apoyará el decreto, porque asegura que aún no lo tiene en sus manos. Lo que queda claro es que está en una posición desfavorable porque el decreto legislativo salió con apoyo de todos los partidos, y si el presidente rechazara la medida, para derrotar el veto el parlamento requeriría el apoyo de solo 56 de los 84 legisladores.
Funes descargó su discurso con especial dedicatoria a su partido y al partido Arena. “Me parece que es una decisión irresponsable de la Asamblea Legislativa, no sólo de los diputados que le dieron iniciativa de ley', dijo, en referencia a los efemelenistas, 'sino que también de los diputados que pidieron dispensa de trámite, como fue el caso de los diputados del partido Arena, para que se aprobara sin ninguna discusión, sin analizar el impacto que esto podría generar, en la economía nacional, sobre todo, en (...) empleo”, dijo.
Hasta la fecha, este ha sido el más abierto choque entre el gobernante y su partido -que lo considera 'un socio' y no un militante-, que llevan en el poder siete meses marcados por una serie de desencuentros.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado jueves 21 una reforma a la ley de telecomunicaciones con la cual eliminó el cobro de la tarifa básica residencial que supone una eliminación de 9.42 dólares en el recibo.
En El Salvador, el mercado de la telefonía fija asciende a 1.1 millones de líneas y genera entre 100 y 120 millones de dólares al mes para las telefónicas. La más afectada en este rubro es CTE-Telecom, que controla el 90% del mercado. CTE–Telecom es propiedad de América Móvil (con el 95% de las acciones), empresa del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los 10 hombres más ricos del mundo. En diciembre de 2008, en plena campaña, Funes alardeó de una reunión entre él y el empresario mexicano, en la cual Slim supuestamente le aseguró que de ganar el FMLN la presidencia, mantendrían las inversiones y la generación de empleos en el país.
Este lunes, Funes hizo alusión precisamente al riesgo que el decreto legislativo entraña para los empleos, aunque no detalló.
La eliminación de la cuota básica en la tarifa telefónica residencial fue una propuesta del FMLN –asesorado por el ex superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Tomás Campos, destituido hace tres semanas por Funes-, que contó con el respaldo del resto de fracciones, sobre todo del partido Arena, que promovió que la solicitud se saltara los trámites normales y se discutiera y votara en la misma sesión del jueves.
Cuatro días después, desde el municipio de Verapaz, el mandatario no quiso adelantar cuál de las tres posibilidades que tiene tomará en este caso. Podría sancionar el decreto, para que se convierta en ley, devolverlo con observaciones -en cuyo caso los diputados pueden aprobarlas o rechazarlas con 43 votos- o vetarlo. El veto puede argumentarse por razones de inconstitucionalidad o por inconveniencia, y el mandatario estaría obligado a precisar eso en caso de repeler el decreto.
Funes aseguró que las empresas telefónicas ya se quejaron con él por la decisión legislativa. “Cuando se pide dispensa de trámites, por parte del partido Arena, se hace a un lado la discusión de una decisión que es trascendental, especialmente para las empresas telefónicas del país. Yo ya he comenzado a recibir llamadas de los empresas telefónicas que anuncian que de ser sancionada la medida, tendrán que retirarse del mercado salvadoreño, con lo cual se va a afectar el empleo”, dijo Funes. “Ustedes deben de saber, que entre todas las empresas telefónicas en el país, se generan aproximadamente unos 12 mil empleos. ¿Qué pasa si esas empresas telefónicas se van del país? ¿Qué mensaje estamos dando a la inversión extranjera, también a la inversión nacional?', preguntó a los periodistas.
Según dijo Funes, con la aprobación vía dispensa de trámites, los diputados han cambiado las reglas de juego y han quebrantado el estado de derecho.
Sobre Tomás Campos, el ex superintendente que promovió la medida del lado del FMLN, Funes cuestionó la “doble moral” del ex funcionario, como lo hiciera el pasado jueves 21 el actual presidente de la SIGET, José Méndez Menéndez.
En octubre de 2009, Tomás Campos firmó junto a su mesa de directores la resolución que aprueba el incremento de 13.93 (aprobado por SIGET en 2008) a 14.31 dólares para la cuota fija residencial. Campos, en su defensa, citó a la Ley de telecomunicaciones y su reglamento que le exigen al titular de la cartera revisar estas tarifas de forma anual y publicar el nuevo monto autorizado para que se cobre a los usuarios. “Y la misma ley dice que solo puede echarse a andar ese proyecto hasta que se publica en los medios de comunicaciones. Y eso no lo hice yo”, dice Campos. El nuevo pliego tarifario fue hecho público el 17 de enero pasado, ya en la nueva administración de la institución; y ahora es Funes quien ocupa el mismo argumento de Campos para defender al nuevo titular de la SIGET sobre la puesta en marcha de la medida, que según la Ley de Telecomunicaciones –y su reglamento- solo se operativiza una vez es hecha pública.
“El nuevo superintendente, que yo nombré, el doctor Méndez, lo único que hizo fue ejecutar una decisión ya tomada por el anterior superintendente, es decir, actuó conforme a la ley; la ley lo obliga a hacer pública una decisión tomada por junta directiva”, dijo Funes.
La eliminación del cobro básico en la tarifa fija supone la primera apuesta legislativa en la que el FMLN no habla el mismo idioma que Casa Presidencial, que ahora califica la medida impulsada por el frente de “inconsulta, irresponsable y populista”.
Funes dijo que sostendrá reuniones con las operadoras de telefonía “para ver que una decisión de la Presidencia de la República no termine afectando el clima de inversión que se requiere en el país para seguir atrayendo más inversión privada extranjera”, dijo.
En los meses anteriores, el presidente se ha dado a la tarea de desmentir las declaraciones de una serie de dirigentes del FMLN, incluyendo a su vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén. En varias ocasiones este ha criticado el rol de Estados Unidos en Latinoamérica, y Funes ha tenido que salir aclarando que su gobierno considera a Washington un socio importantísimo. Asimismo, algunos dirigentes del FMLN han declarado entusiastas su visión de que El Salvador se adhiera a algunos de los programas que impulsa el presidente venezolano Hugo Chávez, y Funes ha tenido que aclarar que esa decisión le corresponde a él y que no tiene interés en ser socio de Chávez.
El último enfrentamiento, silencioso, fue el que terminó en el despido de tres funcionarios del gabinete que tienen sus raíces en el FMLN: el ex superintendente Campos Villafuerte, el ex presidente de ANDA, Francisco Gómez, y la ex presidenta del ISTA, Carla Albanés, todos despedidos a principios de este año.
En El Salvador, aparte de América Móvil, las otras grandes inversionistas internacionales en telefonía son la española Telefónica, la luxemburguesa Millicom (Tigo) y la caribeña Digicel.
Entre los aludidos, el diputado arenero Roberto d´Aubuisson, dijo que si el presidente veta el decreto, su partido propondría que entonces sea el mercado el que defina el monto de la tarifa fija a cobrar, y que se le quite a la SIGET la potestad de autorizar. D´Aubuisson también cuestionó el interés del presidente: 'Me gustaría saber de cuál lado está el presidente, pero por lo que entiendo, del lado de las telefónicas, no de los salvadoreños'.
El Faro buscó a una serie de dirigentes del FMLN para que explicaran cómo toman los calificativos que les dio el presidente, pero ninguno respondió las llamadas a sus celulares.
