La Policía Nacional Civil (PNC) reportó una baja en la cifra de homicidios en los últimos meses, que aunque no se atreve a calificar como una tendencia a la baja que podrá mantener, la atribuye a acciones policiales implementadas desde marzo de este año. “En los últimas semanas hemos empezado a ver la luz después del túnel... Nos ha llevado un año empezar a ver las primeras luces”, dijo Carlos Ascencio, director general de la PNC, en referencia a la disminución de casos de asesinatos reportados en julio y en las primeras semanas de agosto.
El primer año de gestión del presidente Mauricio Funes cerró con 12 homicidios cada día, con los picos más altos en septiembre de 2009 (13.17 asesinatos por día) y enero de 2010 (12.94), y con las críticas del sector privado por lo que llamaron falta de planes reales contra la delincuencia y la violencia.
Ahora el director policial suena optimista y cree que las intervenciones en lugares precisos de persistencia delincuencial y el mejor control en los penales han sido dos de los factores clave. “Ha sido un esfuerzo de un año trabajando en esta olla de presión, en medio de críticas de que no habían planes, que no se tenía rumbo. Nosotros estábamos convencidos de que sí lo había y que era cuestión de tiempo. Lo dije cuando asumí el 1 de junio: ‘No hay soluciones cortoplacistas’. El fenómeno de violencia y criminalidad en el país es tan grave, complejo y complicado que necesita de un abordaje integral y de un tiempo mucho mayor. Esto ha quedado demostrado y a la vuelta de un año hemos empezado a ver resultados”, dijo Ascencio.
Según el director policial, 2010 inició con cerca de 50 homicidios más con respecto a 2009, lo que obligó a recomponer los planes policiales en la primera semana de marzo. La tendencia no bajó en los siguientes cuatro meses. “Para la primera semana de junio, teníamos cuatro homicidios más de diferencia con relación al año pasado hasta que pasó el hecho criminal en Mejicanos (el atentado a dos microbuses)... Solo ese fin de semana fueron 35 muertes violentas a nivel nacional”, recordó Asencio.
Julio de 2010, con 9.4 homicidios por día, tuvo el promedio diario mensual más bajo registrado desde los 8.5 asesinatos por día de diciembre de 2008, la última vez que la cifra estuvo por debajo de los dos dígitos. En las primeras dos semanas de agosto, según fuentes policiales, el promedio aumentó a 10.1 casos y se registraron bajas de entre el 6% y el 40% con respecto del año pasado en cinco departamentos: San Vicente, Santa Ana, Usulután, San Salvador y Sonsonate.
Julio marcó el punto de inflexión en el combate a los homicidios, cree el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, quien se mostró cauteloso de adelantar si esto marcará una tendencia o no en el fenómeno. “Hemos percibido una disminución en los homicidios y estamos trabajando para que esto sea una tendencia. Hay que ver cómo se comporta (este fenómeno) los próximos días... no soy adivino para saber cómo se comportará”, dijo.
Las cifras hasta el 11 de agosto, las últimas proporcionadas por la corporación policial, reportaban una disminución de 65 casos con respecto al mismo período del año pasado. “Francamente me cae un poco mal que ubiquen el trabajo de la policía por el ‘muertómetro’, como le decimos, porque las cifras de homicidios son datos volátiles ante un fenómeno más complicado”, dijo Ascencio. “Estos 65 casos menos los valoramos altamente pero no es algo para estar con los brazos cruzados.”
Para Melgar, la disminución de casos de homicidios se debería al trabajo que se viene realizando en prevención de hechos violentos junto al accionar de diferentes instituciones: Fiscalía General de la República, la PNC, la Dirección de Centros Penales, la Dirección de Migración y la Fuerza Armada. “Esto es un esfuerzo integral. Diversas instituciones están trabajando en un solo lineamiento, en una sola política”, aseguró el ministro.
El director de la PNC ahondó más en lo que ha significado ese esfuerzo integral. Por un lado, destacó el trabajo de recuperación de zonas habitacionales en diferentes colonias y residenciales de Apopa, San Salvador, y Nahuizalco, Sonsonate; por el otro, las acciones policiales, como mayor presencia policial en comunidades, el régimen de disponibilidad policial y mayor cantidad de detenciones en flagrancias. En esto fue importante el refuerzo presupuestario de 28.5 millones de dólares en los últimos meses, que sirvieron para mejorar las condiciones de equipamiento del personal policial, dijo.
Otra arista es la participación de la Fuerza Armada, que arrancó en noviembre de 2009. El ejército tiene presencia en 29 zonas del país, resguardan 62 puntos fronterizos y mantienen la seguridad perimetral y de accesos en cinco centros penales. “Esto, aunque limitado todavía, ha dado su contribución en estas disminuciones”, aseguró Asencio.
Para el director policial todavía quedarían pendientes algunas herramientas que servirían para mejorar las investigaciones policiales. “Falta que concretemos la ley de escuchas telefónicas (aprobada en febrero de este año) y que se nos mejoren leyes, por ejemplo, la relacionada con la proscripción a la pertenencias de pandillas y otras que hagan más expedito el proceso de depuración de la PNC”, sostuvo Ascencio.
Para el primer punto, la Fiscalía ya adelantó que faltarían 22 millones de dólares para echar a andar el centro de escuchas telefónicas, fondos que el Ejecutivo ha dicho no tener en este momento. En el segundo, el anteproyecto de ley de proscripción todavía se encuentra bajo estudio de la Asamblea Legislativa. El jueves pasado, el presidente de la República, Mauricio Funes, exigió a los diputados que aceleren su aprobación. “La ley la necesitamos como un instrumento que le va a dar más eficacia a nuestra Policía en el combate del delito, particularmente de la criminalidad organizada que se expresa a través de las pandillas o de los grupos mal llamados grupos de exterminios”, dijo el primer mandatario.
En 2009, El Salvador registró más de 4 mil 360 asesinatos, para un promedio cercano a los 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. Otros países de Latinoamérica, como Guatemala, Honduras y Venezuela, quedaron rezagados con tasas que no llegaron a los 60 asesinatos por 100 mil habitantes.
