El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, considera que la probidad de El Salvador sufrirá gracias al decreto legislativo del viernes pasado, por medio del cual los partidos de derecha suprimieron el requisito de declarar patrimonio para los contribuyentes con ingresos superiores a 75 mil dólares anuales.
Rodríguez hace referencia a la reforma al Código Tributario, que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ya pidió al presidente Mauricio Funes que vete, tras considerar que la declaración de patrimonio es la principal herramienta para combatir la evasión y la elusión fiscal.
Cáceres dijo la semana pasada que iba a pedir a Funes que vete el decreto, pero también reveló que en gobiernos anteriores tuvieron listas de contribuyentes a los que no solo no fiscalizaban, sino que les perdonaban el pago de impuestos.
Según Rodríguez, Hacienda debe denunciar ante la Fiscalía ese hallazgo. 'Si Hacienda ha detectado ilícitos en casos específicos, de contribentes específicos, a los que por medio de algún mecanismo irregular se les ayudó para evadir o eludir el pago de sus impuestos debe informarlo a la Fiscalía', sentenció.
El viernes pasado, el ministro calificó como cómplices de evasión y elusión fiscal a los legisladores que aprobaron la reforma al Código Tributario. Asimismo, reveló que en Hacienda, en administraciones anteriores, incluso despidieron a personal por conflictos con algunos contribuyentes a quienes se cobraba impuestos.
Hasta hoy, la declaración de Rodríguez es la única, en todo el Ejecutivo, que plantea un 'debería' ante una revelación de irregularidades hecha por el ministro de Hacienda. Desde el jueves pasado, El Faro ha intentado en los canales oficiales de Casa Presidencial obtener una reacción del mandatario, pero a la fecha no ha habido respuesta. El presidente, hasta este miércoles 27, tampoco ha realizado apariciones públicas.Tras la plenaria del jueves 21 pasado, sin mencionar nombres ni apellidos, Carlos Cáceres soltó esta bomba inmediatamente después de que se conociera que los partidos de derechas en la Asamblea Legislativa -PCN, Gana, PDC y Arena- derogaron una medida de vigilancia establecida en el Código Tributario desde un año atrás, que pretendía ser un mecanismo de alerta ante posibles adquisiciones de bienes injustificados y ante la posible evasión o elusión de impuestos.
Cáceres se limitó a revelar que había listas de contribuyentes favorecidos con la ilegalidad, pero no dio detalles. El ministro también rechazó la argumentación legislativa de que por razones de inseguridad convenía eliminar el requisito de la declaración patrimonial, que se debe presentar una vez al año junto con la declaración de renta. El diputado Mario Ponce, del PCN, dijo que temía que el Ministerio de Hacienda pudiera estar infiltrado por redes de delincuentes que utilizaran la información de patrimonio para hacer sus planes delictivos.
“No veo justo que se trate así a nobles funcionarios públicos que hoy día han visto el esfuerzo de su trabajo respetado', señaló el ministro, en respuesta a las acusaciones que lanzaron los aprtidos de derehca sobre la filtración del crimen organizado en Hacienda, como argumento para 'proteger' a los inversores. Luego hizo la acusación de corrupción en los gobiernos anteriores, a los que no identificó: 'A diferencia de administraciones anteriores, en donde habían privilegios establecidos, listas de contribuyentes a quienes no se les cobraba impuestos, a quienes no se les fiscalizaba”, acusó Cáceres.
El subsecretario de Transparencia dijo que no estaba al tanto de ese hallazgo en Hacienda, pero que si existía, Cáceres debe denunciarlo ante lal Fiscalía para que esta deduzca responsabilidades.
Hace dos años, en septiembre de 2008, El Faro reveló que en uno de los casos que resolvió el tribunal de apelaciones del Ministerio de Hacienda, dos de los principales bancos del país, el Cuscatlán y el Agrícola, habían sido eximidos de pagar unos 14 millones de dólares en impuesto a la renta, después de una intensa discusión entre los miembros del tribunal. La decisión última de dispensar el pago prácticamente coincidió con la salida del cargo del entonces ministro de Hacienda Guillermo López Suárez.Tras su declaración del viernes 22 de Cáceres, al menos en Casa Presidencial, la Subsecretaría de Transaprencia -oficina que coordina la mesa de transparencia del órgano ejecutivo- desconoce la información planteada por el ministro. 'A mi despacho no ha llegado nunca un informe con nombres y casos específicos', dijo Rodríguez, quien descargó en el ministro Cáceres la responsabilidad de denunciar aquellos hechos que considere ilícitos.
'En el análisis que nosotros estamos haciendo de todo el aparato gubernamental -en un convenio junto al colegio de auditores y que esperamos presentar pronto- sí hemos detectado que había mecanismos de permisividad, portillos para la corrupción que ya están siendo eliminados. Pero informes sobre contribuyentes específicos en Hacienda no tenemos nada nosotros', dijo Rodríguez a El Faro.
El artículo 23 del código Tributario establece que es responsabilidad de la 'autoridad tributaria' informar a la Fiscalía para que esta inicie la investigación del delito y ejerza la acción judicial respectiva cuando haya 'conocimiento del cometimiento de Delitos de Defraudación al Fisco, en atención al principio de prejudicialidad...'.
Y sobre la acción de la Asamblea que generó la reacción del ministro, Rodríguez dice que no está dentro de sus funciones hacer públicamente una recomendación sobre transparencia y combate a la corrupción al presidente Funes. Cuando se le repregunta directamente si recomendará al presidente Funes que vete la derogatoria aprobada por la Asamblea, responde que el decreto es contraproducente. 'La opinión del subsecretario es que esta es una mala señal, no aporta y es una pésima señal a nivel internacional de cara a la probidad del país', dijo.
La derogatoria de la Asamblea al artículo 91 del Código Tributario y la respuesta del Ministro acusando a adminsitraciones anterior de perdonar el pago de impuestos a contribuyentes seleccionados se da en el marco del último informe de Transparencia Internacional, en donde se menciona que El Salvador ha bajado de3.4 a 3.6 en el índice de percepción de corrupción que varía entre 10 (máxima transparencia) y 0 (máxima corrupción).
