Aunque las elecciones son el otro año, la campaña electoral empezó a ser tema de debate en la navidad pasada, cuando el presidente, Mauricio Funes, advirtió a los funcionarios de este gobierno que no iba a permitir que los miembros de su gabinete realicen proselitismo a favor de los partidos. “No permitiré que mis funcionarios se involucren en el proceso electoral. Los funcionarios tienen prohibido involucrarse en el proceso electoral”, dijo el 22 de diciembre. Un día después, Salvador Sánchez Cerén, ministro de Educación y vicepresidente del país, matizó la prohibición: “Ahora, otra cosa son los sábados y domingos... yo puedo hacer lo que quiera”. El viernes pasado, sin embargo, Funes dejó claro que Sánchez Cerén podrá ser vicepresidente, pero que lo destituiría como ministro si ignora la disposición.
Y de los miembros del gabinete no solo fue Sánchez Cerén quien meditó en voz alta sobre las posibles excepciones. Después fue Violeta Menjívar, viceministra de Salud, dirigente del FMLN, quien en declaraciones publicadas en El Diario de Hoy dijo que lo que el presidente estaba prohibiendo era hacer proselitismo en las oficinas donde se trabaja. “Lo que el presidente está diciendo es que no debe haber proselitismo de los funcionarios públicos en las instalaciones.”
A ellos dos se les sumó luego Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, otro dirigente efemelenista que declaró que “unas horitas” los fines de semana no podían acarrear problemas.
Tras los matices de los funcionarios que son militantes y dirigentes del FMLN, en sus primeras declaraciones a la prensa de 2011, Funes aclaró que los funcionarios tienen dos caminos: renunciar al cargo o hacer campaña. “Aquel funcionario que quiera dedicarse a hacer proselitismo electoral, lo puede hacer, está en todo su derecho, pero tiene que renunciar, así de claro, ahí no es cuestión de interpretación, no es que uno dice que si el partido me lo pide o que si los fines de semana, los ministros, viceministros y presidentes de autónomas y secretarios de la Presidencia de la República, son ministros y viceministros, presidentes y secretarios los siete días de la semana”, sentenció.
Para rematar, ironizó sobre las interpretación que habían hecho los efemelenistas que ocupan un cargo público: “Yo no conozco a un ministro que sea ministro de lunes a sábado y que el domingo deje de ser ministro, porque no me renuncia; para dejar de ser ministro tendría que renunciarme el viernes para que yo lo vuelva a contratar el lunes”.
La disyuntiva de hacer campaña o ejercer un cargo público no solo cae en miembros del FMLN. También están incluidos Óscar Kattán, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y secretario general del partido Cambio Democrático, y Jorge Meléndez, director de Protección Civil, del Partido Social Demócrata (PSD).
ANEP y Fusades sin solvencia moral
El mandatario también habló de la Ley de Acceso a la Información, que la semana anterior devolvió con observaciones a la Asamblea Legislativa. El gobernante reclamó a empresarios y diputados de Arena las críticas a la decisión presidencial de objetar los plazos de la normativa. Según dijo, los que critican la prórroga de un año para la entrada en vigencia de la ley no tienen solvencia para reclamar: “Los bancos del país fueron cambiados con fondos públicos que finalmente fueron privatizados, y en ese momento por qué no se habló de la falta de transparencia, ¿dónde está la ANEP y la Cámara de Comercio siguiendo la transparencia en el momento en que se dio la privatización de la banca? ¿Dónde está la transparencia de parte de la ANEP, de parte de Fusades, de exigir al partido en el gobierno, al gobierno de ese entonces, cuando se aprobó la ley de integración monetaria, que ustedes saben perfectamente bien, al menos yo viví esa experiencia, que la iniciativa llegó una noche y al día siguiente amaneció la ley ya aprobada?”, dijo Funes a los periodistas que le pedían comentarios sobre sus objeciones al decreto.
Las declaraciones las realizó en la apertura del mes del adulto mayor, donde presentó el programa “Nuestros Mayores Derechos”. Un buena parte de ellas hacían referencia al por qué de las observaciones al decreto de Ley de Acceso a la Información.
El presidente también reveló que tiene como inquietud promover la figura del ómbudsman, que es una persona que en los medios de comunicación vela por los intereses de las audiencias y es una especie de auditor del ejercicio periodístico, contratado por los mismos medios de comunicación para tratar de garantizar excelencia.
Aunque no dejó claro el concepto, Funes dijo que él impulsaría una defensoría de lectores, una figura que complementaría la ley. En sus pocas palabras sobre ese punto, dio a entender que se podría normar para obligar a publicar algunas declaraciones: “¿De qué sirve si un periódico o un noticiario de televisión busca a un funcionario, (este da) la información y (los medios) no la publiquen? Y no la publiquen porque afecta algún interés y no quieren... garantizar eso y hay que garantizar también el derecho de respuesta”, dijo Funes.
