FMLN, Gana y PCN parecen listos para aprobar una de las principales objeciones del presidente de la República a la Ley de Acceso a la Información, concediéndole el año de plazo que pide para que la normativa cobre vigencia, en lugar del mes que estableció el decreto emitido en diciembre pasado.
Este lunes, el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, justificó la petición del gobernante Mauricio Funes alegando que los 12 meses son indispensables para poder echar a andar el Instituto de Acceso a la Información, el conjunto de reglamentos necesarios para acompañar la ley y poner a disposición del público toda la información de las carteras adjuntas al Ejecutivo. Las explicaciones que dio parecieron convencer a todos los partidos, con excepción de Arena.
El pasado 5 de enero, Funes devolvió la Ley de Acceso a la Información a la Asamblea Legislativa con siete observaciones. La principal: ampliar el plazo para la entrada en vigencia de la nueva legislación, solicitando un año frente a los 30 días dispuestos en la ley aprobada por el parlamento.
Rodríguez aseguró que, de enmarcarse en el plazo previsto por los diputados, esta era una ley sin aplicación práctica por falta de recursos económicos y por los plazos necesarios para generar toda la institucionalidad alrededor de ella. “Lo que estamos argumentando en la actualidad es que la ley puede entrar en vigencia dentro de unos dos meses. Pero el punto es el calendario de los distintos componentes que tiene la ley para que funcione realmente”, dijo.
Según el documento entregado a los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea, sólo la preparación de la entrada en funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública necesita de por lo menos 248 días. En ellos se incluye 90 días para la elaboración de reglamentos, 90 días para un proceso abierto de definición de candidatos, ocho días para la recepción de ternas y 60 días para la elección y designación de los titulares.
Paralelamente, sólo en el Ejecutivo se necesitarían 56 semanas (un año más una semana) para la creación de las oficinas de transparencia en cada una de sus dependencias. Este proceso incluiría la creación de sus propios reglamentos internos, la contratación de personal –al menos cuatro personas, en promedio- y la creación de una base de datos con archivos digitalizados para poder atender las peticiones de información de los ciudadanos. Este último paso sería el más difícil porque tiene como requisito previo el cumplimiento de las leyes propias de casa institución.
Del otro lado de la moneda estaría la inversión económica necesaria para que la ley funcione realmente. Sólo para el Instituto, la subsecretaría de Transparencia estima que serán necesarios 2 millones de dólares para el primer año de funcionamiento, un monto similar al que se invirtió en el Tribunal de Ética Gubernamental. Además, se necesitarían 231 mil 400 dólares por cada una de las 83 instituciones adjuntas al Ejecutivo. “Todos sabemos cómo están las finanzas del Estado y estamos hablando de 19.9 millones de dólares que no se tienen en este momento”, dijo Rodríguez.
Este dato contrasta con las estimaciones que hizo la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que hace una semana reveló que el costo de implementar la normativa no superaría los 8 millones de dólares, a juzgar por las experiencias de otros países.
“Esta es una ley de acceso a la información pública de tercera generación y sería una lástima que no aprendiéramos de los errores de otros países que han tratado de echar a andar leyes iguales y que no han podido por estos puntos que señalamos”, dijo Rodríguez, en clara referencia a los problemas encontrados en Chile, México y Colombia, donde se tuvo plazos cortos, falta de recursos y problemas en la gestión documental. “Quiero disipar la idea de que esto es cuestión de organizar unos cuantos papelitos y ya. Esto no es falta de voluntad política”, aseguró.
Roberto d’Aubuisson, diputado de Arena, objetó las apreciaciones del subsecretario de Transparencia y aseguró que los plazos eran, en todo caso, exagerados y que los fondos podrían salir de la partida de gastos imprevistos de cada institución. Además, recordó que ya existen algunos esfuerzos del Ejecutivo de poner a disposición cierto tipo de información en diferentes dependencias.
Desde cuando Funes pidió ampliar a un año el plazo de implementación de la ley, el partido Arena acusó al gobernante de tratar de pasar la mayor parte de su quinquenio sin la ley.
Sin embargo, para FMLN, PCN y Gana, la presentación y los razonamientos de Rodríguez significaron un cambio en su percepción sobre los plazos propuestos. “Es que nuestro país ha tenido un desorden en la información y no es tan fácil venir a ordenarla. Además, por seguridad hay que digitalizarla”, dijo Margarita Velado, diputada del Frente.
Antonio Almendáriz, diputado pecenista, incluso reconoció que el modelo de análisis planteado por la Subsecretaría de Transparencia debería ser el que se aplicara a todo tipo de legislación y aclaró que su partido está reconsiderando los tiempos propuestos por el Ejecutivo y que algunos están bien justificados.
Guillermo Gallegos, diputado de Gana, apoyó dar el año que pide el presidente. “Que se vote a favor del plazo presidencial. Si acatamos las observaciones, ya para febrero del otro año tendríamos ley”, dijo.
Según el acuerdo tomado por la comisión legislativa, esta se reunirá el próximo lunes para escuchar las conclusiones finales de cada grupo parlamentario sobre las observaciones presidenciales y, de haber correlación de votos, se podría sacar un dictamen favorable para la ley.
Para atender las observaciones del gobernante solo hacen falta 43 votos. FMLN, Gana y PCN suman 60.
