Las personas que tengan ingresos mensuales superiores a 75 mil 171 dólares ya no declararán ante el fisco posesiones como pinturas, yates o aviones, joyas o dinero, según una reforma al Código Tributario aprobada este jueves sorpresivamente por los diputados de los partidos Arena, Gana, PCN y PDC.
La enmienda se produce cuatro meses después de que los mismos partidos eliminaran el requisito de declarar patrimonio para todas las personas con ingresos mayores a 75 mil dólares, y que recibió el veto del presidente Mauricio Funes.
La disposición, promovida por Gana, deja para que se incluya en la declaración de patrimonio solo los bienes inmuebles, como casas y terrenos, de tal manera que ese punto del Código Tributario se ha convertido en el de mayor vaivén en los últimos 16 meses.
En octubre de 2009, la Asamblea Legislativa agregó la obligación de declarar patrimonio, tras la petición del Ministerio de Hacienda, que considera indispensable ese testimonio para luchar contra la evasión y la elusión de impuestos. Un año después, los partidos de derecha se juntaron para derogar la declaración de patrimonio. El presidente Funes vetó el decreto alegando razones de inconveniencia. Ahora, la reforma aprobada suprime una parte de la obligación de declarar y el decreto de nuevo irá a manos de Funes para que este decida si lo rechaza o le da su aval para que se convierta en ley.
Esta vez, el argumento de quienes apoyaron la reforma fue el mismo que utilizaron en noviembre pasado, cuando dijeron tener desconfianza de que personal en el Ministerio de Hacienda conociera sus posesiones. El diputado Mario Ponce, del PCN, incluso llegó a decir que su temor era que redes de delincuentes infiltrados en Hacienda utilizaran la información de las declaraciones de patrimonio para planificar robos o extorsiones. Tres semanas más tarde, Ponce se retractó de su posición y respaldó el veto presidencial.
Desde 2010, junto a la declaración del impuesto sobre la renta, los contribuyentes con ingresos superiores a 75 mil dólares deben presentar una declaración patrimonial. Este es un informe para vigilar cambios significativos y detectar aquellos que resulten injustificados en el patrimonio de los contribuyentes, según el Código Tributario. Después de la reforma de octubre pasado, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, acusó a los legisladores que habían votado de ser cómplices de los evadores fiscales. Y entonces hizo una revelación: cuando llegaron al gobierno, en junio de 2009, descubrieron que los gobiernos anteriores tenían listas de grandes contribuyentes a los que perdonaban el pago de impuestos. Cáceres nunca quiso detallar quiénes eran los beneficiarios ni el monto del impuesto dispensado.
La modificación al artículo 91 del Código hecha la noche de este jueves no estaba incluida en la agenda de la sesión plenaria. Gana la agregó y además pidió dispensa de trámites, es decir, pidió que se evadiera la discusión de la reforma en la Comisión de Hacienda.
Los 31 diputados del FMLN votaron en contra. “Da pena saber que aquí (en la Asamblea) hay diputados que quieren proteger a quién sabe qué, a los que no saben cómo demostrar el cambio de una carcaha a carros de lujo', reclamó Inmar Reyes, diputado efemelenista y miembro de la Comisión de Hacienda. 'Yo digo que es falta de transparencia, el pueblo necesita más dinero de aquellos que lo están ocultando', añadió.
Milena Calderón de Escalón, de Arena, y Guillermo Gallegos, de Gana, se encargaron de responder. Para defender la reforma insistieron en que no conviene que el patrimonio de “cierta gente” lo conozca en detalle el Ministerio de Hacienda. “¿Por qué todo el Ministerio de Hacienda debe saber cuánto has ahorrado en tu vida?”, se preguntó Escalón. “Si ese dinero es mal habido, el Estado tiene los recursos necesarios y las leyes adecuadas para averiguar de dónde vienen esos fondos”, agregó.
Este argumento fue el mismo que esbozaron en 2010. “Hay desconfianza”, volvió a decir Escalón, y agregó que no había necesidad de exponer a ciertas personas a la delincuencia que, según dijo, ha ido creciendo.
El argumento que presentó Gallegos fue que según él es muy trabajoso enumerar las posesiones que uno tiene. Dijo que es complicado y engorroso declarar vehículos, joyas, etcétera, en la declaración patrimonial, algo de lo que no se habían dado cuenta hasta ahora. “En la práctica esto se está volviendo un poco engorroso e inconveniente. Esperamos el visto bueno del presidente para que sancione este decreto”, dijo Gallegos.
El presidente Mauricio Funes tiene tres caminos: aprobar (sancionar) la reforma para su posterior entrada en vigencia, devolverla con observaciones o vetarla. En caso de observarla, la Asamblea puede aprobar las observaciones presidenciales o ignorarlas, y en ambos casos solo requiere el concurso de 43 diputados. Si Funes vetara el decreto, los diputados tendrían que reunir 56 manos por lo menos para superar el rechazo presidencial.
El año pasado, una vez aprobado el decreto, el ministro Cáceres pidió a Funes el veto. Y Funes vetó reiterando lo que su ministro había alegado: que esa declaración es fundamental para perseguir la elusión y la evasión del pago de impuestos.
Un tercer argumento de los partidos de derecha para defender la reforma atañe a la supuesta ideosincrasia salvadoreña: los salvadoreños tienen problemas para demostrar la posesión sobre sus bienes muebles. “En nuestro país, para las personas naturales no es obligatorio guardar facturas para respaldar todo lo que se adquiere”, reza el dictamen.
La declaración patrimonial fue aprobada por la Asamblea en diciembre de 2009 pero su obligatoriedad entró en vigencia hasta el 14 de octubre de 2010. Una semana después, los diputados ya se aventuraban con una primera reforma: pretendían que las personas con ingresos mayores a $75,000 no declararan ningún tipo de patrimonio. El presidente Mauricio Funes vetó un mes después esa reforma, mocionada por el PDC de Rodolfo Parker.
Este jueves, la reforma va en el sentido de mantener la obligación de la declaración patrimonial pero la reduce al detalle sobre los bienes inmuebles.
Esta es la segunda vez que los diputados de derecha esgrimen la inseguridad y la delincuencia como las justificantes para permitir que los que obtienen grandes ingresos no aporten al fisco. En vez de fortalecer los recursos para la seguridad pública, los diputados prefirieron reformar un instrumento de probidad.
En noviembre del año pasado, Funes vetó la reforma porque consideraba que era una reforma inconveniente debido a que promovía la elusión y evasión. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, acusó en esa ocasión que los diputados estaban favoreciendo a ciertas empresas. “(En la administración anterior) había privilegios establecidos, listas de contribuyentes a quienes no se les cobraba impuestos, a quienes no se les fiscalizaba”, acusó Cáceres.
La reforma no es retroactiva, quiere decir que las nuevas disposiciones no serán aplicables a las declaraciones anteriores de antes de 2010
“Los cálculos y procedimientos previstos en este artículo con base en la declaración de los bienes inmuebles, únicamente podrá efectuarse a partir del respetivo año de su exigibilidad (2010); la declaración de bienes inmuebles base del ejercicio fiscal 2009 no será sujeta de fiscalización alguna”, reza la enmienda.
