La junta directiva de la Asamblea legislativa anuló los sobresueldos de tres empleados del Órgano Legislativo, incluido el que recibía el jefe de protocolo, el ex vicecanciller Eduardo Cálix, según dijo a El Faro este jueves el presidente del parlamento, Sigfrido Reyes.
“Hice la investigación del caso y, efectivamente, encontré que había sobresueldos no autorizados de la junta directiva y desde el primer día de mi mandato (el 1 de febrero) eso fue eliminado. (Ya) no existen”, anunció Reyes, un mes y medio después de que los periodistas descubrieran que que solo los partidos Gana, PCN y PDC tienen un séquito de 27 empleados legislativos por cada diputado.
Los tres empleados con sobresueldo ostentaban los cargos de jefe de protocolo y relaciones públicas, auditor interno y tesorero institucional. El primero de ellos, Cálix, negó en su momento que fuera cierto que aparte de los casi 3 mil 900 dólares que le aparecen en la documentación oficial en calidad de sueldo, tuviera un bono mensual de más de mil 700 dólares. Este jueves volvió a negar el señalamiento y reiteró que él nunca recibió un sobresueldo.
Ni Reyes ni Cálix han presentado documentación que pruebe quién dice la verdad. A Cálix se le pidió que confirmara o desmintiera directamente la versión de Reyes de que sí se le pagaba sobresueldo, pero optó por evadir la pregunta.
-Así es, no tengo sobresueldo -respondió.
-El presidente Reyes dijo que usted sí tenía. ¿Quién miente? ¿El presidente o usted?
-¿Y por qué va a mentir el presidente?
-Porque está diciendo lo contrario a usted.
-Pregúntele a él -dijo, mientras se encogía de hombros.
Según el presupuesto oficial de la Asamblea Legislativa, Cálix tiene un sueldo mensual de 3 mil 897.41 dólares y hasta febrero le aparecía asignado un sobresueldo de mil 706.75, tal como informó El Faro en enero pasado. Según una publicación de La Prensa Gráfica, la auditora interna ganaba al mes 3 mil 157 dólares y un sobresueldo de 740.71; el tesorero institucional tenía un salario de 3 mil 157 y un sobresueldo de 768.04.
Reyes aclaró que los sobresueldos de enero y febrero ya fueron cobrados y que podría pedir a la Corte de Cuentas que determine si ese dinero puede ser reembolsado de alguna manera. Sin embargo, por no haber un acuerdo “formal y legal” que ampare dicho sobresueldo, el reintegro no parece ser una posibilidad.
Reyes y otros directivos de la Asamblea consultados culpan a Ciro Cruz Zepeda Peña, secretario general del PCN y ex presidente de la Asamblea Legislativa hasta enero pasado, como el único responsable de estos sobresueldos.
Todo presidente de la Asamblea Legislativa es el representante legal de la misma, y como tal es el que firma los contratos laborales, según explicó el diputado arenero Alberto Romero, miembro de la junta directiva. “El presidente, por ser representante legal, ha tenido aquello de que es el encargado de personal, porque es el que firma los contratos. Al inicio de cada período se da eso, y este período no fue la excepción. Eso queda en acta como acuerdo de junta directiva”, dijo Romero.
El reglamento interior de la Asamblea, sin embargo, aunque da la última palabra al presidente del parlamento, establece que toda contratación y decisión sobre las remuneraciones las acuerda la junta directiva, y que solo después de ese filtro el presidente da su aval o rechaza.
Ahora, los directivos señalan todos a Zepeda Peña, dando a entender que él tenía todo el control. Por eso fue que la nueva junta directiva comenzó a fiscalizar el trabajo del pecenista como el principal responsable de las contrataciones, y fue así como salieron a la luz pública las plazas fantasmas y los sobresueldos. La Asamblea, que aumentó 536 plazas solo entre 2010 y 2011, tiene 126 empleos que no tienen ningún respaldo en el plan de gastos del Órgano Legislativo, tal como publicó El Faro el 15 de febrero.
Y para lograr que el Órgano Legislativo adelgace su planilla debido la sobreabundancia de plazas, los diputados aprobaron hace un mes un decreto para que los que se retiren voluntariamente reciban una indemnización. Todos los empleados se podrían acoger a la medida, que tiene un techo de 30 mil dólares de compensación máxima posible para empleados con más de 10 años de trabajo. Pero eso no es todo.
Para alentar que la planilla de la Asamblea Legislativa se reduzca aun más, los diputados aprobaron el jueves que la bonificación que reciban los empleados al retirarse de manera voluntaria no sea sujeta del descuento del impuesto a la renta.
Para esto, los diputados cambiaron una palabra en una normativa que aprobaron. La nueva disposición lleva por nombre “Ley transitoria de bonificación económica de retiro voluntario por servicios prestado en el Órgano Legislativo”.
Según el artículo 4 de la Ley del impuesto sobre la renta, son no grabables las compensaciones que reciben por el desempeño de sus funciones los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros. Nada de empleados legislativos.
Sin embargo, la misma normativa establece que no se cobrará impuesto sobre la renta a las bonificaciones por retiro voluntario que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio.
La fecha límite para que los empleados legislativos se acojan al decreto de retiro voluntario es el 31 de marzo. Aún no se sabe cuántos empleados se han suscrito al decreto de retiro voluntario.
Reyes, y directivos como Guillermo Gallegos, de Gana, se muestran cautelosos para lanzar conclusiones sobre la efectividad del decreto, aunque consideran que hay muchos empleados interesados en esta figura.
“Hay una respuesta positiva, desde niveles altos hasta bajos, y también hay listas de los grupos parlamentarios con las personas que dejarán de trabajar”, aseguró Reyes, el jueves al mediodía.
Al final de la sesión plenaria, Gallegos y Romero confirmaron que el jefe de Recursos Humanos, Boris Martínez, y la gerente financiera, Gloria Elsa Arias, se acogieron al decreto de retiro voluntario.
La junta directiva de la Asamblea legislativa anuló los sobresueldos de tres empleados del Órgano Legislativo, según dijo a El Faro su titular Sigfrido Reyes.
“Hice la investigación del caso y, efectivamente, encontré que había sobresueldos no autorizados de la junta directiva y desde el primer día de mi mandato eso fue eliminado. (Ya) no existen”, anunció Reyes.
Los tres empleados con sobresueldo ostentaban los cargos de jefe de protocolo y relaciones públicas, auditor interno y tesorero institucional. El primero de ellos es el ex canciller de la república, Eduardo Cálix, quien ayer se desmarcó de las acusaciones y reiteró que él nunca recibió un sobresueldo.
A Cálix se le pidió que confirmara la decisión de la junta directiva de haberle revocado el sobresueldo. Se le preguntó si era cierto que ya no contaba con el sobresueldo, a lo que respondió con una evasiva.
--Así es, no tengo sobresueldo --respondió.
--El presidente Reyes dijo que usted sí tenía. ¿Quién miente? ¿El presidente o usted?
--¿Y por qué va a mentir el presidente?
--Porque está diciendo lo contrario a usted.
Cálix se encogió de hombros y respondió: “Pregúntele a él.
Cálix tiene un sueldo mensual de $3 mil 897.41 y hasta febrero un sobresueldo de $1 mil 706.75. Según una publicación de La Prensa Gráfica, la auditora interna ganaba al mes $3 mil 157.00 y un sobresueldo de $740.71; el tesorero institucional, un salario de $3 mil 157, y un sobresueldo $768.04.
Reyes aclaró que los sobresueldos de enero y febrero ya fueron cobrados y que podría pedir a la Corte de Cuentas que determine si ese dinero puede ser reembolsado de alguna manera. Sin embargo, por no haber un acuerdo “formal y legal” que ampare dicho sobresueldo, el reintegro no parece ser una posibilidad.
Reyes y otros directivos de la Asamblea consultados culpan a Ciro Cruz Zepeda Peña, secretario general del PCN y ex presidente de la Asamblea Legislativa, como el único responsable de estos sobresueldos.
Todo presidente de la Asamblea Legislativa es el representante legal del mismo, y como tal es el que firma los contratos laborales, según explicó ayer el diputado arenero Alberto Romero, miembro de la junta directiva. “El presidente, por ser representante legal, ha tenido aquello de que es el encargado de personal, porque es el que firma los contratos. Al inicio de cada período se da eso, y este período no fue la excepción. Eso queda en acta como acuerdo de junta directiva”, explica Romero.
Por eso fue que la nueva junta directiva comenzó a fiscalizar el trabajo del presidente de la Asamblea como el principal responsable de las contrataciones, y fue así como salieron a la luz pública las plazas fantasmas y los sobresueldos. La Asamblea, que aumentó 536 plazas solo entre 2010 y 2011, tiene 126 empleos que no tienen ningún respaldo en el plan de gastos del Órgano Legislativo como publicó El Faro el 15 de febrero.
Y para lograr que el Órgano Legislativo adelgace su planilla debido la sobreabundancia de plazas, los diputados aprobaron hace un mes un decreto para que los que se retiren voluntariamente reciban una indemnización. Todos los empleados se podrían acoger a la medida, que tiene un techo de 30 mil dólares de indemnización máxima posible para empleados con más de 10 años de trabajo. Pero eso no es todo.
Para alentar que la planilla de la Asamblea Legislativa se reduzca aun más, los diputados aprobaron el jueves que la bonificación que reciban los empleados al retirarse de manera voluntaria no sea sujeta del descuento del impuesto a la renta.
Para esto, los diputados cambiaron una palabra en una normativa que aprobaron. La nueva disposición lleva por nombre “Ley transitoria de bonificación económica de retiro voluntario por servicios prestado en el Órgano Legislativo”.
Según el artículo 4 de la Ley del impuesto sobre la renta, son no grabables las compensaciones que reciben por el desempeño de sus funciones los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros. Nada de empleados legislativos.
Sin embargo, la misma normativa establece que no se cobrará impuesto sobre la renta a las bonificaciones por retiro voluntario que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio.
La fecha límite para que los empleados
La junta directiva de la Asamblea legislativa anuló los sobresueldos de tres empleados del Órgano Legislativo, según dijo a El Faro su titular Sigfrido Reyes.
“Hice la investigación del caso y, efectivamente, encontré que había sobresueldos no autorizados de la junta directiva y desde el primer día de mi mandato eso fue eliminado. (Ya) no existen”, anunció Reyes.
Los tres empleados con sobresueldo ostentaban los cargos de jefe de protocolo y relaciones públicas, auditor interno y tesorero institucional. El primero de ellos es el ex canciller de la república, Eduardo Cálix, quien ayer se desmarcó de las acusaciones y reiteró que él nunca recibió un sobresueldo.
A Cálix se le pidió que confirmara la decisión de la junta directiva de haberle revocado el sobresueldo. Se le preguntó si era cierto que ya no contaba con el sobresueldo, a lo que respondió con una evasiva.
--Así es, no tengo sobresueldo --respondió.
--El presidente Reyes dijo que usted sí tenía. ¿Quién miente? ¿El presidente o usted?
--¿Y por qué va a mentir el presidente?
--Porque está diciendo lo contrario a usted.
Cálix se encogió de hombros y respondió: “Pregúntele a él.
Cálix tiene un sueldo mensual de $3 mil 897.41 y hasta febrero un sobresueldo de $1 mil 706.75. Según una publicación de La Prensa Gráfica, la auditora interna ganaba al mes $3 mil 157.00 y un sobresueldo de $740.71; el tesorero institucional, un salario de $3 mil 157, y un sobresueldo $768.04.
Reyes aclaró que los sobresueldos de enero y febrero ya fueron cobrados y que podría pedir a la Corte de Cuentas que determine si ese dinero puede ser reembolsado de alguna manera. Sin embargo, por no haber un acuerdo “formal y legal” que ampare dicho sobresueldo, el reintegro no parece ser una posibilidad.
Reyes y otros directivos de la Asamblea consultados culpan a Ciro Cruz Zepeda Peña, secretario general del PCN y ex presidente de la Asamblea Legislativa, como el único responsable de estos sobresueldos.
Todo presidente de la Asamblea Legislativa es el representante legal del mismo, y como tal es el que firma los contratos laborales, según explicó ayer el diputado arenero Alberto Romero, miembro de la junta directiva. “El presidente, por ser representante legal, ha tenido aquello de que es el encargado de personal, porque es el que firma los contratos. Al inicio de cada período se da eso, y este período no fue la excepción. Eso queda en acta como acuerdo de junta directiva”, explica Romero.
Por eso fue que la nueva junta directiva comenzó a fiscalizar el trabajo del presidente de la Asamblea como el principal responsable de las contrataciones, y fue así como salieron a la luz pública las plazas fantasmas y los sobresueldos. La Asamblea, que aumentó 536 plazas solo entre 2010 y 2011, tiene 126 empleos que no tienen ningún respaldo en el plan de gastos del Órgano Legislativo como publicó El Faro el 15 de febrero.
Y para lograr que el Órgano Legislativo adelgace su planilla debido la sobreabundancia de plazas, los diputados aprobaron hace un mes un decreto para que los que se retiren voluntariamente reciban una indemnización. Todos los empleados se podrían acoger a la medida, que tiene un techo de 30 mil dólares de indemnización máxima posible para empleados con más de 10 años de trabajo. Pero eso no es todo.
Para alentar que la planilla de la Asamblea Legislativa se reduzca aun más, los diputados aprobaron el jueves que la bonificación que reciban los empleados al retirarse de manera voluntaria no sea sujeta del descuento del impuesto a la renta.
Para esto, los diputados cambiaron una palabra en una normativa que aprobaron. La nueva disposición lleva por nombre “Ley transitoria de bonificación económica de retiro voluntario por servicios prestado en el Órgano Legislativo”.
Según el artículo 4 de la Ley del impuesto sobre la renta, son no grabables las compensaciones que reciben por el desempeño de sus funciones los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros. Nada de empleados legislativos.
Sin embargo, la misma normativa establece que no se cobrará impuesto sobre la renta a las bonificaciones por retiro voluntario que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio.
La fecha límite para que los empleados legislativos se acojan al decreto de retiro voluntario es el 31 de marzo. Aun no se sabe cuántos empleados se han suscrito al decreto de retiro voluntario.
Reyes, y directivos como Guillermo Gallegos, de GANA, se muestran cautelosos para lanzar conclusiones sobre la efectividad del decreto aunque consideran que hay muchos empleados interesados en esta figura.
“Hay una respuesta positiva, desde niveles altos hasta bajos, y también hay listas de los grupos parlamentarios con las personas que dejarán de trabajar”, aseguró Reyes, el jueves al mediodía.
Al final de la sesión plenaria, Gallegos y Romero confirmaron que el jefe de Recursos Humanos, Boris Martínez, y que la Gerente Financiera, Gloria Elsa Arias, se acogieron al decreto de retiro voluntario.
legislativos se acojan al decreto de retiro voluntario es el 31 de marzo. Aun no se sabe cuántos empleados se han suscrito al decreto de retiro voluntario.
Reyes, y directivos como Guillermo Gallegos, de GANA, se muestran cautelosos para lanzar conclusiones sobre la efectividad del decreto aunque consideran que hay muchos empleados interesados en esta figura.
“Hay una respuesta positiva, desde niveles altos hasta bajos, y también hay listas de los grupos parlamentarios con las personas que dejarán de trabajar”, aseguró Reyes, el jueves al mediodía.
Al final de la sesión plenaria, Gallegos y Romero confirmaron que el jefe de Recursos Humanos, Boris Martínez, y que la Gerente Financiera, Gloria Elsa Arias, se acogieron al decreto de retiro voluntario.
