La Ley de Policía de 1879 tiene sus días contados. Tres veces ha intentado la Asamblea Legislativa derogarla, y tres veces ha fracasado. Este cuarto intento pareciera ser el definitivo, porque finalmente los partidos políticos han logrado un acuerdo con la Ley de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, que está lista para su votación.
Esta semana, la Comisión de Seguridad Pública del parlamento logró poner fin a 12 años de estudio de la nueva normativa, que entre otras cosas vigilará el respeto a la moral pública y regulará la tenencia y manejo de mascotas. Prohibirá, por ejemplo, que en los lugares públicos se pueda pasear a perros sin bozal.
Los encargados de aplicar la normativa serán delegados nombrados por las alcaldías, y con ello quedarán atrás las ordenanzas municipales que regulan las conductas de convivencia diaria de los habitantes. De paso, la ley también abolirá la Ley de Policía que tiene prohibiciones tan obsoletas como la de pedir limosna portando imágenes de santos sin tener la licencia respectiva para hacerlo.
Según el proyecto de ley, todos los animales domésticos, de granja o mascotas, deben mantener vigentes los certificados de vacunación respectivos, tal como lo dictan las leyes sanitarias. Asimismo, las mascotas deben utilizar correa o bozal -según el caso- de forma obligatoria cuando se desplacen por espacios públicos.
En cuanto a la crianza de animales silvestre la normativa aclara que los dueños deberán contar con los permisos correspondientes y cumplir las debidas medidas de seguridad y protección que requieran la crianza de animales salvajes en áreas residenciales.
La Ley de Convivencia también regula el cumplimiento de disposiciones legales como no fumar en espacios prohibidos, no botar desechos u otros objetos en lugares no establecidos, el almacenamiento de sustancias, materiales y equipos que atenten contra la salud o la integridad física de las personas, la obstaculización de zonas de tránsito peatonal y vehicular, el uso de los sistemas de acueductos de agua potable, servidas y lluvia y el uso adecuado de las zonas verdes y áreas de recreación.
Otra de las atribuciones que la ley promueve es la resolución pacífica y alternativa de sus conflictos entre vecinos, trabajo que se realizarán en conjunto los Alcaldes y Alcaldesas, los Concejos Municipales, la Procuraduría General de la República (PGR), el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y la Policía Nacional Civil (PNC). Para ello, cada municipalidad deberá crear la figura del delegado contravencional municipal, persona que tendrá a su cargo la toma de decisiones respecto a las disputas entre vecinos y el incumplimiento de las disposiciones de la ley.
Según Antonio Almendariz, diputado del PCN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la ley tiene como fin judicializar las indisciplinas que se dan en la convivencia diaria entre vecinos. “El delegado es como un juez en cada alcaldía que tiene que juzgar la contravenciones que se dan entre ciudadanos”, dijo.
De acuerdo con la ley, el delegado contravencional será el encargado de imponer orden a partir de las amonestaciones verbales o escritas, la reparación de daños en los casos que fuese necesario, los decomisos, los trabajos de utilidad pública, las multas, las suspensiones de permisos y licencias para los negocios que operan en las comunidades o el cierre definitivo de los mismo.
Almendaríz explicó que la ley pretende solventar casos como el de la disputa de dos vecinos por un parqueo en la colonia La Cima, quienes llevaban dos años de discusiones triviales, cuando uno de ellos, Julio Napoleón Rodríguez en el furor del pleito mató al capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña, Ricardo Alfaro Monge, de 32 años, su vecino por parquear frente a una de las jardineras de su casa. “El estrés de la población se degenera en delitos como en el del pleito por un parqueo”, dijo.
A pesar que algunas de las municipalidades ya cuentan con ordenanzas que regulan la conducta ciudadana, las disposiciones que apliquen los delegados estarán sujetas a la ley general. Sin embargo, el diputado del FMLN Ramón Arístides Valencia Arana aclaró que la autonomía de las municipalidades no está en riesgo, dado que serán estas las que impondrán las multas en los casos necesarios. “La ley marco da directrices pero acepta que cada alcaldía establezca sus propias ordenanzas. Junto a las alcaldías hemos hecho un planteamiento efectivo y real a fin de evitar que los conflictos se conviertan en otros problemas mas graves de violencia”, explicó.
