En El Salvador hay decenas de sedes diplomáticas, pero solo una embajada, o al menos solo una a la que no haya que poner apellido, que no necesite bandera al ser nombrada. En El Salvador, por tradición histórica y por influencia política, cuando uno habla de “la embajada” se refiere a la estadounidense. La huella de la ayuda militar de la administración Reagan a la estrategia contrainsurgente del ejército salvadoreño durante la guerra civil de los 80 mantiene a la embajada presente aun hoy, 19 años después de los Acuerdos de Paz, en las teorías conspirativas de la izquierda y en las fotos de familia de la derecha. Su voz o su silencio en época de campaña electoral posiblemente haya decantado miles de votos entre quienes temieron por años que un resultado adverso a los deseos de Washington pudiera cortar el flujo de remesas familiares desde Estados Unidos. En las calles anida el mítico rumor de que sus instalaciones en la colonia residencial Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, a las afueras de San Salvador, solo son superadas en tamaño por la embajada estadounidense en Israel.
De esa embajada omnipresente proceden la mayoría de los 942 cables diplomáticos que WikiLeaks entregó hace algunas semanas a El Faro para su análisis y publicación, y que esta semana empezamos a revelar. Su contenido transparenta la visión que la diplomacia norteamericana tiene del proceso de posguerra salvadoreño, y es un escaparate de la naturaleza y funcionamiento de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno y los principales actores políticos y económicos de un país al que considera, según se recoge varias veces en los cables, su “leal aliado”.
Si a las puertas de la embajada de Santa Elena acuden a diario en peregrinación cientos de hombres y mujeres en busca de visa para migrar hacia el Norte, donde ya habita un tercio de la población salvadoreña, sus despachos aparecen también, documento a documento, como lugar de paso obligado para las élites nacionales. Durante años, prominentes funcionarios públicos, líderes partidarios y empresarios han visitado la embajada para compartir con diplomáticos estadounidenses sus temores y opiniones personales, así como estrategias políticas ocultas que no confesarían en público a los ciudadanos salvadoreños.
Las actas de algunas de esas visitas ponen en evidencia, por ejemplo, el doble discurso del gobierno de Antonio Saca en cuestiones de política internacional, constatan las estrategias conspirativas de sectores de la empresa privada temerosos de una victoria del FMLN en las elecciones de 2009 y descubren a una oposición que, ante la posibilidad de alcanzar el Ejecutivo, corre a congraciarse con Washington y se desdice de promesas de campaña anteriores.
Sentados frente a funcionarios norteamericanos, políticos salvadoreños admiten incluso la comisión o conocimiento de diferentes tipos de delito, como la presentación de firmas falsas en el proceso de legalización de un partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un organismo que la embajada califica en varios de los cables como “dominado por Arena”. En este sentido, es especialmente dramático asistir al detallado relato que ciertos cables hacen de conversaciones en las que altos funcionarios o incluso un Fiscal General de la República trasladan a los representantes del gobierno de Estados Unidos sospechas de corrupción o acusaciones directas contra ministros o contra jefes policiales por presuntos delitos que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el encubrimiento de lavado de dinero. Ninguno de los funcionarios que hicieron al oído de Estados Unidos estas denuncias divulgó las pruebas que dijo tener en su poder o emprendió una investigación formal, aun cuando hacerlo estuviera, por ley, entre sus atribuciones.
La administración Saca
El paquete de 942 cables entregado por WikiLeaks a El Faro para su análisis y divulgación es parte de los 250 mil cables del Departamento de Estado entregados hace un año al New York Times, El País, The Guardian, Der Spiegel y Le Monde, y comprende 564 documentos tipificados como desclasificados, 271 como confidenciales y 17 como secretos. 878 fueron redactados por la embajada estadounidense en El Salvador y enviados a distintas instancias del Departamento de Estado, a menudo con copia a otras delegaciones diplomáticas en la región. Los otros 64 se originaron en la sede de la Secretaría de Estado o en terceros países con presencia diplomática norteamericana. Dos de ellos proceden de la embajada estadounidense en Polonia y se refieren a procesos políticos o negociaciones petroleras en Europa central, sin ninguna relación con El Salvador.
El primero de los cables en poder de El Faro está fechado el 27 de febrero de 2003 y el último el 23 de diciembre de 2008, pero solo los primeros cinco pertenecen al período del gobierno de Francisco Flores. Casi la totalidad corresponden, por tanto, a los años en que el presidente de la república era Antonio Saca, y el canciller era Francisco Laínez y es su administración la que resulta retratada en las revelaciones que durante las próximas semanas hará El Faro. En el período que abarcan los cables entró en vigor el CAFTA, ocurrieron los sucesos del 5 de julio de 2006, se ventilaron en plena campaña electoral las sospechas de vínculos entre el FMLN y las FARC tras la muerte de Raúl Reyes y la captura de sus computadoras, se enviaron 11 contingentes militares salvadoreños a Iraq, se impulsó una reforma fiscal, se crearon dos fideicomisos, renunciaron un ministro de Hacienda y un secretario técnico de la presidencia, se celebró una elección legislativa y municipal en 2006 y se eligieron dos candidatos a la presidencia con la mirada puesta en 2009.
Asimismo, los cables originados en la embajada en El Salvador corresponden a los períodos de los embajadores Douglas Barclay y Charles L. Glazer. Barclay, senador estatal de Nueva York durante 20 años, fue un fuerte financista de las campañas electorales de George W. Bush y estuvo destinado en San Salvador entre diciembre de 2003 y julio de 2006. Glazer, un banquero de inversiones de Connecticut, estuvo en el país desde enero de 2007 hasta enero de 2009. Destacados miembros del partido republicano ambos, ninguno de los dos tenía experiencia diplomática previa cuando llegó a San Salvador.
Durante la misión de ambos embajadores, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador fueron fluidas a la luz de lo que recogen los cables, y estuvieron marcadas principalmente por tres temas: la presencia de tropas salvadoreñas en Iraq, la insistente búsqueda de un nuevo tratado de extradición entre los dos países y la constante deportación de ciudadanos salvadoreños desde Estados Unidos.
Esas deportaciones fueron, según hacen constar funcionarios estadounidenses en diferentes cables, “el único punto de roce” ocasional entre la administración Saca y el gobierno de Bush. Las actas de reuniones entre la embajada y funcionarios de Cancillería o del gabinete de Seguridad recogen repetidos reclamos de las autoridades salvadoreñas, que relacionaban en buena medida el problema de criminalidad del país con la llegada de deportados con antecedentes penales en Estados Unidos. Irónicamente, según muestran los documentos, en 2006 el gobierno salvadoreño accedió a abanderar los procesos de deportaciones masivas. Por el contrario, la presencia de tropas en Iraq aparece como el mayor punto de afinidad entre ambos gobiernos. El constante envío de nuevos contingentes del Batallón Cuscatlán entre 2003 y 2008 sirvió para que Estados Unidos valorara a El Salvador como un aliado incondicional en la lucha contra el terrorismo internacional promulgada por Bush, hasta el punto de que Washington se atrevió a solicitar a Saca que acogiera en su territorio a presos de Guantánamo.
Fuera de estos tres asuntos bilaterales y de la preocupación compartida por la creciente incidencia del gobierno venezolano en Centroamérica, es la política interna salvadoreña la que concentra la mayor parte de los intercambios epistolares entre la embajada y la sede de la Secretaría de Estado en Washington. Los cables retratan a El Salvador como un país en lento proceso de construcción institucional; en el que Arena y el FMLN son, según firmaba Barclay en septiembre de 2006, “dos extremas polares que trabajan más uno contra el otro que por el bien común”; cuya economía está controlada “por un pequeño grupo de gente”; y en el que tanto en el sector público como en el privado “es más importante a quién conoces que lo que sabes”, en palabras de Glazer en agosto de 2007.
En cuanto a la administración Saca, la embajada la perfila en sus primeros años como eficiente en su gestión económica y comprometida con la solución de los problemas de seguridad del país, aunque a medida que avanza el tiempo se van consolidando entre los funcionarios estadounidenses fuertes dudas sobre la capacidad del gabinete de Seguridad y una creciente preocupación por la solvencia financiera del gobierno salvadoreño, que en diciembre de 2008 sufría según fuentes de la embajada un grave problema de liquidez por culpa, según Glazer, de “políticas económicas poco meditadas”.
La principal constante en los casi mil cables analizados por El Faro es, en todo caso, una evidente preocupación de Estados Unidos por las elecciones presidenciales de 2009. Durante toda la gestión Saca, la embajada interpretó cada movimiento del voluble panorama político salvadoreño bajo el criterio del efecto que pudiera tener en el desempeño electoral de Arena. Esto explica que durante todo 2007 la representación diplomática prestara especial atención a la posible candidatura presidencial del alcalde de San Miguel, Wil Salgado, por el impacto que esta hubiera podido tener entre los votantes de derecha.
Cuestiones esenciales de las relaciones bilaterales, como le renovación del TPS, la implementación del CAFTA, la posible designación de El Salvador como Aliado Importante No-OTAN o el ritmo de desembolsos de los fondos de la Cuenta del Milenio también se analizaron teniendo en cuenta, entre otros criterios, su posible efecto en la elección de 2006 primero y en la de 2009 después. La conformación de alianzas entre partidos y el proceso de elección de candidatos, con especial atención al “interés de Saca en que René Figueroa sea su sucesor”, que Barclay ya reseña en 2006, reciben abundante espacio y derivan incluso en propuestas de acción enviadas por la embajada a Washington para que interfiera en el proceso.
Enfrente, los cables reflejan también los esfuerzos del FMLN por mejorar sus relaciones con la embajada estadounidense a partir de la segunda mitad de 2006 -después de los asesinatos de policías cometidos por Mario Belloso en una manifestación- y en 2007, especialmente durante los meses previos a la postulación oficial del ahora presidente Mauricio Funes como candidato. Funes era, según revelan los cables, un candidato en el que la embajada estadounidense no confiaba. Por un lado, oficiales políticos de la embajada dudaban de cuál era en detalle su ideología. Después, el mismo embajador Glazer expresó dudas sobre la capacidad que el ex periodista tendría para gobernar de forma independiente frente a un FMLN que a ojos de la diplomacia norteamericana oscila desde hace años entre un “marxismo semidemocrático” y el “estalinismo centralista”, y que a pocos meses de la elección de marzo de 2009 concentraba todavía todos los miedos históricos de Estados Unidos hacia la izquierda centroamericana que impulsó las revoluciones de los 70 y los 80.
Los cables de WikiLeaks, con frecuencia, parecen retratar la gran distancia que puede haber entre los discursos y los argumentos públicos de los gobernantes y los políticos, y las convicciones o razones que estos expresan lejos de cámaras, micrófonos y grabadoras.
