El presidente de la República, Mauricio Funes, dio su visto bueno al decreto que sin discusión aprobaron los partidos de derecha la tarde del jueves, que obligará a la Sala de lo Constitucional a resolver sus sentencias por unanimidad, y no por mayoría, como prescribía la Ley Orgánica Judicial.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron promovidas por el Partido de Conciliación Nacional en un proceso que en términos de tiempo refleja la manera en que se concibió todo: el PCN propuso las enmiendas la tarde del jueves, los partidos Arena, Gana y PDC le dieron su respaldo inmediato. Una vez aprobado el decreto, lo enviaron a Casa Presidencial para consideración de Funes y este lo sancionó.
Aunque el decreto 743 aparecerá publicado dentro de unos 15 días, según explicaron a El Faro fuentes del Diario Oficial, será incluido en el ejemplar correspondiente a ayer. 'La Presidencia de la República pidió reserva de espacio para que apareciera publicado en el Diario Oficial del 2 de junio de 2011', dijo una persona que trabaja en la Imprenta Nacional. Este periódico pidió una constancia de que el decreto será incluido en el Diario Oficial de ayer, y fue firmada por el subdirector de la Imprenta, Edgard Antonio Mendoza. En la práctica, la decisión de 'homologar' las decisiones de los magistrados constitucionalistas será publicada dentro de dos semanas en un Diario Oficial prefechado 2 de junio.
El decreto fue tan controvertido que el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl le llamó 'aberración' y se retiró de la sesión plenaria. Los diputados de los cuatro partidos que lo aprobaron no pudieron explicar en qué consistía la necesidad de obligar a los magistrados de la Sala a votar por unanimidad las sentencias de inconstitucionalidad.
Lo que sí dejaron claro algunos de ellos es que legislaron para afectar el trabajo de aquellos magistrados que le han complicado la vida a las cúpulas partidarias con varias sentencias de inconstitucionalidad emitidas en los últimos 10 meses. El pedecista Rodolfo Parker declaró que a su juicio había necesidad de frenar a la Sala porque con sus decisiones estaba violando la Constitución.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron elaboradas un día antes de que la Sala estudiara la posibilidad de declarar inconstitucional el sistema electoral que permite que algunos diputados sean elegidos hasta con una quinta parte del apoyo que reciben otros legisladores. La Constitución establece que el voto de todos los salvadoreños vale lo mismo, pero en la práctica no ocurre así gracias al sistema de residuos que prescribe el Código Electoral. En 2009, por ejemplo, el PCN obtuvo diputados con una votación de apenas entre 7 mil y 8 mil sufragios, mientras que a otros partidos, como el FMLN y Arena, en varios departamentos les costó obtener hasta 35 mil votos o más para tener derecho a un solo escaño legislativo.
FMLN, fiscal y ANEP critican maniobra
Y mientras la Presidencia de la República ha callado sobre las razones para sancionar el decreto, otros actores sí se pronunciaron con claridad este lunes, incluido al partido del gobernante, el FMLN, que consideró una 'tragedia para la democracia' la actuación del mandatario.
Al debate se unieron además el fiscal general, Romeo Barahona, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que criticaron la medida.
Barahona lanzó esta mañana dos críticas al decreto. “En ningún tribunal constitucional se resuelven las cosas por unanimidad (…) En la mayoría, como el tribunal constitucional de Estados Unidos, España, Costa Rica y otros suramericanos, las decisiones se toman por mayoría”.
El segundo cuestionamiento del fiscal se refiere al tiempo de vigor del decreto 743 que establece que las reformas a la Ley Orgánica Judicial durarán hasta julio de 2012, justo cuando terminan su mandato en la Sala de lo Constitucional los cuatro magistrados que han estado votando unidos desde cuando asumieron. “Los decretos no tienen que ser transitorios, las leyes son eminentemente generales, abstractas e impersonales. Esas son las características esenciales de una ley”.
Aunque el decreto no cumple las características que debería tener, el funcionario no quiso pronunciarse sobre la posible ilegalidad: “No puedo decir que es inconstitucional porque es regulado por una ley secundaria”.
La ANEP también se pronunció en contra del decreto, considerando que se trata de un atentado contra la democracia. 'La reforma aprobada por Gana, Arena, PCN y PDC, que obliga al consenso de votos para la aprobación de los dictámenes de la Sala de lo Constitucional, es un verdadero golpe a la democracia salvadoreña', dijo la ANEP.
La interpretación del gremio empresarial es que la reforma a la Ley Orgánica Judicial elimina el sistema de pesos y contrapesos que garantiza un régimen democrático. 'Ahora, con la reforma de esta ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado. Llama la atención que el mismo día de su aprobación, la ley fue sancionada y publicada por el Presidente de la República, sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia.'
De todos los actores políticos que se pronunciaron este viernes, quizás la mayor contundencia la puso el mismo partido del presidente. El diputado Sigfrido Reyes calificó como una 'tragedia para la democracia' el hecho de que el presidente hubiera avalado el decreto que su partido no apoyó durante la sesión plenaria del jueves.
Reyes, ex vocero del FMLN y ahora presidente de la Asamblea Legislativa, calificó de aberrante la decisión presidencial: “Yo creo que aquí hay una opinión ciudadana, hay un pueblo, hay una sociedad civil y hay un sector político que nos oponemos a ese tipo de decisiones aberrantes. Es una aberración desde todo punto de vista”, dijo.
Lamentó que el decreto haya sido sancionado con tanta celeridad y dijo que cabe sospechar que detrás del acuerdo exista una negociación oculta. “La lógica de este decreto no resiste ningún análisis serio, no me extrañaría que estos señores de la derecha vengan mañana a plantear que todas las decisiones de esta Asamblea Legislativa vengan con unanimidad”, dijo.
Organizaciones cívicas contra el decreto
Aparte del gremio empresarial ANEP, cuatro organizaciones cívicas que han venido analizando desde hace meses las sentencias de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron también este viernes calificando como 'golpe a la institucionalidad' la emisión del decreto y la sanción de parte del presidente Funes.
Fespad, Fundaspad, Abodel y la ISD, que con ANEP cubren todos los signos ideológicos de izquierda a derecha, consideraron que la sanción que dio el presidente al decreto es lamentable y un atropello al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.Abraham Ábrego, de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) manifestó que el hecho de que un solo magistrado pueda imponer un candado a las resoluciones de la Sala es atentatorio contra la institucionalidad. “No es propio de la democracia que una minoría pueda imponer su criterio sobre el resto”, comentó Ábrego.
También hubo críticas al proceso de aprobación. “Llama la atención que se hizo en un período corto, y lo único que demuestra es que hubo un acuerdo previo”, dijo José Mirio González, presidente de la Asociación de Abogados de La Libertad (Abodel).
Por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), René Landaverde, informó que está preparando un informe que será presentado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se demostraría que el decreto violenta la Carta Democrática Interamericana.
