El decreto legislativo emitido el jueves con el fin de paralizar a la Sala de lo Constitucional logró que 35 organizaciones cívicas de todo signo ideológico se unieran este martes para demandar a la Asamblea Legislativa la derogación, por considerar que constituye un ataque a la institucionalidad del país.
En una insólita manifestación de rechazo estuvieron sentados a la misma mesa representantes de organizaciones tan divergentes políticamente como el gremio de empleados públicos Agepym, y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Profesores, jueces, medios de comunicación, intelectuales, feministas, académicos y organizaciones que promueven la transparencia y la rendición de cuentas se reunieron en el auditorio Ignacio Ellacuría, de la Universidad Centroamericana, para demandar a la Asamblea que se retracte del decreto 743. Este fue concebido para frenar a los magistrados constitucionalistas, según admitieron algunos de los promotores de la reforma a la Ley Orgánica Judicial, como Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. En virtud del 743, los magistrados estarían obligados a sentenciar inconstitucionalidades solo si lograban reunir los cinco votos de la Sala, en lugar de cuatro, como ha sido hasta ahora.
La tarde de este miércoles, la Sala de lo Constitucional informó que de las 26 sentencias de inconstitucionalidad emitidas desde el inicio de su gestión, en julio de 2009, 16 contaron con el respaldo de los cinco magistrados.
Por la mañana, las 35 organizaciones cívicas, en boca de Andreu Oliva, rector de la UCA, calificaron el decreto como 'un atentado a la institucionalidad y al equilibrio de poderes dentro del Estado, además de ser una clara acción política'. Oliva actuó como vocero del conglomerado.
El 743 reformó la Ley Orgánica Judicial en sus artículos 12 y 14. El artículo 14 establecía que la Sala de lo Constitucional podía emitir sentencias de inconstitucionalidad con el voto favorable de cuatro de los cinco magistrados. Con la reforma se decidió que a partir del jueves pasado cada fallo requerirá el concurso de los cinco magistrados. Sin embargo, este lunes la Sala desafió la decisión de los políticos al declarar inaplicable el decreto, aduciendo que viola la Constitución porque se emitió sin debate de por medio.
Ante el enfrentamiento y con las declaradas intenciones de algunos políticos de destituir a los cuatro magistrados que asumieron en julio de 2009, las 35 organizaciones salieron en defensa de la Sala. Oliva, hablando en nombre de todas, exhortó a los salvadoreños a expresarse en contra de la maniobra en la que participaron los partidos políticos de derecha al aprobar el decreto 743, y el presidente Mauricio Funes, al sancionarlo y mandarlo publicar el mismo día de la votación. 'Hacemos un llamado a la población a demostrar su indignación mediante todos losmedios pacíficos posibles', dijo.
El comunicado de prensa que emitió el movimiento subraya que la urgencia con la que el decreto fue aprobado y sancionado, más el hecho de que estará vigente mientras duren en sus cargos los cuatro magistrados, demuestra que, más que tratarse de una acción jurídica, es una maniobra política contra los magistrados.
A los políticos les han resultado incómodos los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, porque suscribieron una serie de sentencias que golpearon el poder de las cúpulas partidarias. Estas sentencias, aunque han sido minoría, fueron emitidas sin el respaldo del quinto magistrado, Néstor Castaneda, quien ya era parte de la Corte Suprema de Justicia cuando la Asamblea eligió a los otros cuatro.
El viernes pasado, un día después de la maniobra legislativa-ejecutiva, el fiscal general, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y algunos dirigentes del partido FMLN denunciaron lo que consideraron un golpe a la democracia. Todos coincidían en que no tiene sentido exigir unanimidad a los jueces constitucionalistas y destacaban el afán de diputados y presidente Funes de aprobarlo en un abrir y cerrar de ojos.
Este martes, el representante del Foro de Jueces Democráticos e Independientes, Juan Antonio Durán, alegó que ningún tribunal colegiado constitucional en el mundo condiciona sus decisiones a unanimidad, ya que su naturaleza es el debate. 'Ni siquiera en el caso de Filadelfia, en 1967, que decretó con cinco votos contra cuatro el derecho de los acusados a no contestar preguntas antes de hablar con su abogado. Aun en esos casos tan delicados y trascendentales, se dictan sentencias basadas en el debate', dijo.
Los movimientos que llamaron a manifestarse contra el decreto a menudo han tenido posturas extremadamente divergentes en temas de agenda nacional. Fusades, de carácter empresarial y tradicionalmente alineada con la derecha, y otros grupos como el feminista Cemujer, el partido CD (Cambio Democrático) y el Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), más identificados con la centroizquierda. Y más a la izquierda aún aparecen Bases Magisteriales, la Universidad Luterana y la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym).
Carlos Rivas, pastor del TAI, explicó la presencia de su organización, 'tradicionalmente ausente de situaciones de coyuntura nacional': 'Con esta acción el presidente Funes está sepultando la esperanza que el pueblo salvadoreño había depositado en él'. Él mismo reparó en la amplia diversidad de organizaciones detrás del pronunciamiento. 'Esto es algo esperanzador', dijo.
Para Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y representante de Transparencia Internacional, este precedente de unificación entre sectores de ideologías distintas se debe a la profunda crisis de institucionalidad que, a su juicio, representa el 743. 'Es la primera gran crisis que enfrentamos desde los acuerdos de paz, y esa gravedad demanda que dejemos parqueadas las ideologías'.
El grupo cerró convocando a una manifestación a las 4 d ela tarde en la plaza del monumento al Salvador del Mundo. El movimiento la bautizó como 'Plaza de la dignidad'. Asimismo, anunciaron que este jueves presentarán a la Asamblea Legislativa una petición de derogación del decreto, y posteriormente presentarán a la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad contra el 743.
En la Asamblea Legislativa, los partidos políticos aún no aclaran lo que harán tras la decisión de los magistrados de declarar inaplicable el decreto. Pero la tarde de este martes llegó al parlamento Óscar Morales, magistrado del Tribunal Supremo Electoral destituido por orden de la Sala, a pedir que se destituya a los cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional, acusándolos de violar la carta magna por la forma en que lo cesaron en su cargo.
