El Consejo de Ministros español acordó este viernes solicitar a las autoridades de El Salvador y de Estados Unidos la extradición de 15 militares salvadoreños acusados de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho que ocurrió el 16 de noviembre de 1989.
La agencia Europa Press informó que, a propuesta del ministro de Justicia de España, Francisco Caamaño, el gobierno español ha emitido 13 solicitudes de extradición a El Salvador y otras dos a Estados Unidos. Caamaño presentó la solicitud a petición de la Audiencia Nacional, instancia que procesa a los militares por los delitos de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad.
La Audiencia Nacional decidió acudir al mismo gobierno después de varios pedidos de colaboración a las autoridades judiciales salvadoreñas, que se rehusaron a prestar auxilio en las investigaciones por la masacre cometida por el ejército salvadoreño durante la mayor ofensiva guerrillera de la guerra civil salvadoreña.
A principios de noviembre, el juez del caso Eloy Velasco pidió formalmente al Ejecutivo que iniciara los trámites de la extradición. La justicia española procesa a 20 militares, pero tras la muerte del exjefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, el caso de este fue cerrado. Otros dos implicados no han sido localizados, otro se ha dispuesto a colaborar con la justicia, mientras que un último se puso a la orden del juez y actualmente goza de libertad provisional.
Uno de los acusados, el coronel Camilo Hernández, reveló a El Faro en una entrevista publicada en junio pasado, que él dio a los soldados que realizaron la masacre, el fusil destinado a matar al rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría.
Dos de las solicitudes aprobadas están dirigidas a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, país donde actualmente radica el exviceministro de seguridad pública, coronel Inocente Orlando Montano Morales; y el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, quien trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia de la Fuerza Armada.
Montano está procesado por perjurio en una corte en Estados Unidos. El militar ha vivido una década en las afueras de Boston. Hace unos meses, poco después de que fue localizado por el organismo no gubernamental que impulsó la querella en España (CJA), Montano dijo a El Faro que las acusaciones en su contra no tenían fundamento y que la prueba de eso era que él vivía tranquilamente en Boston.
Las otras 13 solicitudes de extradición están dirigidas a las autoridades salvadoreñas. La lista de extraditables incluye a la cúpula militar de esa época: Juan Rafael Bustillo Toledo, excomandante de la Fuerza Aérea; Joaquín Arnoldo Cerna Flores, exjefe del Estado Mayor; Francisco Elena Fuentes, exjefe de la Primera Brigada de Infantería; Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, exdirector nacional de inteligencia; Rafael Humberto Larios López, exjefe del Estado Mayor; Juan Orlando Zepeda Herrera, exviceministro de defensa nacional; y Guillermo Alfredo Benavides Moreno, exdirector de la Escuela Militar.
Consultado vía telefónica uno de los abogados defensores de los militares, este dijo que no le preocupaba la solicitud. 'Es lo que queríamos y estábamos esperando, porque la extradición es improcedente', dijo Eduardo Cardoza, representante de Bustillo y Larios. 'La Corte Suprema de Justicia sentó ya un precedente cuando dijo que la difusión roja de Interpol no suponía la obligación de capturar a los militares... pediremos al pleno de la Corte Suprema una audiencia para exponer por qué consideramos que no procede conceder la extradición'.
El trámite diplomático de extradición también incluye a mandos medios y tropa que estaba destacada en el Batallón Atlacatl: Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Alberto León Linares y Tomás Zarpate Castillo.
En julio pasado, el juez Velasco pidió a la Policía Internacional (Interpol) la captura de 10 de los militares procesados. El Salvador recibió esa orden el cuatro de agosto, pero lejos de ejecutar las órdenes permitió que los procesados pidieran refugio en la Brigada Especial Militar. Ellos alegaron que, aún en retiro, un militar no deja de ser militar. El entonces ministro de defensa, David Munguía Payés, accedió a darles refugio.
Días después, la Corte Suprema de Justicia determinó que las difusiones rojas de Interpol no equivalen a una orden de captura internacional sino que debe existir una autorización del máximo tribunal para ejecutarlas. Ahora, las peticiones de extradición deberán ser resueltas por los mismos magistrados que beneficiaron a los militares procesados.
