Presidencia, Asamblea, Corte y alcaldías incumplen Ley de Acceso a la Información

Los portales en internet que abrieron este martes la Presidencia de la República, las instituciones autónomas, los ministerios, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial, con motivo del inicio de la obligación legal de divulgar información sobre sus actuaciones, no cumplen la Ley de Acceso a la Información Pública, pues casi en ninguna de estas oficinas está disponible todo lo que la LAIP manda.

Aunque la ausencia de información es la norma, los sitios habilitados en internet también tienen problemas de dispersión, sus contenidos no están estandarizados y en algunos casos -como sucede con el Ministerio de Educación- requieren que la persona que busca ingrese una identificación de usuario y contraseña correspondientes que no están disponibles.

Quizá el incumplimiento más sobresaliente sea el de la Presidencia de la República, que en su portal de transparencia sigue sin divulgar sus contratos de publicidad para los años 2011 y 2012, y en los sistemas de información abierta en internet no hay pistas ni registros que indiquen que se subirá ahí lo gastado en los años previos de la gestión de Mauricio Funes. Para conocerlo, entonces, habrá que hacer una solicitud de información y si esta fuera denegada la persona peticionaria podría poner una demanda en un Instituto de Acceso a la Información que no existe porque el presidente de la República lleva seis meses de retraso en nombrar a los cinco comisionados.

'Ese rubro tiene que estar', dijo hace una semana el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien este martes 8 de mayo admitió que el arranque de dichos sistemas es un inicio con tropiezos, pero con pie derecho.

'Sin duda hay cosas por superar, pero en términos generales estamos satisfechos con este arranque', dijo en conferencia de prensa. Más tarde, en su cuenta de twitter, Rodríguez hizo una solicitud a los periodistas que habían comenzado a hacer señalamientos sobre deficiencias en los sistemas: 'Les pido que revisen las web y nos cuenten, para mejorarlas'.

La LAIP, aprobada hace un año, ordenó que todas las instituciones estatales y no estatales que manejan fondos públicos están obligadas a publicar un cúmulo de información como contratos y licitaciones, salarios, gasto de viajes, dietas, sin necesidad de que haya peticiones del público para que la presenten. Esa información básica se llama 'información oficiosa' en la normativa. Asimismo, a partir del lunes 7 de mayo de 2012, toda persona tiene el derecho de usar un mecanismo de petición de información no oficiosa, y las instituciones estatales estarán obligadas a responder.

Este martes, sin embargo, en el arranque de los sistemas en línea que publican la información oficiosa, en la mayoría de portales de las oficinas del Estado esa información o no está, o está incompleta. De todos los entes obligados a cumplir la ley, solo el Órgano judicial abrió en línea su portal de transparencia desde hace una semana, y el del Ministerio de Obras Públicas, quizá el más completo en todo el Ejecutivo, funciona desde hace más de un año y este martes apareció muy ampliado.

Que haya información incompleta, sin embargo, no elimina que ya se están conociendo algunos datos. La información disponible, por ejemplo, tal vez refleje lo que ya algunos funcionarios habían planteado en 2011 a El Faro sobre un gobernante que trabaja muy aislado de su gabinete. En todo el 2011, según revela el punteado de las actas de las reuniones del consejo de ministros, el presidente Mauricio Funes solo se reunió cinco veces con sus ministros, lo cual abona a los señalamientos de que el presidente se limita a relacionarse con un puñado de funcionarios -y no funcionarios- que dos años después de haber iniciado el gobierno son sus nuevos operadores.

Gracias a la herramienta, ahora sabemos que el MOP también gastó en 2011 más de 13 mil dólares en dos campañas publicitarias. Una, de casi 8 mil dólares, hablaba de que la institución construye 'puentes para el progreso'. La otra, para informar que la licitación para la reconstrucción del millonario –y denunciado- Bulevar Diego de Holguín había sido declarada desierta.

La información más sensible y más importante, sin embargo, posiblemente solo será accesible mediante recursos de petición ante el Instituto aún no existente. Por ejemplo, los gastos de publicidad de un gobierno cuyo presidente inició prometiendo que su administración iba a seguir un camino distinto al de sus predecesores. O, por ejemplo, la información sobre los viajes del presidente y las personas -funcionarios o no funcionarios- que le acompañan.

Este tipo de información posiblemente se convierta en razón de litigio porque el presidente Funes emitió un reglamento que creó una prohibición no recogida por la LAIP, al establecer que será información secreta la que ponga en riesgo lo que llamó 'seguridad política'. Dentro de 'seguridad política' caben actuaciones que lo podrían abarcar todo porque no precisa actos específicos: 'Se define seguridad política como toda acción o actividad, directa o indirecta, que realicen los funcionarios de alto nivel, tendientes a defender el orden público, la organización política del gobierno y sus instituciones, así como toda actividad que tenga por objetivo gobernar o dirigir al Estado o al buen desarrollo de la política gubernamental, incluyendo las actividades destinadas a proteger de las amenazas contra la legitimidad, reconocimiento y la autoridad del gobierno que desencadenen circunstancias de inestabilidad política, corrupción e ingobernabilidad, entre otras', dice el artículo 2 del reglamento.

La LAIP define tres clases de información: pública, que es aquella a la que tendrá acceso cualquier persona interesada; reservada, que es la información secreta y se vincula a planes militares, a estrategias de lucha antidelincuencial, y en general a actividades vinculadas al interés nacional, y confidencial, que se refiere a los datos personales como confesión religiosa, preferencias sexuales y otras.

El artículo 19 de la ley detalla cuál es la información que tendrá carácter reservado. Sin embargo, el presidente, en su reglamento, creó como causales de reserva dos conceptos: seguridad nacional y seguridad política. Esta es una de las razones por las cuales algunas de las instituciones que forman parte del Grupo Promotor de la LAIP demandaron a la Presidencia ante la Sala de lo Constitucional, argumentando que un reglamento no puede establecer más restricciones que las que ya incluye la ley.

Asimismo, demandaron al presidente porque este se otorgó la potestad de arbitrariamente abstenerse de escoger a alguien de las ternas propuestas por cinco sectores de la sociedad para integrar el Instituto de Acceso a la Información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que uno de los 13 principios en los que se basa la libertad de expresión es el de la necesidad del control ciudadano sobre los funcioniarios, en el entendido de que el poder de una sociedada reside en el pueblo. El principio 11 dice que los funcionarios públicos están sometidos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

El escrutinio público sobre la actuación del Estado y la rendición de cuentas son fundamentales en una democracia. El máximo organismo hemisférico en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana, ha llegado a decir que no se puede concebir plena democracia sin acceso a la información. 

Con tropiezos arrancó el sistema de información

A las 8:30 de la mañana, una hora antes de que la Subsecretaría de Transparencia del Ejecutivo lanzara el portal 'Gobierno Transparente', este sitio web ya estaba en línea pero sin ninguna información referente a las entidades que en él se aglutinan: 73 oficinas adscritas al Ejecutivo, incluida la Presidencia de la República.

El portal, que pretende ser un puente en línea para todas esas instituciones, ni siquiera enlazaba o informaba al usuario para que visitara la página oficial de cada ministerio u oficina gubernamental, para consultar si ahí estaba lo información que ese portal prometía pero que no presentaba.

Ese portal, por ejemplo, una hora antes del 'lanzamiento oficial', no revelaba nada de los gastos de Casa Presidencial.

Las fallas en el sistema y los incumplimientos alcazaron incluso al Ministerio de Obras Públicas, una de las páginas mejor elaboradas del conglomerado de portales. 'No hay datos', era el mensaje que salía en la carpeta de 'viajes' para esa cartera, cuando la ley ordena que ese sea uno de los rubros detallados con montos, destinos, objetivos, nombre del funcionario que viaja y viáticos que se la asignaron en ese viaje.

Otros portales, como por ejemplo el del Ministerio de Relaciones Exteriores, tampoco estaba incluido el martes dentro del portal puente del gobierno. Sin embargo, para este 9 de mayo, Cancillería ya exhibía su portal de transparencia en su página oficial.

En cambio, en el rubro de 'viajes' del Ministerio de Hacienda, de la Administración de Acueductos y Alcantarillados y en el de la Fiscalía General de la República, tampoco había alguna información que presentar al público.

El Faro sondeó el desempeño de 18 portales, incluidos el de la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y la Fiscalía, y los resultados hablan de bases de datos complicadas y sin uniformidad, documentos descargables (en formato pdf) que no permiten una fácil navegación, e información desordenada. Los menúes dispuestos en cada portal son distintos, de tal manera que un usuario no familiarizado con cada página tendría dificultades para navegar y buscar.

El secreto mejor guardado

Si Casa Presidencial hubiera cumplido la ley, los salvadoreños ya sabríamos del gasto en publicidad realizado en la gestión de Mauricio Funes. Sin embargo, ese rubro, que debería haberse dado a conocer de manera oficiosa, sigue siendo un secreto.

El equipo de redacción de El Faro navegó más de una hora en el portal de la Presidencia, en los documentos de adjudicaciones y compras de bienes y servicios, en más 102 páginas en formato PDF, pero ese gasto no está recogido en ninguna parte. Tampoco había señales de los gastos efectuados por la Secretaría de Comunicaciones, que para el año 2012 tiene un presupuesto asignado de 12 millones 654 mil 655 dólares. Quizá el problema sea que la Secretaría de Comunicaciones no tiene poder para manejar los recursos que se le asignan, como explicó en 2010 el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, con motivo de una investigación publicada por este medio en la que se reveló que Polistepeque, la compañía del creador de la campaña de Mauricio Funes -y amigo del presidente, Joao Santana- era la encargada de la publicidad del gobierno.

Los fondos de la Secretaría de Comunicaciones los administra la Secretaría Privada del Ejecutivo, por medio del secretario privado, Francisco Cáceres, en el rubro de 'Dirección y Administración Institucional'. En el portal, sin embargo, este rubro es el que menos información devela sobre gastos, a diferencia de los detallados gastos de la Secretaría de Asuntos Estratégicos dirigida por Franzi Hasbún, y de la cual depende la Subsecretaría de Transparencia; de la Secretaría Técnica y de la Secretaría de Inclusión Social, la oficina dirigida por la primera dama Vanda Pignato.

De las cuatro secretarías del Ejecutivo, la Privada es la que tiene más acceso y más cercanía al presidente Funes –incluso en espacio físico: en la casa presidencial, la oficina del secretario privado está contigua a la del presidente Mauricio Funes, con una puerta de acceso incluida al despacho presidencial- y es sobre la que posiblemente hay menos información disponible en el rubro de manejo de presupuesto. Unos fondos que para este año ascienden a más de 42 millones de dólares.

La secretaría Privada es, según fuentes de Hacienda, la misma que manejaba la 'partida secreta' del Ejecutivo, que en término técnicos era el remanente de los presupuestos de las oficinas adscritas al Ejecutivo que luego pasaban a una bolsa común sin pasar por la aprobación y supervisión de la Asamblea Legislativa. Precisamente porque eran fondos sin control del Legislativo al Ejecutivo, la Corte Suprema declaró inconstitucional el desvío de estos fondos hace dos años.

En el portal de la presidencia, al escribir la combinación 'gasto + publicidad' en el portal tampoco se obtuvo ningún resultado.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información, el 8 de mayo de 2011, la primera crítica severa contra el presidente Mauricio Funes provino de un conjunto de organizaciones cívicas que señalaron las ilegalidades del reglamento a la ley que emitió el gobernante. Aparte de crear categorías nuevas de información reservada, el presidente otorgó discrecionalidad a las instituciones para dar alguna información.

Por ejemplo, la ley abre las puertas para que se conozca el salario de un empleado o funcionario con respecto a su cargo o a su plaza dentro de cada institución. Una herramienta que ayudaría a descubrir, por ejemplo, las plazas fantasmas en las dependencias del Estado, al hace una relación del nombre de la persona contratada con sus posibles parentescos familiares o afiliaciones político partidarias. Como fue el caso de las plazas que Arena tenía en el Centro Nacional de Registros, en donde había familiares de ex presidentes e incluso diputados del partido; o en la Asamblea Legislativa, en donde fue contratado el hijo de ex diputado del PCN Elizardo González Lovo, o en la Corte Suprema de Justicia, en donde se descubrió venta de plazas o denuncias de plazas abiertas para familiares de algunos magistrados.

Pero el Ejecutivo, en el reglamento, dijo que para las plazas podrá conocerse la denominación del cargo, la categoría salarial, la forma de contratación, la remuneración mensual, las dietas y gastos de representación, 'por lo cual, no será necesario aclarar el nombre de la persona que se encuentra en dicho cargo. Basta con que se denomine el cargo al cual se otorgan dichas remuneraciones'.

El resultado es que para 25 portales de las instituciones consultadas por El Faro, incluido el Órgano Judicial, todos escogieron la modalidad propuesta por el Ejecutivo: tienen la lista de plazas y la remuneración que le corresponde a la plaza, pero no el nombre de la persona que ocupa esa plaza.

Sin la identificación de las personas será difícil descubrir conflictos de intereses como cuando, por ejemplo, uno de los diputados del ya extinto PCN había contratado a su hijo como jefe de la unidad de transporte. El Faro reveló en un reportaje de mayo de 2011 que Elizardo González hijo fue destituido porque no se presentaba a trabajar.

En el reglamento, el Ejecutivo no da argumentos de por qué no es necesario vincular un nombre a una plaza y a un salario. Quien alguna vez sí dio argumentos para oponerse a una medida de apertura como esta, fue el ex presidente de la Asamblea Legislativa y ex presidente del PCN, Ciro Cruz Zepeda, durante la campaña para las elecciones legislativas de 2009.

Según dijo en esa ocasión, ese tipo de leyes y aperturas de información lo que hacían era 'poner en riesgo' a los funcionarios y empleados públicos porque en un país con tanta delincuencia y violencia, los ladrones, extorsionadores y secuestradores intentarían atentar contra los empleados y funcionarios en virtud de que saben cuánto dinero ganan...

Un enredo de datos

Antes de la entrada en vigencia de la LAIP, todas las instituciones y oficinas del Estado que manejan fondos públicos tenían la facultad de subir a un portal en internet -administrado por el Ministerio de Hacienda- el detalle de sus compras y adquisiciones. La página se llama Comprasal, y en ella las unidades de adquisiciones y contrataciones –al menos las más transparentes- subían con cierta frecuencia la información relacionada a las compras de bienes y servicios.

El problema con Comprasal es que su uso no era obligatorio, y dependía de la discrecionalidad de las UACI de cada oficina de gobierno. Por ejemplo, Casa Presidencial, en ese sistema, solo tiene detallada una compra para el período 2009-2014.

El sistema, sin embargo, tiene una navegación por rubros, por periodos y por instituciones. Un usuario que quiera conocer cuánto se gasta en el rubro de publicidad para una entidad específica, en un período específico, obtenía la información detallada sobre ese gasto, en esas institución, si acaso esta era subida a ese portal.

Pero aunque no estuviera la información de alguna contratación, el sistema evidenciaba ese faltante y en nada afectaba a una navegación efectiva. Ofrecía -y ofrece, porque sigue en línea- información al detalle sobre los montos otorgados en los contratos de compra de bienes muebles o adquisición de servicios. Así como el nombre de las empresas ganadoras.

Pero este martes, los portales de transparencia abiertos al público ofrecen al ciudadano una tarea que resulta titánica y tediosa. Con lo cual ninguno, en navegabilidad, supera a Comprasal. En el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, al descargar el documento que remite a las contrataciones y adquisiciones, en este se aglutinan todas las compras y contrataciones de servicios sin ningún tipo de distinción. Sin orden y sin poner a disposición criterios de búsqueda. Los gastos por rubros (comida, servicios de limpieza o servicios de seguridad) están mezclados en un solo documento que no permite navegación. Es decir que si busca un gasto en específico, por ejemplo el gasto en combustibles, tendrá que ir leyendo uno por uno los 132 ítems del documento, para encontrar en medio de ese mar de datos que en 2011 el MOP pagó más de 16 mil dólares a Alba Petróleos para hacerse de vales de combustible.

El mismo resultado ocurre en los datos que sí ha liberado la Presidencia, y en instituciones como el Ministerio de Agricultura, Economía, Seguridad, Hacienda, Salud, entre otros.

Información con candado

Aparte del incumplimiento de la Casa Presidencial para transparentar su gasto de publicidad, el del Ministerio de Educación es otro de los portales que refleja, literalmente, una información protegida con candado.

Y no solo porque de los 14 botones de información dentro de la página ninguno conecta con la información a la que hace mención, sino porque 12 de esos 14 botones redireccionan a una página en la que se pide un usuario y una contraseña.

El mensaje que lanza es: 'El servidor www.mined.gob.sv:80 requiere un nombre de usuario y una contraseña. Mensaje del servidor WEBMINED'. En ningún lado del portal hay forma de crear una cuenta o un usuario para poder ingresar.

En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ocurre otro problema. En la página, los primeros botones que interesan son la lista de asesores, inventario, viajes y registro de ofertantes y contratistas. Sin embargo, al dar click sobre menúes aparece el siguiente mensaje: '¡Vaya! Google Chrome no ha podido establecer conexión con la página 172.19.0.34.'

En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), los rubros de contrataciones aparecen con terminología que complica la búsqueda. Esos términos, por ejemplo, son los números de contratos de las licitaciones. Y ninguno, por ejemplo, hace referencia a los gastos de mantenimiento, compra de equipos y adquisiciones de servicios para el millonario proyecto del Puerto de Cutuco, en La Unión. De hecho, para ese puerto no hay ningún gasto detallado, así que es imposible determinar, a partir de la información publicada en la web, si CEPA tiene algún gasto con motivo de un puerto que costó 100 millones de dólares y que sigue sin utilizarse para lo que se construyó.

En el Ministerio de Defensa, el enlace del inventario, estados financieros, registro de ofertantes y contratistas, concesiones y autorizaciones, lleva a una página en blanco. El de contrataciones y adquisiciones lleva a la página de Comprasal del Ministerio de Hacienda. Cabe resaltar que en esa página, Defensa es de las instituciones que más actualizan sus gastos, desde hace cuatro años.

Órgano Judicial lo intenta, Asamblea fracasa, alcaldías incumplen

La Corte Suprema de Justicia habilitó desde hace una semana un sitio bastante navegable, y con paciencia se encuentran datos como la compra de vehículos realizada hace más de 12 años, un salto de calidad con respecto al resto de portales, que solo manejan información de los años 2011 y 2012. El portal del Órgano Judicial también tiene información en los rubros Corte plena, funcionarios y misiones oficiales, finanzas institucionales, planificación, estadísticas e informes de gestión, adquisición y contratación de bienes, obras y servicios, investigación profesional, judicial y probidad.

Quizá una de las cosas más positivas, y que diferencian a este portal del resto, es que su buscador interno sí funciona. Al escribir, por ejemplo, las palabras 'viáticos, gasolina, o viajes', aparecen los documentos en las que esa palabra se ocupa. Sin embargo, comprobar que ahí esté toda la información resulta una tarea complicada. Los documentos que son anteriores a 2011 son documentos escaneados, con lo cual se complica la búsqueda mediante los comandos Ctrl + F.

Entre los problemas de la página está la inhabilitación del 'índice de información restringida', y que en los compendios de investigación judicial y probidad solo se publican estadísticas de casos procesados desde 2011, pero ningún detalle sobre esos casos. Tampoco se menciona nada sobre las depuraciones.

La Asamblea Legislativa es quizá la institución que peor ha hecho su tarea. Y eso que fue la instancia en donde se impulsó y se aprobó la LAIP. El botón que remite a la información sobre contrataciones y adquisiciones indica que 'está en construcción', según indica el portal. Sobre las remuneraciones, solo se informa de las plazas asignadas por ley de salarios, pero no hay ninguna información sobre las plazas por contratos que son las que utilizan los partidos políticos para contratar asesores, secretarias, ordenanzas, chóferes, etcétera, en sus respectivos grupos parlamentarios.

Por último, las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán (las municipalidades que recogen más fondos en el país provenientes del pago de impuestos) no tienen ningún portal en línea en el que publiquen de manera oficiosa el uso de sus respectivos presupuestos.
Que San Salvador y Antiguo Cuscatlán demuestren incumplimientos llama la atención porque siendo estas dos las de mayor disponibilidad presupuestaria, coordinación y logística, que no tengan un sistema de información oficioso en línea hace dudar de que otras con menos recursos lo hagan.

Asimismo, dado que el presidente ha incumplido la ley al acumular ya seis meses de retraso en el nombramiento del Instituto de Acceso a la Información, no hay autoridad que llame al orden a las alcaldías, a la Asamblea, y a todas las instituciones, incluida la Presidencia de la República, que están violando la LAIP.

El presidente Mauricio Funes, un día después de arrancado el sistema, más de un año después de que entrara en vigencia la ley que obliga al Estado a poner a disposición del público prácticamente toda la información sobre sus actuaciones -incluida la administración de instituciones y el uso de fondos públicos-, sigue sin nombrar a quienes actuarán como jueces en caso de conflicto en peticiones de información.

El Faro recorrió el portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa el 8 de mayo de 2012, el día del lanzamiento de la página. Ese solo se podía llegar al portal si se conocía la dirección y dentro de él no estaba la información sobre contrataciones y adquisiciones de la institución. Este fue el recorrido.

*Con reportes de Patricia Carías, Gabriel Labrador y Jimena Aguilar