La cuarta jornada de negociaciones entre los partidos políticos reunidos en Casa Presidencial tuvo como resultado este lunes la decisión de mantener la lista de abogados que en abril pasado fueron nombrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2012-2021, según informó el presidente Mauricio Funes, quien hace el papel de facilitador entre los políticos que intentan poner fiin a la crisis institucional que estalló cuando en junio pasado los diputados decidieron desobedecer dos sentencias de la Sala de lo Constitucional.
“Ha habido una importante y sustancial aproximación para que (los magistrados de 2012) sean los mismos nombres de los magistrados propietarios y suplentes que fueron elegidos en abril de 2012. Todavía no hay un acuerdo de a qué Salas estarían asignados estos magistrados”, anunció Funes.
El presidente dijo que no estaba autorizado a dar más detalles de los acuerdos alcanzados pero dejó entrever que los partidos políticos mantienen sobre la mesa la discusión sobre los magistrados elegidos en 2009, entre los que están los cuatro de la Sala de lo Constitucional cuyas sentencias desde julio de 2010 les fueron granjeando la animadversión de las cúpulas de los partidos políticos.
La antipatía contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ha calado a tal punto que el FMLN pidió la destitución del magistrado Rodolfo González este martes mediante una pieza de correspondencia que presentó dicho partido ante la Asamblea Legislativa. Ese documento entrará a discusión en la sesión plenaria de este miércoles. De los 84 diputados, se necesita la mayoría calificada (56 votos) para su aprobación. Solo de esa manera, los diputados --que nombraron en 2009 a los magistrados González, Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime para que integraran la Sala de lo Constituciónal junto a Néstor Castanteda-- podrían quitarlo del cargo. La solicitud de destitución está basada en un altercado que González tuvo en 2004 con su entonces esposa, quien acusó al abogado de violencia intrafamiliar.
Dejar a los 10 magistrados (cinco propietarios y cinco suplentes) de 2012 no es un acuerdo definitivo aún, pues depende de que se logre convergencia en los otros puntos. “Por eso no puedo anunciarlo como un acuerdo firme, sino solo como una aproximación importante y sustancial que hay que comunicar a la nación porque eso significa que vamos camino a resolver el problema de la elección de 2006 y a la elección de 2012”, agregó Funes.
La aproximación a la que alude Funes se refiere a que los partidos están de acuerdo con que ya no resucitarán la lista de 30 abogados que envió el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para elegir a quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia sino que los nombrarán a partir de los 10 nombres de juristas que ya ocupan las magistraturas en la Corte.
Lo que queda pendiente, por tanto, es que los partidos políticos definan los nombres de los que integrarán la Sala de lo Constitucional, y eso incluye a los magistrados nombrados en julio de 2009. Hacer las designaciones de los magistrados constitucionalistas es una atribución que dispone la Constitución de la República en su artículo 174. De las cuatro Salas que integran la Corte –de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Civil y de lo Constitucional-, el presidente del Órgano Judicial y la Corte Suprema sale de uno de los designados para la Sala de lo Constitucional.
Será la Corte en pleno, es decir, cuando sesionen los 15 magistrados, la que decida cómo se distribuirán todos los juristas en las cuatro Salas.
Funes explicó que las negociaciones continuarán este martes a partir de las 2 de la tarde. El sábado, el mandatario se había mostrado confiado en que encontrarían una solución a la crisis antes del receso de vacaciones por las fiestas agostinas, que comienza este miércoles.
Una vez los partidos logren un acuerdo, este debería materializarse en decisiones legislativas, porque con la inconstitucionalidad de los nombramientos de 2006 y 2012, lal Asamblea debe hacer nuevamente esas elecciones.
Los diputados hasta ahora también han hablado de la posibilidad de impulsar reformas a la Constitución para dejar explícito que una legislatura solamente puede encargarse de una renovación de la Corte Suprema de Justicia. De esa manera pretenden eliminar la posibilidad de que -como hicieron las legislaturas 2003-2006, dominada por Arena, y la 2009-2012, dominada por el FMLN- los partidos que hagan dos tercios de los 84 escaños legislativos se sientan tentados a elegir anticipadamente magistrados antes de finalizar su mandato.
En la conferencia de prensa que brindó Funes, después de 12 horas de dicusión, el presidente aclaró que el partido Arena no se había retirado de las pláticas, como difundieron algunos en las redes sociales, sino que habían pedido un receso para retirarse de Casa Presidencial y elaborar una contrapropuesta a lo que antes habían presentado los partidos FMLN, Gana, CN y Pes. “Al cabo de unas dos horas, el partido Arena regresó, me pidió una reunión bilateral, yo los recibí y recibí de mano de ellos una nueva propuesta que respondía a la propuesta que había hecho el bloque de partidos políticos. Esta propuesta se la presenté a los otros partidos políticos y ellos quedaron en que la van a analizar”, explicó Funes. Por eso es que la negociación continuará este martes a las 2 de la tarde.
Estos acuerdos se dan después de una semana en la que el gobierno de Funes envió a dos funcionarios a Estados Unidos para que estos intentaran explicar que Funes se había mantenido neutral en las discusiones desde que se desató el problema.
El presidente también cambió de discurso. De manifestar que la Sala de lo Constitucional debía sujetarse a lo que dispusiera la Corte Centroamericana de Justicia, pasó a decir que el país entero debía respetar los fallos de los magistrados constitucionalistas.
