Tras siete rondas de negociaciones y más de 70 horas de reunión, la mesa de todos los partidos políticos montada por el presidente del país, Mauricio Funes, cerró este miércoles sin acuerdos definitivos sobre la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, cuya integración está siendo discutida de nuevo tras dos fallos de las Sala de lo Constitucional que anularon dos elecciones de magistrados realizadas en 2006 y 2012.
Ayer por la noche, Funes anunció un acuerdo que ya había sido dibujado en sesión del martes 31 de julio pasado: Arena, FMLN, Gana, CN, CD y PES se comprometieron a volver a elegir a 21 magistrados (entre suplentes y propietarios) de la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo leído en conferencia de prensa dice que los partidos convocarán a una plenaria la próxima semana para realizar una votación nominal y pública de todos los magistrados propietarios y suplentes correspondiente a la elección de 2006 y cuyo mandato termina en 2015.
El otro punto del acuerdo dice que los diputados también volverán a elegir a 11 magistrados correspondientes al período 2012 y cuyo mandato terminaría en 2021. En este punto, básicamente, es que los partidos se han enredado en las negociaciones.
El compromiso de volver a elegir entre 11 magistrados -entre suplentes y propietarios- esconde un enfrentamiento entre dos bloques mayoritarios que pujan por definir la integración de la Sala de lo Constitucional. En términos prácticos, esto significa que Arena y un bloque de partidos que juntan 50 votos (FMLN, Gana, PES, CN) pujan por una nueva elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia que borraría el acuerdo que definió como presidente electo del Órgano Judicial a Ovidio Bonilla.
El otro punto importante que citó el presidente en la conferencia de prensa es el enfrentamiento entre dos lecturas o interpretaciones de cómo cumplir las sentencias de las Sala de lo Constitucional. Una, la representa Arena y Cambio Democrático -partido con un diputado que pidió separarse de los dos bloques- defiende que la integración de la Sala de lo Constitucional debe mantenerse con los cuatro magistrados electos en 2009: Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González.
Aunque el presidente no fue especifico, mencionó que la otra postura, pujar por que uno de esos cuatro magistrados, Jaime, no fue electo para estar 9 años en la Sala de lo Constitucional, si no que para presidirla por tres años.
Sin embargo, la sentencia en la que se declaró inconstitucional la elección de la tanda funcionarios electa en 2012, establece que el decreto que movió a Jaime de la Sala de lo Constitucional es nulo ya que este al dejar la presidente, pasa a terminar su período de nueve años en la Sala donde fue nombrado originalmente.
“Hay partidos que sostienen que el magistrado Jaime debe seguir en la Sala y otros que sostienen, atendiendo a la Constitución, que el magistrados fue electo por 3 años para presidir de la Sala y la Corte Suprema de Justicia y por tanto la Asamblea Legislativa con mayoría calificada puede trasladarlo”, comentó el mandatario.
El segundo punto que diferencia que mencionó Funes es sobre la pertinencia o no de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia: “Hay partidos que sostienen que la Corte Centroamericana no tiene jurisdicción… y hay otros que sostienen que debe esperarse la sentencia que dará en los próximos días.”
El tercer punto en que Arena y el bloque FMLN-Gana-CN-PES no logran acuerdo es en definir quiénes de los 11 magistrados electos en 2012 serán suplentes o propietarios. Eso implicaría definir, por tanto, un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y alterar el acuerdo que pactaron el bloque que presiona por desarticular a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional electos en 2009.
La antipatía contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ha calado a tal punto que el FMLN pidió la destitución del magistrado Rodolfo González este martes mediante una pieza de correspondencia que presentó dicho partido ante la Asamblea Legislativa. Ese documento entrará a discusión en la sesión plenaria de este miércoles. De los 84 diputados, se necesita la mayoría calificada (56 votos) para su aprobación. Solo de esa manera, los diputados --que nombraron en 2009 a los magistrados González, Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime para que integraran la Sala de lo Constituciónal junto a Néstor Castanteda-- podrían quitarlo del cargo. La solicitud de destitución está basada en un altercado que González tuvo en 2004 con su entonces esposa, quien acusó al abogado de violencia intrafamiliar.
Sobre el caso de González, Funes aclaró que este punto no es algo que oficialmente este en debate y deliberación en la mesa de partidos que empezará a sesionar de nuevo a la vuelta de vacaciones, el próximo martes 7 de agosto. “El caso del magistrado González es algo que lleva la Asamblea Legislativa, esto no corresponde verlo en esta mesa”, dijo.
Los diputados hasta ahora también han hablado de la posibilidad de impulsar reformas a la Constitución para dejar explícito que una legislatura solamente puede encargarse de una renovación de la Corte Suprema de Justicia. De esa manera pretenden eliminar la posibilidad de que -como hicieron las legislaturas 2003-2006, dominada por Arena, y la 2009-2012, dominada por el FMLN- los partidos que hagan dos tercios de los 84 escaños legislativos se sientan tentados a elegir anticipadamente magistrados antes de finalizar su mandato.
Los cuatro magistrados constitucionalistas elegidos en 2009 comenzaron a sufrir presiones y amenazas de destitución en julio de 2010, cuando dieron la razón a los ciudadanos que alegaron que era inconstitucional la obligación de votar por listas cerradas y bloqueadas de candidatos a diputados. Según la Sala, eso suponía violar las características del voto libre y directo. Los magistrados determinaron -y obligaron a la Asamblea a hacer las reformas al Código Electoral necesarias- que la elección de diputados sin posibilidad de que los votantes pudieran escoger personas vulneraba el voto directo y libre, porque convertía a las cúpulas partidarias en intermediarias. El 11 de marzo de 2012, por primera vez los salvadoreños pudieron llenar los 84 escaños legislativos votando por personas, y no por listas cuyo orden preestablecido por los partidos determinaba que los candidatos en las primeras posiciones tenían mejores posibilidades de lograr su elección.
Esa misma vez la Sala habilitó las candidaturas no partidarias, porque expuso que los partidos ciertamente son el único instrumento para alcanzar el poder, pero los ciudadanos pueden hacer uso de su derecho a optar a cargos de elección popular sin necesidad de echar mano de instrumento alguno.
