La contundente reducción de índice de homicidios en El Salvador desde hace seis meses, producto de la llamada tregua entre las pandillas, es el hecho más significativo en materia de seguridad pública desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Ciertamente, el resultado es tan sorprendente que varias personas, incluyendo al Presidente de la República, han desestimado las preguntas que muchos nos hemos planteado desde que hace seis meses informamos que el Gobierno había negociado con las dos principales pandillas la reducción de homicidios.
Creemos que es necesario saber sobre qué se sostiene esta tregua, o negociación, para tener elementos suficientes que nos permitan ventilar el debate sobre las políticas públicas de seguridad, las condiciones del acuerdo con las pandillas y la capacidad del Estado para mantenerla mientras se avanza en una solución estructural al problema de la violencia. Más aun cuando el jefe del Estado solicita a todos los sectores y actores políticos, económicos y sociales, involucrarse en el sostenimiento de esta tregua y en la reinserción de los pandilleros.
Ahora, seis meses después de negar la negociación y de públicamente dar diferentes y contradictorias versiones sobre cómo se llegó a este acuerdo, el ministro de Seguridad y Justicia, General David Munguía Payés, y el mediador Raúl Mijango, aseguran que la tregua se diseñó en el despacho del ministro y que ellos decidieron involucrar a la Iglesia en el proceso y que así fue como se sumó Monseñor Colindres. Y que desde el principio contaron con la aprobación y el respaldo del presidente de la República.
Si esta vez nos están diciendo la verdad (y parten de confesar que nos la ocultaron deliberadamente cuando nos dieron versiones distintas), tanto Munguía Payés como Mijango y Colindres han dado un paso importantísimo para generar confianza en este proceso de parte del resto de la sociedad, que ante tantas versiones distintas y manipulación mediática no ha mostrado tanto entusiasmo como cabría pensar tras un descenso de la violencia de esta naturaleza.
El presidente es ahora quien pone en duda la palabra de sus negociadores. Ha dicho que esta última versión, publicada en El Faro la semana pasada, es una 'gran mentira' y sostiene que el papel del gobierno se limita a 'facilitar' una iniciativa de la Iglesia Católica.
Su declaración contrasta también con la de Mijango y Colindres sobre la participación de la Iglesia, pues estos confirman que la inclusión de Colindres fue iniciativa del ministro y que antes se la ofrecieron a otros sacerdotes.
El presidente tiene ahora un serio dilema: si no admite su participación en la política de seguridad pública más trascendente de los últimos años difícilmente podrá liderar un esfuerzo para volverla sostenible. Porque si el gobierno no ha participado, entonces la tregua depende exclusivamente de la buena voluntad de los pandilleros, y por tanto no puede transformarse en una estrategia institucional viable para la disminución de la violencia.
No es la primera vez que un gobierno negocia con estructuras criminales, y el mandatario tendrá razones políticas para no admitir la participación de su gobierno en la negociación, pero la falta de transparencia a estas alturas resulta peor. Porque la versión de la iniciativa de la Iglesia y la sociedad civil es ya tan difícil de sostener como los traslados por razones humanitarias o las presuntas amenazas de disparar cohetes law contra la prisión de Zacatecoluca.
Si el gobierno no tiene ningún papel más que el de 'facilitador', entonces el presidente debería responder por qué se le cedió desde el inicio de la tregua a un civil (Mijango) sin ningún cargo oficial la autorización de los ingresos a prisiones, lo que le compete institucional y legalmente al director de Centros Penales. Es decir, el gobierno cedió una parte medular de la seguridad pública a un agente externo que además no está sometido a ninguna rendición de cuentas.
Hoy que el presidente cuestiona la última versión de sus propios subalternos queda claro que en este proceso, independientemente de la versión real, nos han tergiversado la verdad. Y con eso difícilmente se puede generar confianza y por tanto ayudar a la sostenibilidad de un acuerdo que sigue siendo oscuro, a pesar de sus impresionantes resultados.
Si el presidente cree que de verdad esta tregua es lo que el país necesita para comenzar a trabajar una solución más duradera, entonces debería comprometerse a fondo, asumir la responsabilidad y las consecuencias del acuerdo.
En cuanto a los señalamientos contra quienes cuestionan la tregua, el presidente debería distinguir entre quienes tratan de confundir, con mentiras o medias verdades, y quienes tratan de esclarecer. Los primeros tratan de boicotear el proceso. Los otros -nosotros- de fiscalizarlo, que no es lo mismo, y que es como se garantiza en democracia que los procesos beneficien a todos y cuenten con los mejores aportes de toda la sociedad.
Los ciudadanos nos merecemos una comunicación más franca de nuestros funcionarios, y la información necesaria para participar en un debate tan medular como el de la seguridad pública. Solo así, con franqueza y explicaciones claras de por qué el gobierno considera pertinente un acuerdo de esta naturaleza, podrán permitirnos reflexionar sobre bases reales y saber exactamente qué nos está pidiendo el jefe del Estado que apoyemos.
Debería ser un ejercicio muy sano, sobre todo porque todos estamos muy sorprendidos por los resultados. Al fin y al cabo, en todo este proceso la verdad más incontrovertible y la más importante es justamente esa: los índices de homicidios se han reducido de manera extraordinaria, y ese es un gran motivo para celebrar estos primeros seis meses de tregua. Es una oportunidad extraordinaria para que debatamos sobre una solución estable.
