La Sala de lo Constitucional frenó este lunes los despidos de siete funcionarios del Órgano Judicial que el pasado viernes recibieron una carta en la que el Departamento de Recursos Humanos les informaba el cese de su contrato a partir de enero de 2013. El caso más conocido fue el del director de Medicina Legal, José Miguel Fortín, quien junto a una magistrada de la Corte Suprema reveló que funcionarios del Consejo Directivo de la institución le prohibieron hablar sobre cifras de homicidios y desaparecidos para evitar confrontaciones con el gobierno del presidente Mauricio Funes.
Las personas destituidas presentaron este lunes una solicitud de amparo a la Sala de lo Constitucional. En el caso de Fortín, este alega que el proceso por el cual se pretende su remoción le viola cuatro derechos constitucionales y, como consecuencia de ello, también se vulnera el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública.
Por la tarde de este lunes 17, unas horas después de presentadas las demandas de amparo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Eliseo Ortiz -este último en sustitución de Sidney Blanco- firmaron la admisión de las demandas de amparo.
La admisión incluye una medida de beneficio inmediato: todos los funcionarios seguirán en sus cargos mientras se resuelven sus casos. En el caso de Fortín, admisión que hizo pública la Sala de lo Constitucional, los magistrados razonan los siguiente: 'Resulta procedente ordenar la suspensión de los efectos de la actuación impugnada, ordenando al presidente (Salomón Padilla) y al director de Recursos Humanos, ambos de la CSJ, que, mientras dure la tramitación de este proceso de amparo y no obstante transcurra el plazo establecido en el contrato antes relacionado, se abstengan de separar al demandante de su cargo de Director General del IML y de nombrar a otra persona para sustituirlo en el citado cargo, por lo que, en consecuencia, deberán permitir que el pretensor siga desempeñando el cargo que actualmente ocupa con todas las funciones que le han sido conferidas'.
Los otros 6 funcionarios destitutidos el viernes pasado también fueron beneficiados con la misma medida.
Los demandantes alegan que no conocieron la causas de su destitución ni tuvieron la oportunidad de contravertir esas causas ante las autoridades que tomaron la decisión. El caso del director de Medicina Legal resume el caso de todos los despidos. El documento presentado por Fortín alega que no conoció las razones que justifican y comprueban las causas para no renovar su contrato y, por lo tanto, sostiene que no tuvo la oportunidad de defenderse. En resumen, el funcionario alega que se le han quebrantado los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, audiencia, defensa, estabilidad laboral y, derivado de su caso, a la población se le ha vulnerado el acceso a la información pública.
Sobre el derecho al acceso a la información pública, Fortín aduce en el documento que al cesarlo en sus funciones se le imposibilita de proporcionar información de su gestión o aquella que le sea requerida. El razonamiento de Fortín es que al removerlo de su puesto se afecta la posibilidad de que la población, en general, puede acceder a información pública que maneja el Instituto de Medicina Legal.
El director del Instituto desafió durante todo este año las cifras de homicidios del Ministerio de Seguridad, encabezados por el general David Munguía Payés y el director de la Policía Nacional Civil, general Francisco Salinas.
Los magistrados que firman la admisión explican en el documento que los alegatos de Fortín están fundamentados y por tanto conocerán y deliberarán sobre la vulneración al derecho al acceso a la información pública.
La admisión de esta demanda incluye una serie de beneficios concretos para los funcionarios destituidos: uno, seguirán gozando del salario y resto de prestaciones legales de su contrato y tendrán la posibilidad de seguir realizando las funciones que desempeñan hasta que la Sala de lo Constitucional firme una sentencia definitiva.
Cinco de los otros seis demandantes son el jefe del Departamento Académico y Estadístico de Medicina Legal, Miguel Velásquez; el coordinador de Informática de la Gerencia General de la Corte Suprema, y dos de sus colaboradores técnicos, así como la Jefa del Área de Desarrollo del Departamento de Informática de la Corte.
