El despido del personal del Instituto de Medicina Legal es un preocupante mensaje de la nueva administración de la Corte Suprema en el que también está metida la mano del Ejecutivo.
Miguel Fortín Magaña, el director del Instituto, desafió durante todo este año las cifras de homicidios del Ministerio de Seguridad encabezado por el General David Munguía Payés y se convirtió en la única voz oficial discordante con las autoridades militares que han asumido cargos en seguridad pública (habida cuenta de que el director de la Policía Nacional Civil, el General Francisco Salinas, decretó una mordaza al interior de la corporación y no permite ningún escrutinio público a los procesos de construcción de información o cifras y ningún intercambio de oficiales de la policía con medios de comunucación).
Reconocemos el éxito que ha tenido la actual administración de Seguridad Pública en el descenso de homicidios, pero mantenemos nuestros reparos a las versiones fabricadas para justificarlas, a la desinstitucionalización y a la poca transparencia con que se desempeñan las autoridades. En esta misma línea leemos hoy los despidos en Medicina Legal.
No solo fue despedido el director, sino el jefe de estadísticas y el oficial de Acceso a la Información; todos ellos visiblemente incómodos para el Ejecutivo y a los que se les prohibió hace algunas semanas dar a conocer informes sobre homicidios porque “contradecían” las cifras oficiales y, particularmente, para evitar confrontaciones con el ministro Munguía Payés.
Los números, en materia de homicidios, siempre han sido objeto de contradicciones entre las tres entidades que los registran: Medicina Legal, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía. Desde la anterior administración, las tres entidades elaboran un informe “homologado” de homicidios que se convertía en la cifra oficial. Pero en esta administración el ministro o el director de la PNC entregan esas cifras de acuerdo con sus propios registros, a lo que ha estado respondiendo Medicina Legal dando sus propios números.
Las interpretaciones de Fortín ciertamente, han sido controversiales. Pero su trabajo técnico, y el de su equipo, permiten un registro de homicidios y desapariciones desde otro sistema de recolección de datos. Es un trabajo técnico para el cual los hoy destituidos tienen las calificaciones necesarias. Su salida obedece a intereses políticos.
Además, el despido de los tres principales responsables de las cifras, y de proporcionarlas a los ciudadanos y a los medios de comunicación, fue realizado por el Presidente de la Corte, el gerente general y el de Recursos Humanos sin previa consulta y aprobación de Corte Plena, tal como lo han confirmado varios magistrados a El Faro.
Los que están detrás de esta decisión privilegian la propaganda sobre el registro técnico. Sobre todo porque al equipo que hoy ha sido destituido nadie lo ha acusado de no hacer correctamente su trabajo sino, simplemente, de confrontar con las autoridades de Seguridad Pública.
