La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó el lunes por la tarde al Estado salvadoreño que interrumpa el embarazo de Beatriz, una joven de 22 años que este martes cumplió 20 semanas de gestación y que está en peligro de muerte, según ha manifestado el Ministerio de Salud, debido a una serie de enfermedades que se han exacerbado con su embarazo.
La CIDH, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, pidió que se practique en Beatriz lo que, en casos de embarazos de menos de 20 semanas, se denomina aborto. Después de este lapso, cualquier interrupción del embarazo se cataloga en términos médicos como parto prematuro o inducido, lo cual en El Salvador no es penado por la ley. Pero en este caso, el aborto fue recomendado por el Comité Médico del Hospital de Maternidad -donde ha estado bajo control Beatriz- desde que el feto tenía 13 semanas. Sin embargo, la ley penal impide que los médicos puedan practicar a Beatriz dicho procedimiento, porque la legislación primaria y la secundaria prohíben todo tipo de abortos.
Este martes 30 de abril, el embarazo de Beatriz cumple 20 semanas, con lo cual ya no hay en teoría ningún impedimento legal para que se le extraiga del útero el feto. La CIDH dio al Estado 24 horas para cumplir con las medidas cautelares y 72 horas (que se cumplen este jueves) para que informe sobre las acciones tomadas.
A través de las jefaturas y dirección del hospital, los médicos han buscado sin éxito la autorización por parte del sistema judicial y del Instituto Salvadoreño para la Niñez y Adolescencia (ISNA) para intervenir quirúrgicamente a la joven. Beatriz padece de lupus, anemia, hipertensión arterial e insuficiencia renal y eso, según los partes médicos de Maternidad y diversos médicos consultados por El Faro, suponen una alta probabilidad para que cualquier madre en estado de embarazo fallezca.
Estas medidas cautelares emitidas por la CIDH son los mecanismos que el sistema interamericano le da a la Comisión para que intervenga en casos “de gravedad y urgencia” cuando en los países pertenecientes a la OEA no han llevado a cabo las medidas mínimas que garanticen los derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Comisión emitió estas medidas por la delicada salud de Beatriz, según se lee en el comunicado que emitió. “En vista de la información proporcinada, la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25(2) de su Reglamento para proteger la vida, integridad personal y salud de “B”, específicamente, en vista de las recomendaciones del Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Marternidad; la circunstancia de que es un feto anencefálico (sin cerebro ni cráneo); la falta de una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia para resolver en forma expedita el recurso de amparo, presentado el 11 de abril de 2013; y los efectos que el transcurso del tiempo estaría generando en los derechos de (Beatriz)”, reza la resolución emitida el lunes por la CIDH.
El Código Penal de El Salvador, en su artículo 133, prohíbe el aborto (interrupción del embarazo antes de las 20 semanas) por cualquier motivo. Pese a que el equipo de médicos de Maternidad han acordado de manera unánime que hay que interrumpir el embarazo, los mismos médicos redactaron un informe en el que aseguraban que la ley los ataba de manos y que, mientras no se cumplieran las 20 semanas, lo único que podían hacer era garantizar el cuido y la salud de Beatriz pero no procederían a practicarle el aborto. La ministra de Salud María Isabel Rodríguez conoció ese informe y lo envió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema como parte del proceso de amparo que los representantes de Beatriz interpusieron el 11 de abril, con el ánimo de que el sistema judicial autorizara a los médicos interrumpir el embarazo como medida para salvaguardar la vida de la joven.
La ministra Rodríguez envió ese informe el 15 de abril a la CSJ. El texto decía: 'Este comité médico por consenso de la mayoría considera y acuerda la finalización de la gestación considerando que: 1. El pronóstico de sobrevida del feto es fatal al corto y mediano plazo (...); 2. La patología materna ya descrita (colagenopatía mixta en traslape al lupus eritematoso sistémico y nefropatía lúpica) seguramente se agravará conforme avance la gestación y la finalización en etapas tempranas del embarazo se hace necesaria por tal razón'.
Con el pedido de amparo, la Agrupación Ciudadana esperaba que la Sala de lo Constitucional autorizara a los médicos que interrumpieran el embarazo de la joven, sin embargo, los magistrados de la Sala aún no han resuelto el caso. Lo que sí hicieron fue admitirlo y comenzar a estudiarlo; para mientras, han ordenado al hospital de Maternidad que garantice la salud y la vida de Beatriz así como la del feto.
El lunes pasado, los magistrados constitucionalistas también informaron que habían solicitado al Instituto de Medicina Legal que le efectuara exámenes médicos a Beatriz con el objetivo de verificar que la joven se encontraba estable. Medicina Legal tiene hasta el próximo viernes para hacer los chequeos.
La Red Familia, la Fundación Sí a la Vida, la Iglesia Católica y algunas evangélicas, a través de diversos voceros, han sostenido que Beatriz no está en peligro de muerte y que por lo tanto puede esperar a que se cumplan las 20 semanas de gestación para que se le induzca a un parto prematuro. Coinciden en que el bebé no tiene probabilidades de vida fuera del vientre materno, pero aseguran que el feto tiene el mismo derecho que la madre.
La Constitución consagra en su artículo 1 que el Estado debe proteger la vida humana desde el instante de la concepción. Esa es la base legal con la cual cualquier aborto, hoy día, está penalizado.
El Faro se comunicó brevemente con Beatriz vía telefónica hace dos semanas. Ella manifestó que estaba de acuerdo con que se le interrumpiera el embarazo por motivos de salud y porque, además, el feto es anencefálico. 'Yo quiero vivir', dijo en aquella ocasión. 'Si el niño viniera bien, me arriesgaría la vida para tenerlo así como tuve al primero', dijo.
Beatriz ha tenido que esperar desde las 13 semanas de gestación (contadas el 12 de marzo) para que el Estado autorice y practique la interrupción de embarazo. Esa espera hizo que incluso se pronunciaran diversos expertos y relatores de comités de derechos humanos, contra la tortura y contra la violencia de las mujeres de Naciones Unidas. En sus comunicados, estos expertos instaban al gobierno a que interrumpieran el embarazo de Beatriz con el objetivo de garantizarle “la protección y el pleno disfrute del derecho a la vida, y al más alto nivel posible de salud de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”.
El presidente Mauricio Funes, consultado la mañana de este martes por Moisés Urbina en la entrevista de televisión Frente a Frente, dijo que en el caso de Beatriz había que hacer lo que recomendaran los médicos. Dijo que no está de acuerdo con el aborto, pero que en este caso lo que procede es lo que recomiendan los médicos, aparentemente aludiendo a lo que han planteado los de Maternidad.
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Demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (archivo en formato PDF).
