El exministro de salud, Guillermo Maza, derramó lágrimas cuando escuchó el fallo judicial que lo exoneró definitivamente de una acusación de corrupción. La Fiscalía le imputaba haber alterado un contrato para permitir que una empresa cobrara por materiales y equipos que nunca fueron instalados en el Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca; la Fiscalía también lo acusaba de haber autorizado el pago de 3.2 millones de dólares por obras que nunca se realizaron. La mañana de este viernes, la jueza Violeta Flores determinó que Maza, ministro con el gobierno de Antonio Saca (2004-2009), no era responsable de los señalamientos, lo absolvió, y entonces el ministro, de cabello cano, se llevó su mano izquierda al rostro para limpiar sus lágrimas.
Después de casi una hora de lectura, de valoraciones sobre las pruebas, la jueza segunda de instrucción de San Salvador dijo que no había evidencias para determinar que Maza fuera responsable directo de cambiar el sitio de la obra -el hospital en reconstrucción- sino que solo firmó documentos de otros funcionarios del Proyecto de Reconstrucción de Hospitales por Emergencias de los Terremotos y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa).
El proyecto Rhessa, que contaba con un financiamiento del Banco Mundial por 169.4 millones de dólares, pretendía la reconstrucción y equipamiento de siete de los 23 hospitales de la red pública dañados por los terremotos de 2001. El hospital Santa Teresa era uno de ellos. El 3 de mayo de 2007, el Ministerio de Salud contrató al asocio CPK Consultores, Borelli & Merigo Arquitectura. El contrato original decía que el 70 % de los pagos se realizaría cuando el equipo llegara al sitio de la obra (el hospital); el otro 20 % cuando fuera instalado; y un 10 % cuando ya estuviera en funcionamiento. La acusación sostenía que eso no sucedió así sino que hubo sobreprecios y hasta facturas falsas por cobrar cosas inexistentes.
El 21 de febrero de 2008, la administración Maza hizo una interpretación por medio de la cual se amplió lo que se entendía como 'el sitio de la obra'. Bajo el argumento de que agilizaría la construcción del hospital, se incorporó como sitio de la obra “el plantel del contratista o el lugar de acopio de materiales”. Una investigación interna de las actuales autoridades de Salud determinó que esa modificación al contrato “posibilitó el pago anticipado para la compra del equipo propio del inmueble cuando aún el hospital no había sido construido, lo que condicionó un vencimiento prematuro de la garantía de dicho equipo”.
Además, con el cambio del sitio de la obra, el Ministerio no tuvo control de los bienes que compró el asocio, pese a que ya se había pagado por ellos. Las investigaciones posteriores de parte de Salud determinaron que la empresa constructora se negó a entregar bienes propiedad del Ministerio valorados en 1.1 millones de dólares.
La jueza Flores dijo que las pruebas no vinculaban a Maza con los delitos de actos arbitrarios y negociaciones ilícitas. Y lo sobreseyó definitivamente. Casi a la 1 de la tarde de este viernes, después de escuchar el fallo –cerrado el caso contra 9 de los 12 procesados que estaban en la sala de audiencias-, que era como una vergonzosa derrota, una de las fiscales del caso, Ana Lilian Miranda, reaccionaba con tres palabras: “Estamos totalmente inconformes”.
Mientras los fiscales navegaban en las palabras de la inconformidad y anunciaban que presentarán una apelación para revertir el fallo, el abogado defensor del exministro, Mario Machado, decía que el resultado de la audiencia es el resultado de una mala investigación fiscal: “Lo único que ha logrado probar la Fiscalía es que Guillermo Maza Brizuela fue ministro de Salud, de ahí los demás hechos están desvanecidos”.
La fiscal Miranda rechazó que la investigación haya sido débil y acusó a la jueza de no hacer un estudio integral de las pruebas que le presentaron. 'Por supuesto que no. Hemos presentado la prueba necesaria, útil y pertinente a efecto de corroborar y robustecer cada una de las imputaciones. ¿Cómo es posible que presentándose los comprobantes de crédito fiscal original versus los que estaban en copias que han sido presentados para erogaciones del Ministerio de Salud, esto es constitutivo de un delito y esto no ha sido analizado en su conjunto por la señora jueza? Todas estas personas que han intervenido han conformado una participación a efecto de poder defraudar al Estado de El Salvador', dijo.
Según Miranda, la jueza hizo una valoración de la prueba “muy conveniente para los imputados”, pero Flores determinó que el exministro Maza no actuó arbitrariamente y las decisiones que respaldó se basaban en informes elaborados por otras personas. Miranda, sin embargo, insistió en el punto de los actos arbitrarios: 'El exministro Maza no tenía en ninguna legislación ni en el contrato facultades para poder interpretar como lo hizo”, dijo.
El defensor Machado repitió, en el fondo, el argumento de la jueza: “Él (Maza) amplió el lugar de sitio de la obra… pero sus técnicos, el grupo asesor, el grupo Rhessa –que fue la dirección creada para eso-, le llevó la firma a la máxima autoridad'. Agregó que su cliente era imputado debido a que fue la línea con la que insistió -sin fundamento- el anterior fiscal general, Romeo Barahona. 'Fue un tema que el fiscal anterior (Romeo Barahona) tomó como un tema personal”, dijo.
Además de Maza, la Fiscalía presentó un requerimiento contra 15 personas. El caso contra dos de ellos, Walter Badía Gomis y Gerardo Enrique Osegueda Gine, está archivado provisionalmente porque están en el extranjero. Este viernes la jueza cerró el caso contra uno que falleció y exoneró definitivamente a otros nueve, entre ellos el exministro. El proceso judicial quedó abierto solo contra tres personas.
César Rolando García Herrera, abogado de la empresa CPK y exsubdirector de la Policía durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999), es una de las tres personas que enfrentará un juicio por elaborar un acta notarial que le dio validez a unos créditos fiscales que nunca existieron, según la resolución judicial.
La jueza Flores dijo que el abogado García Herrera certificó las fotocopias de unos créditos fiscales que le permitieron a la empresa constructora cobrar el ajuste de precios y sobrecostos por motivos de fuerza mayor de dudoso fundamento. Los créditos fiscales originales no coinciden con las fotocopias que se presentaron al Ministerio de Salud; por ejemplo, la fotocopia del crédito fiscal 026 justificaba el pago de 349 mil dólares por el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, pero el crédito fiscal original correspondía a un negocio que la subcontratista, Proyectos y Ventas, tenía con una fundación por un monto de 1,904 dólares por suministro de material didáctico.
Para hacer la certificación de la fotocopia del crédito fiscal, el abogado García Herrera debió cotejar la fotocopia con el documento original. La jueza dijo que la acción del exsubdirector de la Policía Nacional Civil no se puede considerar como una simple negligencia administrativa porque él también elaboró el contrato con el asocio y unas actas de conciliación, motivos que le hacen creer que esa falsedad no es un acto aislado.
“Esa falsedad ha sido un medio para engañar al Ministerio de Salud. Tiene conocimiento, dominio del hecho y es coautor de estafa agravada y se ordena la apertura a juicio”, dijo la jueza.
Lisandro Campos, el defensor de García Herrera, consideró que la resolución es contradictoria porque el juzgado exoneró a los dueños de las empresas que facilitaron las fotocopias de esos créditos fiscales.
La jueza también ordenó enjuiciar a dos de los supervisores de la obra: los ingenieros José Mauricio Serrano Martínez y José Alexander Ramírez Jiménez. Ellos trabajaban para CHC Norcontrol-Roberto Salazar, un asocio que cobró 979 mil dólares para supervisar la construcción del Hospital de Zacatecoluca.
Los supervisores tenían la obligación de verificar el avance de ejecución de la obra. Los documentos que acreditaban el avance de construcción del hospital servían para justificar los pagos. La Fiscalía sostiene que los documentos que consignaban adelantos en la construcción del hospital eran falsos. Un peritaje determinó que el Ministerio de Salud pagó 9 millones de dólares, el equivalente a la construcción del 73.9 % de la obra. Ese avance solo existía en los documentos. Con visitas de campo se estimó que la obra física realizada por el contratista correspondía a solo un 47.5 %; eso significa que las autoridades pagaron 3.2 millones por obras inexistentes.
Al final de la audiencia, cuando Maza se dirigía al ascensor para retirarse hacia su casa, se le preguntó a su defensor, Mario Machado, si el hecho de que se ordenara juicio contra tres personas más confirmaba que existían anomalías en el proyecto que gestionó su cliente y que, en el fondo, significaba que tenía responsabilidad en los mismos. “Es que problemas existieron… problemas existieron; de hecho la situación que hayan pasado tres personas a juicio, pero obviamente pasaron los que tal vez por su actuación u omisión están ahí, pero por la actuación u omisión de nuestro cliente no tenemos ningún hecho delictivo que perseguir”.
Machado insistió en una mala investigación fiscal, en una acusación que apuntó mal contra las personas responsables, pero no niega que ahí donde debía estar un hospital no había un hospital. Lo que habían eran camas que compartían dos pacientes, había un patio tapizado de camillas improvisadas, inundado con nauseabundos olores y aderezado con un calor insoportable. Machado dice que la mala investigación “está dejando en la impunidad un hecho que posiblemente tenga responsables…”
