La condena por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt sienta un precedente histórico para la lucha por los derechos humanos, la dignidad de las víctimas y el combate a la impunidad.
Nunca antes, en la historia de la humanidad, un ex jefe de Estado había sido juzgado por genocidio en su propio país y tampoco encontrado culpable. Este paso adelante en el camino entre la barbarie y el Estado de Derecho se ha dado en uno de los lugares menos imaginables del mundo: en Guatemala.
La valentía de una jueza, la capacidad de una fiscal y su equipo, el acompañamiento de la comunidad internacional y la débil posición política del acusado han permitido que una jornada histórica terminara con el otrora incuestionable general entregado a la policía para ser conducido a prisión. Por genocidio y crímenes contra la humanidad.
Pero el juicio no se trataba en realidad de una persona, sino de un país. Las víctimas, comunidades indígenas marginadas y mantenidas siempre al margen de la debida administración de justicia, han sido escuchadas en la principal sede judicial guatemalteca; han sido respetadas como demandantes y poseedoras de derechos legales y legítimos; han obtenido justicia pronta y debida. Eso es el enorme paso hacia el Estado de Derecho y contra la impunidad que el juicio ha dado.
Mañana la defensa de Ríos Montt apelará la sentencia y seguramente los caminos jurídicos serán largos para obtener sentencia definitiva, pero nada de eso, incluso la reversión de esta sentencia o la anulación de lo actuado por la jueza Yassmín Barrios, podrán ya borrar el hecho de que jurídicamente, en un tribunal, se ha demostrado por la vía legal que en Guatemala hubo un genocidio planificado y ordenado por la cúpula del Ejército que comandaba el general Efraín Ríos Montt entre 1982 y 1983.
El juicio ha desatado además una fuerza transformadora cuyas consecuencias son inciertas, pero abre el camino verdadero hacia la reconciliación de la sociedad guatemalteca mediante el reconocimiento de las atrocidades cometidas en el pasado; a la inclusión de los indígenas en el debate públicoy la toma de decisiones porque se han comenado a respetar sus derechos y reconocer como legítimos integrantes de una nación multicultural y multiétnica; pero sobre todo es un aporte extraordinario al combate a la impunidad.
Durante un receso del proceso, el general Ríos Montt dijo a este periódico: “Uno cuando toma decisiones no espera que suceda esto, pero igual hace las cosas que tiene que hacer”. Este juicio, lo que ya logró, es que nunca más un jefe de Estado tome decisiones seguro de que la justicia nunca lo alcanzará. Y eso es extraordinario sobre todo en Centroamérica, una región en la que los criminales de guerra están protegidos y viven amparados en sistemas que han premiado su impunidad.
La ola expansiva de Guatemala probablemente no llegue mañana mismo a El Salvador, pero abre un nuevo camino, que ya no puede tener tranquilos a los criminales de guerra. Y abre un desafío a nuestro propio sistema judicial, que los ha protegido alegando defender los acuerdos de paz. Guatemala es hoy un gran ejemplo, y un honroso paso para toda la humanidad.
