El 5 de agosto de 2015, Kriscia Recinos, una periodista que para entonces trabajaba en el canal 6 de televisión, platicó con un grupo de soldados, mientras cubría un paro de microbuses del área metropolitana de San Salvador al que, días antes, unos pandilleros le habían quemado dos vehículos. Los soldados estaban ahí para brindar seguridad a las unidades que se arriesgaban a circular. Ellos hablaban del clima, de la inseguridad, pero la charla devino en silencio cuando Recinos les preguntó por sus condiciones de trabajo. La periodista notó que los incomodó y decidió partir, pero antes de irse uno de los soldados la detuvo.
'Un soldado me dijo espérese dos minutitos, el compañero que viene atrás le va a dar la mano', cuenta. Acto seguido, un soldado que nunca se quiso identificar le entregó un papel escrito a mano y le dijo: 'ayúdenos por favor'. En el papel, el soldado completaba su mensaje: 'Por favor, ayúdenos a decirle al ministro de Defensa que nos dé el bono de $600 y el aumento, por favor, porque el sueldo no alcanza”. Abajo del mensaje para el ministro David Munguía Payés, los soldados habían dejado otro mensaje: “por favor, queremos comunicarnos con usted, regálenos su número”. Para la periodista aquella escena fue como de mentira, y el juego a las escondidas de los soldados, intuye ella, tendrá que ver con “todo ese miedo que le tienen a la autoridad, a sus jefes”. La periodista decidió no seguirles la pista porque creyó que las cámaras de televisión no ayudarían a contar una historia en la que los protagonistas tienen tanto miedo. La periodista me heredó el mensaje de los soldados anónimos.
Algo le pasa a los soldados que El Salvador ocupa para que patrullen las calles, en misiones de seguridad pública, para que recurran clandestinamente a una periodista de televisión para enviarle mensajes anónimos a su jefe, el ministro de Defensa, David Munguía Payés.
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Sentados en un parqueo del centro de San Salvador, apostados atrás de algunos carros, los soldados del mensaje anónimo aceptan reunirse conmigo. Son seis en total, aunque algunos de sus compañeros del cuartel cercano llegan y se van al ver de qué va el asunto. Otros se quedan y comparten sus historias o, más bien, sus quejas sobre la forma cómo los trata el ejército. Los soldados bajan la voz cuando pasan personas en la calle y están alertas de quienes se parquean cerca de nosotros.
Entre los soldados hay uno que ronda los 24 años y qué asegura haber ingresado al ejército cuando se descubrió padre. Se enlistó en el 2012 con la idea de sostener a su novia. Ambos estaban en bachillerato. Este joven se queja de lo cansada que es la vida militar, sobre todo en estos tiempos de guerra contra las pandillas. “Nunca me imaginé ser soldado. Llevamos trabajando 15 días y no podemos murmurar porque nos acusan de sedición. Quisiera que vieran los catres rotos, remendados con lazos, en que dormimos”, dice.
Otro de los soldados, que recién ha salido de licencia tras estar 12 días de servicio coincide en la falta de condiciones mínimas para desempeñar su trabajo. “Los jefes solo dan la orden. No les importa si he comido o bebido. Anduve ocho días trabajando con dengue hemorrágico porque aquí no valen las incapacidades”, se queja.
La reunión se transforma en catarsis, en una especie de terapia grupal colectiva que utilizan para hablar aquellos que, por ley, no deberían hablar. El artículo 120 de la Ley de la carrera militar sanciona como una gravedad que un militar manifieste “en sus conversaciones rechazo o apatía en obedecer las leyes y órdenes legales de sus superiores”. Cada frase dicha por ellos en este relato constituye por sí sola, un acto de rebeldía.
Ellos temen y tienen motivos. El 24 de julio de 2015, un grupo de soldados fueron acusados de sedición por quejarse de las condiciones de trabajo en una protesta que fue frustrada por el Ministerio de la Defensa. Diez soldados se reunieron cerca del Reloj de Flores, en las afueras de San Salvador, y pretendían marchar a la Asamblea Legislativa para exigir un bono de $600, tal y como lo habían recibido, cuatro días antes, sus compañeros de guerra, los policías. Los manifestantes originales solo eran diez, pero el alto mando de la Fuerza Armada, para mandar un mensaje, decidió que tenían que ser 14. Un acto de este tipo no podía ser tolerado, así que a los soldados rasos se les unieron, acusados por sedición, un cabo, un subteniente, un teniente y un capitán, los cuatro –en orden jerárquico– que estaban a cargo de esa pequeña tropa. El crimen de los oficiales, en teoría, fue haber permitido que los soldados abandonaran sus funciones, aunque en los tribunales militares todos fueron acusados de complotar en una protesta. Aunque el caso, según la defensa, no pasará a mayores y todos quedarán libres de cargos, en aquel momento sirvió de escarmiento para el resto de la tropa salvadoreña: prohibido quejarse en esta guerra.
No hay forma de eludir este caso en las conversaciones con los militares. En una conversación que sostuve con un soldado que patrullaba en el municipio de Soyapango, el soldado empuñó el fusil y miró a ambos lados de la calle antes de soltarme una frase: 'es injusto porque tenemos derechos. Somos seres humanos igual que los policías. Derechos reclama el soldado. Es cierto que el Ejército no es deliberante, pero no es tonto. Munguía (Payés) está bien pagado, bien comido y bien dormido”, me dijo.
—¿Crees que el general podría hacer lo que ustedes hacen acá? –pregunté.
—No lo hiciera–, contestó el soldado, y luego esbozó una risa sarcástica.
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Este El Salvador, a menos que surja un milagro, se coronará como el más violento del mundo por su tasa de homicidios registrada este 2015. Solo a mitad de septiembre, el país promedia 24 homicidios al día, aunque en agosto, la cifra llegó a ser de casi 30 salvadoreños asesinados todos los días. El gobierno dice sin ruborizarse que ese aumento histórico y sin precedentes de víctimas de la violencia está previsto en una estrategia de seguridad que piensan sostener, sin variaciones, hasta por lo menos el final de 2016.
La lógica del gobierno es simple: atacar a las pandillas para recuperar los territorios que controlan. En esa lógica, el papel de los soldados es clave. Pero la militarización del país no es exclusiva de este 2015. El primer gobierno de izquierda la promovió desde el 28 de septiembre de 2009, con un decreto Ejecutivo que asignó a 5,515 miembros de la Fuerza Armada a roles de seguridad pública. En 2012, la cantidad inicial ya había ascendido a 6,300 y en 2013, el expresidente Mauricio Funes dispuso que 7,602 soldados patrullaran en las calles.
En el segundo gobierno de izquierdas, liderado por Salvador Sánchez Cerén, el aumento de efectivos en labores de seguridad pública ha encontrado su pico más alto. Actualmente hay 7,900 efectivos de la FAES en esas tareas, es decir, un incremento de 43.2% respecto a la cifra con que inició Funes. Es, de acuerdo con el ministro de Defensa, David Munguía Payés, la mayor cantidad de soldados desplegados en la calle, desde los Acuerdos de Paz de 1992.
“La Fuerza Armada es una institución permanente al Servicio de la Nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante”, dice el artículo 211 de la Constitución. Hace 25 años, el FMLN–guerrillero quería desmantelar a las fuerzas armadas, argumentando violaciones a los derechos humanos. La fórmula que ocuparían era eliminar la palabra “permanente” de ese artículo constitucional. La oposición de los militares a la reforma supuso un entrampamiento de las negociaciones, hasta que el Frente desistió. Ironías de la vida: el FMLN—gobernante utiliza ahora al ejército que quería disolver para salvarle las castañas del fuego en una batalla frontal sin precedentes contra las pandillas.
Salir a la calle a intentar actuar como policías les genera todo un ramillete de frustraciones a los soldados. Entre 2010 y 2011, por ejemplo, cuando se asignó a los militares el control de los accesos a los centros penales en los que guardaban prisión los pandilleros, los soldados se convirtieron en un blanco de las pandillas. En el 2015, el año en el que se han roto récords de homicidios por la guerra entre las pandillas y el Estado, los soldados también se han convertido en blancos, y hasta septiembre de 2015 hay 13 asesinados. Ellos se preguntan desde la calle si su trabajo, y lo que el Estado les ofrece a cambio de que arriesguen la vida, vale la pena.
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El joven que se hizo soldado cuando se descubrió padre se protege la cabeza con un casco cuya espuma protectora interior solo cubre la mitad del casco, y un chaleco cuyos cierres de velcro ya no funcionan. “Mirá las babosadas que uno anda ¿Te parece que es el equipo adecuado?”, pregunta retórico. Uno de sus compañeros de patrullaje nos interrumpe y le cuestiona si la compra de equipo sea más importante que una posible mejora salarial. “¿Para qué queremos casco si queremos pisto? Más que el chaleco lo calienta a uno los riñones”, dice.
Nominalmente, los soldados de segunda clase ganan $250 y los soldados de primera clase ganan $310, cantidades a las que hay que restarles los descuentos de ley. En las cuentas de estos soldados que trabajan en seguridad pública, en sus bolsillos quedan, al mes, $220. En esta discusión entre los dos compañeros han planteado una disyuntiva: seguir arriesgando la vida por $220 al mes, pero con casco nuevo; o arriesgar la vida con equipo deteriorado, pero por algo más que $220 mensuales.
El gobierno no piensa demasiado en estos problemas. El 10 de julio de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó una reorientación presupuestaria de $28 millones –de un préstamo de $100 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)–, que, en parte, sirvió para dar un bono de $600 a los agentes de la policía, los llamados, por ley, a brindar la seguridad pública que el país necesita.
Quizá no sea un clamor generalizado, pero muchos en la tropa salvadoreña creyeron que podían obtener una mejora salarial –que responda a los acuartelamientos a los que han sido obligados en la guerra contra las pandillas– con un bono similar al de los policías. Sin embargo, un comunicado de la Fuerza Armada del 27 de julio, reiteró lo que el presidente Salvador Sánchez Cerén había dicho cuando pidió la reorientación: que esos fondos servirían para “asegurar el salario y equipamiento del personal militar que se encuentra trabajando en tareas de seguridad pública o las constantes mejoras en la infraestructura militar en el país”. Salarios y equipos, nada de bonos.
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En los últimos 23 años, 7,415 salvadoreños solicitaron ingresar a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. En la EMCGGB se gradúan los oficiales de carrera, los futuros líderes de la milicia. Debajo de ellos está la tropa, que no pasa por ninguna escuela sino por adiestramientos y formaciones en los cuarteles. Conocer cuántos jóvenes –como los del mensaje anónimo– ingresan anualmente a las filas del ejército para convertirse en soldados rasos quizá sea un secreto. El Faro preguntó, vía solicitud de Acceso a la Información, la cantidad de altas de la milicia salvadoreña, pero el ministerio de Defensa ha decretado que se trata de información reservada, por supuestos riesgos a la Defensa Nacional.
Las estadísticas que sí entregó la FAES dicen que el número de personas que quiso inscribirse en las escuelas militares (incluido el Centro de Educación Militar y Aeronáutico y el Centro de Educación e Instrucción Naval) ha aumentado en la misma medida que incrementó la militarización de la seguridad pública del país. En 2011, 569 personas solicitaron integrarse a la Escuela, la mayor cantidad desde el final de la guerra civil, en 1992. Antes de 2011, nunca se superaron las 500 solicitudes. Después de 2011, no han bajado de 527.
A diferencia de la tropa, los oficiales de alta graduación, no sufren las penurias de sus subordinados. Un soldado raso, uno de los que ahora patrullan El Salvador, además de acompañar a policías debe cuidar instalaciones estatales, como las cárceles, escuelas o las estaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), una empresa privada que circula por un carril público. Además, si llueve, se inunda o se derrumba el país, debe colaborar en emergencias nacionales. Los soldados rasos son los peones, los comodines del Estado.
A los soldados rasos hasta les interrumpen las horas de sueño. Si corrieron la suerte de resguardar una escena de asesinato en la noche o fueron convocados a participar en un operativo de captura en la madrugada, eso repercute directamente en sus horas de sueño. “En la vida militar casi no hay descanso. Día y noche, cualquier emergencia, la mente ya está y estamos dispuestos a salir”, dice el soldado patrullero que conocí en el municipio de Soyapango. A los soldados rasos los relevan a los 12 días, los reagrupan en un cuartel y desde ahí ellos se dirigen hacia sus hogares, desarmados. A diferencia de los policías, a los que se les autorizó llevarse su arma de equipo, un soldado en licencia viaja sin su fusil. Los turnos a veces pueden prorrogarse dos, tres o cinco días más. Usualmente trabajan durante 12 días continuos y luego salen de licencia cinco días. Es decir, que en un mes de 30 días, solo tienen tiempo para ir a su casa una vez.
La comida de los soldados rasos ya cansó a los soldados rasos. Sobre todo porque a veces cumplen jornadas sin nada en el estómago porque sus horarios de comida varían. El rancho, generalmente, es arroz con frijoles. Muchas veces la comida llega fría. A los soldados que trabajan en municipios alejados del capital, entre sus tareas también está la de cocinarle a sus compañeros porque para ellos no hay cocineras. El Ejército solo les provee los ingredientes como granos básicos o harina. A veces toca poner “cara de lástima a las personas” para que les hagan el favor de cocinarles, me cuenta un soldado que suele patrullar en el municipio de Rosario de Mora, San Salvador.
Los soldados rasos son gente que vive en la pobreza. Y por herencia, pero sobre todo por supervivencia, tocan a las puertas de los cuarteles para enlistarse. Un soldado que dejó de sembrar la milpa por un cuartel me lo explica: “Me gustó porque mi papá fue militar. La tendencia de la familia era a ser militar. Además, la necesidad lo obliga a uno, por eso aguanta. Trabajando en el campo es inseguro y gana menos $110 más o menos. ¿Dígame que se hace con eso al mes? Hay que pagar luz, agua, la leche de los cipotes', dice. Un soldado que hace patrullajes gana el doble de lo que se gana en el campo: cambia un salario miserable por uno menos miserable.
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El 10 de septiembre, cerca del mediodía, en la estación del Reloj de Flores, me reporto a los empleados de SUBES –la empresa que administra el SITRAMSS– y les explico que estoy haciendo un reportaje. Pido hablar con los cuatro soldados que hay. Uno ejerce de vocero cuando le explico mis intenciones.
—Nosotros no somos como las otras instituciones donde puede haber múrmura (sic).
—Solo contestáme esto: ¿ha cambiado la psicología de ustedes para trabajar después del asesinato de sus colegas?
—Sí, ha cambiado…
Y eso es todo lo que me dice el soldado. Insiste en que no hablaran con la prensa “porque nos puede perjudicar”. Yo solo quiero tratar de entender qué hay en la mente de unos soldados que saben que, en esta guerra, ellos pueden ser blanco de un atacante con intenciones de pegarles tiros en la cabeza, como ocurrió el 21 de junio de 2015. Ese domingo, dos soldados rasos fueron asesinados cerca de esta estación del SITRAMSS, ubicada en el Reloj de Flores. Uno de los atacantes se disfrazó de indigente para acercarse lo suficiente a uno de los militares. Le disparó a quemarropa. Los pandilleros escaparon en un vehículo sedán que abandonaron a un par de cuadras.
20 minutos después del asesinato de José Jaime Henríquez Ayala, de 21 años, y de José Otoniel Perlera, de 26 años, se desató un operativo cerca de la escena del crimen. Cerca de la 1 de la tarde, soldados y policías de unidades élite como el Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) registraban personas, disparaban, recorrían techos, golpeaban puertas con almáganas, y revisaban casas que les parecían sospechosas en las comunidades Quiñonez, La Chacra y El Coro, aledañas a la escena del crimen.
Un helicóptero amparaba la cacería, los policías gritaban y no era un buen día para usar una camisa rayada: las cámaras de seguridad detectaron que uno de los supuestos agresores llevaba una camisa a rayas horizontal, lo que convirtió a los hombres vestidos con camisas similares en virtuales sospechosos.
Camino unos metros hacia la parada, resignado a que los soldados no hablaran más conmigo, pero entonces uno de ellos me llama. Ya no soy yo el que hace las preguntas.
—¿Quién sos?
—Un periodista que está haciendo un reportaje sobre las condiciones en que trabajan los soldados.
El soldado me pide mi credencial y se la doy.
—Dame también tu DUI.
—Con gusto.
Pide un lapicero al primer soldado que me dio la negativa. Le ofrezco el mío. Pide un pedazo de papel. Anota mi nombre, mi dirección. Me pregunta de dónde soy, mi edad, el año en que nací. Repregunta porque no me cree.
—¿Para qué necesitás mi dirección?– pregunto. Me ignora, sigue cuestionando si lo que ha anotado es cierto. Insisto en mi pregunta.
—Solo es una precaución. Esto entre nosotros va a quedar– me dice.
Intento aprovechar la situación y le pregunto si me contestará mis preguntas. El soldado guarda silencio. Insisto:
— ¿Ustedes trabajan más que los policías? ¿deberían ganar más?
—No te estoy diciendo ni sí ni no.
Pruebo algo más fácil, para intentar romper el hielo:
—¿cuántos años llevas en el Ejército?
—Dos años.
—¿Es difícil trabajar aquí después del atentado?
—Uno tiene que estar dispuesto, y estar viendo 360 grados. Solo Dios sabe lo que ellos pueden intentar.
“Gracias por prestarme tu documento”. Me dan mis papeles. Se alejan. Me voy en uno de los autobuses del SITRAMSS. Me bajo cerca del centro de gobierno. Me acerco a otro soldado.
—Hola, mirá te quería hacer unas preguntas…
—Primero, no me hablés de vos, yo soy autoridad.
“Estoy haciendo un reportaje”… alcancé a decir antes que se diera la vuelta, sin dejarme terminar.
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Tres días más tarde, el día de la independencia, el 15 de septiembre, seis soldados patrullan frente a la plaza Gerardo Barrios. Me acerco a cuatro de ellos para pedirles que me hablen. Se rehúsan. Un par me dan sus números de teléfono. Prometen hablar, pero en los días siguientes no me contestan. En la estación del SITRAMSS frente al hospital Médico Quirúrgico, un soldado no tiene tiempo ni de terminar de escuchar mis palabras antes de asegurarme que no me contestará.
La Fuerza Armada de El Salvador maneja raras las cuentas de sus soldados caídos. Según la institución, solo ocho soldados han sido asesinados desde 2009. El ejército solamente incluye en esa cuenta a los soldados que perdieron la vida mientras realizaban su trabajo, es decir, ignora a los soldados que han sido asesinados en sus horas de licencia. Solo en el último trimestre de 2010 y el primer trimestre de 2012, una docena de militares fueron asesinados por órdenes de las pandillas, según se dijo en aquella época. La cuenta oficial también ignora que en 2014 fueron asesinados 14 soldados, según datos del Instituto de Medicina Legal, y que 2015 ya alcanzó la cifra de bajas de 2014.
Mal pagados, mal alimentados, maltratados, perseguidos y asesinados. ¿Cómo reacciona un soldado, armado, contra sus enemigos? El 18 de abril de 2015, cuatro soldados mataron a nueve supuestos pandilleros en Zacatecoluca, La Paz. El gobierno calificó ese hecho como un enfrentamiento, en el que no hubo soldados muertos ni heridos. Más recientemente, el 16 de agosto de 2015, cinco pandilleros murieron en otro intercambio de disparos en Panchimalco. Sobre ese incidente, el ministro David Munguía Payés dice que “la actuación nuestra y de la Policía fue apegada a las normas de enfrentamiento”. Los soldados se han enfrentado a pandilleros pero sobre esos enfrentamientos todavía no hay pruebas que conduzcan a una duda, como sí la hay en otros enfrentamientos entre policías y pandilleros.
En mi caminata con el soldado patrullero de Soyapango le pregunté qué piensa sobre lo que la gente pide estos días, que se maten, masacren, quemen pandilleros.
—“Hasta aquí no le puedo dar más comentarios”, me dijo, y hasta ahí llegó nuestro recorrido. Les hice la misma pregunta a los soldados del mensaje anónimo que dio pie a este relato. Uno de ellos, bajito, con su rostro cubiero con un gorro navarone, fue el primero en responder.“¡Uy! Ese tema es bien delicado. Uno como no quisiera que le dieran el ok para matarlos”, dijo. “Uno no puede confiarse. Hey chele, yo solo eso le puedo decir”.
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El 15 de septiembre marchan los soldados. Diferentes secciones, a diferentes ritmos: el himno de los paracaidistas acá, el paso de la marcha sobre el puente del río Kwai, la marcha de Gerardo Barrios o de Manuel José Arce... En la calle hay tanquetas y los niños que asisten al desfile se toman fotos. Sobre el estadio Mágico González vuelan helicóptero UH-1H o aviones de combate de la Fuerza Aérea. “Tiembla la tierra al enemigo cuando avanza el soldado a cumplir su misión”, dice el anunciador en el estadio. Pero en la calle, la realidad es otra: a la par de los soldados de las distintas unidades que desfilan, caminan soldados armados que los cuidan. Los custodian. En el 2015, en El Salvador, ni siquiera un desfile con tanquetas para celebrar el Día de la Independencia puede prescindir del resguardo de soldados armados con fusiles.
Adentro del Estadio Mágico González alguien le pregunta al ministro de la Defensa sobre la importancia de los soldados en la fiesta de la independencia. Alrededor del Ministro se arma una conferencia improvisada. Antes de contestar las preguntas, el Ministro se percata que está frente a una cámara de televisión. Entonces se dirige al capitán Zepeda, su jefe de prensa:
—¿Estoy peinado?– pregunta, mientras intenta con sus manos asentarse el pelo y ordenarlo hacia la izquierda.
—Sí, mi general– contesta Zepeda. Es entonces cuando el ministro David Munguía Payés se lanza con una primera respuesta y dice que el apoyo de la población levanta la moral de los soldados de una 'institución sacrificada'.
Escucho al General y recuerdo la queja que unas semanas atrás me dijo un soldado en la primera reunión del parqueo: “A veces uno se tira a la toalla, no hay catres, ni colchonetas. En los parqueos dormimos. Hay centinelas que hacen guardia en la noche”.
—Ministro, ¿Cómo describiría las condiciones en las que están trabajando los soldados, especialmente los que están en roles de seguridad pública? –pregunto.
—Bueno, normales. Yo también he vivido esa situación y, algunas veces, si yo voy a visitar una unidad militar y me quedo en la noche, me puedo quedar a dormir en un portal donde ellos están durmiendo. La Fuerza Armada es una institución que trabaja las 24 horas del día en cualquier condición de clima, de tiempo y en cualquier circunstancia. Si a nosotros, en el cumplimiento de nuestras tareas, de nuestra misión, nos toca dormir en el suelo, en la noche, bajo una tormenta, así lo hacemos, estamos acostumbrados a hacerlo.
—Me llama la atención esto: ¿cuándo diría que fue la última vez que usted fue a dormir a un portal con los soldados?
—Bueno, eh, en la época, todavía en la época de la guerra…
