En agosto de 2011, una de las empresas de José Miguel Menéndez Avelar, mecenas de la candidatura del expresidente Mauricio Funes, obtuvo un préstamo por 750 mil dólares con el estatal Banco Hipotecario y dejó en garantía la casa número 30 de la calle Maquilishuat, en la colonia del mismo nombre, en San Salvador. Cinco años más tarde, la noche del pasado miércoles 17 de agosto, la Fiscalía reveló que investiga los créditos que el Hipotecario concedió al empresario conocido como 'Mecafé' porque, tras una serie de transacciones y propiedades, aparecen los nombres de personas relacionadas con el exgobernante. Esto incluye una sociedad vinculada a la madre de uno de los hijos de Funes, que instaló un spa en la casa 30 de la Maquilishuat.
El 17 de agosto de 2016, los fiscales anticorrupción allanaron siete inmuebles relacionados con dos exfuncionarios de la administración Funes: el despacho OBA Asociados, del exministro de Agricultura Pablo Ochoa; y las oficinas de Mecafé y Cosase, dos de las 10 empresas de quien durante el gobierno pasado fue nombrado presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. “Estamos viendo si hay información en toda la gente que tiene relación con Mauricio (Funes), donde él pudo haber participado. Y en este caso Mecafé, que de él sí tenemos evidencia que utilizó el despacho para hacer compraventas de algunos inmuebles”, dijo Andrés Amaya, el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
OBA Asociados se encargaba de los asuntos administrativos de Latin America Spas, S.A de C.V, empresa que un año después del otorgamiento de aquel crédito compró la casa número 30 de la colonia Maquilishuat por 665 mil dólares. A esta empresa está relacionada Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, madre de uno de los hijos del expresidente Funes. Según el Registro de la Propiedad, Latin America Spas dio un adelanto de 25 mil dólares a Mecafé el 13 de octubre de 2012, cuando la compañía aún no existía (fue creada hasta el 26 de febrero de 2013). Mecafé recibiría un segundo desembolso, de 340 mil dólares, cuando la compradora obtuviera financiamiento bancario o “cancelara la hipoteca que recae sobre el inmueble”. Latin America Spas pagaría el resto después de iniciar operaciones.
El spa, sin embargo, nunca operó, pues nunca obtuvo los permisos municipales. Mecafé canceló el préstamo al Hipotecario en abril de 2013 y ahora los fiscales buscan respuestas a preguntas como por qué Mecafé actuó así ante una sociedad que nunca abrió operaciones, o a dudas como el origen del dinero para pagar la deuda adquirida por una empresa que solo fue un proyecto.
Los fiscales buscan esas respuestas en las oficinas de OBA Asociados y principalmente en Mecafé, S.A. de C.V. “Sabemos que Mecafé tenía una relación tremenda con Funes”, dice Amaya.
Los dueños de OBA Asociados y Mecafé, S.A. de C.V. son viejos conocidos. En 2009, Miguel Menéndez y Pablo Ochoa fueron parte de “Amigos de Mauricio”, un movimiento que apoyó la candidatura presidencial de Funes. Luego, cuando Funes tomó las riendas del gobierno, Menéndez pasó a presidir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) y Ochoa el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). Mecafé se convirtió en el principal contratista del gobierno Funes para prestar servicios de seguridad privada a oficinas del Ejecutivo y con el paso de los años renunció al cargo en CIFCO. Ochoa llegó a ocupar el puesto de ministro de Agricultura.
“En el Banco Hipotecario obtuvieron algunos créditos y estamos viendo la legalidad de la adquisición de esos préstamos. Hasta el momento estamos verificando y esperaríamos encontrar información relacionada (con los préstamos) en estos registros”, cuenta el fiscal.
El expresidente, que está siendo juzgado civilmente por presunto enriquecimiento ilícito por un monto de más de 300 mil dólares, es sospechoso ahora de cinco delitos de corrupción: peculado, malversación, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía dice que el señalamiento principal es sobre enriquecimiento ilícito.
Los allanamientos del miércoles fueron solo el inicio de un operativo que continuó este fin de semana con una irrupción de la Fiscalía a la residencia del exgobernante en la urbanización Cumbres de Cuscatlán, y con la retención de un furgón de mudanzas que se disponía a trasladar hacia Nicaragua bienes a nombre de Guzmán Sigüenza y muebles de spa. Funes se encuentra en Nicaragua donde, según ha dicho, realiza una consultoría.
En la casa de Cumbres de Cuscatlán las autoridades encontraron, entre otras cosas, cajas fuertes con decenas de armas de fuego. Funes reaccionó criticando a la Fiscalía por las incautaciones, pues según él las armas están legalizadas a su nombre.
Sobre unos habanos que tienen etiquetas con el nombre del expresidente encontrados en el allanamiento a otra casa, en Lomas de San Francisco, Funes cuestionó el delito que pueda haber en ello. La Fiscalía, sin embargo, ha dicho que busca documentación que le permita fundamentar sus cinco acusaciones.
El préstamo por la casa número 30 de la colonia Maquilishuat no es el único que el Hipotecario otorgó a personas cercanas al expresidente Funes. El 30 de diciembre de 2011, según el acta CC 50/2011, ese banco aprobó un préstamo de 309 mil dólares para que la madre de Guzmán Sigüenza, Ada Luz Sigüenza de Guzmán -abuela del último hijo del exgobernante-, comprara dos lotes en la urbanización Cumbres de Cuscatlán. Un año después, el 14 de noviembre de 2012, el Hipotecario aprobó otro préstamo de medio millón de dólares para que Mecafé S.A. de C.V. comprara un inmueble a Raúl Francisco García Prieto en el cantón Los Arenales, finca Altamira y Las Nubes, en Nahuizalco, Sonsonate. García Prieto fue presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), procesado y exonerado en un caso de corrupción.
La persona que dirigía el Hipotecario cuando esos préstamos fueron aprobados era Manuel Rivera Castro, expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). En 2011, fuentes de gobierno dijeron a El Faro que Rivera Castro era uno de los hombres de confianza de Miguel Menéndez.
Durante el gobierno de Funes, directivos y abogados de Mecafé, S.A. de C.V y de Cosase, S.A de C.V. llegaron a ocupar puestos en varias instituciones del Estado: Jaime Roberto Menéndez Avelar, hermano y director suplente de Mecafé, S.A. de C.V., fue directivo de la Compañía Eléctrica Cucumacayán y de la Empresa Transmisora de El Salvator, subsidiarias de CEL. Eduardo Antonio Ramos Rosales, abogado de Mecafé, S.A. de C.V., fue directivo de la Compañía Eléctrica Cucumacayán. José Constantino López Barraza, el gerente de seguridad electrónica de Cosase, fue directivo del Consejo de Aviación Civil y de LaGeo, otra subsidiaria de CEL. German Herrera, cuñado de Mecafé y apoderado de Cosase, también fue directivo del Consejo de Aviación Civil.
A la luz de los documentos de la Fiscalía, Mecafé fue una especie de facilitador de transacciones para el expresidente Funes. La autorización de los allanamientos la concedió el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, originalmente para realizarlos en un plazo de 72 horas. La Fiscalía pidió una extensión de 72 horas, que se vencen este martes 23 de agosto.
El fiscal Amaya confirmó que han retomado parte de la investigación de este periódico que revelaba la cadena de favores que vinculaban a Funes con Mecafé y con la que hoy es su pareja después de separarse de su esposa Vanda Pignato: 'Tenemos a una persona que fue entrevistada, que aparecía relacionada en la misma información que ustedes virtieron, como que ella había hecho una transferencia'.
Los allanamientos a las propiedades de Mecafé tiene dos objetivos. Uno es decomisar contratos entre instituciones de gobierno y Cosase, empresa de Mecafé que presta el servicio de seguridad privada, para revisar la legalidad de las licitaciones. El segundo objetivo es la búsqueda de documentos de inmuebles registrados a nombre de Mecafé, pero utilizados por el expresidente Funes o sus parientes.
En junio de 2013, cuando faltaba un año para que Funes dejara la presidencia, Mecafé, S.A. de C.V. compró un inmueble en la Residencial Altamira por 179 mil 122 dólares. Meses después, Mecafé contrató a la empresa H. Barrientos Arquitectos, propiedad de Hugo Alfredo Barrientos Clará, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) durante la administración Funes, para la construcción de una vivienda. En mayo de 2014, El Faro documentó que la casa estaba a nombre de Mecafé, pero que la persona que visitaba la construcción era el expresidente Funes. Luego de la publicación, Casa Presidencial emitió un comunicado en el que confirmaba que Funes alquilaría esa propiedad a Mecafé.
La compra del inmueble y la construcción de la casa está en la mira de la Fiscalía. Amaya explicó que, por el momento, investigan a la empresa Mecafé, S.A de C.V para determinar cómo obtuvo el dinero para construir a gran velocidad esa residencia. “Tiene que investigarse de dónde es que apareció la plata. El contrato que tenemos nosotros es que Mecafé suscribió un contrato de construcción con Barrientos”.
El expresidente Funes reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo que la Fiscalía sigue “instrucciones” de la derecha y de Estados Unidos para involucrarlo en supuestos hechos de corrupción. “No tengo inmuebles ni cuentas. No tengo nada que ver con inversiones de Mecafé. Esto no pasa de ser un show de la FGR para quedar bien con USA”.
Se busca testaferros
En el local 3952 de la colonia Escalón funciona OBA Asociados, el despacho que manejaba los asuntos administrativos de dos inmuebles relacionados con Ada Mitchell Guzmán Sigüenza: la casa 30 de la colonia Maquilishuat y otra en la Urbanización Sierra de Santa Elena. Sin abrir un solo local comercial, la empresa Latin America Spas tuvo casi un millón de dólares para comprar esos dos inmuebles en zonas exclusivas de El Salvador.
Por la casa ubicada en la calle Apaneca #2, en la Urbanización Sierra de Santa Elena, Latin America Spas pagó 325 mil dólares. Un negocio redondo para la compañía porque esa propiedad un año antes tenía un valor al menos cuatro veces mayor: en junio de 2011, la casa fue anunciada en la página de bienes raíces Arriaza Vega con un precio de 1.3 millones de dólares.
El Faro documentó la relación de Mecafé con esos dos inmuebles por medio de documentos y testimonios. En el caso de la Urbanización Sierra de Santa Elena, Mecafé se presentó ante la junta de vecinos como uno de los responsables del inmueble. Otras tres personas encargadas de la propiedad eran Aracely Cifuentes, una colombiana radicada en Panamá, gerente de la empresa Sharp Look; y dos ejecutivos de OBA Asociados, Lissete Barrera y José Efraín Quinteros.
Además de administrar los inmuebles, OBA Asociados traspasó las acciones de Latin America Spas. Esta compañía fue fundada por dos abogados de la firma Latin Alliance. María Virginia Villanova Vargas, una de las fundadoras, aseguró que ella aparece como accionista, pero que nunca puso un centavo para la creación de la misma y desconocía sobre la compra de los inmuebles. En marzo de 2013, la representación legal de Latin America Spas cambió de manos febrilmente, con lo que el rastreo de sus responsables se dificulta. En medio de aquel vertiginoso cambio de manos, Guzmán Sigüenza tuvo el poder sobre la sociedad solo durante un día.
El fiscal Amaya dijo que con el allanamiento a OBA esperan incautar documentos que les permita perfilar a posibles testaferros. “Dentro de la información que recabemos, creemos que podría haber mucha gente que se prestó o por lo menos la obligaron a que sirviera para hacer algunas compras de algunos inmuebles o de algo, de algunos muebles, ya sean vehículos o algunas cosas. Nosotros esperaríamos encontrar esa información. Va a ser una cantidad elevada de documentos, ahorita llevamos un promedio casi de 200 cajas de información”, aseguró el jefe anticorrupción, en la noche del 17 de agosto.
Hallan armas y detienen furgón que iba para Nicaragua
Bajo el argumento de que en los primeros siete allanamientos encontraron evidencias que relacionan a Funes y Mecafé con otros inmuebles, la noche del viernes 19 de agosto de 2016, los fiscales solicitaron allanar otras cinco propiedades más. Uno de esos nuevos registros ocurrió en la casa 76, ubicada sobre la avenida Xochiquetzal, en Cumbres de Cuscatlán, donde las autoridades encontraron alrededor de un centenar de armas de fuego, entre fusiles y pistolas, algunas de ellas de colección.
En marzo de 2016, El Faro reveló que 10 días antes de terminar su mandato, Funes registró a su nombre más de medio centenar de armas haciendo uso de un permiso especial que le concede la ley. El 1 de junio de 2014, cuando dejó el cargo, el exgobernante poseía 92 armas de fuego, aunque una fuente del gobierno actual dijo en marzo pasado que para inicios de este año la lista rondaba las 84 armas.
“Es una cantidad bastante elevada de armas. Son muchas, muchas armas”. El fiscal Amaya consideró que el hallazgo de las armas es un indicio que suma a la hipótesis de un enriquecimiento ilícito por “el incremento patrimonial” no justificado.
Funes reaccionó en su cuenta de Twitter con una nueva crítica a la Fiscalía, pues alegó que sus armas son legales. “Soy ExPdte de la República. Tengo rango de “alto riesgo”. La ley no limita el número de armas que puedo registrar. Dónde está el delito?” Funes agregó que algunas armas se las regalaron la Policía y la Fuerza Armada. Lo que Funes no dijo es que de esas decenas de armas, en su declaración de patrimonio presentada a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia solo declaró una. Tampoco precisó de dónde obtuvo fondos para adquirir las que no le fueron obsequiadas por instituciones del Estado.
Un día después de encontrar las armas, la noche del sábado 20 de agosto de 2016, la Fiscalía interceptó un furgón que transportaba juguetes para niños, electrodomésticos, maquinas de gimnasio, bicicletas, muebles y maletas con una etiqueta en la que se leía un nombre: “Mitchell Guzmán”. La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que el furgón se dirigía hacia Nicaragua, país donde está el exmandatario dando una consultoría.
“Explíquenme señores de FGR. ¿Por qué incautan un furgón con bienes de una persona que no enfrenta una acusación penal e impiden su mudanza? (…) Explíquenme señores de FGR: ¿Hoy resulta que tener muebles, juguetes, licor, pecera y habanos es indicio de delito?”, escribió Funes en Twitter.
